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CAPÍTULO 87.DRAMÁTICO DEBATE EN LAS CORTES SOBRE EL ORDEN PÚBLICO
Las
Cortes oyen la lectura (3 de junio) del dictamen de la Comisión de Justicia
sobre el proyecto de ley que regula la Constitución del Tribunal especial para
exigir las responsabilidades civiles y criminales en que puedan incurrir
jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión
de ellas. El Tribunal se compondrá de cinco magistrados del Tribunal Supremo,
como jueces de derecho, y de doce jurados, con cuatro suplentes, que actuarán
como jueces de hecho. Para ser miembro del Jurado se exigirá ser ciudadano
español, con residencia en Madrid, tener más de treinta años, saber leer y
escribir, poseer un título facultativo expedido por el Estado o figurar como
presidente de cualquiera de las Asociaciones inscritas en el censo electoral
social.
El primer
turno en contra corre a cargo del diputado cedista Aizpún. «En estos momentos —dice en que la lacha política y
social está tomando caracteres trágicos, es cuando se le ocurre al Gobierno
llevar al ambiente que debe ser todo serenidad, de la Administración de
Justicia, representantes específicos de Asociaciones que están en esa lucha,
ya insostenible, de carácter social. El proyecto pone en manos de incapaces el
destino, el cargo, el patrimonio y la libertad de jueces y magistrados. Los
magistrados ya no tienen la garantía de que les juzguen jueces capaces, sino
unos jurados que en definitiva dirán si la sentencia fue justa o injusta o
decidirán si son o no competentes.» «Para juzgar al juzgador —declara el
regionalista catalán Rodés— se necesita una capacidad
seleccionada, no solamente fruto del estudio y del conocimiento de la ley, sino
de la experiencia continua y cotidiana de esos asuntos que el Derecho plantea
en la realidad de la vida. Es un episodio de la política que el Gobierno
desarrolla contra la Magistratura española, no pudiendo o no sabiendo resistir
la presión del Frente Popular.» «Hace muy pocos días que se requería al
Gobierno (con ocasión del juicio contra los directivos de Falange) para que se
adoptaran medidas para castigar la indisciplina que dentro de las normas
republicanas cundía entre jueces y magistrados. Y por si esto fuera poco, en
Claridad se decía que en España no hay otro poder que el del Frente Popular. No
se trata, pues, de desarrollar un precepto constitucional, sino de que la
justicia en España sea un instrumento de ciertos sectores del Frente Popular.»
«El
proyecto, a mi juicio —manifiesta Calvo Sotelo—, resulta demagógico y represálico. Es anticonstitucional en dos momentos: uno, al
elegir el Tribunal de Responsabilidades; otro, al estructurar el Jurado que
forma parte sustancial de ese Tribunal. Carece de articulación jurídica
correcta; antes vulnera que responde al principio de la Constitución, es
atentatorio a la Magistratura y compromete la seguridad de la justicia, mucho
más importante en cuanto a su función que en cuanto al personal encargado de administrarla.»
«Como en tantas actuaciones de este Gobierno, el señor ministro no es un
conductor, sino un conducido.»
De
«perfidia de un pensamiento inteligente» califica el ministro de Justicia,
Blasco Garzón, el ataque de Calvo Sotelo al proyecto. «No soy un conductor,
pero tampoco un conducido. Soy un hombre convencido de que quienes nos
enfrentamos contra toda tendencia que represente dictadura realizamos el
sacrificio de compartir nuestra actuación y anhelo por el futuro de los pueblos
con los que representan el dolor y sentimiento de las masas populares. No se
debe olvidar que la Constitución es de base popular, y cuando en ella se habla
de administrar justicia, se dice que se hace en nombre del Estado, esto es, de
la República, que tiene el derecho de que se la respete, acate y defienda. A
todos los ciudadanos, por los delitos que cometamos, nos juzga el Jurado;
nosotros queremos hacer de la misma condición a los magistrados, consagrando el
principio de igualdad.»
* * *
A
continuación empiezan a discutirse los votos particulares a bases del proyecto.
Firmada por diputados derechistas y defendida por José María Trías de Bes, de la Lliga Catalana, se lee una proposición de ley (3
de junio) para pedir que el Ministerio de Instrucción Pública exponga los
efectos de la llamada sustitución de la enseñanza religiosa y las medidas para
evitar abusos y extralimitaciones que en torno a este problema se cometen.
Denuncia que se han clausurado establecimientos privados, amparados por la
Constitución, con el pretexto de que enseñaban confesionalmente, sin ser
establecimientos congregacionistas. Además, se han
practicado innumerables incautaciones de locales, con su material pedagógico,
dejando a los alumnos en la calle. Todo ello está en contradicción con las
promesas del ministro. «Es necesario, ha dicho éste, resolver el problema con
mesura, sin odios ni proselitismo. Cumplir la ley con prudencia, sin perjudicar
los intereses de nadie, ni trastornar las conciencias. El Estado, mientras no
se realice la estatificación total de la enseñanza, debe respetar y proteger la
enseñanza primaria, como cooperación a la que el Estado proporciona en sus
centros. Pues bien: amparándose en disposiciones gubernativas, inspectores de
enseñanza ordenan el cierre de colegios y dejan abandonados a millares de
alumnos de las escuelas sancionadas.»
El
socialista Rodolfo Llopis justifica las clausuras e incautaciones. El Estado
camina hacia la estatificación de la enseñanza. No se trata de sustituir, sino
de prohibir este ejercicio a las Congregaciones religiosas. «La no sustitución
de la enseñanza es uno de los episodios más vergonzosos de la República. ¿Qué
poder ha habido que ha hecho posible que no se cumpla la ley ni la
Constitución? Para mí no hay duda: el Vaticano, que ha tenido y tiene sus
asalariados en España.» La declaración del Episcopado español cuando se firma
la ley de Congregaciones religiosas es una declaración de guerra. Y a partir de
ese momento no hay ministro de Instrucción que dure más de tres meses en la
cartera. Y cada vez que se habla de que se va a la sustitución, hay crisis.
«Porque había un prisionero de] Vaticano -alusión a Alcalá Zamora— que no
quería que se cumpliese lo que mandan precisamente la Constitución y la ley de
Congregaciones religiosas. Sin embargo, no existían dificultades para que se
cumpliera la ley de sustitución. Se votó el dinero necesario, maestros no
faltaban y se iba resolviendo el problema de locales. Durante los dos primeros,
años de República se abrieron 12.988 escuelas...» (El diputado Álvarez Robles
interrumpe: «Que no se pagaron.») «Hablo de la creación, no de la construcción.
En cambio, en el segundo trienio no se crean más que 3.521, y deducidas de
ellas las de grado profesional, no quedan más que 2.500,» «A nosotros nos
parece que el Gobierno va muy despacio en materia de enseñanza; hace falta que
vayamos de prisa y que suprima cuanto antes la enseñanza congregacional; porque
lo peor que puede hacer la República es dejar que se siga prostituyendo las
conciencias de los niños.»
Al
continuar el debate (4 de junio), el diputado cedista Pabón (Jesús) afirma que aun reconocido que la enseñanza es función del Estado,
según declara la Constitución, ello no justifica que la enseñanza que no
dependa del Estado deba ser suprimida. Y se llega a lo monstruoso cuando el
Estado destruye, sin que se ocupe de enseñar allí donde antes se enseñaba.
«Esto no se ha hecho en ningún país. ¿Por qué no hicisteis la sustitución?» Al
constituirse las Cortes del año 1933, había terminado el plazo para la sustitución
de la Segunda enseñanza sin que se hubiera conseguido, y ello con ministros de
izquierda en el banco azul, sobre los cuales es de suponer que no influiría el
Vaticano. «Ahora, para imponer, según se dice, el cumplimiento de la ley,
inspectores de enseñanza clausuran o se incautan de escuelas y personas ajenas
a la inspección cierran o confiscan colegios. En los veinticinco días que
preceden al 15 de mayo, al margen del Ministerio y de la Inspección han sido
incendiadas unas, incautadas otras o clausuradas arbitrariamente por personas
que nada tienen que ver con el problema, un total de 79 escuelas, con 5.095
escolares.» Los diputados Valiente, tradicionalista, y Sáinz Rodríguez,
monárquico, alegan nuevos argumentos en favor de la libertad de enseñanza
religiosa. «Creemos — dice Sáinz Rodríguez— que es necesario, pues sin ella no
es posible la formación de una conciencia nacional.» «La escuela única,
amparada por un hombre de la tradición liberal del ministro de Instrucción
Pública, será, como ha dicho Luis Bertrand, la más fuerte empresa de
embrutecimiento colectivo a que se le puede obligar a la conciencia humana.»
