CAPÍTULO 90.

DEBATE EN LAS CORTES SOBRE LA DESASTROSA SITUACIÓN DEL CAMPO

La sesión de Cortes del de julio dura doce horas, con una breve interrupción. En representación del grupo agrario, el diputado Cid solicita interpelar a los ministros de Agricultura y Trabajo sobre la situación del campo. Diputados del Frente Popular, mediante una proposición, piden que no se acepte debate sobre ningún tema hasta que las leyes de amnistía y Rescate de bienes comunales no hayan sido aprobadas. Las derechas amenazan con retirarse si prevalece un criterio que vulnera el Reglamento de la Cámara y Cid puede explanar su interpelación. «Es tal el desbarajuste de orden jurídico —dice el orador—, que ni el propietario, ni el arrendatario saben cuáles son sus derechos. Se están llevando a cabo asentamientos en tierras que no reúnen condiciones para las labores, destruyendo majadales y pastizales, con grave daño para la ganadería. Propietarios y arrendatarios huyen de los pueblos, y los que permanecen en sus fincas lo hacen jugándose la vida. Son los alcaldes quienes alientan las sediciones y los desórdenes. Los Ayuntamientos son una prolongación de las Casas del Pueblo. En muchas localidades actúan Tribunales rojos, ante los cuales son llevados los patronos que se niegan a pagar lo que les piden los obreros y condenados con fuertes multas; si no las pagan, porque alegan que carecen de dinero, se les obliga a que, acompañados de dos guardias rojos, lo busquen entre sus amigos. Y si no lo consiguen, se les encarcela. Se autoriza a las personas de peor reputación del pueblo a practicar registros domiciliarios; se establecen repartimientos, se fijan las bases de trabajo, se requisan automóviles e incluso se les prohíbe salir de su casa a determinadas horas. Hay alcaldes que para hacer más fuerza a los patronos, a fin de que paguen las cantidades impuestas, ordenan encarcelar a las mujeres de aquéllos. Cientos de sindicatos agrarios y patronales han sido cerrados. Las Casas del Pueblo señalan los obreros que debe alojar cada patrono. En unos sitios roban los rebaños; en otros, especialmente en Andalucía, talan los encinares. En Córdoba, las expoliaciones en el campo son continuas: en la carretera de Córdoba a Sevilla, los del Socorro Rojo desvalijan los automóviles y después los queman... El alojamiento de obreros los sufren la mayoría de los propietarios de Andalucía y Extremadura. A esta carga hay que añadir la del laboreo forzoso, impuesto de cualquier manera, muchas veces para dar satisfacción al encono de los que mandan en las Casas del Pueblo.»

El orador lee órdenes de los alcaldes de Andújar, de Villacarrillo y de Miraflores (Sevilla), disponiendo la colocación de docenas de obreros para labores innecesarias, la supresión de trabajos de máquinas, la entrega en el acto de fuertes sumas o la incautación de las cosechas. No son los propietarios agricultores las únicas víctimas de estos excesos. Los arrendatarios de la provincia de Córdoba, reunidos en asamblea, piden que se les permita rescindir sus contratos. «¿Es un delito ser agricultor? El agricultor, no sólo no tiene seguridad para su persona y la de su familia, sino que se le arruina, se les despoja de sus bienes y se le pone al borde de la desesperación. ¿Acaso quiere el Gobierno convertir el régimen capitalista en marxista? Pues dígase con toda claridad.»

Hay otra modalidad de trabajo, especialmente en Andalucía y Extremadura, denominada «a tope y riesgo». Llaman «a tope» porque los invasores calculan sobre la finca el número máximo de obreros que allí puedan realizar la labor que ellos mismos determinan. Y llaman «a riesgo» fundándose en que luego no se les pague. No son obreros los que se presentan en la finca, sino afiliados de las Casas del Pueblo, afanosos de cobrar un jornal, sin ganarlo.

Ni el Estatuto jurídico de la República, ni la Constitución, ni el pacto del Frente Popular propugnan esta política. La única siembra fructífera que está dando resultados es la de odios y rencores entre unos y otros españoles. «Y si el Gobierno no pone remedio a esta situación, tendrá que marcharse; porque son millones los españoles a los que lleváis a la ruina. Y antes que tolerar esta ruina de la economía agraria, que es tanto como la de España, os echarán si no os vais.»

