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DIEZ Y SEIS AÑOS DE REGENCIA(MARÍA CRISTINA DE HAPSBURGO-LORENA) (1885-1902)CAPITULO XXIX El Ministerio de la regeneración. Programa político del señor Silvela. Las cesantías de los ministros. La opinión y el nuevo Gobierno. Los republicanos. Primeras disposiciones del nuevo Ministerio.
Las elecciones. Apertura de Cortes. Cesión a Alemania de las islas Carolinas, Marianas y Palaos. El acta del señor Morayta. Empeñada
discusión que motivó. Es admitido el señor Morayta al cargo de diputado. Escándalo parlamentario. Voto de censura contra el señor García Alix. Los presupuestos de Villaverde. Admirable labor del ministro de Hacienda. Agitación nacional contra los presupuestos. Graves sucesos en Zaragoza. Obstrucción de las minorías contra
los proyectos del ministro de Hacienda. Conflicto entre las oposiciones y el Gobierno. La Reina Regente hace un donativo de un
millón de pesetas, para mejorar el estado de la Hacienda. La fórmula de concordia entre el Gobierno y las oposiciones. Junta de comandantes. Acuerdo
que tomaron. Situación y constitución de la escuadra yanqui. Sale de Santiago la escuadra española. Sistema de salida elegido. Comienza la batalla naval. El Infanta María Teresa durante el combate. El Oquendo. Suicidio de Lazaga. Embarranca el Vizcaya. Escapa el Cristóbal Colón. La caza del crucero. Se rinde el barco. Bajas de españoles y americanos.
Partes oficiales de los almirantes. Shaftter piensa en la retirada.
Intimación al general Toral. Suspensión de hostilidades. Entra en
Santiago la brigada Escario. Situación de la plaza al llegar estos
refuerzos. El canje de prisioneros. Nueva intimación. Blanco y
Toral. Se reanudan las hostilidades y vuelven a suspenderse. Proposición de Shaffter. Blanco ordena a Toral que tome la ofensiva.
Imposibilidad de ejecutarlo. El general Toral es autorizado para
rendir la plaza. Condiciones de la capitulación. Salen de Santiago.
Acaso desde los primeros tiempos de la Restauración no había surgido en España crisis de tan gran trascendencia como la que se resolvió con la entrada en el gobierno de don Francisco Silvela. Con su presencia al frente del Ministerio, se abría ante nuestro pueblo, el horizonte de su ansiada reconstitución sobre las bases de la moralidad, la justicia y la vigorización de todas las fuerzas nacionales. El ansia de reorganización, de nueva vida, esperaba del jefe conservador acción vigorosa, energía sin desfallecimientos y perseverancia inquebrantable en los nobles propósitos. A su lado se movían hombres tan ilustres como Polavieja, el caudillo más popular de España, Villaverde, de rectitud intachable y de profundos conocimientos financieros, Dato, ilustre político de gran cultura intelectual, Pidal, de inmaculada historia. Tales eran los hombres en quien se fundaban las esperanzas patrias. Según frase gráfica del señor Sil- vela, «se habían desposado con la verdad, y venían a regenerar al país». El programa político del nuevo Gobierno se condensaba en el discurso pronunciado por don Francisco Silvela, al ser elegido en Madrid, Presidente del Círculo conservador (7 Enero 1899). He aquí lo más saliente del mismo. Veía quebrantada la conciencia pública, la cual desconfiaba de los políticos, de la justicia, del ejército y de la marina, creyendo, en cambio, que subsistía un pensamiento religioso, profundo, de adhesión a la legalidad, constituyendo esto, la principal base de la regeneración nacional. El principio de autoridad, según el señor Silvela, se hallaba por los suelos, y se proponía velar por él, y respecto a las costumbres electorales, decía : «Los que quieren corregir los abusos del sufragio, son conservadores, son nuestros hermanos, porque nos proponemos desterrar la coacción y las malas artes que han mixtificado esta conquista de la libertad». Respecto de la Hacienda pública, era partidario de extender los sacrificios a todas las utilidades, sin privilegio alguno, aumentando algunos impuestos, y haciendo economías en los gastos. No hay que olvidar que Silvela en la oposición habló siempre del déficit, como problema que precisaba resolver con energía. Partidario de los conciertos económicos con las regiones, creía que esos conciertos no debían representar un