DIEZ Y SEIS AÑOS DE REGENCIA

(MARÍA CRISTINA DE HAPSBURGO-LORENA) (1885-1902)

CAPÍTULO III

El partido reformista.— Segunda legislatura.— La asamblea republicana.— Ruptura de la coalición.— Un drama de Zapata.— D. Carlos divide España en zonas militares.— Dimisión del general Castillo.— Es nombrado Cassola ministro de la Guerra.— Sus reformas militares.— Los generales contra el ministro.— La Compañía Arrendataria de Tabacos.— Contrato con la Trasatlántica.— La Exposición de Filipinas.— Relevo del general Primo de Rivera.— Suspensión de las sesiones de Cortes.— El viaje de la Reina Regente.— Insurrección en las Carolinas.— Una embajada al Sultán.

El debate político desarrollado en el Congreso, tuvo por consecuencia la separación del señor Becerra del partido acaudillado por López Domínguez, quien, en cambio, recibió el refuerzo de los amigos de Romero Robledo, por considerar el exlugarteniente de Cánovas que la conjunción de los dos grupos podía ser altamente beneficiosa para los intereses de la Monarquía.

Celebráronse, al objeto, varias conferencias, y finalmente, el 13 de Diciembre declaró el señor Romero Robledo la fusión de los elementos que le seguían, con los que formaban la izquierda dinástica.

De este modo nacía a la vida pública un tercer partido dinástico, que aspiraba a turnar en el poder con liberales y conservadores.

Convínose en que la nueva agrupación llevase el nombre de reformista y, a pesar de las diferencias políticas que separaban a quienes por tantísimo tiempo habían militado en tan opuestos bandos, aceptaron todos el programa de López Domínguez, a quien consideraron como jefe del reformismo.

El 17 de Enero de 1887 empezaron las tareas de la segunda legislatura, siendo reelegido el señor Marios para la Presidencia del Congreso y nombrado el marqués de la Habana para la del Senado.

Casi al mismo tiempo que se constituía el partido reformista, los republicanos acentuaban sus divisiones, ya exteriorizadas desde el fracaso de la insurrección de Villacampa.

El 25 de Enero se celebró la asamblea republicana, en la cual se deslindaron los campos por no hallarse de acuerdo los elementos que seguían al señor Salmerón, con los procedimientos proclamados por los progresistas para obtener el triunfo de la República. Bien claramente comprendía el señor Salmerón la impotencia de los republicanos, cuando tomando decidido carácter gubernamental presentó a la asamblea una proposición en la que se pedía :

1.° Designar tres individuos que, en unión de otros tres nombrados por el Consejo federal, constituyeran el comité directivo de la coalición.

2.° Que se aguardase a que el gobierno dejase cumplidas o incumplidas sus pro- mesas de reformas democráticas para proceder en consecuencia.

3.° Declarar que no debía apelarse a sediciones militares, si éstas no respondían a un movimiento general de la opinión;

y 5.° Nombrar una comisión que fuera a París para invitar al señor Ruiz Zorrilla a venir a España para hacerse cargo de la dirección del partido.

La discusión fué apasionada en alto grado, originándose incidentes ruidosos; terminando con la derrota de Salmerón que, inmediatamente, se separó de la coalición, acompañado de sus amigos, siendo su ejemplo seguido poco tiempo después por don Laureano Figuerola. Salmerón, estimando que su acta de diputado le habla sido confiada por los votos de los republicanos que integraban la coalición, consideró un deber de delicadeza hacer renuncia de su investidura parlamentaria, enviando la dimisión al Presidente del Congreso, el 19 de Febrero.

Eran pocas todas estas incidencias que tenían lugar en la siempre mal avenida familia republicana, cuando el señor Pi y Margall, en vista del cariz que tomaban los acontecimientos, decidió, también, obrar por su cuenta y reconstituir el pardido federal, para lo cual publicó un manifiesto en el que, después de atacar duramente al señor Ruiz Zorrilla, declaraba rota la coalición.

En aquellos días se suscitó una interesante cuestión promovida por haber llevado don Marcos Zapata al teatro, una especie de narración de los sucesos de Septiembre titulada La piedad de una reina, en la que se trataba de quitar mérito al generoso acto de la Regente indultando a los sublevados. Prohibida, por el gobernador civil de Madrid, la representación del drama, sin causa justificada para ello, protestó ruidosamente la prensa contra la arbitraria medida de la primera autoridad civil de la capital de España, originándose, con tal motivo, una viva discusión en el Congreso, en la que llevaron la voz los señores Pi y Margall por los republicanos, y Romero Robledo por los reformistas. Este debate coincidió con el viaje de S. M. la Reina a Aranjuez con objeto de inaugurar el colegio de huérfanos militares, a cuya ceremonia asistieron varios generales y todos los coroneles de infantería.