«Quienes sembraron los odios en el campo fueron las derechas — replica el ministro del Trabajo—. El segundo bienio rebajó los jornales. Ocho mil reclamaciones con referencia a las bases de 1935 hay pendientes de resolución en el Ministerio de Trabajo, sólo de la provincia de Sevilla. España no podrá renacer —añade— mientras los jornales de diez millones de ciudadanos sean salarios de hambre. En tanto exista paro y haya campesinos sin tierra, las máquinas tienen que penetrar lentamente en el campo y siempre que permitan pagar salario a todos los obreros. En cuanto a rentabilidad —dice el ministro—, en todas las cuestiones de trabajo en que intervengo respeto el límite de beneficio industrial. No permito que se juegue con eso de que el Gobierno tolera que se vaya a una socialización. Eso es falso y si los propios socialistas ocuparan el poder, tampoco podrían hacer esa política. A lo que no estoy dispuesto es a aceptar modificaciones que signifiquen un retroceso.» También el ministro de Agricultura se desentiende, en parte, de las denuncias hechas por Cid, «porque se refieren a efectos de causas que él no ha creado». Toda su política se endereza a proteger y a asentar pequeños propietarios. Cuanto sucede de perjudicial es consecuencia de haber sido burlada la legislación en materia agrícola, de los años 1931 y 1932.

El diputado por Toledo Madariaga describe la situación de numerosas provincias con estas palabras: «En el campo español no se respetan los más elementales derechos que salvaguardan la libertad humana: movimientos vindicativos rencorosos, de brutales represalias, se están produciendo en un frente que se amplía cada día; se arrasan propiedades; los robos y los atropellos se erigen en ley; la moral familiar se ve vilipendiada; la libertad de educación y de enseñanza, suprimida; los pueblos y las personas, bajo la más terrible tiranía, que no respeta ningún derecho; la violencia y la muerte son los signos bajo los cuales se desarrolla la vida de los pueblos. Se declaran huelgas ilegales, se producen movimientos de agitación, se prohíbe trabajar a quien carece de carnet de la organización socialista y comunista y los culpables de todos esos conflictos no son sancionados. ¿Qué habéis hecho desde que estáis en el poder para mitigar el hambre de los campesinos? ¿Dónde están vuestras disposiciones contra el paro? Dentro de poco mandarán en el campo los desesperados de la ruina y del hambre.»

«¿Cómo puede haber una buena política agraria —pregunta Calvo Sotelo—, con el maremágnum de leyes y contraleyes y el incesante desfile de ministros, pues sólo en el año 1935 hubo no menos de cinco titulares de la cartera de Agricultura? Después de una lucha a brazo partido con una primera Reforma agraria, luego con una segunda, después con una tercera, ahora se riñe por una ley para el rescate de los bienes comunales, que, por cierto, es trascendentalísima, de gigantesco alcance, por sus posibles repercusiones sobre el régimen económico en que está asentada la vida nacional. La agricultura española ha llegado a una fase, concretamente en el secano, en que cualesquiera que sean los cultivos se está trabajando con pérdida. Y si la explotación agrícola se liquida con pérdida, ya es secundario que sea individual o colectiva, que se halle en manos de un terrateniente, de un arrendatario, aparcero o pequeño propietario. Se vive con mayor riqueza en la ciudad que en el campo, siendo así que el campo representa un volumen de población superior al de la ciudad. Esta injusticia no se puede remediar más que con una traslación al campo de gran parte de la renta nacional absorbida por la ciudad, y esa traslación no se puede, a su vez, lograr más que con un aumento de los productos agrícolas. La solución estriba en aumentar el valor de estos productos. Domina la ciudad sobre el campo y a éste se le somete a servidumbre, obligándole a pagar caros los productos de la industria, y en cambio se le impone la venta barata de sus productos. El problema para mí fundamental no es el de los salarios, sino el del rendimiento. Y respecto a éste, el campo vive en la anarquía, destruida la autoridad de los patronos y sin autoridad pública. Si en España rigiese una economía de tipo soviético, no prevalecería ni el 70 por 100 de las cláusulas que estáis imponiendo. El Gobierno blasona de haber legalizado 75.000 yunteros y creado 100.000 asentados. Pues si el promedio de tierras de secano con que se obsequia a asentados y yunteros es de cinco hectáreas para los primeros y de dos y media para los segundos, o se crean parásitos privilegiados o miserables, en el sentido económico de la palabra.»