cupo fijo, sino que habían de servir para facilitar la administración en bien del Tesoro y de las comarcas. En lo relativo a la administración de Justicia, señalaba los grandes peligros que para ella representaban las influencias políticas que «hieren con mortal desvío a las instituciones, labran con honda lesión las bases de todo orden moral, y preparan, callada, pero seguramente, las catástrofes, que en un día, y por causas, al parecer, menudas, derrumban las construcciones seculares». Para evitarle, se proponía establecer una escala cerrada para el personal, y reformar la Ley del Jurado. Aleccionado por el tremendo desastre sufrido por España en la guerra con Norte América, afirmaba la necesidad de las alianzas internacionales, sosteniendo que los retraimientos sistemáticos eran temeridades extremas, y que a la derrota debía seguir la reconstitución de la marina de guerra nacional, construyendo una escuadra, lo suficientemente poderosa para proteger y defender a España. En lo referente al problema regional, pensaba respetar las tradiciones y tener en cuenta los adelantos de cada comarca, ya para mantener la tutela, donde fuera preciso, ya para dar mayor amplitud y descentralización, donde el desarrollo de la riqueza y la cultura lo permitieran, en lo relativo a enseñanza, obras públicas y beneficencia. Afirmaba, además, Silvela, que no era enemigo de la libertad de conciencia; que respetaría el artículo 11 de la Constitución y que «ni en el orden de la enseñanza, ni en el de la libre investigación científica, ni en el de la discusión en la prensa o de la tribuna, cabía modificar en lo más mínimo la substancia, la esencia de lo que ha sido y es, la restauración de una monarquía liberal, hija del siglo». Creyóse en los primeros momentos, que Silvela marchabadel brazo con los regionalistas; pero no era así : solamente aceptaba parte de su programa. Sin negar personalidad a las regiones, decía : «Por regionalismo, hemos entendido y entendemos una amplia descentralización administrativa, que dé a los organismos intermedios entre el individuo y el Estado vida propia. La tutela del Estado continuará ejerciéndose sobre todas aquellas regiones que demuestren incapacidad para gobernarse a sí mismas ; pero no habrá de inmiscuirse y amortiguarse y casi desaparecer, en aquellas otras que prueben, como las provincias vascongadas, Navarra y Cataluña, que tienen sobrada aptitud para administrar sus intereses y su hacienda. Los lazos políticos de la unidad nacional subsistirán como hasta aquí. Lo único que no puede subsistir es ese modo de entender a lo jacobino, la vida jurídica del Estado». El primer acto público del nuevo Ministerio fué la publicación de un Real decreto suprimiendo las cesantías de los ministros, verdadero despilfarro de miles de pesetas que se ganaban en la ociosidad. Por ello se granjeó el señor Silvela el aprecio popular, que vio en el nuevo Presidente un político que sostenía con los hechos, cuantas promesas había hecho en la oposición. Igualmente se acometió la reforma del Consejo de Estado, suprimiendo los consejeros y dejando los presidentes de sección, y por otro R. D. restringió el devengo de dietas de las comisiones provinciales. Los únicos que no acogieron bien al nuevo Gobierno, fueron los republicanos, para quienes la presencia en el mismo, de los señores Polavieja, Duran y Bas y Pidal, fué estimada como síntoma de reacción. Castelar, en situación de reserva, desde que licenciara sus huestes, autorizándoles para ingresar en la Monarquía, volvió a la vida pública y manifestó que la política iniciada por el señor Silvela, daría alientos a los revolucionarios por su vaticanismo y regionalismo que el jefe del Gobierno «dis- frazaba con su frase favorita de diversificar la tutela del Estado». Como muestra y resumen de la mala impresión que produjo en los republicanos el ministerio Silvela, baste recordar el saludo que le dirigió Rodrigo Soriano al presentarse por primera vez en el Congreso el nuevo Gobierno, a raíz de la crisis. Dirigiéndose al batallador diputado, al Presidente del Consejo de ministros, le dijo : —Ahí falta un ministro. Y como Silvela mirase y contase a los que se hallaban en el banco azul, insistió Soriano : —Sí, falta un ministro. El Padre