En cuanto a los carlistas, continuaban sin entenderse; antes al contrario, tomando ejemplo de los republicanos, andaban cada día más fraccionados, exteriorizándose frecuentemente su espíritu de indisciplina con las diatribas que El Siglo Futuro dirigía contra el jefe delegado. En este estado de cosas, pensó don Carlos en alentar a los suyos con una disposición que, permitiendo hacerles entrever una pequeñísima esperanza de próximos acontecimientos, sirviese para acallar, siquiera fuese por algún tiempo, las impaciencias de los más vehementes. Para ello dividió la Península en cuatro grandes regiones militares, a cuyo frente puso, a guisa de capitanes generales, significadas personas que se habían distinguido por sus servicios en pro de la causa del Pretendiente en la última guerra civil. Eran éstas, los señores Fortún, Cavero, Maestre y Valdespina, que mandaban respectivamente en León, Cataluña, Andalucía y las Vascongadas.

En los primeros días de Marzo, presentó la dimisión por motivos de salud, el ministro de la Guerra, general Castillo, siendo reemplazado por don Manuel Cassola, que ocupaba, a la sazón, el cargo de Director general de artillería. La sola presencia del ilustre general en el ministerio, produjo la más viva expectación, dando lugar a que se manifestasen, en las armas generales del ejército, las grandes simpatías con que acogieron al nuevo ministro, de cuya gestión había mucho que esperar.

Efectivamente, a los cuatro días de jurar el cargo, llevó al Consejo de ministros sus proyectos de reformas militares, que establecían el servicio militar obligatorio, regulaban las recompensas en tiempos de paz y de guerra, suprimían las retenciones de los jefes y oficiales, declarando que no eran embargables las pagas de los que cobraban sus haberes por Guerra, y para remediar los graves males de la usura, proponía la creación de un Banco militar de préstamos, al cual pudieran recurrir los militares que tuviesen necesidad de solicitar anticipos. Por otra de las reformas, establecía la igualdad en todas las armas, destruyendo algunos privilegios que disfrutaban las especiales, cuyas escalas abría, y ordenaba que el servicio del Estado Mayor no fuese patrimonio de unos cuantos, como venía sucediendo hasta entonces, sino que fuera prestado por todos los oficiales de las armas combatientes que, voluntariamente, desearan obtener el título de aptitud en la Escuela Superior de Guerra.

La fama política del general Cassola había ya comenzado con anterioridad a su elevación a los Consejos de la Corona; pero se consolidó en el momento de hacer públicos sus proyectos de reformas, acreditándose de hábil polemista al sostenerlos ante las Cortes, por los elocuentes discursos que pronunció.

Los conservadores, reformistas y parte de la mayoría se pusieran decididamente contra las reformas de Cassola; pero lo verdaderamente grave fue que casi todos los generales, especialmente los señores Martínez Campos y Primo de Rivera, comenzaron a hacer una guerra encarnizada al ministro, por entender que con sus proyectos de reformas se creaba el antagonismo en el ejército, en lo cual se equivocaban los citados generales, puesto que Cassola tendía precisamente a hacer que desapareciesen las diferencias que separaban a las armas especiales de las generales, cuyos individuos veían, con santa resignación, que sus compañeros de artillería e ingenieros disfrutaban ventajas que estaban vedadas a los oficiales de infantería y caballería, por no sabemos qué extraña ley de castas.

Creía, además, el general Martínez Campos que el establecimiento del servicio militar obligatorio era un serio peligro para las instituciones, y apoyaba su creencia en el hecho de que casi toda la juventud pudiente que acudía a las universidades, formaba en el partido republicano, lo cual podía llevar consigo la revolución, si al ingresar esos jóvenes en los cuarteles, difundían sus doctrinas sobre los incultos hijos del pueblo. Pero decía Cassola, y decía muy bien, que él no creía en tal peligro, porque el pueblo era siempre el mismo, el pueblo ignorante, si se quería, pero valiente sin valentía que le igualara y tan patriota como en los buenos tiempos de la invasión napoleónica, en que tan alta prueba de patriotismo dio, contrastando con el envilecimiento de las clases pudientes que se arrastraban ante las gradas del rey intruso. Y en cuanto a esos jóvenes de ideas demoledoras que cursaban sus estudios en las universidades, siendo en su mayoría pertenecientes a las clases acomodadas, no había temor a que intentasen nada, si se tenía en cuenta la idiosincrasia utilitaria de los pudientes, ante la cual se acrecentaba el nivel moral de los hijos del pueblo que, anteponiéndose a toda idea de sentimiento práctico, sentían en su interior el más noble y elevado de los sentimientos : el sentimiento patrio.