El campo tiene problemas que son superiores al Estado liberal democrático parlamentario, que no puede ofrecer continuidad. Entre constantes interrupciones, Calvo Sotelo recuerda que, según se ha dicho desde el banco azul, este Gobierno es el del Frente Popular, cuya bandera es la revolución de octubre, que fue un intento para implantar el comunismo. Ahora bien: frente al propósito soviético de proletarizar a las clases medias, éstas han reaccionado en otros países con las revoluciones fascistas. «Por fortuna —exclama Calvo Sotelo, dirigiéndose a los indignados diputados de izquierda—, no tendréis ocasión de ensayar vuestras especulaciones absurdas. ¡No os dejaremos! Yo digo a los agricultores españoles, especialmente a la pequeña y media burguesía rural, a los arrendatarios y a los cultivadores de tierra que ven hoy ensombrecido el horizonte, que su remedio no lo hallarán en este Parlamento, ni en otro como éste, ni en el Gobierno actual, ni en otro que el Frente Popular forjase, ni en los partidos políticos, que son cofradías cloróticas de contertulios; la solución se logrará en un Estado corporativo que...»

Socialistas y comunistas, en pie, le increpan iracundos y ahogan sus últimas palabras, mientras aplauden las oposiciones. Los grupos de uno y otro bando están a punto de acometerse. El presidente de las Cortes expulsa al diputado cedista Aza, que se ha distinguido en su homenaje a Calvo Sotelo. Prolijas explicaciones de Gil Robles y palabras doloridas del presidente: «Yo no puedo hacer más que lo que hago.» El incidente queda liquidado y el debate prosigue. El tradicionalista conde de Rodezno opina que en España se cultivan terrenos que por su mala calidad no se cultivarían en otros países. Dos terceras partes de la propiedad del agro están en manos de propietarios que poseen menos de cinco hectáreas. La propiedad, perdido su valor transaccional, no tiene valor alguno en venta. En el año 1935 el Banco Hipotecario ha tenido que hacerse cargo de ciento dieciséis fincas, porque sus dueños no han encontrado medio de cumplir sus obligaciones. En el primer trimestre de 1936, las cuentas corrientes han descendido 362 millones de pesetas. La riqueza rústica constituye las dos terceras partes de la riqueza nacional. Sin aquélla, fallarán la riqueza industrial, el comercio y la actividad mercantil.

«Son las derechas, con sus atropellos, las que han llevado la anarquía al campo —exclama, en nombre de la minoría socialista, Zabalza—. Ellas han convertido a los campesinos en lo que hoy son. Los elementos de derechas sólo se proponen llevar a la desesperación a los trabajadores del campo. Ahora están dejando perder las cosechas. El Gobierno tiene el deber de incautarse de ellas y entregárselas a los obreros.»

* * *

Entra en turno el conde de Romanones. Es la segunda vez que habla en estas Cortes republicanas. «La política agraria se caracteriza —dice— por un gran desorden. Son más de trescientas las disposiciones que se han vertido en la Gaceta sobre asuntos del campo. Hace más de dos meses que tengo solicitados en el Ministerio de Agricultura algunos datos referentes a esta cuestión: creo que no me han sido facilitados porque no existen. El Instituto de Reforma Agraria sirve como instrumento político, pero no como organismo para resolver un problema social. El Banco Hipotecario, incumpliendo su finalidad estatutaria, informa en una circular que no puede conceder préstamos con garantías de fincas, porque carece de elementos de juicio para hacer ninguna tasación, ya que ésta depende de los nuevos proyectos de legislación agraria pendientes de aprobación. Esto equivale a declarar que la propiedad territorial de España no vale nada. ¿Puede consentirse esto? El Banco nos dirá que sus cédulas no se venden, y las cédulas son la fuente de ingresos que permiten los préstamos. Respecto a los asentamientos, se da el caso de que muchos de los asentados abandonan las fincas, porque, dado el costo de trabajo, una recolección les supone pérdida, y no quieren pechar con ella. ¿Cómo se han hecho los ciento y pico mil asentamientos, que proclama el Gobierno? No es exagerado calcular 8.000 pesetas para cada uno. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿o es que los asentamientos se han hecho sobre el papel?»