El
ministro de Instrucción Pública afirma: «Mi criterio liberal en la aplicación
de la ley de Congregaciones está inspirado en el pensamiento de los distintos
sectores que han formado el Frente Popular, implantando progresivamente esta
obra con la prudencia necesaria, con la fe en que la obra creadora de una gran
enseñanza oficial es la que tendrá que aventar, echar fuera del palenque de la
cultura esa enseñanza mezquina que dan las Congregaciones religiosas.» (Un
diputado exclama: «No se puede oír eso.» Casi todos los diputados de las
minorías de derecha se ausentan del salón, entre las protestas de la mayoría,
que, puesta en pie, aplaude al ministro.) «Este Ministerio —prosigue Barnés— no
ha dado orden alguna referente a la clausura o incautación de escuelas. Las ha
dado la política del último bienio, conculcando la ley. Porque ella puso en la
desesperación a todos aquellos que quieren vivir dentro de la ley y amparados
por el Gobierno. ¿No existía un precepto constitucional que prohibía el
ejercicio de la función docente a las Congregaciones religiosas? ¿No existía un
precepto en la ley de Congregaciones prohibiendo lo mismo? Yo os digo: si
queréis llegar a una modificación de la ley en el día de mañana, tened la
seguridad de que únicamente después del cumplimiento de la misma es como,
serenadas las conciencias y vigorizado el espíritu civil público, podréis
llegar a la tolerancia y a la convivencia. Si no, ¿a qué esperáis? ¿A desafiar
constantemente al espíritu izquierdista? Creo que la prudencia de las clases
conservadoras aconsejaba no presentar este debate, porque es poner la mecha en
el depósito de la pólvora.»
El
diputado Pabón justifica su permanencia en el salón por un deber de cortesía al
ministro, que podría aludirle. «La resolución de ausentarse de los diputados de
derechas fue después de dos horas, sin un mínimo de respeto, sin permitirnos
decir una palabra, entre constantes broncas, y de preguntarnos qué sabemos
nosotros de los homosexuales. Me marcho por solidaridad con mis compañeros,
porque hoy se han pasado en esta Cámara todos los límites de lo permitido.»
El
socialista Llopis dice las palabras finales. «El problema es de prohibir. El
Estado tiene obligación de ofrecer escuelas a todos los niños españoles. La
defensa por los católicos de la libertad de enseñanza es un sarcasmo. ¿Cuándo
necesitaron tremolar la bandera de la libertad si toda la enseñanza de España,
la oficial y la no oficial, era de ellos? Durante siglos no han permitido en el
país que existiera una conciencia disidente. Moral que divide a los niños en
católicos y no católicos, que no reconoce más fraternidad que la de quienes
tienen la misma fe religiosa, es una moral que no nos sirve, es una moral
inmoral, muy inferior a nuestra moral, la moral laica.»
Termina
el debate. Ha transcurrido entre continuos desafíos verbales. La enseñanza
confesional será suprimida radicalmente. El diputado socialista Llopis se ha
distinguido por su iniciativa e ímpetu contra la actividad docente de las
Congregaciones. En la lucha entablada no habrá la más mínima concesión ni
tregua.
* * *
Discuten
las Cortes los sucesos ocurridos en Yeste (5 de
junio), con su enorme balance de muertos y heridos. El socialista Prat pide
esclarecimiento de los hechos, aplicación de la ley, sin impunidad, para
órganos o elementos que hayan intervenido. El comunista Mitje reclama justicia implacable, después de señalar a la Guardia Civil como
principal responsable. El radical Guerra del Río afirma que la Guardia Civil
«fatalmente tenía que producirse como se produjo». Y el ministro de la
Gobernación promete «que no habrá lenidad ni amparo para ningún hecho punible».
Se lee (9
de junio) el proyecto de ley que modifica las normas para el nombramiento de
presidente del Tribunal Supremo. Se dispone que éste será nombrado por el
Presidente de la República, a propuesta de una asamblea constituida por
veinticinco diputados designados por el Parlamento, veinticinco miembros de
las carreras judicial y fiscal y veinticinco representantes de la
Administración general del Estado, que designará el Consejo de Ministros. El
diputado cedista Marín Lázaro considera que el
proyecto menoscaba la majestad del Presidente del Tribunal Supremo, cuya figura
exalta hasta hacerla gigantesca la Constitución vigente. En adelante, será
elegido el que designe el Gobierno.
* * *
En la
misma sesión se da a conocer el dictamen de la Comisión de Obras Públicas
referente al proyecto de ley aprobando el plan de Obras redactado por el
Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid. Al hacer la presentación
del proyecto, el ministro de Obras Públicas elogia a Indalecio Prieto, que «con
su instinto poderoso ha previsto el futuro gran Madrid». Esta obra grandiosa
«de dotar a Madrid de vías de penetración perfecta, de vías de comunicación con
los anejos, hará variar la vida de la clase media y del proletariado hacia un
camino de bienestar». El diputado monárquico Suárez de Tangil,
conde de Vallellano celebra lo que se proyecta; pero cree que el lugar adecuado
para edificar los Nuevos Ministerios hubiese sido los terrenos del tercer
trozo de la Gran Vía. Determinadas orientaciones del proyecto las considera con
defectos irremediables. Prieto afirma que con los Nuevos Ministerios se busca
el centro del Madrid futuro, donde hay que situar núcleos vitales, porque
Madrid no tiene expansión más que al Norte. Hay que suprimir el cinturón
misérrimo y hediondo que envuelve a la capital. «Hay un problema en Madrid que
es específico suyo y que no tiene par en toda España más que en Sevilla: la
carestía de la vivienda. Esto es aquí cosa horrenda. Resulta un desastre que
más de un tercio del presupuesto de las familias o de la clase obrera de Madrid
se lo lleve el alquiler de la vivienda a cuenta de una artificiosidad bárbara
en el precio del suelo. Queremos desmoronar ese valor terrible de la vivienda
madrileña haciendo que en las zonas donde se levantan las nuevas edificaciones
oficiales se construyan casas higiénicas y baratas. En cuanto a la expropiación
de inmuebles, los propietarios con terrenos en la prolongación de la Avenida de
la Libertad hasta su unión con la carretera de Madrid a Irún, o en las zonas de
influencia, sin otro inmueble en los cincuenta metros inmediatos a dichas
zonas, tendrán derecho a que el valor del inmueble expropiado figure en los
títulos de adquisición, siempre que conste en documentos públicos o privados de
indudable legitimidad, presentados en alguna oficina pública con anterioridad
al 1.° de enero de 1933. El valor que figure en los títulos de propiedad se
incrementará en un 2 por 100 por cada año transcurrido desde la fecha en que se
realizó la adquisición hasta el 1.° de enero de 1933. Con ello damos prueba de
transigencia.»
«Debo
decir a la Cámara que esta obra de prolongar la Castellana va a resultar
provechosa económicamente para el Estado. Los técnicos establecen a priori un
rendimiento aproximado de veinte millones de pesetas, creado por las zonas
edificables que van a quedar en poder del Estado.»
El
diputado cedista Bosch Marín expresa la conformidad
de la minoría al proyecto, porque con él se trata de combatir el paro. Las
obras públicas son ajenas a todas las tendencias partidistas y con ellas se
favorece la economía española. El reparo que se puede oponer es que el ministro
no ha traído a la Cámara un plan general de obras. ¿Cómo se va a ordenar la
economía española en materia de construcciones públicas? «Deseamos colaborar en
este aspecto con el Gobierno; pero ante todo y sobre todo debe terminarse con
la anarquía imperante.»
«Con los
proyectos parciales —explica el ministro— el Gobierno no hace más que iniciar
una política de obras públicas. Dado el estado de los estudios que tiene a su
disposición el Ministerio, el plan general no se puede traer.» Con todo, este
debate sobre el plan de Obras del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de
Madrid, en el que además de los diputados mencionados intervienen repetidas
veces Guerra del Río, Vidal y Guardiola, Moreno Torres y Puig de la Bellacasa, es señalada ocasión en la legislatura del Frente
Popular en que se discute con normalidad y con un espíritu de convivencia.
