CAPÍTULO 94.

TREMENDAS ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LAS CORTES

A propuesta del Presidente de las Cortes, y de acuerdo con el Gobierno, por un decreto del Presidente de la República se suspenden las sesiones parlamentarias durante ocho días, como medida de prudencia para apaciguar los ánimos. Mas como vence al plazo señalado al estado de alarma y el Gobierno considera necesario prorrogarlo por treinta días más, se reúne la Diputación Permanente de las Cortes en la mañana del 15 de julio, con el fin de someter a aprobación dicha prórroga. No asiste Casares Quiroga, ausencia harto significativa.

Abre la sesión el presidente, Martínez Barrio, y en nombre de las minorías tradicionalista y de Renovación Española, integrantes del Bloque Nacional, el conde de Vallellano da lectura a la siguiente declaración que había sido redactada por el diputado Sáinz Rodríguez: «No obstante la violencia desarrollada durante el último período electoral y los atropellos cometidos por la Comisión de Actas, acudimos al actual Parlamento, cumpliendo así un penoso deber en aras del bien común, de la paz y de la conveniencia nacional.

“El asesinato de Calvo Sotelo —honra y esperanza de España—, ver­dadero crimen de Estado, nos obliga a modificar nuestra actitud. Bajo el pretexto de una ilógica y absurda represalia, ha sido asesinado un hombre que jamás preconizó la acción directa, ajeno completamente a las violencias callejeras, castigándose en él su actuación parlamentaria, perseverante y gallarda, que le convirtió en el vocero de las angustias que sufre nuestra patria. »Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política, ha sido ejecutado por los propios agentes de la autoridad. Y esto ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derecha que a diario se profieren en el Parlamento. Tratándose de Calvo Sotelo, el atentado personal es lícito y plausible, han declarado algunos, y el propio Presidente del Consejo ha amenazado a Calvo Sotelo con hacerle responsable personalmente a priori, sin investigación ulterior, de acontecimientos fáciles de prever que pudieran producirse en España.

“¡Triste sino el de este gobernante, bajo cuyo mando se convierten en delincuentes los agentes de la autoridad! Unas veces es la represión cri­minal de Casas Viejas sobre unos campesinos humildes; otras, como ahora, el atentado contra un patriota y político insigne, verdadera gloria nacional; es a él a quien ha correspondido la triste suerte de hallar en Cuerpos honorables núcleos más o menos numerosos de asesinos.

“Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. No queremos engañar al país y a la opinión internacional, aceptando un papel en la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado y normal, cuando en realidad desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una monstruosa subversión de todos los valores morales, que ha conseguido poner la autoridad y la justicia al servicio de la violencia y del crimen.

“No por esto desertamos de nuestro puesto en la lucha empeñada, ni arriamos la bandera de nuestros ideales. Quien quiera salvar a España y su patrimonio moral como pueblo civilizado, nos encontrará los primeros en el camino del deber y del sacrificio.”

Al terminar la lectura, el conde de Vallellano hace ademán de retirarse, pero le retiene el presidente para decirle que «todo lo que significa inculpaciones en el escrito que acaba de leerse no pasarán al Diario de Sesiones, para no envenenar los ánimos aún más de lo que se hallan». Gil Robles considera excesivo e intolerable que la Mesa se arrogue la facultad de tamizar manifestaciones hechas por los diputados. Ello significa un atentado al derecho de las minorías, y obligará a éstas a considerar si es posible que continúen en la Diputación Permanente, «porque la investidura parlamentaria no nos sirve para nada». El conde de Vallellano cree que no es ocasión ni momento de plantear un debate sobre el Reglamento de la Cámara. Deja en manos de la representación de las oposiciones el asunto y confía a la propia conciencia del presidente la solución que deba dársele. «Yo — termina— he cumplido con mi deber.» El presidente espera y desea que la retirada de los parlamentarios monárquicos sea transitoria, y que circunstancias bonancibles permitan de nuevo contar con la cooperación de aquéllos. El conde de Vallellano abandona el salón.

El ministro de Estado considera que las palabras de Gil Robles son injuriosas y calumniosas. Prefiere, sin embargo, «como hombre de honor, sofrenar los sentimientos, ahogar la pena, dejar que el dolor me corroa y hacer frente a la situación difícil».

* * *

Gil Robles se levanta de nuevo. «Es ésta —dice— la quinta vez que el Gobierno solicita una prórroga del estado de alarma. ¿Ha cumplido alguna de sus finalidades? ¿Ha servido para algo?» «Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Acordaos de la estadística a que di lectura en la pasada sesión de las Cortes. Voy a completarla con una estadística del último mes en vigencia el estado de alarma. Desde el 16 de junio al 13 de julio, inclusive, se han cometido en España los siguientes actos de violencia: incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; centros asaltados e incendiados, 10; huelgas generales, 15; huelgas parciales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o cosas, 7; incendios, no comprendidos los de iglesias, 19. Esto en veintisiete días. ¿No es la confesión más paladina y más clara de que el Gobierno ha fracasado total y absolutamente? Ni el derecho a la vida, ni la libertad de asociación, ni la libertad de sindicación, ni la libertad de trabajo, ni la inviolabilidad del domicilio han tenido la menor garantía con esta ley excepcional, que, por el contrario, se ha convertido en elemento de persecución contra todos aquellos que no tienen las mismas ideas que los componentes del Frente Popular.

“Tampoco han servido para garantizar el normal funcionamiento de los órganos del Estado. Las sentencias de los Jurados mixtos no se cumplen; el ministro de la Gobernación puede decir hasta qué punto los gobernadores civiles no le obedecen; los gobernadores civiles pueden decir hasta qué punto los alcaldes no hacen caso de sus indicaciones; los ciudadanos españoles pueden decir cómo en muchos pueblos del Sur existen Comités de huelga, los cuales dan el aval, el permiso, la autorización para que se pueda circular por carretera.

“Ahí tenemos lo que está ocurriendo en Madrid con la huelga de la construcción. Las organizaciones sindicales son las que han dejado incumplido un laudo del ministro de Trabajo, cuyo fracaso no tiene precedentes en la historia política de ningún país; las propias organizaciones que apoyan al Gobierno no quieren o no pueden cumplir las órdenes que emanan de la autoridad. Los conflictos obreros se ventilan diariamente a tiros entre las organizaciones societarias, aunque la censura no permite que se diga una palabra; ahí tenéis a esos obreros que han muerto ayer en Cuatro Caminos bajo las balas de otros hermanos de trabajo, que, en plena subversión contra el Gobierno, no acatan las órdenes emanadas de la autoridad. Las obras paradas, los obreros tiroteándose, Madrid abandonado, la autoridad por los suelos. ¿Para eso queréis una prórroga del estado de alarma? ¿Para eso queréis unos resortes excepcionales?