«Con la política agraria que actualmente se sigue se coloca a la riqueza rural entre dos polos antagónicos; y, una de dos: o establecemos un nivel medio de orden social y económico, en donde pueden ser posibles en mayor o menor proporción las aspiraciones de todos, o no hay que pensar en la prosperidad del agro nacional. Yo represento a la provincia de Guadalajara: allí no hay industria, ni fábricas, ni talleres. Hay muy poco comercio. La tierra es mala y da sólo de cinco a seis simientes. El 80 por 100 de los propietarios son, a la vez, jornaleros. Allí se conoce la yunta, el par de yuntas; muy raro que se salga de ahí. La laboriosidad y la sobriedad de la buena estirpe castellana se da en Guadalajara, y gracias a eso se ha podido vivir en un bienestar relativo. La provincia vendía todo su trigo a Barcelona hasta que se declaró franco aquel puerto. Desde entonces Guadalajara se ha quedado sin mercado. ¿Tan difícil es elevar el precio del trigo? Un aumento módico en el precio del pan resolvería los problemas del agricultor.»

Interviene el socialista Galarza, que con rencorosas agresiones de carácter personal analiza y critica la política del agrario Cid, con quien comparte la representación de Zamora ante las Cortes. Luego extiende su ataque a todas las derechas y «proclama la legitimidad de la violencia» contra quien utiliza el escaño —se refiere a Calvo Sotelo— para «erigirse en jefe del fascismo y quiere terminar con el Parlamento y con los partidos». «Pensando en S. S. encuentro justificado todo, incluso el atentado contra su vida». Estas palabras levantan un clamoroso oleaje de protestas en las minorías de la oposición. A estas excitaciones suceden otras no menos impetuosas del comunista Mitje. «La situación que se ha pro­ducido en el campo es imputable a la actitud de los grandes terratenientes y propietarios. Está presentada a la Cámara una proposición de ley de las minorías socialista y comunista pidiendo para los pequeños arrendatarios la rebaja del 33, del 50 y hasta la condonación del pago de la renta, si se demuestra que el estado de la cosecha no les permite pagarla. Ya veremos cómo se comportan las derechas cuando llegue el momento de la votación.» «El señor Calvo Sotelo ha dicho que no pasaremos: hoy, con la República democrática, y mañana con algo más, aunque al señor Calvo Sotelo le pese y tenga que tragar todo el veneno que están tragando aquellos que, como él, defienden intereses seculares en España.»

El debate prosigue. Rectifica el agrario Cid, intervienen el ex ministro Álvarez Mendizábal, el agrario Alonso Ríos, el cedista Bosch Marín, el ministro de Agricultura. Nuevas pinturas trágicas del drama campesino: desahucios de fincas rústicas, paros endémicos, jornales de hambre, desolación y miserias por doquier. Los efectos de las leyes de tipo social y económico referentes al campo dictadas por la República son catastróficos. Porque las leyes están inspiradas por el odio, porque se aplican mal o no se aplican, o porque se transgreden o incumplen.