Un
dictamen de la Comisión de Industria y Comercio sobre el proyecto de ley
regulando el alza de materiales de construcción a emplear en obras acogidas a
la lucha contra el paro motiva la oposición de Bermúdez Cañete: «Esta ley no
tiene sentido —dice—. No hay alza ninguna en los materiales de construcción. Lo
que sucede es que la mayoría de dichos materiales no se venden, porque lo
impide el Sindicato, debido a la huelga de la construcción. Son políticas y no
económicas las causas de lo que sucede, y es ridículo que se planteen estos
problemas cuando España atraviesa por momentos como jamás se han conocido.»
El
Gobierno considera necesario prorrogar por treinta días el estado de alarma
instaurado por decreto el 17 de febrero, y en comunicación a las Cortes
solicita de éstas la debida autorización (11 de junio). El ministro de Estado
explica que la petición obedece a medida «que el Gobierno estima de absoluta e
ineludible necesidad». Hace un mes, al expirar el anterior plazo —observa el cedista Carrascal—, el presidente del Consejo justificó
ante la Diputación Permanente el estado de excepción para cortar toda clase de
violencias allí donde se produjeran. Mas el Gobierno no ha logrado normalizar
la situación social y política. Los desmanes han continuado y se extienden por
todas las regiones. ¿Para qué solicita esta autorización si no puede evitar la
violencia, enseñoreada de toda España? Es necesario que el Gobierno demuestre
con hechos, no con palabras, que está dispuesto a cortar el estado de inquietud
en que vivimos. Por 147 votos contra 34 se aprueba la prórroga.
El
proyecto de ley derogando la de Reforma Agraria de 10 de agosto de 1935, y que
pone en vigor la de 15 de septiembre de 1932, queda aprobado por 201 votos (11
de junio). Seguidamente se aprueba también el proyecto de ley que regula la
constitución del Tribunal especial para exigir responsabilidad a los jueces,
magistrados y fiscales, por 202 votos.
* * *
Amordazada
la prensa por una censura cada vez más estricta, inmovilizados los partidos de
derechas para toda actuación pública, queda el Parlamento como única plataforma
resonante para criticar la labor del Gobierno y enterar a los españoles de las
tragedias y enormidades que reconocen como origen la política del Frente
Popular. Una proposición, no de ley, cuyo primer firmante es Gil Robles,
presentada a las Cortes (16 de junio) reclama del Gobierno «la rápida adopción
de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive
España». Ello iba a dar motivo a la sesión más apasionada, más dramática y de
mayor interés histórico de la legislatura. La inició Gil Robles.
Difícilmente
—comenzó— puede encontrarse en la historia política de España un Gobierno que
haya contado con más medios para desarrollar su labor. A su advenimiento,
incluso sus adversarios, en mayoría en la Diputación Permanente, votaron una
serie de medidas que el Gobierno necesitaba, procurándole los medios para
salvar una posible situación de anarquía. Poco después, acorralado por sus
propios errores, se revuelve contra las fuerzas de derechas, presentándolas
como beneficiarías del desorden. El Gobierno no ha tenido dificultades por
parte de las oposiciones y ha contado en todo momento con las leyes de
excepción que consideró necesarias. Pero el estado de excepción «en vuestras
manos ha sido una arbitrariedad continua, un medio de opresión o un instrumento
de venganza». «Habéis ejercido el poder con arbitrariedad y total ineficacia.
Los datos estadísticos lo prueban: desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio
último un resumen numérico arroja los siguientes datos: iglesias totalmente
destruidas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos
de asalto, 251; muertos, 269; heridos de diferente gravedad, 1.287; agresiones
personales, frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215; atracos
consumados, 138; tentativas de atracos, 23; centros políticos y particulares
destrozados, 69; ídem asaltados, 312; huelgas generales, 113; huelgas
parciales, 228; periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos a periódicos e
intentos de asaltos y destrozos, 33; bombas y petardos que estallan, 146;
recogidos sin estallar, 78.»
Azaña ha
querido justificar los desmanes atribuyéndolos al estado de exacerbación de
pasiones inmediato al triunfo electoral. Pero el desorden ha ido en aumento, lo
cual demuestra la impotencia del Gobierno para acabar con él. La estadística de
sucesos desde que Casares Quiroga ocupa el poder, del 13 de mayo al 15 de
junio, es la siguiente: iglesias totalmente destruidas, 36; asaltos de
iglesias, incendios sofocados, destrozos e intentos de asaltos, 34; muertos,
65; heridos de diferente gravedad, 230; atracos consumados, 24; centros
políticos, públicos y particulares destruidos, 9; asaltos, invasiones e
incautaciones, 46; huelgas generales, 79; huelgas parciales, 92; clausuras
ilegales, 7; bombas estalladas, 47.
El
orador, sin descender a detalles, ofrece algunos hechos expresivos o
sintomáticos: el secuestro y cautiverio de ingenieros, algunos extranjeros, en
el fondo de una mina, durante diecinueve días; el asalto de coches en las
carreteras por afiliados al Socorro Rojo, que ha dado origen a una circular del
Automóvil Club de Inglaterra avisando que no se garantiza a ningún coche que
entre en territorio español. En el puerto de La Luz, de Canarias, la escuadra
española no puede repostarse, y, en cambio, un crucero extranjero, por la
fuerza de sus patrullas, si es preciso, obtiene combustible. El caso
sangriento, en un pueblo de Córdoba, donde las turbas, con el alcalde a la
cabeza, arrastran a un guardia civil y en la Casa del Pueblo le degüellan con
una navaja barbera. Barcos mercantes españoles, con tripulación y policía
extranjeras son expulsados de puertos no nacionales, para que no contaminen de
su virus revolucionario las organizaciones y la vida comercial de un pueblo.
Eso ha ocurrido en Genova y Workington.
Otros sucesos, igualmente vergonzosos, ha tenido por escenario Tánger, con
protesta de las potencias extranjeras implicadas con nosotros en la
responsabilidad de la administración de la zona internacional.
Estas
acusaciones se hacen entre interrupciones, improperios e insultos al orador,
violentas denegaciones de diputados y del ministro de Estado y continuado
escándalo que el presidente de las Cortes se esfuerza por reducir a la vez que
ampara los derechos del jefe cedista.
«El
Gobierno —continúa Gil Robles—, en declaración solemne, ha manifestado haber
adoptado medidas para acabar con la anarquía. Confesión de fracaso, porque
esas medidas se van a adoptar a requerimiento de grupos que apoyan al Gobierno,
y éste, al cabo de cuatro meses de poderes excepcionales, reconoce que hay
abuso de autoridad y que el país vive en la anarquía. El Gobierno dice haber
cursado órdenes enérgicas hace cinco días. Pues bien: en las últimas cuarenta y
ocho horas han ocurrido en España nada más que los siguientes incidentes: unos
heridos en Los Corrales de Buelma (Santander); un
tiroteo al polvorín de Badajoz; tina bomba en el Colegio de Santoña; cinco
heridos en San Fernando; un guardia civil asesinado en Moreda; un dependiente
muerto por las milicias socialistas en Villamayor de Santiago; dos afiliados de
derechas muertos en Uncastillo; un tiroteo en
Castalia (Alicante); un obrero muerto por sus compañeros en Suances; varios
cortijos incendiados en Estepa; un directivo de Acción Popular asesinado en Arriondas; un muerto y dos heridos gravísimos, de derechas,
en Nájera; un muerto y cuatro heridos, también de derechas, en Carchel (Jaén); insultos, amenazas y vejámenes a las religiosas
del Hospicio de León; cuatro bombas en varias casas en construcción en
Madrid... He aquí, en las últimas cuarenta y ocho horas, el producto de las
órdenes del señor Casares Quiroga...»
«Para
acabar con los equívocos respecto a quiénes son los promotores de este estado
de subversión, me referiré a las luchas que se libran en Málaga entre
socialistas, comunistas y sindicalistas. Ellas dicen claramente por qué y
quiénes producen los desórdenes.» En cualquier caso, «igual fracasa un Gobierno
no pudiendo dominar una subversión originada por las derechas que producida por
las izquierdas, y cuando ese Gobierno tiene un signo contrario a aquellos
adversarios sobre quienes se pretende echar la culpa de una subversión
nacional, mayores son todavía el fracaso y la responsabilidad.» «Este Gobierno
no podrá poner fin al estado de subversión, porque nace del Frente Popular, que
lleva en sí el germen de la hostilidad nacional.» «Los grupos proletarios del
Frente Popular quieren cambiar el orden social existente por la destrucción
continua de la economía del país, para acabar instaurando su dictadura. Los
republicanos que integran el Gobierno, atados a la responsabilidad de aquellos
grupos, tienen que ir por el camino que les trazan. Como remedio, pensáis en la
implantación de una dictadura republicana. Estáis extendiendo la papeleta de
defunción al régimen parlamentario, al régimen liberal y democrático. Ya le
distéis un golpe de muerte con el nacimiento de estas Cortes y la aprobación de
determinadas actas; pero ahora estáis prostituyendo la democracia con el
ejercicio de la demagogia.» «Desengañaos: un país puede vivir en monarquía o en
república, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo; como únicamente no puede vivir es
en anarquía, y España, hoy, por desgracia, vive en la anarquía... Tenemos que
decir que hoy estamos presenciando los funerales de la democracia... Hay una
teoría política del ciclo evolutivo de las formas de Gobierno; según ella,
existe un momento en que la democracia se transforma en demagogia; pero como
eso no puede subsistir, contra la demagogia surgen, por desgracia, los poderes
personales.»