“Para justificar vuestro fracaso tenéis que invocar al fascismo, como­dín ante la opinión pública y porque estáis viendo el estado de opinión que se está creando. No es esta la ocasión de que yo vaya a marcar diferencias doctrinales con unas u otras teorías políticas. Perfectamente definidas están mi actitud y la doctrina de mi partido a través de una actuación intensa, aunque sea modesta por ser mía. No es este momento de recordar esas diferencias, pero sí el de decir que en España está creciendo de día en día un ambiente de violencia; que los ciudadanos se están apartando totalmente del camino democrático; que a nosotros diariamente llegan voces que nos dicen: Os están expulsando de la legalidad; están haciendo un baldón de los principios democráticos; están riéndose de las máximas liberales incrustadas en la Constitución; ni en el Parlamento ni en la legalidad tenéis ya nada que hacer. Y este clamor que nos viene de campos y ciudades indica que está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo, y que no es más que el ansia, muchas veces nobilísima, de libertarse de un yugo y de una opresión que en nombre del Frente Popular el Gobierno y los grupos que le apoyan están imponiendo a sectores extensísimos de la opinión nacional. Es un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía, que prende en el corazón de los españoles y contra el cual somos totalmente impotentes los que día tras día y hora tras hora nos hemos venido parapetando en los principios democráticos, en las normas legales y en la actuación normal. Así como vosotros estáis total y absolutamente rebasados, el Gobierno y los elementos directivos, por las masas obreras, que ya no controláis, así nosotros estamos ya totalmente desbordados por un sentido de violencia, que habéis sido vosotros los que habéis creado y estáis difundiendo por toda España. Cuando habléis de fascismo, no olvidéis, señores del Gobierno y de la mayoría, que en las elecciones del 16 de febrero los fascistas apenas tuvieron unos cuantos miles de votos en toda España, y si hoy se hicieran unas elecciones verdad, la mayoría sería arrolladora, porque incluso está prendiendo en sectores obreristas, los cuales, desen­gañados de sus elementos directivos y de sus directores societarios, buscan con ansia una libertad que encuentran en esas vagas quimeras, que muchas veces encarnan en la fantasía de las gentes cuando ya están al borde de la desesperación y de la ruina.

“Yo sé que muchas gentes que ahora disminuyen el volumen del suceso pretenden establecer un simple parangón entre dos crímenes que se han producido por una leve diferencia de horas. Yo esos parangones no los admito. En primer lugar, porque tanto condeno una violencia como la otra. Ante el cadáver del teniente Castillo tengo idéntica condenación que para todos esos actos de violencia, y no pienso en sus ideas, ni en su actuación; para mí es nefando, para mí es criminal el modo como se le ha arrebatado la vida. ¡Ah!, pero pretender ligar un acontecimiento con otro, como muchos sectores afectos a la política del Gobierno han hecho; eso es, a mi juicio, la mayor condenación que puede tener toda la política que vosotros estáis desarrollando.

“¿Qué tenía que ver el señor Calvo Sotelo con el asesinato del teniente Castillo? ¿Quién ha podido establecer la menor relación de causa a efecto entre su actitud y la muerte de ese teniente? ¿Es que acaso el señor Calvo Sotelo, en pleno salón de sesiones, no ha condenado de una manera sistemática la violencia y no anunció que ante la muerte violenta de su mayor adversario no tendría más que la condenación, como ciudadano, el respeto como caballero y el perdón como creyente? ¿Es que se puede, ni por un momento, admitir que el señor Calvo Sotelo tuvo la menor relación, directa ni indirecta, por acción, por omisión o por inducción, con el asesinato del teniente Castillo? ¿Por qué se ligan ambas cosas? ¡Ah! Porque en el ánimo, incluso de aquellos que pretenden rebajar la gravedad del suceso, está latente la idea terrible que prende en el corazón de todos los españoles: que no ha sido una pasión política la que ha quitado la vida al señor Calvo Sotelo, que no ha sido un momento pasional de unos cuantos ciudadanos ofuscados, sino que ha sido una represalia ciega ejercida por aquellos que tenían una relación más o menos directa con el teniente Castillo.

“La gravedad del hecho es enorme, y yo tengo que examinarla a la luz de los antecedentes del hecho mismo y de las circunstancias en que se ha producido. Yo sé la gravedad de las manifestaciones que voy a hacer. Estoy perfectamente penetrado, incluso de las consecuencias que para mí personalmente pueda tener. El cumplimiento del deber no se puede detener ante ese orden de consideraciones. Lejos de mi ánimo el recoger acusaciones en globo, y mucho menos lanzar sobre el Gobierno, sin pruebas, una acusación directa en el crimen que se ha cometido. ¡Ah! Pero la responsabilidad del Gobierno no es sólo criminal; la responsabilidad del Gobierno es tremenda en el orden político y en el orden moral, y a ella tengo necesariamente que referirme.

“Hace hoy exactamente ocho días el señor Calvo Sotelo me llamó aparte, en uno de los pasillos de la Cámara, y me dijo: «Individuos de mi escolta, que no pertenecen ciertamente a la Policía, sino a uno de los Cuerpos armados, han recibido una consigna de que, en caso de atentado contra mi persona, procuren inhibirse. ¿Qué me aconseja usted?» «Que hable usted inmediatamente con el señor ministro de la Gobernación.»

“El señor Calvo Sotelo fue a contárselo, el miércoles o el jueves, al señor ministro de la Gobernación, el cual, según mis noticias, tenidas por el señor Calvo Sotelo, dijo que de él no había emanado en absoluto ninguna orden de esa naturaleza. Pero el señor Calvo Sotelo tuvo esa confidencia exactísima. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién dio esa consigna? Me adelanto a decir que el señor ministro de la Gobernación, no. No me atrevería a decir otro tanto de organismos subalternos dependientes del Ministerio de la Gobernación.

“El señor Ventosa lo sabe, porque yo se lo comuniqué: «Contra el señor Calvo Sotelo se prepara un atentado. Ha habido, por parte de orga­nismos dependientes del Ministerio de la Gobernación —aunque nunca del ministro de la Gobernación—, órdenes para que se deje impune el atentado que se prepara. Usted lo sabe; usted y yo somos testigos de que esta advertencia se ha hecho al Gobierno, de que esa amenaza se está cerniendo sobre la cabeza del señor Calvo Sotelo.» Y esa amenaza se ha realizado y ese atentado ha tenido lugar. ¿Se estableció la debida vigilancia alrededor de una persona seriamente amenazada, para evitar el atentado? No se ha hecho.