El curso de los debates fué un triunfo continuo para el general Cassola; pero no se ocultaba a nadie las dificultades con que tropezaba el ministro para la aprobación de las reformas, las cuales habían dado ocasión a Cánovas para levantar bandera política contra las mismas, y dar la batalla al Gobierno.

No menos graves eran las discusiones entre las armas generales y especiales, que se exteriorizaron el día del cumpleaños del Rey, en cuya fecha celebraron los oficiales de infantería y caballería varios banquetes en los que, con el pretexto de conmemorar la festividad, manifestaron su adhesión al ministro que con tanto tesón defendía sus derechos. Estuvo a punto de estallar un verdadero conflicto por la actitud en que se colocaron las ar- mas especiales, sólo evitado por el tacto con que procedió el capitán general de Madrid, prohibiendo varios actos que se preparaban para contrarrestar el efecto de los banquetes de los individuos de las armas generales.

En tanto que las Cámaras se ocupaban en discutir los proyectos de Cassola, apenas si había en España quien se enterase de otros asuntos que se aprobaron casi de matute, tales como el arrendamiento de la Renta de Tabacos, ideado por el ministro de Hacienda, señor López Puigcerver, como medio de procurarse recursos con que atender al déficit que, calculado en 90 millones de pesetas en el ejercicio anterior, prometía elevarse a mayor cantidad en el corriente.

No quería el ministro crear nuevos impuestos, y así estipulaba en el contrato que el arrendatario pagase al Estado lo siguiente : 90 millones de pesetas cada año durante los tres primeros del arriendo, y, además, el 50 por 100 de la cantidad en que los productos líquidos de la Renta excediese, en cada uno de ellos, de dichos 90 millones; durante el período de los tres años siguientes a los mencionados, una cantidad igual, cada año, al término medio del producto líquido de la Renta en el segundo y tercer año del contrato, y además el 50 por 100 también del exceso del producto líquido anual sobre aquella cantidad, y durante otros dos períodos de tres años cada uno, hasta completar los doce en que se fijaba el arriendo, una cantidad al año igual al término medio del producto líquido obtenido en el período inmediato anterior, más el 50 por 100 dicho. La determinación del producto había de hacerse deduciendo de los totales ingresos :

1.°,el importe de las primeras materias y gastos de administración correspondientes a las manufacturas vendidas durante cada uno,

y 2.°, el interés del 5 por 100 sobre el capital realmente invertido en el negocio.

Promulgóse la Ley el 22 de Abril y se dictaron, al efecto, las bases a que había de ajustarse el contrato, y aceptadas por el Banco de España y, concertado el servicio con el Estado, cediólo luego, autorizado convenientemente para ello, a la Sociedad que se constituyó bajo la denominación de Compañía Arrendataria de Tabacos con un capital de 6o millones de pesetas.

Otra de las leyes votadas, fué la renovación del contrato con la Compañía Trasatlántica, referente a los correos marítimos, que fué objeto de un debate violento, por establecerse en él, que durante veinte años pagaría el Estado a la Compañía la cantidad de 8.500,000 pesetas por el servicio que se le encomendaba.

¡Cosas del señor Balaguer!

Pero si bien el ministro de Ultramar fué justamente censurado por el proyecto anterior, en cambio sólo plácemes merece su magistral idea de celebrar en Madrid un gran certamen que pusiera de manifiesto la incalculable riqueza del archipiélago filipino, al par que demostrase el alto grado de ilustración de aquellos insulares a quienes aun se conocía, despectivamente, con el nombre de indios. Tal fue la Exposición general de Filipinas, solemnemente inaugurada por la Reina Regente el día 12 de Junio.

El día 3 de Julio fue relevado el general Primo de Rivera de su cargo de Director general de infantería, medida que se había anunciado repetidas veces en la prensa, y cuya sola probabilidad fue causa de que el general Martínez Campos manifestase su disconformidad, por entender que los procedimientos seguidos por el ministro de la Guerra eran atentatorios a la investidura parlamentaria de los generales senadores, que con el relevo de Primo de Rivera podían considerarse coaccionados para combatir los proyectos de reformas militares del general Cassola. Parece ser que entre los señores Cánovas y Sagasta mediaba un acuerdo para evitar que el ministro de la Guerra cumpliese las amenazas dirigidas en el Senado al Director general de infantería, sobre su propable relevo; pero Primo de Rivera, lejos de intimidarse, arreció su oposición, y Cassola no tuvo más remedio que someter a la regia sanción un decreto por el que se relevaba al general Primo de Rivera, substituyéndole en el cargo el general O'Ryan.

Este asunto prometía dar mucho juego, y Sagasta, que así lo comprendió, no quiso luchar con las dificultades con que había de tropezar el Gobierno ante las Cortes, y para capear el temporal, declaró terminadas las sesiones, el día 5 de Julio. Quedaban sin aprobar los proyectos de ley sobre el derecho de asociación y el referente al establecimiento del Jurado, que al terminar la legislatura pasó al Senado, para su discusión.