En nombre
de los socialistas, De Francisco se lamenta de que el Gobierno no utilice con
eficacia los medios a su alcance, pues no ha hecho cuanto está en su mano,
cuanto debiera hacer para acabar con una situación de violencia que, a su
juicio, está provocada en la mayor parte de las veces, por elementos de
derecha.
* * *
Se
levanta, a continuación, a hablar Calvo Sotelo, y la atmósfera de la sala se
electriza de pasión. Los rostros de los frentepopulistas se ensombrecen: por sus ojos pasan ráfagas de cólera. «Ésta es —expone el orador—
la cuarta vez que en el transcurso de tres meses me levanto para hablar del
problema de orden público. España vive sobrecogida con esa espantosa úlcera.
Muchos de vosotros, aunque no lo digáis, os sentís tan llenos de zozobra e
inseguridad como nosotros, porque os dais cuenta de que estáis metidos en un
desfiladero que no tiene fin, ni luz, ni horizonte.»
«En estas
últimas semanas el Frente Popular se ha resquebrajado. La C. N. T., que votó la
candidatura del Frente Popular, y que representa un millón de votos, no
coincide en su actitud pública y sindical con el Frente Popular. Eso tiene una
trascendencia política inconmensurable y explica la vejez prematura del
Gobierno y el Parlamento. El Gobierno nacido ayer no tiene pasado ni futuro. Le
acecha políticamente la muerte. En cuanto al Parlamento, adolece de abulia e
indiferencia, porque está roído por el gusano de la mixtificación. España no es
esto, ni esto es España. Aquí hay diputados republicanos elegidos con votos
marxistas; diputados partidarios de la dictadura del proletariado elegidos por
votos de obreros enemigos de dicha dictadura y partidarios del comunismo
libertario; diputados con votos de pequeños burgueses y de profesiones
liberales arrepentidos de haber dado sus sufragios al Frente Popular... La vida
de España no está aquí, en esta mixtificación: está en la calle, en el taller,
en todos los sitios donde se insulta, se veja, se mata, se escarnece, y el
Parlamento únicamente interesa cuando nosotros traemos la voz auténtica de la
opinión.»
Si bien
la responsabilidad de la virulencia actual es patrimonio exclusivo del
Gobierno, la verdadera causa se encuentra en que el problema de orden público
es superior, no ya al Gobierno del Frente Popular, sino al sistema democrático
parlamentario y a la Constitución del 31. Las causas del mal radican «en el
desorden económico, como consecuencia de la lucha de clases, que destruye
fatalmente la economía nacional y en el desorden militar, como consecuencia de
la degeneración del concepto democrático, que arruina todo sentido de
autoridad».
Hipertrofia
de la lucha de clases. El marxismo constituye hoy en España la predisposición
de las masas proletarias para conquistar el poder, sea como fuere. Y así,
desarrolla una táctica de destrucción económica, sin importarle los estragos,
porque su finalidad es la conquista, a ser posible, inmediata, de los instrumentos
del Poder público.
Calvo
Sotelo pone en parangón lo que sucede en España con lo que ocurre en Bélgica y
Francia, también acometidas de sarampión huelguístico, y analiza las
diferencias esenciales en cuanto al concepto político y aun económico de los
movimientos. Toda la vida española, en estas últimas semanas, es un pugilato
constante entre la horda y el individuo, entre la cantidad y la calidad, entre
la apetencia material y los resortes espirituales, entre la avalancha brutal
del número y el impulso selecto de la personificación jerárquica, sea cual
fuese la virtud, la herencia, la propiedad, el trabajo, el mando: lo que fuere;
la horda contra el individuo. Y la horda triunfa porque el Gobierno no puede o
no quiere enfrentarse con ella. Y el más lamentable de los choques, sin olvidar
el habido entre la turba y el principio espiritual religioso, se ha producido
entre la turba y el principio de autoridad, cuya más augusta encarnación es el
Ejército «Vaya por delante mi convicción de que España necesita un Ejército
fuerte, cosa difícil de conseguir con decretos como los recientes de marzo y
junio. Uno autoriza al ministro de la Guerra para declarar disponible forzoso a
quien le plazca, sin expediente, por conveniencia del servicio, y otro, mucho
más trascendental, permite al ministro que toda vacante producida por
disponibilidad forzosa sea provista libremente, sin sujeción a ningún precepto.
Jamás ningún titular de Guerra ha gozado de facultades semejantes, que ofrecen
el peligro del paniaguadismo y el de incurrir en
preferencias extremistas. Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, me sonrío un poco, porque no creo —y no me
negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto que exista
actualmente en el Ejército español un solo militar dispuesto a sublevarse en
favor de la Monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera, sería un
loco: lo digo con toda claridad, aunque considere que también sería un loco el
militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en
favor de España y en contra de la anarquía, si se produjeran...» El vocerío y
las grandes protestas ahogan la voz del orador.
Calvo
Sotelo enumera algunos tristes episodios atentatorios al prestigio militar.
Los incidentes de Oviedo —relatados en un capítulo anterior —, liquidados con
una sanción colectiva, de cinco oficiales destituidos y otros trasladados; lo
ocurrido en Toledo, donde como consecuencia de una disputa entre un cadete y
los vendedores de un semanario rojo, la Casa del Pueblo exige una sanción
urgente y colectiva. A las veinticuatro horas, el curso de la Escuela de
Gimnasia es suspendido ab irato y los oficiales y sargentos que asisten a
aquéllos conminados a abandonar la ciudad en horas, más el traslado de la Academia
al Campamento. En Medina del Campo, durante una huelga general, los soldados
del regimiento de Artillería que hacen la compra han de ir escoltados por
guardias rojos; en Alcalá de Henares, de cuya guarnición han sido desplazados
dos regimientos...
A lo
largo de este relato el orador es constantemente interrumpido. El alboroto es
continuo. Calvo Sotelo se impone: «Quiero decir al Presídeme del Consejo de
Ministros que transmita a la censura instrucciones inspiradas en el respeto
debido a los prestigios militares. ¿Es lícito insultar a la Guardia Civil —y
aquí tengo un artículo del Euzkadi Rojo en el que se dice «que asesina a las
masas»— y, sin embargo, no consentir que se divulgue lo ocurrido en Palenciana (Córdoba), donde un guardia civil separado del
compañero es encerrado en la Casa del Pueblo y decapitado con una navaja
barbera? (Grandes protestas. Varios diputados: «¡Eso es falso, una canallada!»)
¿Que no es cierto que el guardia civil fue internado en la Casa del Pueblo y
decapitado? El que niegue eso es...» Estalla un gran alboroto. Muchos diputados
de la mayoría increpan con gestos agresivos al orador y a sus afines. Éstos
contestan a gritos. Chisporrotean los más gruesos insultos. «¡Hay que
arrastrarlos!», chillan los comunistas.
Cuando
los ánimos se aplacan, Calvo Sotelo continúa: «El Gobierno ha reiterado su
propósito de mantener el orden: para ello han sido precisos doscientos
cincuenta o trescientos cadáveres, mil o dos mil heridos y centenares de
huelgas.» «Por todas partes desorden, pillaje, saqueo, destrucción. España no
cree en vuestras promesas. ¿Qué habéis realizado en cumplimiento de esos
propósitos? Un telegrama circular bastante ambiguo y un gobernador destituido.
Pero quedan otros muchos presidiendo el caos, y entre ellos, un anarquista con fajín —y he nombrado al gobernador
civil de Asturias—, que no parece una provincia española, sino una provincia
rusa. Yo digo, señor Presidente del Consejo de ministros, compadeciendo a su
señoría por la carga ímproba que el azar ha echado sobre sus espaldas...»
El
Presidente del Consejo de ministros: «Todo, menos que me compadezca su
señoría.»