“¡Ah! Pero ¿es que es esta la única responsabilidad que al Gobierno y a los grupos de la mayoría les corresponde en este asunto? ¿Es que no estamos cansados de oír todos los días, en las sesiones de Cortes, excitaciones a la violencia contra los diputados de derecha? Voy a prescindir de lo que a mí se refiere; bien claras han estado algunas amenazas en el salón de sesiones. Me voy a referir exclusivamente a lo ocurrido con el señor Calvo Sotelo. ¿Es que no recordamos, aunque las facultades presidenciales, interviniendo oportunamente, quitaran ciertas palabras del Diario de Sesiones, que el señor Galarza, perteneciente a uno de los grupos que apoyan al Gobierno, dijo en el salón de sesiones —yo estaba presente y lo oí— que contra el señor Calvo Sotelo toda violencia era licita? ¿Es que acaso esas palabras no implican una excitación, tan cobarde como eficaz, a la comisión de un delito gravísimo? ¿Es que ese hecho no implica responsabilidad alguna para los grupos y partidos que no desautorizaron esas palabras? ¿Es que no implica una responsabilidad para el Gobierno que se apoya en quien es capaz de hacer una excitación de esa naturaleza?

“¡Ah! En el orden de la responsabilidad moral, a la máxima categoría de las personas le atribuyo yo la máxima responsabilidad, y, por consi­guiente, la máxima responsabilidad en el orden moral tiene que caer sobre el señor Presidente del Consejo de ministros, quien dijo un día que frente a las tendencias que podía encarnar el señor Calvo Sotelo u otras personas de significación ideológica parecida, el Gobierno era un beligerante. Cuando desde la cabecera del banco azul se dice que el Gobierno es un beligerante, ¿quién puede impedir que los agentes de la autoridad lleguen en algún momento hasta los mismos bordes del crimen?

“Pero aún hay más: a virtud de unas palabras pronunciadas por el se­ñor Calvo Sotelo en un debate de orden público, haciendo referencia a acontecimientos que los grupos que apoyan al Gobierno airean estos días, pronunció el señor Presidente del Consejo de ministros unas frases provocadoras que implicaban el hacer efectiva en el señor Calvo Sotelo una responsabilidad por acontecimientos que pudieran sobrevenir, lo cual, como dice muy bien ese documento leído por el conde de Vallellano, equivale a señalar, a anunciar una responsabilidad a priori, sin discernir si se ha incurrido o no en ella. ¿Ocurre esto, va a ocurrir este acontecimiento? Pues su señoría es el responsable. ¿Creéis que esto no representa una responsabilidad? Pero hay otra, todavía mayor si cabe. El señor Calvo Sotelo no ha sido asesinado por unos ciudadanos cualesquiera: el señor Calvo Sotelo ha sido asesinado por agentes de la autoridad.»

El Presidente: «Piense su señoría que se trata de un suceso que está sometido en estos instante a la investigación de la Justicia. Su señoría, anticipadamente, resuelve que la responsabilidad de este suceso corres­ponde a personas investidas del carácter de agentes de la autoridad. Será ello así o no lo será.»

Gil Robles: «Es exacto, señor Presidente, que están actuando los Tri­bunales de Justicia; pero los diputados tenemos, no sólo el derecho, sino la obligación, de traer aquí, como la hubiésemos llevado a la sesión pública, si nos hubiese sido posible, esta acusación categórica y terminante. ¿Qué importa que la censura lo haya tachado y haya obligado a decir a los periódicos que los autores de ese asesinato han sido unos individuos, si en la conciencia de todos está la verdad de lo ocurrido? Han sido determinados agentes de la autoridad, que probablemente el mismo Cuerpo a que pertenecen estará deseando en estos momentos que sean expulsados, que sean arrojados de su convivencia. Pero lo que no puede negarse, señor presidente y señores diputados que me escucháis, es que el señor Calvo Sotelo se resistió a entregarse a los que llegaban a su domicilio, y que únicamente cuando uno de ellos le exhibió un carnet en que acreditaba su condición de oficial de la Guardia Civil, el señor Calvo Sotelo se entregó. ¿Y es que cuando ocurre un suceso de ese volumen y de esa magnitud un Gobierno puede decir: lo he entregado simplemente a un juez para que investigue, sin haber tomado ninguna medida para ver quiénes habían sido esos oficiales que han ido con la camioneta y acompañando a los guardias de Asalto, los que habían dispuesto el servicio, los que han estado reclutando voluntarios entre determinada compañía o determinada sección del teniente Castillo, para con ellos ir a ejercer una represalia y una venganza sobre la persona del señor Calvo Sotelo? Cuando todo esto ocurre, el Gobierno ¿no tiene que hacer otra cosa que publicar una nota anodina, equiparando casos que no pueden equipararse y diciendo que los Tribunales de Justicia han de entender en el asunto, como si fuera cosa baladí que un jefe político, que un jefe de minoría, que un parlamentario, sea arrancado de noche de su domicilio por irnos agentes de la autoridad, valiéndose de aquellos instrumentos que el Gobierno pone en sus manos para proteger a los ciudadanos; que le arrebaten en una camioneta, que se ensañen con él, que le lleven a la puerta del cementerio, que allí le maten y que le arrojen como un fardo en una de las mesas del Depósito de cadáveres? ¿Es que esto no tiene ninguna gravedad? ¡Ah!, señores del Gobierno; vosotros, en estos momentos, habéis creído que todo lo tenéis libre con nombrar un juez, con dictar una nota y con acudir el día de mañana a que la pasión política os dé un bill de impunidad en forma de voto de confianza. Tened la seguridad de que eso no se limpia tan fácilmente.»

* * *

Gil Robles recuerda las palabras que pronunció Calvo Sotelo un día en respuesta al Presidente del Consejo, «que son la mayor glorificación del diputado y la mayor condenación para el Gobierno, al que alcanza de pleno la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado a la violencia; de no desautorizar a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona del señor Calvo Sotelo.» «Tened la seguridad de que la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros, y no os la quitaréis nunca; sobre vosotros y sobre la mayoría. ¡Triste sino el de este régimen si incurre, frente a un crimen de esa naturaleza, en el error tremendo de pretender paliar los acontecimientos! Si exigís las debidas responsabilidades, si actuáis rápidamente contra los autores del crimen, si ponéis en claro los móviles, ¡ah!, en ese caso quizá, y no lo lograréis en todo, quedará circunscrita la responsabilidad a los autores; pero si vosotros, con habilidades mayores o menores, tratáis de paliar la gravedad de los hechos, entonces la responsabilidad escalonada irá hasta lo más alto y os alcanzará a vosotros, como Gobierno, y caerá sobre los partidos que os apoyan como coalición del Frente Popular, y a todo el sistema parlamentario, y manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen. En vosotros está.»