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Según los datos del Instituto de Reforma Agraria del 20 de febrero al 30 de junio, el número de hectáreas ocupadas suman una cifra superior a 232.000, en la que han sido asentadas 71.919 familias de campesinos. Pero como los asentados no reciben el auxilio económico prometido, ni el terreno en muchos casos está en condiciones para ser cultivado, la situación de los campesinos sigue siendo insoportable. Añádase a esto la diversidad de bases de trabajo, que varían según el lugar, las feroces luchas entre las distintas asociaciones y partidos político-agrarios, la deficiente cosecha, la prohibición en muchos sitios del uso de máquinas, las abusivas exigencias de los segadores, respaldados por las Casas del Pueblo y las autoridades locales, la ausencia de patronos, que prefieren abandonar sus bienes con tal de salvar sus vidas, todo ello, contribuye a dar carácter pavoroso al problema del campo. «El Gobierno —escribe El Sol (19 junio) —, a quien se excita en todos los tonos para que imponga violentamente a las clases patronales del campo y de la ciudad la aceptación incondicional de las exigencias proletarias, debe pensarlo bien antes de emprender tan peligroso camino. No puede ser beligerante más que para defender la República y el orden.»

Las Cortes examinan a partir del 2 de julio el dictamen de la Comisión de Agricultura acerca del proyecto de Rescate y readquisición de bienes comunales. Discuten asimismo el proyecto sobre ratificación y ampliación del decreto de amnistía de 21 de febrero. De diez votos particulares presentados por la minoría socialista, siete son aceptados por la Comisión de Justicia y los tres restantes quedan incorporados al proyecto con leves modificaciones. Todos ellos se refieren a delitos cuyo móvil es político social. En cambio, no prospera enmienda ni voto particular de las minorías de derechas, tanto para modificar la fecha de la amnistía, que los del Frente Popular consideraron inmutable, como para que se beneficiasen de aquélla los servidores del Estado encausados por los sucesos de octubre de 1934. El cedista Guerra razona así: «El requisito de la generalidad para que una ley de Amnistía pueda merecer tal concepto queda vulnerado, porque tratándose de delitos cometidos en el mismo sitio con ocasión de las mismas circunstancias, por la misma clase de móviles, unos atacando a un Estado legítimamente constituido, y otros servidores de ese Estado defendiéndolo, a los primeros se les distingue y premia y a los segundos se les sanciona. A lo cual respondéis: «Como esos elementos oficiales no coadyuvaron con nosotros a la revolución, contra ellos todo nuestro odio, todo nuestro rencor y ahora la venganza. Por eso la ley no puede llamarse amnistía; porque para ser tal tiene que ser para todos.» «Si todo el rigor de la ley y de la responsabilidad la aplicáis a los que defienden a la sociedad constituida, y en cambio beneficiáis con la amnistía a los que atacan al Estado —afirma Ventosa—, ello significa establecer una prima en favor de la revolución, cosa grata para los extremistas, pero no para quien tiene la misión de proteger al poder público.»

A estos y otros argumentos responde Galarza: «Una autoridad es tal mientras es defensora de la ley; las que actuaron en Asturias como auto­ridades no lo eran, porque estaban fuera de la ley. Además, los autores de los excesos no han sido encausados, y sin previa sentencia no puede haber amnistía.»

El debate continúa en los días siguientes, y alterna con la discusión de un proyecto de ley de indemnización de enfermedades profesionales y otros de modificación de ley sobre el paro obrero y de jubilación de los funcionarios de la carrera judicial y fiscal. En virtud de uno de los artículos, podrá ser decretada la jubilación cuando «faltando a la promesa prestada, actúen o se produzcan con manifiesta hostilidad a la institución que la Constitución consagra». La discusión de enmiendas al dictamen de la Comisión de Agricultura acerca del proyecto de ley de rescate y adquisición de bienes comunales consume buena parte de las sesiones. La desanimación y el tedio invade a la Cámara. El banco azul aparece desierto. Gil Robles pregunta (8 de julio): «¿Han raptado al Gobierno? Porque no se encuentra un ministro ni por casualidad.»

* * *

José Antonio y sus camaradas directivos de Falange continúan en la Cárcel de Madrid, a pesar de la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo. Los procesos se suceden a fin de retener prisionero al jefe de Falange, el cual, en algunos momentos de confidencia con sus amigos presos como él, confiesa su convencimiento de que no recobrará nunca más la libertad. En un registro practicado en el domicilio de José Antonio, hallándose éste en la cárcel, encuentra la policía dos pistolas, motivo ridículo en aquellas circunstancias, pero suficiente para enredarle en un nuevo proceso por tenencia ilícita de armas.