Calvo
Sotelo: «El estilo de improperio característico del antiguo señorito de La
Coruña.»
Se
reproduce el escándalo. El Presidente de las Cortes amonesta al orador,
atribuyéndole el propósito de crear una situación de pasión y angustia. «Las
palabras dirigidas al Presidente del Consejo son palabras no toleradas ni en la
Cámara ni en la relación entre caballeros.» Calvo Sotelo, sensible a este
requerimiento, confiesa que en aquella atmósfera electrizada, a veces se da un
sentido erróneo a palabras pronunciadas sin intención torcida. Quería decir que
el señor Casares Quiroga, siendo un sportman, de
plácido vivir, hombre representativo de la burguesía coruñesa, sin embargo era
líder de los sindicalistas avanzados, a los que con frecuencia dirigía soflamas
revolucionarias. «Lo que he dicho —indica — carecía de la más leve intención
maligna.» «Si hubiera querido ofender, lo diría, sometiéndome a todas las
sanciones.»
Calvo
Sotelo termina: «Largo Caballero acaba de decir en Oviedo que ellos van
resueltamente a la revolución social y que la política del Gobierno sólo es
admisible en cuanto sirve al programa de la revolución de Octubre. Si es cierto
eso, sobran notas, planes y discursos. Sobra todo. En España no puede haber más
que una sola cosa: anarquía.»
* * *
Al
Presidente del Consejo de ministros le urge responder a Calvo Sotelo, cuyas
alusiones al Ejército y la evocación de su vida coruñesa le ha herido en su
amor propio. «Ha puesto los dedos cruelmente — dice Casares Quiroga en llagas
que debiera cuidar mucho de no tocar.» «Como ministro de la Guerra, ni como
particular, acepto que grupos políticos, aunque sean afines, me impongan
condiciones.» «Las decisiones adoptadas relativas a elementos militares las
tomo yo libremente.»
Y a
continuación pronuncia estas significativas palabras: «Después de lo que ha
dicho su señoría ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que
no ocurrirá, le haré responsable ante el país a su señoría.»
Estimaba
«gravísimo» aquel propósito de amargar las horas de los sancionados por los
Tribunales —se refería a los militares de Alcalá y Oviedo— para provocar un
espíritu subversivo. «Insisto: si algo pudiera ocurrir, su señoría sería el
responsable con toda responsabilidad.» Agradece a Gil Robles su discreción al
eludir temas tan delicados y censura a Calvo Sotelo, que, «sin sentido ninguno
de la responsabilidad, sin más espíritu que el de deshacer todo aquello que ha
construido la República, viene aquí con dos fines: el de crear la perturbación
parlamentaria, para acusar una vez más al Parlamento de que no sirve para nada,
y el de buscar la perturbación del Ejército para, apoyándose; quizá, en alguna
figura destacada, volver a gozar de las delicias de la dictadura». «No sueñe en
conseguir éxito ni en el Parlamento ni en el Ejército, ni, mucho menos, en ese
Cuerpo de la Guardia Civil, al que yo he defendido constantemente, dándole
apoyo moral y material.»
Los que
hoy acusan al Gobierno punto menos que de tolerar actos subversivos «son los
mismos que durante dos años han vejado, perseguido y encarcelado, creando un
fondo de odio en las masas populares». La información que ha recibido el señor
Gil Robles sobre los efectos de las huelgas portuarias son equivocadas; algo
por el estilo sucede con las noticias referentes a ocupaciones de fincas,
incendios, actos de sabotaje y violencia. ¿Que el Gobierno ha fracasado en
cuanto a las medidas de orden público? «Yo declaro que la inquietud pública no
existe: los espectáculos públicos, abarrotados; las calles, pletóricas; las
gentes, por todas partes, sin preocuparse de que pueda pasar nada
extraordinario y a pesar de esa inmensa fábrica de bulos; el ministro de la Guerra
y el de la Gobernación, tan tranquilos, sabiendo que no ha de pasar nada.»
«Sería insensato que yo dijera que existe una paz absoluta en toda España;
negar que se ha producido un estado de perturbación, que el Gobierno está
dispuesto a terminar con él, pues me atrevo a asegurar que encontrará los
apoyos necesarios para que este deseo suyo lo sea del Frente Popular entero.
¿Los asaltos en la carretera por el Socorro Rojo? Esos ni son del Socorro Rojo,
ni son del Frente Popular. Tenemos una fe absoluta e inconmovible en las
virtudes de la democracia y cualesquiera que sean los actos de violencia
justificados por una pasión contenida durante dos años, la democracia
encontrará medios hábiles de acorrer con la libertad a la curación de esos
males.»
Habrá que
examinar en la lista de perturbaciones, caso por caso, para descubrir aquellas
en que la responsabilidad de los sucesos corresponde a la clase patronal. «¿No
son muchas veces patronos los que encienden la yesca que ha de producir la
llamarada de la indignación en las clases populares? ¿Qué vemos en el campo? La
mayor parte de las veces, negativa sistemática de los patronos a dar trabajo.
¿Que España no nos cree? ¿Cuál España? ¿La vuestra, ya que, por lo visto,
estamos dividiendo a España en dos? Ya veremos si España nos cree o no.»
La
Pasionaria refrenda lo dicho por el Presidente del Consejo de ministros con
una diatriba típica para amotinar a la plebe. «Los representantes de las
derechas vienen aquí —dice— a rasgarse las vestiduras, mientras lejos preparan
uniformes y contrabandean armas con menos escándalo que la provocación de Vera
del Bidasoa, organizada por el miserable Martínez Anido, con el que colaboró
el señor Calvo Sotelo y, para vergüenza de la República, no se ha hecho
justicia ni con él ni con su señoría, que con él colaboró.» Evoca «el Octubre
glorioso, el Octubre del cual nos enorgullecemos todos los ciudadanos españoles
que tenemos sentido político y dignidad». «Abomino del pistolerismo fascista,
de esas hordas dirigidas por una señorita —quería señalar a Pilar Primo de
Rivera —, cuyo nombre, al pronunciarlo, causa odio a los trabajadores españoles
por lo que ha significado de ruina y de vergüenza para España.» Se horroriza
de la represión de Asturias. «Fueron, señor Gil Robles —exclama —, tan
miserables los hombres encargados de aplastar el movimiento y llegaron a
extremos de ferocidad tan terribles, que no son conocidos en la historia de la
represión de ningún país. Millares de hombres torturados, mujeres colgadas del
«trimotor», niños fusilados, madres enloquecidas...» Los diputados de la
mayoría aplauden estrepitosos, a sabiendas de que la diputada se expresa en un
arrebato calumnioso. Acusa a las derechas de haber cultivado la mentira al
achacar a los revolucionarios asturianos abominaciones que no cometieron. «Las
huelgas —añade— se producen porque los trabajadores no pueden vivir, porque es
lógico que los hombres que sufrieron las torturas quieran ahora conquistar lo
que antes se les negaba. No hay ningún propósito sedicioso contra el Gobierno
en estas medidas de defensa de los intereses de los trabajadores.»
Cuando el
Gobierno se decida a cumplir con ritmo acelerado el pacto del Frente Popular e
inicie la ofensiva republicana, tendrá a su lado a todos los trabajadores.
«Para evitar el estado de desasosiego que existe en España, no solamente hay
que hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo
cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se
niegan a aceptar los laudos del Gobierno, a los terratenientes; hay que
encarcelar a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de
octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho.»
Para el
sindicalista Pabón (Benito), lo que sucede en España es el cumplimiento de las
profecías que hicieron las derechas durante la propaganda electoral. «¿No
decían que la venida del Frente Popular sería el triunfo de la revolución
social y que sobre España caerían toda suerte de fieros males, más la
destrucción de toda la economía?» Los seiscientos mil obreros en paro forzoso
tienen razón en todas sus rebeldías contra la sociedad y contra el Estado
organizado.
* * *
«Lo que
más me alarma de la sesión de hoy —afirma Ventosa— es el optimismo del
Presidente del Consejo de ministros, que encuentra la situación bastante
agradable y aun soportable. No parece verosímil. Le dejo la responsabilidad de
esa afirmación ante España y ante el extranjero, pues en todas partes,
desgraciadamente, son conocidos los hechos que aquí ocurren. Y lo más grave que
pueda aducirse es el argumento de que todo lo que pasa ahora está justificado
por lo que ocurrió hace dos años. Yo no quiero discutir lo que ocurrió. Pero
¿es que los excesos e injusticias de unos pueden justificar el atropello, la
violencia y las injusticias de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en
España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que a la subida
al Poder o al triunfo de unas elecciones se inicie la caza, la persecución o el
aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser
españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada de nuestro
país.»