«Después de todo, pocas palabras voy a tener que pronunciar en el día de hoy; quizá muy pocas palabras más hayamos de pronunciar en el Parlamento. Todos los días, por parte de los grupos de la mayoría, por parte de los periódicos inspirados por vosotros, hay la excitación, la amenaza, la conminación para aplastar al adversario, a realizar con él una política de exterminio. A diario la estáis practicando: muertos, heridos, atropellos, coacciones, multas, violencias... Este período vuestro será el período máximo de vergüenza de un régimen, de un sistema y de una nación. Nosotros estamos pensando muy seriamente que no podemos volver a las Cortes a discutir una enmienda, un voto particular, un proyecto más o menos avanzado que presentéis, como para dar a entender a la opinión pública, que aquí todo es normal, que aquí la oposición cumple su papel, que éste es el juego corriente de los sistemas políticos. No; el Parlamento está ya a cien mil leguas de la opinión nacional; hay un abismo entre la farsa que representa el Parlamento y la honda y gravísima tragedia nacional.

«Nosotros no estamos dispuestos a que continúe esta farsa. Vosotros podéis continuar; sé que vais a hacer una política de persecución, de ex­terminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente: cuando mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente. Tened la seguridad, esto ha sido ley constante de todas las colectividades humanas, de que vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones como Saturno, devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos, porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros!» «(Un diputado: «Ya llegó en octubre»). «De lo de octubre, hablaremos, y lo estoy deseando. Lo único que hacéis vosotros con lo de octubre es estar todos los días paliando ante las masas el fracaso de vuestra política: cuando al obrero no le dais pan, cuando al obrero le sumís en la miseria, lo que hacéis es darle unos cuantos latiguillos sobre lo de octubre. ¡Dadle un poco más de pan y un poco menos de literatura! (Otro diputado: «¿Por qué no se lo ha dado el señor Gil Robles, con dos años que ha estado en el Poder?») «Atendimos a los obreros mucho más que vosotros. El paro ha aumentado extraordinariamente en vuestras manos. Y dentro de poco vosotros seréis en España el Gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre. Nada más.»

* * *

El ministro de Estado, Barcia, califica de monstruosos los términos en que se ha expresado Gil Robles, «arrebatado hasta el paroxismo». «Para el jefe de la C. E. D. A. —dice— la vida política nace con la llegada del Frente Popular al Poder. ¿Qué hemos recogido nosotros, sino un país desesperado, que no tenía hora de paz, y sobre el que la zozobra y la in­justicia se cernían por todos lados? Nosotros creíamos, y continuamos creyendo, que realizamos una gran misión; que en el fondo servimos su­premos intereses, ante los cuales no cabe hablar para nada de cosas de partido. ¿No ha habido destitución de gobernadores, de gestores y de alcaldes? ¿No las hay a diario, y todos, absolutamente todos los resortes del poder han sido puestos al servicio de la tranquilidad en lo que era posible, y de la justicia? ¿Qué representamos nosotros, sino una protesta constante contra la violencia? Este Gobierno ni inspira ni aplaude, ni puede tolerar, ninguna de esas campañas que propagan la violencia. El Presidente del Consejo de ministros, cuando formulaba determinadas expresiones no hacía sino afirmar un sentido absoluto de autoridad y manifestaba que serla beligerante frente a la violencia.

Voy a admitir, para efectos polémicos, como realidad inconcusa, que ciertas individualidades de un organismo del Estado se hayan insurreccionado y realizado los actos que su señoría le atribuye. ¿Cuál fue la actitud del Gobierno y cuál es su deber? Desde el primer momento, tomar todas las medidas que podía y tenía en sus manos, y tomadas están, e inmediatamente buscar el juez de máxima jerarquía para que, entrando a fondo, sin detenerse en nada, llegue hasta donde tenga que llegar, es­clarecerlo todo. Al Gobierno no se le puede pedir más que esto.

¿Responsabilidades? Todas las que nos vengan, desde ahora aceptadas están. No hemos de eludir ninguna, y si existen, reverentes con el sentido de la justicia y con las sanciones que la opinión pública nos imponga, sabemos cuál es nuestra actitud. Pero nadie que esté en su sano juicio podrá decir que haya la más mínima relación entre estos hechos lamentables y actitudes del Gobierno que hayan permitido actuaciones de organismos inferiores realizando hechos a todas luces vituperables. No todos los hombres son perfectos, ni todas las instituciones completas, y a los órganos del Estado, al Estado mismo y a la vida jurídica española interesa más que a nadie que donde haya que poner el cauterio, se ponga; donde haya que hacer amputaciones, se efectúen; todo, absolutamente todo, menos que quede impune la subversión monstruosa que su señoría apuntaba.»

* * *

A continuación, afirma Prieto que Gil Robles ha realizado un acto político, al cual se sumaron dos factores: «estado pasional, a que es propicia su palabra, y una premeditación que aparece muy clara a lo largo de su discurso». «Estimo, naturalmente, injustas por completo todas aquellas imputaciones, más o menos concretas, o más o menos diluidas, que el señor Gil Robles ha hecho, acusando al Gobierno, no sé si de inducción o de encubrimiento, pero sí de una responsabilidad accesoria marcadísima, no meramente política, en cuanto al asesinato del señor Calvo Sotelo. En conciencia, declaro, conociendo a los hombres que forman el Gobierno, que no entra en mi ánimo la más vaga sospecha de su participación en una responsabilidad de ese género.»

«La injusticia del señor Gil Robles parte de que al examinar la situación actual de España, en cuanto a cuya gravedad todo disimulo sería ocioso, determina arbitrariamente una fecha como comienzo de ese estado de perturbación que le arrancaba tan violentos y elocuentísimos apóstrofes.

No quiero dar a su señoría pretexto alguno para cierta finalidad que persigue: he visto claro que el señor Gil Robles busca incluso la sombra del más minúsculo incidente para adoptar una actitud extrema, que pudiera ser la retirada de las fuerzas que él acaudilla de la función parlamentaria, a cuenta —él lo ha declarado— de no sentirse con vigor espiritual suficiente para hacer frente a la turbonada de violencia de los elementos de derecha, que, según él mismo ha confesado, hoy desbordan de su posición política. No quiero dar pretexto a su señoría para semejante cosa; de manera que mi declaración ha de quedar limitada a decir que aquellas imputaciones que su señoría ha hecho al grupo parlamentario socialista, las recogeremos, cuando la ocasión llegue, en el salón de sesiones.