El juicio se ve ante el Tribunal de Urgencia, en la Sección primera de la Audiencia Provincial, constituida en la Cárcel Modelo de Madrid (28 de mayo). La prueba resulta acusatoria, y el fiscal, Hernández Sampelayo, solicita la pena de un año, un mes y veintiún días de reclusión. José Antonio actúa como defensor de sí mismo. Vive bajo constante amenaza, ha sufrido atentados, posee licencia de uso de armas y además las pistolas no son suyas. Su razonamiento no sirve de nada, y tras la sentencia condenatoria, al terminar la lectura José Antonio grita, encendido de indignación: «¡Arriba España!». Le reprende el presidente: «Absténgase el procesado de pronunciar frases.» José Antonio repite el grito y añade en alta voz: «¡Abajo la Magistratura cobarde! ¡Qué vergüenza ser víctima de una chusma indecente!» Y como rúbrica a estas palabras, rasga la toga y la arroja a los pies. El presidente ordena despejar el local, porque los escasos asistentes se solidarizan con el procesado, y pide al secretario que lea el acta. «Yo me marcho grita José Antonio—. Pueden ustedes falsificar lo que quieran. ¡Váyanse a hacer puñetas!» Y dirigiéndose al oficial Felipe Reyes de la Cruz, que actúa como secretario, revestido de toga y birrete, le increpa: «Ya habrá usted tenido tiempo de falsificar el acta.» A lo cual el secretario le replica: «Tan chulo como su padre.» José Antonio se vuelve contra él y de un puñetazo le hace tambalear. Reyes agarra un tintero que encuentra a mano y lo arroja contra la cabeza de su agresor, hiriéndole. La sentencia condenatoria está redactada de conformidad con la petición del fiscal. Su desacato y atentado en el juicio podrá ser motivo de otro proceso: el presidente estima que la condena probable será de tres años y cinco meses de prisión menor.

Tanta injusticia y amargura no parecen abatir ni enturbiar el ánimo del jefe de Falange, que en su proceder y en sus escritos se manifiesta como invulnerable a los huracanes que azotan su espíritu. «Podemos, en realidad —dice—, estar contentos; nunca ha habido organización política que haya padecido persecución tan intensa, y nunca tampoco ha conser­vado ninguna organización, en trance semejante, nuestro garbo, nuestra unión y nuestra eficacia revolucionaria. Esto último, sobre todo, es sor­prendente. La hemos mantenido desde el primer día y la mantenemos intacta contra todo, como no se ha visto nunca. Por eso la gente empieza a venir a nosotros».

Pero el embrollo procesal se prolonga. Ante el Tribunal Supremo se ve (5 de junio) el recurso de casación por quebrantamiento de forma de la sentencia del Tribunal de Urgencia, Audiencia de Madrid, de 30 de abril, que declaraba la legalidad de la Falange y absolvía a sus dirigentes. José Antonio es autorizado para informar como letrado recurrido, siendo recurrente el Ministerio fiscal. El recurso se ve en el Palacio de Justicia. El informe del fiscal es muy breve. José Antonio arguye que Falange es un organismo que se ajusta a los preceptos legales, como lo ha reconocido la sentencia del Tribunal Supremo. Es un movimiento nacional, patriótico y de muy nobles y altos fines.

Próximamente a las nueve de la noche de aquel día (5 de junio), el director de la Cárcel, Elorza, llama a José Antonio a su despacho para notificarle que por orden superior se ha dispuesto su traslado a otra prisión, que no podía decir. De regreso a su celda, al pasar por la galería de entrada al departamento de políticos, José Antonio grita a pleno pulmón: «¡Miguel, Sancho! ¡Me sacan de aquí para aplicarme la ley de fugas!»