«Mucho
más grave que las subversiones de la calle —prosigue Ventosa— estimo la
subversión de los espíritus, que tiene su representación en el banco azul, en
boca del Presidente del Consejo, beligerante ante los conflictos. Aquí se han
discutido proyectos que forman parte del plan anunciado por el Frente Popular
para republicanizar la Justicia, pero que en rigor van encaminados a destruir
la independencia del poder judicial, sin el cual no podría existir ni la vida
de un Estado democrático ni las propias libertades individuales consignadas en
la Constitución. Ésta es la situación: subversión en el orden público,
subversión en el orden moral, desorden jurídico, desorden económico. Una de las
conclusiones del Congreso celebrado en la Confederación Nacional del Trabajo,
en Zaragoza, proclama como fundamento de la organización social la Comuna
libertaria. En algunas regiones españolas está ya establecida y el alcalde
ejerce autoridad para decir que no se paguen los alquileres, para imponer los
asentados o para intervenir en la vida agraria.
El
Gobierno, para obtener la asistencia parlamentaria y el voto de confianza,
incurre en claudicaciones de palabra, cuando no de hecho, y por parte de
socialistas y comunistas la colaboración parlamentaria no significa otra cosa
que una táctica encaminada a preparar la revolución que anuncian y desean. Creo
que no puede haber crueldad mayor que la lenidad en el cumplimiento de la ley,
porque de ella han derivado esos centenares de muertos y heridos, los asaltos e
incendios que os acompañan, para vergüenza vuestra, en la Historia. Mantened
el Frente Popular o rompedlo: haced lo que os plazca; pero si el Gobierno no
está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el
respeto a la ley, vale más que se marche, porque por encima de partidos y
combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada de una
catástrofe.»
Ahora el
trotskista Maurín lamenta que siendo el triunfo del Frente Popular el del
movimiento de Octubre, «pues sin Octubre no existiría el triunfo del 16 de
febrero», los hombres «que hicieron aquella gesta no se encuentran
representados de una manera directa en el Gobierno, que se enfrenta con una
ofensiva brutal por parte de la derecha y con una situación caótica en todo el
país». «El Gobierno no ha hecho ni la centésima parte de lo que contiene el
programa del Frente Popular.» No ha concedido la amnistía prometida, los
militares sublevados no han sido readmitidos, se gobierna con las garantías
constitucionales en suspensión permanente, no ha sido restaurado el Jurado...
«¿Por qué no se establece la libertad de prensa? Si hay enemigos declarados en
la prensa contrarrevolucionaria, ¿por qué no se aplica una medida contra dos,
tres o cuatro periódicos? Hoy, para enterarnos de lo que sucede en España,
tenemos que leer la prensa extranjera, porque aquí estamos in albis. No nos
empeñemos: entre el Parlamento actual y la situación real del país va cada día
profundizándose más un verdadero abismo. El Parlamento no representa la
inquietud popular. Hay en el país un movimiento de huelgas que se apaciguaría
con medidas económicas para la clase trabajadora: semana de cuarenta horas,
salario mínimo, trabajo para los obreros parados. Hay también en el país una
situación prefacista innegable. Para destruirla no
bastan medidas coercitivas, sino que hay que aplicar medidas políticas. Un
Gobierno con participación de los partidos obreros, que nacionalice las
tierras, los ferrocarriles, la gran industria, las minas, la Banca. El fascismo
es hoy un peligro real en España y hay que acabar con él.»
«La
situación de España es anómala e intolerable» —opina Cid, en representación de
los agrarios—. Luchas feroces, salvajismo, terror. La fuerza pública ejerce
funciones, más que de protección, la de miembros de la Cruz Roja, pues se
limita a recoger los muertos y heridos para enterrarlos o llevarlos a los
hospitales. Son muchos los gobernadores civiles que no obedecen al ministro de
la Gobernación, los alcaldes que no acatan a los gobernadores, los presidentes
de las Casas del Pueblo que se ríen de los alcaldes y los asociados que
incumplen las órdenes de los presidentes de las Casas del Pueblo y demás
organizaciones. Existe una perfecta anarquía de arriba a abajo. Llevamos cuatro
meses oyendo las promesas que se hacen desde el banco azul de que se va a
mantener el principio de autoridad, y los españoles se siguen cazando unos a
otros.
En el
turno de rectificaciones, Gil Robles hace notar que en el mismo momento en que
el Presidente del Consejo «anunciaba a las Cortes las medidas para contener los
desmanes, en las calles de Madrid se estaban asaltando las tiendas, en
demostración de la eficacia de la política de orden público». En cuanto a que
el Gobierno no sienta necesidad de pedir plenos poderes, El Socialista, del 13
de junio, en su editorial ha dicho: «Preferiríamos, y lo declaramos sin dolor
ni disimulo, que el régimen no tenga que apelar a extremos procedimientos
políticos; pero si no existe otro remedio, sean las fuerzas de la coalición
gobernante las que lo hagan.»
«Hoy se
han pronunciado aquí palabras —prosigue el jefe de la C. E. D. A.— que al no
discriminar responsabilidad individual tienen el valor de una condenación de
instituciones fundamentales del Estado. Donde está el Presidente del Consejo y
el ministro de la Guerra no tiene derecho diputado ninguno a adoptar la defensa
de las instituciones armadas; pero como no lo ha hecho su señoría, yo le digo
que las palabras aquí pronunciadas no pueden quedar como una condenación de los
institutos armados. Todas las responsabilidades hay que ponerlas en claro, así
como las actuaciones: las que tuvieran los gobernantes y los partidos que los
apoyaron; los que estuvieron en los momentos de la represión de Asturias y los
que estuvieron después, los que ordenaron la incoación de los procedimientos
que sigue el Gobierno y los que desde el primer momento se preocuparon de esto
sobre todo otro orden de consideraciones. No rehúyo responsabilidad ni
discusión de ningún género. Vendré aquí con documentos, con resoluciones de los
Tribunales. Eso es lo que hay que traer aquí y estudiar, para que caiga la
responsabilidad sobre quien caiga, pero nunca sobre una colectividad que
estamos todos obligados a defender.»
* * *
Calvo
Sotelo comienza, «en aras de un deber de caballerosidad» y para que
resplandezca la verdad, por desmentir que una señorita cuyo apellido no puede
suscitar el menor rescoldo de odio ni de pasión en ningún buen español —se
refiere a Pilar Primo de Rivera—, «acaudille una organización de delincuentes,
como en este salón se ha dicho». Y ante el vocerío de los frentepopulistas,
Calvo Sotelo exclama: «¿Es que cabe desconocer que muchos de los que se sientan
en los bancos de la mayoría colaboraron con el general Primo de Rivera?»
Dirigiéndose
después a Casares Quiroga, pronuncia estas palabras: «El discurso de su señoría
ha sido la máxima imprudencia que en mucho tiempo haya podido cometerse desde
el banco azul. ¿Imprudente yo porque haya tocado el problema militar y hablado
del desorden militar? Yo, que discrepo del sistema parlamentario democrático,
como tengo una representación con que mis electores me han honrado en los tres
Parlamentos de la República, vengo aquí a decir honradamente lo que pienso y lo
que siento. He dicho, y ahora lo repito, que para mí el Ejército no es en estos
momentos culminantes para la vida de la patria un mero brazo, sino la columna
vertebral. Hoy se desata una furia antimilitarista que tiene sus orígenes en
Rusia y que tiende a minar el prestigio y la eficiencia del Ejército español.
Aquí tengo un recorte de un periódico ministerial, el Mundo Obrero. La censura
ha consentido, sin tocar una tilde, estos dos párrafos: «Han quedado en
Asturias fuerzas de odio, fuerzas del crimen, fuerzas represivas, que tienen el
regusto de los crímenes impunes. Esas mismas fuerzas que, al margen y en contra
de las órdenes que reciben, aún promueven conflictos y cometen atentados y
provocaciones indignantes. Si no se pone remedio a lo que es mal que hay que
cortar de raíz, no podrá el Gobierno quejarse de la falta de asistencia de las
masas.» «El problema de Asturias es especialísimo. Debería comprenderlo el
Gobierno. Allí se ha asesinado por centenares a hombres indefensos. Allí se ha
torturado a la población. Allí se ha robado, se ha incendiado. Ni uno sólo de
los individuos que componían las fuerzas represivas está libre de culpa.