Los presupuestos habían sido aprobados anteriormente, ascendiendo los gastos a pesetas 856.419,017 y los ingresos 850.546,763, de lo cual resultaba un déficit de 5.872,254 pesetas. De ahí lo serio de la preocupación del Gobierno ante el conflicto que representaba la situación económica, que amenazaba conducir el país a la más espantosa bancarrota.

Durante el verano recorrió la Reina Regente, materialmente en triunfo, las provincias vascongadas, siendo recibida su presencia con las más vivas demostraciones de simpatía. San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Eibar, Azpeitia, tributaron a S. M. ovaciones inenarrables, que constituían algo muy significativo, dada la adhesión que sus habitantes habían dispensado siempre a la causa del pretendiente.

Pero mientras la Regente continuaba su marcha triunfal por las poblaciones del norte, un suceso de extremada gravedad vino, por varios días, a impresionar a las gentes, produciendo vivas protestas la apatía del Gobierno en cuanto se relacionaba con las cuestiones coloniales. El día 1.° de Julio se sublevaron varios caciques de las islas Carolinas, y habiendo llegado el hecho a conocimiento del gobernador de Ponapé, capitán de fragata don Isidro Posadillo, formó éste, con los pocos elementos de que disponía, una pequeña columna que fue deshecha por los indígenas en el primer encuentro que con ella tuvieron. Entonces el gobernador embarcó los colonos en el pontón María de Molina, y organizó la defensa del pueblo con escasas fuerzas. Acometiéronle los insurrectos y, al cabo de tres días de lucha heroica, lograron entrar en Ponapé los indígenas, que asesinaron a Posadillo y a toda la guarnición.

El capitán general de Filipinas, señor Terrero, principal culpable del desastre por el estado de indefensión en que había dejado las islas, a pesar de las advertencias del gobernador Posadillo, envió inmediatamente una expedición al mando del capitán de navio don Luis Cadarso, que redujo a los revoltosos y fusiló a los principales autores de los asesinatos de Ponapé.

En tanto ocurrían estos sucesos en las Carolinas, llegó a conocimiento del Gobierno la noticia de que el infatigable sultán de Marruecos, Muley el Hassan, después de vencer a varias cabilas rebeldes, se dirigía a la ciudad de Rabat, y pensó en la conveniencia de enviar una embajada con el objeto de cumplimentar a S. M. Xerifiana y ver de arrancarle alguna concesión en beneficio de los intereses españoles en África.

Y, en efecto, en los primeros días de Agosto embarcó en Tánger, a bordo de la fragata Blanca, la misión española, compuesta por el embajador señor Diosdado, al que acompañaban los secretarios señores González Campillo y Jove, el agregado militar, teniente coronel Bemúdez Reina, el director de la Escuela Española de Medicina en Tánger, señor Olivo, y el superior de las misiones franciscanas en Marruecos, padre Lerchundi.

Era portadora la embajada de media batería de artillería, que ofrecía como regalo la Reina Regente al Sultán, yendo al servicio de los cañones unos cuantos artilleros moros, instruidos en su manejo por el capitán Silveiro.

Fué recibida el día 9 de Agosto nuestra embajada por el Sultán, con el ceremonial de rúbrica en la corte marroquí, que impide el acceso a las habitaciones sulta- nescas de los enviados cristianos, a quienes por su condición de infieles no puede recibir, dentro de su propia casa, un príncipe descendiente, en rama directa, de la hija de Mahoma.

El resultado de la entrevista, fué el que suele ser en casi todas las embajadas que se han enviado a Marruecos : frases de salutación y cumplimiento entre Embajador y Sultán, y, excepción hecha de unos cuantos caballos, que como regalo consabido envió Muley el Hassan a la Reina y de la autorización hecha por el Sultán para proceder al derribo del mercado de carnes de los judíos en Tánger, para construir en sus terrenos el consulado de España, no se obtuvo ninguna de las ventajas que reclamaba nuestro ministro de Estado, señor Moret.

CAPÍTULO IV

Asuntos de Cuba.— Dimisión del general Calleja.— Nombramiento del general Salamanca.— Declaraciones de este general.— Efecto que produjeron.— Su destitución.— La enfermedad del Sultán.— Ocupación de la isla de Peregil.— Congreso literario internacional.— Fomento de la marina.— Negociaciones para obtener de Italia un territorio en el Mar Rojo.— Tercera legislatura.— Cánovas proteccionista.— 1888.— Relevo del general Palacios.— Sucesos de Río Tinto.— Proyectos del ministro de Hacienda.— Las reformas de Cassola.— Disolución del partido reformista.— Los integristas.— Exposición universal de Barcelona.