Campaña. Ya por entonces, las Cámaras de Comercio habían publicado un programa de reformas, que mereció una excelente acogida por parte del Gobierno. Pero lo urgente era que éste no echase en saco roto tan sanos consejos y que las Cámaras de Comercio, a cuyo frente figuraban los señores Paraíso, Costa, Rusiñol y Alba, los mantuviesen con energía. Justo es decir que el nuevo Gobierno procedió en sus primeros actos, con acierto y fortuna. Al decreto suprimiendo las cesantías de los ministros, siguió la gestión en pro de los prisioneros españoles en poder de los rebeldes filipinos ; y con éstos, y los propósitos anunciados como norma de conducta para la lucha electoral, se ganó las simpatías de la opinión, hasta el punto de que de poco valieron los gemidos que, con poco conocimiento de la realidad, lanzaron muchos espíritus, quizá olvidados de que no era posible poner sobre el tapete, cuestiones y problemas, cuya resolución era por todos acatada. El ministro de Marina dispuso la amortización del 50 por 100 de las vacantes que ocurriesen en su departamento; el de Hacienda se negó a suprimir, desde Abril, los impuestos de guerra, y el de la Guerra acordó abonar a los soldados repatriados de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que no quisieran aguardar a la liquidación de sus haberes, la suma de cinco pesetas por cada mes de campaña. Esta última disposición pareció injusta y motivó reclamaciones y protestas a las que el Gobierno tuvo que hacer frente, declarando que trataría con el mayor rigor a cuantos promovieran el menor alboroto. Asimismo autorizó el Gobierno la formación de Tribunales de honor, los cuales expulsaron del ejército al general Fernández Tejeiro, ex gobernador militar de Cebú, al teniente coronel Zamora, y a varios jefes y oficiales de administración militar, acusados de inmoralidades. Cediendo a la activa campaña de republicanos y socialistas, se abrió una información para ver si procedía la revisión del proceso contra los anarquistas encerrados en el castillo de Montjuich, de quienes se decía habían sido martirizados por la Guardia civil, encomendándose los trabajos a la jurisdicción militar y a las mismas autoridades a las que se acusaba de haber consentido las torturas. Verificadas las elecciones de diputados el 16 de Abril y las de senadores el 30, obtuvo el Gobierno gran mayoría, sin necesidad de recurrir a los viejos procedimientos que tanto daño han hecho al sufragio, motivando con ello el retraimiento de las clases neutras. Claro es que, como en todas las elecciones, hubo atropellos inevitables por el choque de las pasiones políticas ; pero hemos de consignar que la imparcialidad del Gobierno fué mayor que en ocasiones anteriores. No quiere decir esto, que no ocurriesen hechos lamentables, tales como el de la elección de Huescar, por donde luchaban, don Luis Silvela, sobrino del presidente del Consejo, y un tal Portillo, este último con el carácter de adicto. Para arrebatar el acta al liberal señor Silvela, fué preciso hasta el secuestro del candidato, que estuvo sitiado varios días en una casa, resultando un muerto y varios heridos, salvándose el señor Silvela, por verdadero milagro, gracias a la oportuna intervención de la fuerza pública. El acta de la elección fué, en su día, declarada grave, y el candidato triunfante, señor Portillo, no pudo ocupar su escaño en el Congreso. El triunfo, en aquellas elecciones, correspondió por entero a la Unión Nacional, que sacó casi todos sus candidatos, y a los regionalistas catalanes, que por primera vez se presentaron en el Parlamento desplegando su bandera autonómica en defensa del programa contenido en las bases de Manresa. Republicanos triunfaron muy pocos, y, como novedad, fué elegido el señor Castelar, por Murcia, con cuya elección se abrió un paréntesis de curiosidad en los amantes de la elocuencia, tan abundantes en esta tierra de la retórica. Por desgracia para éstos, el escritor-poeta, el cantor inimitable de los grandes espectáculos de la naturaleza, murió el 25 de Mayo, en San Pedro de Pinatar, respirando las brisas del mar Mediterráneo, del mar latino, que tantas veces ocupó su palabra y su pluma. Su cadáver fué conducido a Madrid, y expuesto en la rotonda del Congreso, como Presidente que había