Los presos falangistas, desde sus encierros, se suman a la protesta con estentóreas voces de ira. A las once de la noche se presentan en la celda dos guardianes e invitan a José Antonio a que se prepare para em­prender el viaje. Igual indicación recibe su hermano Miguel (Miguel Primo de Rivera fue detenido en Cuenca a donde llegó para trabajar la candidatura de su hermano. Se hallaba en la habitación con un amigo oficial del Ejército, cuando se produjo un tiroteo en la calle a consecuencia del cual resultó herida una niña. Socialistas de «La motorizada» comenzaron a gritar que el autor de los disparos era Primo de Rivera cuyo coche se hallaba a la puerta del hotel. La policía subió a las habitaciones y detuvo a Miguel y a su amigo mientras los alborotadores quemaban el coche). Vestidos ambos con «monos» azules y cada uno con un hatillo por todo equipaje, se encaminan con fuerte custodia de celadores y oficiales de la Prisión hacia la salida. Al cruzar las galerías se reproduce el tumulto: denuestos, voces de indignación y de emocionada despedida. En la puerta espera un coche de la Dirección General de Seguridad, con un comisario y tres agentes de policía; otro coche, con escolta de guardias de Asalto. Al pisar la calle, los presos y sus acompañantes respiran el aire cálido de una noche de placidez y ardentía estival.

Alborea una hermosa mañana y ya saben los conducidos cuál es su destino: la Prisión Provincial de Alicante. En ella penetran cuando el sol asoma en un cielo de azul infatigable, prometedor de un día de sublime luminosidad. ¡Qué contraste entre aquella radiante magnificencia y la tristeza y amargura que destilaría el alma de José Antonio, aplastada por tanta injusticia! Una vez en Alicante, y a poco de instalado en la celda, no obstante la rigurosa vigilancia y las muchas prohibiciones, la inquietud y el ansia de José Antonio se desbordan en profusión de cartas, en todas las cuales resplandece su equilibrio espiritual y su esperanza en un futuro feliz. Redacta también circulares y manifiestos, persuadido de que sus leales pondrán en juego todas sus habilidades y dotes de invención para arbitrar medios de comunicación con el jefe cautivo. Tres largos meses de cárcel han habituado a José Antonio al incómodo encierro, con experiencia para adaptarse a las costumbres de los presos.

Aunque fechada en Madrid, en 24 de junio, a la pluma de José Antonio se debe una circular a todas las jefaturas territoriales y provinciales, previniéndolas para que no se comprometan «en confusos movimientos subversivos que se están desarrollando en diversas provincias de España», basándose «en la fe que les merece la condición militar de quienes les invitan a la conspiración». «La admiración y estimación profunda por el Ejército, como órgano esencial de la patria, no implica la conformidad con cada uno de los pensamientos, palabras y proyectos que cada militar o grupo de militares pueda profesar, proferir o acariciar.» «La participación de la Falange en uno de esos proyectos prematuros y candorosos constituiría una gravísima responsabilidad y arrastraría su total desaparición, aun en el caso de triunfo.» Resulta ofensivo para la Falange que se la proponga participar «como comparsa en un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado nacional-sindicalista», por todo lo cual se previene a todos los mandos, cualquiera que fuese su jerarquía, de manera terminante y conminatoria, «que no deben tomar parte en ninguna conspiración, ni permitir que sus camaradas participen sin orden expresa del Alando central». El jefe, sea cualquiera su jerarquía, que concierte pactos locales con elementos militares o civiles sin orden expresa del Jefe nacional, será expulsado de Falange. Los jefes territoriales y provinciales «comunicarán al nacional en la Prisión de Alicante, sin firmar con sus nombres», el acatamiento a cuanto se dispone en la circular.

Con este mismo criterio de evitar a la Falange que se comprometa en confabulaciones insolventes y confusas, José Antonio escribe en el boletín clandestino No importa, primero una justificación de la violencia (6 de junio) y a continuación un «aviso a los madrugadores» (20 de junio), recordándoles «que Falange no es una fuerza cipaya». Justifica la violencia con las siguientes razones: «Ya no hay soluciones pacíficas. La guerra está declarada y ha sido el Gobierno el primero en proclamarse beligerante. No ha triunfado un partido más en el terreno pacífico de la democracia; ha triunfado la revolución de octubre: la revolución separatista de Barcelona y la comunista de Asturias...» «Estamos en guerra. Por eso el Gobierno beligerante se da prisa por aniquilar todo aquello que pueda constituir una defensa de la civilización española y de la permanencia histórica de la patria: el Ejército, la Armada, la Guardia Civil... y la Falange.» «No somos nosotros quienes han elegido la violencia. Es la ley de guerra la que la impone. Los asesinatos, los incendios, las tropelías no partieron de nosotros. Ahora, eso sí —y en ello estaba nuestra gloria, nuestro empuje combatiente, nuestra santa violencia—, fue el primer dique con que tropezó la violencia criminal de los hombres de octubre.»