Entonces, ¿por qué han de seguir en Asturias los que en cada momento —y la
prueba es bien reciente— provocan y disparan contra el pueblo cuando se
divierte pacíficamente en una verbena?»
«Esto es
lo que la censura del Gobierno de la República consiente que se publique. Nada
de adulación al Ejército; la defensa del Ejército, ante la embestida que se le
hace y se le dirige en nombre de una civilización contraria a la nuestra y de
otro ejército, el rojo, es en mí obligada. De eso hablaba el señor Largo
Caballero en el mitin de Oviedo, y por las calles de Oviedo, a las veinticuatro
o las cuarenta y ocho horas de la circular de su señoría, que prohíbe ciertos
desfiles y ciertas exhibiciones, han paseado tranquilamente armados y
militarizados, cinco, seis, ocho o diez mil jóvenes milicianos rojos, que al
pasar ante los cuarteles no hacían el saludo fascista, que a su señoría le
parece tan vitando, pero sí hacían el saludo comunista, con el puño en alto, y
gritaban: «¡Viva el Ejército rojo!» Esos vivas quieren ser, quizá, una añagaza
para disimular ciertas perspectivas sombrías sobre lo que serían las
instituciones militares actuales en el supuesto de que triunfase la doctrina
comunista.»
Se ha
hecho silencio. Calvo Sotelo, con acento patético, mejor que pronunciar, parece
esculpir palabras que perpetuará la Historia:
«Yo
tengo, Señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y
pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o
cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos
ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por
notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto,
y, por tanto, no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan
nacer de no sé qué hechos. Bien, señor Casares Quiroga. Lo repito: mis espaldas
son anchas. Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades
que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas,
si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también.
¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey
castellano: «Señor, la vida podéis quitarme; pero más no podéis.» Y es
preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. Pero, a mi vez, invito al
señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente, si no
ante Dios, puesto que es laico, ante su conciencia, puesto que es hombre de
honor: estrechamente, día a día, hora a hora, por lo que hace, por lo que dice,
por lo que calla. Piense que en sus manos están los destinos de España, y yo
pido a Dios que no sean trágicos. Mida su señoría sus responsabilidades, repase
la Historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y
sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima
en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría. Fueron Kerensky y Karoly. Kerensky fue la
inconsciencia; Karoly, la traición a toda una
civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky,
porque no es inconsciente, tiene plena conciencia de lo que dice, de lo que
calla y de lo que piensa. Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás
a Karoly.»
Todo
parecía dicho: las últimas palabras de Calvo Sotelo tenían un temblor trágico,
como si al pronunciarlas presintiese su dramático destino.
En nombre
de los socialistas, De Francisco vuelve a justificar los actos de violencia,
como consecuencia de la desesperación de las masas, enfurecidas por el proceder
de los patronos. «Si la situación que se creara por esos manejos fuese de tal
gravedad que significara un serio peligro, antes de facilitar triunfos al
enemigo, estamos dispuestos a la concesión de los plenos poderes y lo que
fuera.»
Para
cerrar el debate, un grupo de diputados de la mayoría propone un voto de
confianza al Gobierno. Lo defiende Marcelino Domingo. «La situación actual del
orden público —dice— es una herencia de otro régimen y de otros Gobiernos.»
«Más grave ha sido la situación de España en 1909, en 1917, en 1921 y en 1923.
Nunca, en ningún país, se ha producido con tanta elegancia un cambio de
régimen. Fueron las derechas las que crearon la perturbación y el desorden
público dentro de la República. Queremos autoridad ágil, dinámica y legal. Ésta
es la autoridad que vemos en el Gobierno que se sienta en el banco azul.» El
voto de confianza obtiene 207 sufragios.
* * *
Las
Cortes dan señales a partir de este momento de una gran desgana. Empieza a
discutirse (17 de junio) el proyecto de ley sobre nombramiento de funcionarios
para los cargos de Justicia municipal, encaminado a «republicanizar la
justicia». El artículo primero deroga la ley de 27 de junio de 1934, que
modificó la forma de designación de jueces y fiscales municipales. Como resaca
del debate sobre el orden público y con referencia a los sucesos motivados por
la huelga de marinos, Gil Robles aporta testimonios de la prensa inglesa. El Lloyd's List and Shipping Gacette, el Times,
el Manchester Guardian y el Daily Herald, con información de los motines promovidos por los marinos
huelguistas del buque Gorbea Mendi y otros cuatro
barcos españoles más en el puerto de Workington, que
motivaron la ocupación de los buques por la Policía inglesa y su traslado a
otro puerto.
«Lo grave
—exclama Gil Robles— es que nuestro estado de violencia tenga manifestaciones
ruidosas en el extranjero y obligue a medidas que no son corrientes contra los
barcos de ningún país.» El ministro de Estado, en respuesta, da a conocer la
versión oficial, que difiere de la facilitada por el jefe de la C. E. D. A.
«Esos grandes diarios citados por el señor Gil Robles y otros de muchísima más
autoridad — exclama el ministro— han hecho en torno a las cosas de España, y
tomando por base episodios tristísimos, una campaña de tal exageración que yo
he sentido el latigazo de la indignación y del rubor por las mentiras, las
maldades e insidias publicadas. El informe del cónsul español en Newclastle explica que las tripulaciones se adueñaron de
los barcos, sin que los capitanes y oficiales ejercieran mando; que la policía
irrumpió en los buques y con el auxilio de marinos ingleses los sacaron del
puerto de Workington, para llevarlos a Barrow, debido
a las pequeñas dimensiones del primero.» «Ni el prestigio de España ha padecido
—concluye el ministro de Estado—, ni la conducta de esos ciudadanos españoles
lo ha comprometido. No puedo condenar actos que son absolutamente lícitos.»
Estima
Gil Robles que los despachos del cónsul no hacen sino reconocer la exactitud
de las informaciones de los periódicos. La prensa extranjera ha hecho a España
objeto de campañas calumniosas. «Hace muchos años —agrega el jefe de la C. E.
D. A.— España es víctima de esos ataques, contra los cuales toda condenación me
parece poca. Contra ellos levanto mi voz, y de la misma manera contra los
corresponsales que vienen a España amparados en la hidalga hospitalidad
española, para lanzar desde aquí informaciones que nos desprestigian. Pero
ahora no se trata de nada de eso. Se trata de informaciones de sucesos locales,
que los despachos del cónsul español reconoce ciertos.»
* * *
Calvo
Sotelo da lectura (18 de junio) al telegrama que le ha dirigido el gobernador
civil de Oviedo, con motivo de su última intervención en el Parlamento,
concebido en los siguientes términos: «Sólo un atolondrado o un inconsciente
puede decir lo que usted de Asturias y de mi persona. En esta provincia, hasta
ahora, el orden sólo lo perturban gentes que simpatizan u obedecen a usted o
sus afines. Aquí el único anarquista peligroso es usted: no sé si con fajín de
Valencia o con casaca de secretario; pero, eso sí, bien harto de bazofia,
mientras la gente roja o azul sufre de hambre a consecuencia de la ruina
nacional por usted perpetrada y de la que todavía no le han ajustado las
debidas cuentas. Una carcajada habrá sonado entre los que conocen su fantasía
epiléptica. Puede usted venir a visitar Asturias, incluso con un cartel en la
espalda, en la seguridad de que nadie le molestará. Lo que no conseguirá,
porque le faltan condiciones de aptitud política, es engañar al país y
especular con su miseria, por muchos gritos que dé en el Congreso, tratando de
tergiversar las cosas con declarada mixtificación de la realidad.»
El
telegrama es oficial, y está publicado en periódicos izquierdistas. «El asunto
—dice Calvo Sotelo— afecta a la dignidad de la investidura parlamentaria y del
poder público.» «En principio —responde el presidente de la Cámara—, ese
telegrama es apócrifo.» Hará las oportunas gestiones para saber el juicio que
le merece al Gobierno. Mas como pasan días sin que nada se aclare, Ventosa
pregunta al presidente de las Cortes (23 de junio) el resultado de sus
averiguaciones, «pues es cuestión que afecta a todos los diputados». Muchos
diarios izquierdistas han publicado el telegrama, con la advertencia de haberlo
recibido del propio gobernador de Oviedo. «¿Qué han hecho el Gobierno y el
presidente de la Cámara — pregunta Ventosa—, en presencia de un hecho delictivo,
que constituye un atentado al fuero parlamentario y a la inmunidad y a las
prerrogativas de los diputados?» Insiste el presidente de la Cámara en que el
telegrama no fue puesto por quien aparece como firmante, y el ministro de la Gobernación,
sin entrar en el asunto, por miedo, sin duda, a enfrentarse con autoridad
respaldada por las organizaciones marxistas, se limita a decir que el
gobernador de Oviedo, «al ver que alrededor de su persona y de una supuesta
actitud, se querían adoptar ciertas posiciones, había presentado la dimisión».