sido del mismo. Su entierro, veri- ficado el día 29, constituyó una verdadera manifestación de duelo nacional, siendo objeto de grandes censuras, el señor Silvela, por no haber concedido honores militares al difunto. El ministro de la Guerra, general Polavieja, prohibió a los generales que asistieran al entierro con uniforme de gran gala. Martínez Campos desobedeció aquella orden, y se presentó en el duelo con todas sus galas y condecoraciones. El 2 de Junio, se verificó en el Congreso la solemne apertura de Cortes, leyendo S. M. la Reina, el Mensaje de la Corona, que, como sorpresa, ofreció al país la publicación de las gestiones realizadas por el señor Sagasta, para ceder a Alemania las islas que aun poseía España en la Oceanía. La reserva con que se habían llevado las negociaciones, fué tal, que, excepción hecha de los ministros que compusieron el Gabinete anterior, y de los que le substituyeron, no había ninguna otra persona ini- ciada en el secreto. Todos se habían juramentado para no hacerlo público hasta el momento oportuno, conviniéndose en darlo a conocer en el Mensaje. En la nota firmada por el Gobierno liberal con el Gobierno alemán, se comprometía aquél a cederle, previa la correspondiente aprobación de las Cortes, las islas Marianas, Carolinas y Palaos, bajo las bases siguientes : Primera. El Gobierno alemán entregará a España la suma de veinticinco millones de pesetas. Segunda. El Gobierno de España se reserva para su país dos depósitos de carbón en los territorios cedidos y en el punto que se designe. Tercera. Los frailes españoles serán respetados en el ejercicio de su ministerio y obtendrán los mismos privilegios que los representantes de otros cultos. Cuarta. Se concederán a España las ventajas arancelarias que al país más favorecido, en cuanto se refiere al territorio enajenado. Fué elegido Presidente del Congreso, don Alejandro Pidal, por 179 votos, y el general Martínez Campos ocupó la Presidencia del Senado. En aquellos días se publicaron los decretos sobre la reforma de la enseñanza, que le valieron grandes censuras al ministro de Fomento, señor Marqués de Pidal, por la exagerada importancia que dio en los estudios del bachillerato a las asignaturas de Religión y lengua latina. También el general Polavieja dictó algunas disposiciones militares, en virtud de las cuales se cambiaron los nombres de varios regimientos, suprimiéndose algunos, y creándose sobre su base, los batallones de montaña. También sufrieron cambios importantes las guarniciones, pues apenas hubo regimiento que no sufriese un traslado. El día 10, se puso a discusión en el Congreso, el acta del diputado republicano señor Morayta, a quien se acusaba de traidor a la patria por la protección y apoyo que, como Gran Oriente español, había prestado a los katipuneros filipinos. El dictamen de la comisión correspondiente, era favorable al electo; pero, al leerse, se puso de manifiesto la división de la mayoría en el asunto. El señor Ugarte pidió la palabra en contra, y se arrancó diciendo que el señor Morayta, por las públicas acusaciones que contra él se habían lanzado, no merecía la investidura de diputado, apoyándose en el hecho de que, a un oficial del ejército, se le había expulsado del mismo, por pertenecer a las logias masónicas, para deducir que mayor pena merecía el señor Morayta, arbitro y oráculo en España de la masonería, de la cual habían emanado las órdenes que produjeron la insurrección de Filipinas. El acusado se defendió vigorosamente, y a su favor se alzaron voces tan autorizadas, como las de los señores Maura, Sagasta y Romero Robledo. El señor Silvela, al intervenir en el debate, manifestó que la cuestión de que se trataba, era un asunto de conciencia, sobre la que el Gobierno no podía ejercer coacción ninguna, y que, por tanto, dejaba a la mayoría en libertad para votar. Puesto a votación el dictamen, se retiraron gran parte de la mayoría y muchos diputados de las oposiciones, resultado 50 votos en contra de la admisión del señor Morayta y 15 a favor, y, no habiendo número suficiente para tomar acuerdos, se levantó la sesión. En este mismo día, quedó constituido el Senado, comenzando la interpelación sobre el desastre colonial, en cuyos debates tomó parte principal el conde de