En el aviso a los madrugadores se apercibe a los jefes y militantes para que desechen las invitaciones que reciban para participar en «complots oscuros y maquinaciones más o menos derechistas, cuyo conocimiento no les llegue por el conducto normal de nuestros mandos». «No seremos ni vanguardia, ni fuerza de choque, ni inestimable auxiliar de ningún movimiento confusamente reaccionario. Mejor queremos la clara pugna de ahora que la modorra de un conservatismo grueso y alicorto, renacido en provecho de unos alicortos ambiciosos madrugadores.»

José Antonio dirige (29 de junio) una exhortación y saludo a los ca­maradas de la primera línea de Madrid. «Desde esta celda de una cárcel, tuerzo sin descanso los hilos que llegan a nuestros más lejanos camaradas. Podéis estar seguros de que no se pierde un día, ni un minuto, en el camino de nuestro deber. Aún en las horas que parecen tranquilas, maquino sin descanso el destino de nuestro próximo triunfo.» Les anuncia «que en el instante decisivo estará al frente de ellos, pase lo que pase, y con la ayuda de Dios os haré entrar en la tierra prometida de nuestra España, una, grande y libre».

La misma noche en que sale José Antonio para Alicante, otros diri­gentes de Falange son conducidos a diversas cárceles de España.

CAPÍTULO 91.

CONSPIRACIONES CONTRA EL GOBIERNO

PREPARATIVOS BÉLICOS DE LOS TRADICIONALISTAS NAVARROS. — EL GENERAL MOLA, GOBERNADOR MILITAR DE PAMPLONA, SOLICITADO POR MUCHOS ELEMENTOS CIVILES Y MILITARES, PLANEA UN ALZAMIENTO. — LE SECUNDA EL GENERAL QUEIPO DE LLANO, INSPECTOR GENERAL DE CARABINEROS. — INTENSA COLABORACIÓN DE LA U. M. E. — LOS CONSPIRADORES DE TODA ESPAÑA RECONOCEN A MOLA COMO JEFE ÚNICO. — ADHESIÓN DE LA FALANGE AL ALZAMIENTO. — DIFICULTADES PARA UN ENTENDIMIENTO DE MOLA CON LOS TRADICIONALISTAS. — ENTREVISTA SIN RESULTADO DE MOLA CON EL SECRETARIO NACIONAL DE LOS TRADICIONALISTAS, FAL CONDE. — EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD CONSPIRADORA EN PAMPLONA. — UNA CARTA DE FRANCO AL MINISTRO DE LA GUERRA, CASARES QUIROGA. — SE FRUSTRA UNA OPERACIÓN POLICÍACA DE MUCHA IMPORTANCIA PARA YUGULAR LA CONSPIRACIÓN. — NEGOCIACIONES DE LOS TRADICIONALISTAS CON EL GENERAL SANJURJO. — CONFUSIÓN Y PESIMISMO RESPECTO AL ALZAMIENTO EN MADRID, BARCELONA Y VALENCIA. — EL JEFE DE LA C. E. D. A. PONE A DISPOSICIÓN DE MOLA MEDIO MILLÓN DE PESETAS. — EL GENERAL BATET PREVIENE A MOLA QUE SUS PASOS SON VIGILADOS. — A PROPUESTA DEL CONDE DE RODEZNO, MOLA NEGOCIA CON LA JUNTA REGIONAL CARLISTA DE NAVARRA. — DE NUEVO EL GENERAL BATET, ENVIADO DEL GOBIERNO, CONMINA A MOLA.