Es lamentable el hecho referente al señor Calvo Sotelo. Sagrada era la vida del señor Calvo Sotelo, indiscutible; pero no más, para nosotros, que la de cualquier ciudadano que haya caído en condiciones idénticas. Y cuando su señoría imputaba al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias que le asisten ser causantes, en un orden u otro, con responsabilidad directa o indirecta, según quiera su señoría, de dicho suceso, acontecía que en su imaginación no había sino una línea de víctimas: la que, por lo visto, afecta a su señoría por razones de vinculación política. Nosotros las abarcamos todas, absolutamente todas y por igual. La arbitrariedad de su señoría, repito, estaba en la fecha que fijaba.

En los mismos hechos de Asturias, ¡cuántos hay análogos, semejantes, iguales al que ha costado la vida a nuestro compañero don José Calvo Sotelo! Fijémonos en uno de relieve, por la nombradla de la víctima: el caso de Sirval es exactamente igual al de Calvo Sotelo, y vosotros no tuvisteis entonces el valor de corregir aquellos terribles excesos, sino que, en realidad, los aprobasteis, porque llegasteis, indirecta o directamente, al encubrimiento; encubristeis a los autores, los premiasteis, los glorificasteis, y cuando dabais ante España este ejemplo de subversión moral que destruía los más fundamentales principios jurídicos, ¡ah!, entonces no calculasteis que habíais sembrado una planta cuyo tóxico os había de alcanzar también a vosotros. Ninguno de nosotros ha aprobado los hechos que se están ahora realizando: los condenamos y los de­ploramos; sabemos que nos duelen dentro y que nos afrentan fuera; pero para una liquidación profunda y honrada de esta situación, su señoría no tiene derecho a creer sus manos totalmente limpias y pulcras de responsabilidad mientras porfía por enfangar las de los demás».

* * *

El diputado comunista Díaz dice que la mayoría del pueblo español ha reconquistado la República el 16 de febrero, «y lo que resulta claro y un hecho incontrovertible es que, por parte de las derechas, no existe la resignación necesaria para acatar los resultados del triunfo». «Pero no podemos consentir que aquellos mismos hombres que, con responsabilidad de Gobierno, contemplaron los terribles sucesos, quieran ahora aprovechar la muerte del señor Calvo Sotelo, con móviles políticos, para empeorar la difícil situación que ellos han creado a España y a la República.» «Yo creo que el Gobierno se ha quedado corto al no meter la mano a fondo a los elementos responsables de la guerra civil que hay en España. Por eso nosotros hemos presentado una proposición de ley para que el Gobierno pueda declarar ilegales todas las organizaciones que no acaten el régimen en que vivimos, entre ellas Acción Popular, que es una de las más responsables de la situación, y los periódicos que la representan. No queremos venganza, pero sí queremos justicia; cuando se haga lo que pedimos no habrá guerra civil, porque los responsables de los atentados sois vosotros, los de la derecha, con vuestro dinero y vuestras organizaciones. Por tales actos, vuestro puesto no debiera estar aquí, sino en la cárcel.»

«La situación actual no es heredera de la anterior», afirma Pórtela, rectificando al ministro de Estado. «En aquella que yo presidí se vivió en régimen de libertad y de pleno respeto a las garantías constitucionales y con libertad de prensa absoluta, y con orden, y paz, y entregué el Gobierno en la plenitud de sus medios a quien me sustituyó y cada uno en su puesto. Pero no es esto lo que me mueve a hacer uso de la palabra, sino el deseo de invitaros a reflexionar. ¿Vamos a continuar así? ¿Es posible continuar así? Esta situación es inestable, cruda, hiriente, expuesta a la explosión, con el temor en la calle, en el hogar. ¿Se puede prolongar indefinidamente, con estrago para España y para la República? Piénsese que el hecho que lamentamos y condenamos puede abrir un nuevo ciclo en la Historia de España. ¿No os preocupa la patria? ¿No la habéis de poner, en estos momentos de gravedad, por encima del apasionamiento político? ¿No vale la pena de que unos y otros meditemos sobre el porvenir y que ante esa situación de zozobra, llena de angustia y temores, tratemos de remediarla? Creo que hasta por egoísmo personal estamos obligados unos y otros a decir: ¡Alto el fuego! Se engañarán los que crean que de esta situación de violencia puede venir la tranquilidad. Triunfará una u otra fracción; después vendrá la reacción del otro lado. Así nunca habrá paz en España. Pero el Gobierno ha dicho que es un beligerante, y con esa cualidad, el recurso extremo de la suspensión de garantías, que es para ser ejercido con serenidad, con mesura, sin pasión, nosotros no le podemos dar el voto que solicita.»