las Almenas, que arremetió furiosamente contra los generales Blanco, Pando y Primo de Rivera. Al día siguiente, volvió a tratarse la cuestión Morayta en el Congreso, y Silvela pidió a la mayoría que fijase su criterio de una manera clara y definitiva, ya que él no podía hacerlo sin faltar a su honor de caballero y a su conciencia de magistrado, para lo cual y con el fin de que sus amigos no le siguieran en el voto, él se abstendría de votar. Un secretario hizo al Congreso la pregunta de rigor en las votaciones ordinarias, y como todos los diputados permanecieran sentados, el Presidente, que era en aquellos momentos el señor García Alix, proclamó diputado al señor Morayta. Al mismo tiempo que se declaraba admitido al citado señor, se alzaron diversas voces en todos los lados de la Cámara, pidiendo votación nominal, armándose un tumulto atroz, promovido por los carlistas y parte de la mayoría que protestó indignada por lo que suponía proclamación por sorpresa. Los que principalmente se indignaron fueron los amigos políticos del general Polavieja, llegándose, con este motivo, a hablarse de crisis, sin que los rumores se confirmasen. Suspendida la sesión, en vista de que la mayoría se hallaba sublevada contra el Presidente, redactaron los enemigos del señor Morayta un voto de censura contra el señor García Alix, subscribiéndolo cinco diputados adictos, un integrista, un carlista, y siete independientes. Reanudada la sesión, se leyó el indicado voto, estando presidida la Cámara por el señor Laiglesia. El señor Domínguez Pascual apoyó el voto. Justificóse el señor García Alix, sosteniendo que declaró admitido al señor Morayta, antes de que se pidiese votación nominal. Silvela intervino diciendo que el asunto carecía de importancia y rogó a sus amigos que retirasen el voto de censura. No habiéndolo conseguido, se puso a votación, siendo rechazado por 165 votos contra 34. Votaron en contra de la proposición los tetuanistas, liberales y republicanos, y a favor los gamacistas, carlistas y los firmantes adictos. De todos modos, aquella sesión fué una jornada desastrosa para el Gobierno, poniéndose de manifiesto la división de la mayoría en aquellas apenas nacidas Cortes. En medio de la mayor espectación, leyó el señor Villaverde, el día 17, los presupuestos generales del Estado, obra meritísima llamada a reconstituir la Hacienda Pública y a conseguir el afianzamiento del Crédito Nacional. La exposición que precedía al proyecto sometido a la deliberación de las Cortes, comenzaba dando a conocer los pagos verificados por el ministerio de Ultramar, desde el principio de la insurrección cubana hasta Marzo de 1899, los cuales importaban en junto, 1.969.355, 2i4'i8 pesetas, a saber : Isla de Cuba....................1. 796.269,462'91 pesetas Isla de Puerto Rico................ 7.097,493'55 pesetas Islas Filipinas......................165.988,257'72 pesetas Enumeraba, después, el señor Villaverde, los valores negociados y los que se habían emitido para garantir las operaciones de crédito, mediante las cuales se obtuvieron los recursos invertidos, y fijaba la situación en que se hallaban aquellos valores, consignando el resumen de la herencia que en el orden económico recibía el partido Unión conservadora, por efecto de las campañas coloniales y de la guerra extranjera. A pesetas 1.445.279,787'14 ascendía la Deuda legal representada por pagarés del ministerio de Ultramar, por obligaciones de diversa índole, pendientes de pago ; y a 1.469.425,625 el capital nominal de los billetes hipotecarios de la Isla de Cuba, obligaciones de Filipinas y las de la Renta de Aduanas. La anualidad de intereses y amortización de dichas Deudas importaba 211.o12,8o6'47 pesetas, que, con 48.044,154 pesetas por obligaciones que habían venido sufragando las colonias y transferidas, después, al Presupuesto general, entre otras, las clases pasivas, personal de jefes y oficiales del Ejército y Armada, e indemnización a la Trasatlántica por servicios marítimos representaban una carga anual de pesetas 259.056,96o'47. Reduciendo la Deuda flotante en 119 millones de pesetas, recibidos de los Estados Unidos, quedaba representada por 252 millones, cuya suma unida al déficit que venía ofreciendo la liquidación del presupuesto anterior, componía una cantidad cuya suma excedía de 300 millones. Las obligaciones y gastos se fijaban en las siguientes cifras : Gastos.................................................. 937.178,133 pesetas Ingresos ................................................937.930,415 pesetas Superávit para el ejercicio 1899-1900.......... 752,282 pesetas Se obtenía este resultado mediante reducción en los gastos, y más principalmente con las medidas que se proponían en el proyecto de ley de liquidación y conversión de las Deudas, y con el acrecentamiento de los ingresos por impuestos establecidos, algunos nuevos que se creaban, y reforma de otros ya existentes. Se suprimía la amortización de la Deuda Amortizable al 4 por 100 y de las Obligaciones de Aduanas, y como compensación bonificaba sus intereses en un 13 y un 20 por 100 de su importe respectivo. La suspensión, ya decretada anteriormente, de la amortización de los billetes hipotecarios de la Isla de Cuba y obligaciones de Aduanas, se establecía definitivamente y, además, se suprimían estas deudas, equiparando su interés con las Peninsulares, y rebajando un 20 por 100 en las primeras y un 15 por 100 en las segundas. Se reducía a 3 por 100 el interés de 5 por 100 devengado por los pagarés de Ultramar cedidos al Banco de España y a la Compañía Trasatlántica, y se proponía una nueva emisión de Deuda Amortizable al 5 por 100 para recoger con ella las obligaciones del Tesoro por Deuda flotante, las de la Renta de Aduanas, los pagarés expedidos y que se expidieran en pago de servicios de Tesorería en aquel año, pagarés de Ultramar entregados a Sociedades y banqueros, y la parte que conviniera de las que tenía en cartera el Banco de España. Entre los recursos con que se dotaba al presupuesto, merece especial mención un impuesto sobre utilidades procedentes del capital y del trabajo, por el que se sometían a la tributación los beneficios obtenidos por las empresas y particulares, los sueldos de los empleados activos y pasivos, y finalmente, los dividendos o intereses de acciones y obligaciones, respectivamente emitidas por Bancos, Sociedades, Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. El descuento que se imponía a los intereses de la Deuda Pública era de 20 por 100. La riqueza rústica quedaba relevada de todo recargo. La urbana y la contribución industrial se fijaba en dos décimas. Se proyectaba la revisión de los encabezamientos de consumos, pues la elasticidad de que era susceptible este impuesto y la elevación de los derechos de las tarifas, había de reflejarse en los cupos de los pueblos, que hubieran obtenido aumento por medio de subasta de la administración municipal, y de los conciertos gremiales. Se establecían derechos de exportación sobre los minerales de hierro y cobre, y era objeto de importantes reformas la renta de Tabacos, cuyos precios elevaba, y la Ley del Timbre, que se hacía extensiva a ciertos signos y documentos que no contribuían por entonces. Se reformaban, entre otros, el impuesto de derechos reales, el de grandeza, títulos del Reino, cédulas personales, transportes, pasajes, mercancías y el de la sal, y se creaban impuestos especiales de fabricación sobre el azúcar y el alcohol. Cada una de estas reformas, era objeto de un proyecto de ley, y en la exposición de motivos se justificaban plenamente las razones en que se fundaban, aparte de la razón suprema de levantar, mediante un esfuerzo necesario, las cargas que pesaban sobre la Hacienda Nacional. Tal era la nunca bastante bien ponderada obra de don Raimundo Fernández Villaverde, llamada a producir el asombro universal por el vigoroso resurgir de la oculta España, pictórica de medios económicos con que atender a la bancarrota nacional que amenazaba a nuestro país, después del desastre. El efecto producido en la opinión al publicarse los proyectos del ministro de Hacienda, fué desastroso. Todos acogieron la idea del aumento en la tributación, con tal antipatía, que pronto degeneró en motín. Don Basilio Paraíso presentó en el Congreso un contraproyecto de presupuestos ; la Unión Nacional, de consejera del Gobierno que había prometido ser, se trocó en agitadora; las oposiciones se agruparon como un solo partido, en contra de los proyectos del Gobierno, y en