* * *

El regionalista catalán Ventosa afirma que la suspensión de garantías ha de representar de una manera evidente un arma, un medio para que el Gobierno pueda conseguir la normalidad pública, y ello exige que el Gobierno al que se le conceda sea la representación de todos los ciudadanos, sin excepción alguna. Un Gobierno no ha de ser nunca beligerante, ya que ser beligerante significa tanto como saltar por encima de la ley para conseguir el triunfo y para imponerse a aquel que luche contra él, y el Gobierno no tiene que apartarse jamás del camino de la ley; por el contrario, tiene que imponer el principio de autoridad.» «Nosotros no podemos otorgar a un beligerante —porque ello sería tanto como amparar su actuación con una complicidad nuestra— un recurso excepcional, que no negaríamos, ciertamente, a un Gobierno que se hubiera movido dentro de la esfera de la ley y del derecho.» «Hay otra razón que justifica también nuestra actitud, y es el notorio fracaso de la actuación del Gobierno.» «La situación, lejos de mejorar en los últimos meses, en los cuales el Gobierno ha tenido el recurso de la suspensión de garantías, ha empeorado, haciéndose, realmente, insostenible.» «A propósito de esto se ha hablado de que antes habían ocurrido hechos lamentables y de que el señor Gil Robles o el Gobierno de entonces, que tuvieron bajo su mando en aquella ocasión la fuerza pública, no estaban exentos de responsabilidad en aquellos hechos. Yo he de decir que a mí me parece una argumentación inadmisible. No quiero examinar si lo de hoy tiene las mismas características que lo que pudiera ocurrir antes; si la represión de un movimiento revolucionario, o los excesos que puedan haberse cometido —o no haberse cometido— en la represión de aquel movimiento revolucionario pueden equipararse a lo que haya ocurrido ahora. Me es igual. Lo que yo digo es que no se puede embarullar esta situación, ni dificultar la exacción de responsabilidades, para buscarle remedio alegando que antes se cometieron tales o cuales hechos, más o menos luctuosos o reprobables que los que se realizan hoy. No; me es igual que se cometieran antes de 1934 o después de 1934. Me basta saber una cosa, que el mismo señor Prieto ha proclamado, singularmente, en el discurso que pronunció en Cuenca.» «Puedo hablar con alguna autoridad, porque desde que triunfó el Frente Popular en 16 de febrero, en todos los actos en que he tomado parte he llamado la atención de todos sobre la necesidad de instaurar un ambiente de convivencia y de restablecer en los españoles el estado de solidaridad, sin el cual no puede haber unidad para ninguna acción constructiva.» «Todo ofrecimiento de colaboración a esa obra de concordia ha sido desdeñosamente rechazado. No me importa: contento estoy de haberlo hecho; dispuesto a perseverar en la misma conducta. Pero os digo que en la situación presente y en el ambiente de violencia que existe, que si hay alguna persona que no es adecuada para restablecer la convivencia civil entre los españoles y para poner término al espíritu de guerra civil que existe, ésa es el presidente del Consejo de ministros, señor Casares Quiroga. Por su pasión, por su espíritu, por las características de su personalidad, es un hombre más bien apto para encender la guerra civil y la discordia que para restablecer la normalidad, que todos dicen que anhelan.» «Por ello, nosotros no podemos concederle un voto de confianza.» «Situación de violencia. ¿En la calle? Indudable. ¿En el Parlamento? Todos recordamos los tumultos producidos por elementos que forman parte de la mayoría gubernamental, de la cual han partido insultos, injurias, ataques e incitaciones al atentado personal constantemente. ¿Es que, después de ello, estos mismos elementos están capacitados y autorizados para hablar de convivencia?» «Condenando por igual todos los actos de violencia, os he de decir que no es posible establecer una relación en la execración y en las características entre el asesinato del señor Calvo Sotelo y otros hechos violentos que se hayan producido. Aquél tiene características especiales, no sólo por la condición extraordinaria de la persona, sino también por las circunstancias en que el hecho se ha pro­ducido.»

Después de confirmar las conversaciones con Gil Robles y Calvo Sotelo, a propósito de la confidencia que recibió de éste sobre el cambio en los agentes de su escolta, Ventosa prosigue:

«El ministro de Estado decía, y el presidente de las Cortes también: «No se puede decir si han sido o no agentes de la autoridad», y el ministro de Estado añadía: «El Gobierno ha hecho desde el primer momento cuanto podía hacer.» Yo me permito decir, con todo respeto, que después de estos detalles que producen turbación en el espíritu, después del hecho de que hayan sido gentes vestidas como agentes o como guardias de Seguridad, a estas horas el Gobierno tendría que decir si lo son o no lo son, y la opinión debería saberlo claramente. «No es posible que permanezca en la incógnita de un largo sumario. Detenido el que conducía el coche con una pista perfectamente marcada, a estas horas la opinión pública debía saber si eran o no eran los autores individuos del Cuerpo de Asalto. En primer término, los más interesados en que se efectúe esta depuración son el propio Cuerpo de Asalto y el Gobierno. Por consiguiente, es necesario que inmediatamente se diga si realmente son agentes de la autoridad los que han cometido el asesinato con todas las agravantes de alevosía, nocturnidad, abuso de fuerza y de su condición de agentes de la autoridad, es indispensable que la sanción se aplique inexorablemente, sin tardanza ni demora. Puede haber otros hechos de violencia que conmuevan a la opinión pública. Ninguno como éste de un diputado que ha tenido una actuación destacada en el Parlamento, de un representante de una fuerza de opinión en pugna con la que está en el Gobierno, que es asesinado por quienes aparecen como agentes de este Gobierno.» «Nosotros aceptamos que un Gobierno representante de los que triunfaron en las urnas gobierne de manera efectiva; pero gobernar no significa ser beligerante contra ninguna tendencia, aunque sea adversa al régimen; gobernar no significa usar arbitraria y abusivamente de los recursos del Poder para ejercer una política de persecución; gobernar no significa ampararse en una parte de la opinión pública, en la que le ha dado los votos, y dejar a la otra parte del país sin el amparo de los derechos y de las leyes. Como nosotros estimamos que la política seguida por el Gobierno actual en estos diversos extremos no responde a esta finalidad esencial, no podemos concederle los recursos excepcionales que solicita.»

El ministro de la Gobernación, Moles, corrobora que Calvo Sotelo le formuló una queja respecto a la conducta de dos agentes encargados de su custodia, y la atendió en el acto. Se designaron para su escolta los agentes que él deseaba. En relación con las diligencias para descubrir a los autores del asesinato, «hay —dice el ministro— varios individuos del Cuerpo de Asalto a disposición del Juzgado, que han quedado separados del servicio. Es lo único que puedo decir.»

* * *

Por Izquierda Republicana, Marcelino Domingo «se asocia al dolor que significa la pérdida de uno de nuestros compañeros, y al que supone la pérdida de todos los que caen víctimas de este estado de violencia». Se lamenta de los términos en que se ha producido la oposición, «con lo cual se excitan los ánimos, se envenena la guerra y se extreman las diferencias». En forma parecida se expresa Corominas, de la Esquerra. Pregunta: «¿Cómo han de acabar nuestras discordias? ¿Cómo hemos de poner término a este estado de cosas, que está desacreditando y deshonrando a nuestro país, si no hay confianza, no en las ideas, pero ni siquiera en los actos de la autoridad de quienes la encarnan? ¿Pondremos fin a esta situa­ción lanzándonos a la calle unos contra otros?»

«Los hombres de la minoría agraria -exclama el diputado Cid— vienen recabando de los Gobiernos del Frente Popular que pongan término a la caza de unos españoles por otros. Al pedir esto, no coartábamos en lo más mínimo las facultades y medios del Gobierno para acabar con esta situación; por consiguiente, si el señor Prieto y el Gobierno estimaban que la primera arma a emplear era proceder contra los hombres que consideraban responsables por su pasada actuación ministerial, pudieron hacerlo. Si el Gobierno tenía en sus manos los medios para acabar con este estado de oprobio, exigiendo esas responsabilidades, nosotros lo hubiéramos acatado. Yo no lo hubiera rehuido, porque soy hombre que responde siempre de sus actos. Deseando estoy que llegue el momento de discutir lo que pasó en octubre.»