toda España hubo asonadas y alteraciones del orden público, que el señor Silvela hubo de reprimir enérgicamente. Las Cámaras de Comercio decretaron un cierre general de tiendas, y entre los graves sucesos ocurridos en aquellos días, los que más resonancia alcanzaron, fueron los des- arrollados en Zaragoza desde el 25 al 30 de Junio. Proclamóse la ley marcial, y los grupos hicieron resistencia a las tropas, disparando éstas y ocasionando numerosas víctimas. Sólo el tacto desplegado por el Capitán general de la región, señor marqués de Ahumada, evitó mayores males, y pudo restablecer la tranquilidad alterada en la hermosa ciudad del Ebro. Las discrepancias de criterio entre el Capitán general de Zaragoza y otra autoridad militar, de inferior graduación a la del primero, dieron motivo a un duelo trágico, en el que perdió la vida el marqués de Ahumada. La idea del Gobierno era de que los nuevos presupuestos comenzasen a regir en 1 ° de Julio ; pero, materialmente, no había tiempo para su discusión en las Cortes, y, por otro lado, la obstrucción de las oposiciones dio lugar a un grave conflicto entre la mayoría y las minorías, pues, dispuesto el señor Silvela a sacar adelante los proyectos económicos del ministro de Hacienda, declaró que, por su parte, no veía inconveniente alguno en pasarse discutiendo en el Congreso, los presupuestos, durante todo el verano. Esta manifestación pareció una amenaza a las oposiciones, cuyos diputados creyeron que el Presidente del Consejo trataba de vencerlos por el cansancio, y por esto redoblaron sus esfuerzos, acentuando su enemiga contra los proyectos, en cuya discusión no lograba el Gobierno avanzar un solo paso. Hubiéronse de prorrogar los presupuestos del año anterior, y tan excitadas llegaron a estar las pasiones de los diputados, que, al contestar el señor Canalejas a un discurso del señor Silvela en que aseguraba que la fuerza pública se impondría a los morosos, dijo el jefe demócrata que el pueblo, en defensa de sí mismo, encontraría lícito el empleo de la dinamita para oponerla a los maüsers de los soldados. En medio de tanto escándalo, de tanta oposición, de tan bajos medios, empleados principalmente por los responsables de aquel tremendo crac, que amenazaba si persistían los obstruccionistas en sus afanes de imposibilitar la obra del Gobierno, cuyos fines no podían ser más elevados, ni inspirarse en otros motivos que los altos intereses del crédito público, bastante quebrantado a la sazón, surgió un rasgo hermoso, incomparable. Su Majestad la Reina Regente, por comunicación dirigida al ministro de Hacienda el 14 de Julio, puso a disposición del mismo la suma de un millón de pesetas, que de su peculio particular donó para aliviar un poco la desastrosa situación del Erario Nacional. Hubieran hecho otro tanto, aquellos padres de la patria que se agitaban en las Cortes, y es seguro que no hubiese necesitado el señor Villa- verde acudir a medios extremos para lograr la reconstitución de la Hacienda. La discusión se iba alargando, y tanto la mayoría como las minorías y el mismo Gobierno, deseaban una fórmula que diese fin a aquel lamentable estado de cosas, sin necesidad de tener que renunciar a las imperiosas vacaciones del estío, cuya nostalgia sentían, por igual, todos los diputados. Después de varias tentativas frustradas para hallar la tan deseada concordia, se presentó, el 20, una proposición incidental, firmada por el conde de Romanones, pidiendo al Gobierno que hiciese una declaración solemne, sobre sus propósitos respecto a la discusión de los presupuestos. Contestó el señor Silvela, anunciando a las oposiciones que, si éstas le facilitaban los medios para sacar adelante los proyectos de arreglo de las Deudas, que era lo más urgente, suspendería las sesiones, y aprovecharía el verano para introducir en los presupuestos algunas reformas inspiradas en el criterio de los jefes de las minorías. Las oposiciones aceptaron la fórmula, y, votadas por las Cortes las leyes de conversión de las Deudas, quedaron suspendidas las sesiones en los primeros días del mes de Agosto. Antes, había sido ratificada por ambas Cámaras la cesión de las islas Marianas, Carolinas y Palaos, al Gobierno alemán.
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