«Se han concedido prórrogas al estado de alarma, que no ha servido para nada, como no sea para utilizarla con determinados fines políticos y partidistas: Y así hemos llegado a donde hemos visto; a la excitación de la plebe y de la masa, a tomar represalia con quien nada tiene que ver con la muerte de una persona.» «Condeno por igual todos los crímenes, guardo mi repulsa y mi execración para sus autores morales y materiales, y mi conmiseración para quien en un momento de inconsciencia —se refiere al diputado socialista Galarza— pudo declarar lícito y plausible el atentado personal contra el señor Calvo Sotelo. Se comete un error gravísimo al rodear de silencio el suceso, en vez de dar los nombres de los autores del crimen. Este Gobierno no merece la confianza que solicita, pues por sus debilidades y claudicaciones, en sus manos se están deshaciendo España y la República. Por todo lo cual no podemos prestar nuestro voto para la prórroga del estado de excepción.»

* * *

Gil Robles se levanta para rectificar: «Me ha ahorrado buena parte de la tarca el señor Cid al decir que desea a toda costa que cuanto antes se diluciden responsabilidades y se trate a fondo el problema de Asturias. (El señor Aizpún: «Deseo al que yo me sumo.») Ya es ciertamente un poco extraño que llevando estas Cortes varios meses reunidas, y habiendo sido motivo principal de propaganda del Frente Popular la exigencia de esas responsabilidades, no se haya tomado todavía ninguna determinación, como no sea un conjunto de declaraciones platónicas de ciertos elementos del Frente Popular y una proposición de ley elaborada por la minoría comunista, que si de mí dependiera, mañana mismo se aprobaría, sin quitarle punto ni coma. Yo estaba deseando que, de primera intención, como corresponde a vuestra significación política, por el camino de las leyes, o fuera de ellas, hubierais ido rápidamente a la exigencia de todo género de responsabilidades y a enjuiciar nuestra conducta, erigiéndoos en Convención o creando Tribunales especiales, como fuese, pues en mí no habríais encontrado dificultad de ninguna clase; lo único que quiero es publicidad para todo lo que tenemos que decir.» «Decía el señor Prieto que había que medir las responsabilidades de cada uno. Yo tengo ganas de que se hable aquí de todo, para que se midan también las responsabilidades de su señoría y la de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe sobre España, sobre la República, sobre Asturias, para que se pongan en claro las crueldades tremendas que en la rebelión se produjeron, porque todo lo hemos de contar y exponer con documentos, con testimonios fehacientes. También aportaremos los que se refieran a extralimitaciones posibles, o probables, o seguras, de la fuerza pública y aquellos otros encaminados a determinar la responsabilidad que cada cual tuviera en la preparación o la inducción de ese movimiento. Entonces yo aportaré pruebas y demostraré que si aquellos Gobiernos, los que primeramente tomaron parte en la represión de los sucesos de Asturias, se apresuraron a instruir unos procesos para poner en claro esas responsabilidades, no fue menor la rapidez y el interés de quien en estos momentos os dirige la palabra, en acuciar el celo de los jueces instructores para que esta instrucción se llevara a cabo, y buena prueba de que el camino emprendido no era descabellado es que habéis tenido que seguir el mismo insistiendo en algunos aspectos, pero manteniendo las líneas esenciales de lo hecho por nosotros en aquella ocasión. Vamos a discutir esto cuando sus señorías quieran, y no crea el señor Prieto que estoy buscando un incidente para marchar de la Cámara. No es que busque ningún incidente; es que nosotros, con nuestra conducta, no estamos dispuestos a dar apariencia de normalidad a lo que no es más que una monstruosa persecución realizada en nombre de la República.

Esto es lo único que quería decir en la que probablemente será la última etapa de nuestra actuación en estas Cortes; peto ello no será obs­táculo (aun en el caso de que, no buscando un incidente, sino obedeciendo a convicciones, tuviéramos que marcharnos) para que aquí volviéramos precisamente el día que se tratara de las responsabilidades de Asturias. Donde sea, en el Parlamento, ante un Tribunal, en la plaza pública, cuando su señoría quiera vamos a discutir ese punto. Si nos retiráramos de las Cortes, volveríamos exclusivamente para ello. Bien sabe su señoría (y me hacía la justicia de reconocerlo) que no soy yo de los que rehúyen responsabilidades; tampoco desafío a nadie; tengo conciencia plena de mi derecho, y a él me atengo; que los demás hagan lo mismo y que de una vez se acabe con esta ficción de exigir unas responsabilidades que en el fondo no os atrevéis a plantear. Esto me interesaba decir en este instante.

Ha estado muy en su punto que hiciera el señor Pórtela una invocación al sentido patriótico y al sentido de colaboración. Bien está; pero nosotros no lo hemos roto. Hemos venido a estas Cortes a pesar que muchos amigos nos decían que aquí no teníamos nada que hacer, a asegurar el funcionamiento normal de los órganos e instituciones actuales; pero, poco a poco, se nos va expulsando de esa legalidad; poco a poco nuestros esfuerzos caen en el vacío; poco a poco las masas españolas se van desengañando de que por el camino de la democracia no se consigue nada. Y no se venga diciendo que esto es preparación de un complot o ambiente favorable a ello. En las filas de los republicanos de izquierda, si no en declaraciones en el Parlamento, sí en los pasillos, en conversaciones, en órganos periodísticos, se habla constantemente de intentos o de conatos dictatoriales; los partidos obreros están diciendo que la meta de sus aspiraciones es llegar a la dictadura del proletariado. Cuando vosotros, representantes que os decís los más genuinos de la democracia, estáis hablando de dictadura, ¿qué os extraña que las gentes oprimidas estén pensando en la violencia, no para aplastaros a vosotros, sino para librarse de la tiranía con que los estáis oprimiendo? Vosotros sois los únicos responsables de que ese movimiento se produzca en España. A las elecciones del 16 de febrero llevamos nosotros el aliento de grandes partidos nacionales con un sentido plenamente democrático; si ese sentido está muriendo en España, no es por nuestra culpa, sino por culpa de los Gobiernos; porque lo que pudo ser posible en un momento, en vuestras manos se convirtió en una farsa más.»

De nuevo interviene Prieto. «Me parece arbitrario —insiste— que se fije la fecha del 16 de febrero como iniciación del período de anarquía. Antes se han cometido desmanes similares a los de ahora. Los hechos que se discuten no se pueden estimar como producidos por el uso de los poderes excepcionales que al Gobierno le confiere el estado de alarma.» Llama la atención sobre el hecho «de ser ésta la primera vez en la historia parlamentaria de que unas fuerzas que siempre han ostentado el marchamo de gubernamentales, en la treintena de años que viene actuando la Lliga Regionalista; es ésta la primera vez que la representación de la hoy Lliga Catalana niega a un Gobierno resorte tan necesario, según juicio del propio Gobierno, como la prolongación del estado de suspensión de garantías. No hago más que registrar un hecho que no tiene precedentes.»

Ventosa, de la Lliga Catalana, contesta con las siguientes palabras: «El señor Prieto dice que desde que estamos en el Parlamento (y acepto el hecho como si fuera totalmente exacto) es la primera vez que nosotros negamos los recursos excepcionales que pide el Gobierno. Yo sólo he de responder al señor Prieto lo siguiente: primero, que en los treinta años que llevo de vida parlamentaria no recuerdo que España haya atravesado una situación de anarquía y de desorden persistente y crónico como la que atraviesa ahora. Segundo, que la negativa de nuestro voto a la petición formulada por el Gobierno obedece a las razones que he expresado antes y que pueden condensarse diciendo que nosotros no tenemos confianza en el Gobierno que ha de utilizar estos recursos excepcionales y como una manifestación de esa falta de confianza está nuestro voto en contra.»

El presidente da por terminado el debate. Se procede a la votación. Otorgan su confianza al Gobierno: Fernández Clérigo, Vargas, Domingo. Palomo, Rico López, Corominas, Álvarez del Vayo, Largo Caballero, Díaz Ramos, Araquistáin, Prieto, Tomás y Piera y el presidente de las Cortes. En total, 13. Votan en contra: Cid, Áizpún, Carrascal, Gil Robles y Ventosa. Se abstiene Pórtela.

Al terminar la sesión Gil Robles emprende viaje a Biarritz; el conde de Vallellano en unión de Yanguas Messia marchan a una finca del marqués de Albayda próxima a la frontera de Portugal. Hacia el mismo destino sale el concejal Luis M. de Zunzunegui que lleva en su coche al lider monárquico Goicoechea, a quien le busca la policía para detenerle. Lerroux, avisado por un confidente se dirige a Portugal y el catedrático y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, prevenido por Prieto sale con dirección a Francia.

La memorable sesión de la Diputación Permanente de las Cortes es la única y última oportunidad parlamentaria que se ofrece a las oposiciones para enjuiciar en voz alta la política del Frente Popular. Todos los oradores aluden a la guerra civil no como un peligro hipotético, sino como realidad viva y patente. El acta de la asamblea constituye una tremenda acusación contra el Gobierno y un testimonio dramático y explícito de la tragedia que devora a España. Una y otra vez se afirma que no es posible continuar así ni un día más; que las condiciones vergonzosas y de ignominia en que se desarrolla la vida del país son impropias de una nación civilizada y jamás conocidas en la historia contemporánea; se dice también por quienes acataron lealmente a la República, esforzándose por colaborar con el régimen, que han sido víctimas de una persecución despiadada y al final arrojados del área republicana y expulsados de la legalidad. Que impera la violencia, la política de exterminio y el espíritu de guerra civil, fomentados por las constantes excitaciones al atentado y al desorden. Que la investidura parlamentaria no sirve para nada, los derechos ciudadanos carecen de garantías, los principios democráticos son papel mojado, las Cortes una farsa y que el camino de la democracia sólo lleva al engaño y a la desesperación. A la vista del espectáculo que ofrecen las Cortes republicanas, un demócrata tan notorio como Salvador de Madariaga reconoce que «el sistema parlamentario lleva inevitablemente a la demagogia»... «No es auténticamente representativo, ni siquiera en el sentido estadístico... Ha demostrado la imposibilidad de su aplicación desde el punto de vista técnico y constituye un obstáculo para un buen régimen de gobierno».

Desacreditado el sufragio, invalidado el Parlamento, asesinado por fuerzas servidoras del Estado el Jefe más representativo de la oposición, aceptada la violencia y la beligerancia como norma gubernamental, desatada la pasión sanguinaria, parecen cerrados todos los caminos a las soluciones políticas y a la esperanza. Estas son las conclusiones que se deducen del acta de la dramática sesión, que es como un responso a las instituciones democráticas muertas a mano airada por quienes se habían erigido en sus definidores y guardianes.

CAPÍTULO 95.

EL EJÉRCITO DE MARRUECOS SE ALZA CONTRA LA REPÚBLICA

INTERVENCIÓN DE SANJURJO PARA CONCERTAR LA ADHESIÓN DE LOS TRADICIONALISTAS AL MOVIMIENTO MILITAR. — MOLA SEÑALA LA FECHA DEL 17 DE JULIO PARA INICIAR EL ALZAMIENTO EN ÁFRICA. — ÚLTIMAS INS­TRUCCIONES DE JOSÉ ANTONIO A LOS FALANGISTAS. — FRANCO SE TRASLADA DESDE TENERIFE A LAS PALMAS Y DESDE AQUÍ EMPRENDE VUELO HACIA TETUÁN. — CÓMO SE INICIÓ LA SUBLEVACIÓN EN MELILLA. — LOS ALZADOS EN ARMAS DOMINAN EN POCAS HORAS TODA LA ZONA DEL PROTECTORADO. — ASPECTO DE MADRID LA VÍSPERA DEL ALZAMIENTO. — EN LA MAÑANA DEL DÍA 18, EL GOBIERNO EN UNA NOTA RADIADA AFIRMA QUE «SE HA FRUSTRADO UN INTENTO CRIMINAL CONTRA LA REPÚBLICA». — EN COMUNICADOS CONTRADICTORIOS SE DA POR APLASTADA LA REBELDÍA Y SE DENUNCIA LA APARICIÓN DE FOCOS EN LA PENÍNSULA. — «TODOS EN PIE DE GUERRA PARA DEFENDER A LA REPÚBLICA», DICE «LA PASIONARIA» EN UNA ALOCUCIÓN. — REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO. — LICENCIAMIENTO DE TROPAS Y CESE DE ALTOS MANDOS MILITARES. — LOS COMITÉS NACIONALES DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y COMUNISTA ORDENAN A SUS AFILIADOS QUE SE DIS­PONGAN A LUCHAR EN LAS CALLES. — MOVILIZACIÓN DE MILICIAS Y EXAL­TACIÓN REVOLUCIONARIA. — EMPIEZA LA GUERRA.