«La
defensa de los fueros parlamentarios fue desatendida durante el anterior
bienio», recuerda el diputado socialista Crescenciano Bilbao, y argumenta con
lo que le ocurrió a él y a otro diputado socialista, Tirado, el año 1934, a
raíz de los sucesos de octubre: detenidos primero por la policía portuguesa y
después encarcelados en España, nadie salió entonces en defensa de la inmunidad
parlamentaria.
La
política del Gobierno en Canarias es tema de discusión, que se prolonga durante
varias sesiones, como asunto principalísimo a falta de otros de más importancia
que recaben la atención de la Cámara, lánguida y desanimada.
* * *
Al
iniciarse la sesión del día 23 de junio, un secretario da lectura a la
siguiente expresiva comunicación del ministro de la Guerra, en relación con un
ruego formulado por el diputado Ángel Pestaña:
«El
comandante militar de Asturias, el 26 de marzo, ordenó al coronel del
regimiento número 40 que se trasladase a Sama de Langreo para practicar una
información, junto con el denunciante, concejal del Ayuntamiento, don Daniel
Gutiérrez, quien no había sido testigo de los hechos, y caballerosamente hizo
presente al coronel que se daba por satisfecho con saber que se corregirían.»
La referencia de lo ocurrido es la siguiente:
«En un
chigre próximo al puente que une a Sama con La Felguera entraron cinco cabos
seguidos de un grupo que los acosaba con el grito de «¡U. H. P.!», ante la
reiteración del cual se volvieron rápidamente, y a este movimiento los del
grupo retrocedieron y empezaron a gritar: «¡Viva Rusia!». Los cabos
contestaron: «¡Viva España!», y alternativamente el grupo y los cabos gritaron:
«¡Viva el Ejército rojo!», «¡Viva el Ejército español!», «¡Muera la religión!»
y «¡Viva Cristo Rey!». Los cinco cabos fueron amonestados y se les ordenó que
en lo sucesivo se abstuvieran de proferir gritos y se limitaran a dar cuenta de
lo que ocurriera a la superioridad.»
Con una
propuesta de acusación contra los ex ministros Salazar Alonso y Vaquero,
firmada por diputados pertenecientes a todos los grupos del Frente Popular, se
plantea ante las Cortes (24 de junio) el asunto del straperlo.
El diputado Nougués exhuma la información realizada
por la Comisión parlamentaria de la anterior legislatura que investigó sobre
este embrollado negocio. Pide el nombramiento de una Comisión parlamentaria
para que formule la acusación contra el ministro de la Gobernación, Salazar
Alonso, que contrajo responsabilidades penales. Así se acuerda. Guerra del Río
deplora que las Cortes españolas continúen su lamentable historia de acusar
cada una de ellas a los adversarios caídos, aun a sabiendas, como en este caso,
de la inocencia del acusado. «¡Seguid — exclama— explotando el straperlo!» Se consumen las sesiones en aburridos debates:
la política del Gobierno en Canarias, el examen de la reforma de la ley de
Propiedad intelectual, y en ruegos y preguntas, casi todos relacionados con los
problemas del paro y los conflictos laborales.
Al
sindicalista Pestaña le subleva la falta de eficacia de las Cortes y reclama su
clausura (24 de junio). «Yo he venido aquí creyendo que se iba a legislar en
favor del país, y resulta que nos pasamos las tardes discurriendo por los
pasillos, yendo al bar o paseándonos por España, mientras el pueblo perece
lentamente en la miseria, en la desgana y en la injusticia.» «Mientras perdemos
así el tiempo, el pueblo, además de no ver la justicia por ninguna parte,
presencia una descomposición absoluta en todos los órganos del Poder.» «La
anarquía, de que tanto se habla, nace aquí, en el Parlamento, se extiende y
propaga por todo el país y va corroyendo a los órganos que deben representar a
la opinión pública.»
«Si no se
cree en la utilidad de la democracia y del parlamentarismo, dígase francamente,
y pasemos a ensayar otros procedimientos de gobierno que permitan, por lo
menos, que en España se pueda trabajar y vivir con tranquilidad; porque hoy ni
se trabaja, ni se tiene tranquilidad de espíritu, ni arriba ni abajo, ni dentro
ni fuera, ni en ninguna parte. No hay en absoluto tranquilidad alguna en la
vida económica y social de España. Si continuamos como hasta ahora, la
situación de España cada día será más grave, el descrédito de nuestras
instituciones será mayor, y yo me pregunto: ¿Con qué autoridad volveríamos
mañana a intervenir en la vida pública y a pedir el voto a las gentes, sin
haber hecho absolutamente nada?» «Me duele el corazón tener que proclamar que
habiendo venido aquí, como otros, a hacer algo, ante la imposibilidad de hacer
nada, si esto continúa así, volveré otra vez a la calle a decir a mis amigos:
Teníais razón; aquello no vale para nada.»
Un
proyecto de ley, presentado a las Cortes (25 de junio) concede al presupuesto
del Ministerio de Hacienda 108 millones de pesetas para invertirlos en los
gastos que origine la intervención en el cambio de moneda extranjera. «El
Centro de Contratación de Moneda —advierte el ministro de Hacienda— está
desorganizado y no puede controlar ni las exportaciones ni las importaciones.
Los créditos que se piden son para premiar a los exportadores que aporten al
Centro las divisas que reciban por ventas.» Operación inconveniente e
inaceptable, a juicio de Ventosa, desde el punto de vista legal; ineficaz, en
el orden económico, sin precedentes en la legislación de ningún país del mundo
y perturbadora del régimen de cambios. «Aunque no se le dé el nombre, esto —afirma Chapaprieta— es una devaluación de la peseta. En
virtud de lo que se propone, se crean tres tipos de cambios: el oficial, el de
los exportadores y el del mercado libre. El Gobierno debe tener el valor de
decirlo.» Por mayoría quedó aprobado el proyecto.
* * *
La
amnistía se concedió por decreto a raíz de las elecciones de febrero. Un
dictamen de la Comisión de Justicia ratificaba el decreto por ley y a la vez
proponía la ampliación de los delitos que debían ser amnistiados. Pretendían
las oposiciones que se utilizara esta ratificación para variar la fecha tope
del decreto, en el sentido de que no se limitara al 21 de febrero de 1936, con
lo cual no se favorecería a los innumerables detenidos y encausados durante las
primeras semanas del Frente Popular. Aboga tenazmente por la ampliación de
fechas el cedista Cimas Leal, y por su parte el
sindicalista Pabón (Benito) pide la extensión de la amnistía, como se ofreció
en el pacto electoral, «incluso para los presos por delitos comunes». «El
ejemplo que nos dieron en las Cortes anteriores —replica Jiménez de Asúa—,
deshaciéndolo todo, no es el que nos puede dar ahora serenidad, ni a las
derechas autoridad, para decirnos que en tal o cual artículo se ha extravasado
un tanto el concepto de la técnica. La ley amplía el concepto y los delitos meramente
políticos que se comprenden en la amnistía.»
El
socialista Rufilanchas, de la Comisión de Justicia,
es más concreto al definir el criterio del Frente Popular y del Gobierno sobre
la materia: «¿Amnistía para vosotros? ¡Si precisamente en el pacto del Frente
Popular se dice lo contrario! Si la amnistía se refiriera a vosotros, habríamos
introducido el primer elemento de fracaso en toda la política del Frente
Popular. El propio Gobierno ha proclamado que es beligerante frente al
fascismo, y en la acepción del «fascismo» se comprende a los que actúan y coadyuvan
y promueven una actitud de rebeldía contra la República: no es posible, pues,
que un Gobierno del Frente Popular vaya ahora a perdonar a quienes desean dar
muerte a la República y a quienes la representan. No habrá amnistía para los
elementos que se oponen a cuanto significa el Frente Popular.»
Insiste
en reclamar ampliación el cedista Guerra. Las
cárceles —afirma— están abarrotadas de detenidos políticos por causas
arbitrarias, a los cuales se les da un trato de delincuentes comunes. En la
Dirección General de Seguridad proceden, como según nos cuentan ocurre, en la
Checa rusa. ¿Cómo no se republicaniza la justicia? El ministro ha presentado un
proyecto creando Tribunales especiales, en los cuales las reglas de
procedimiento derogan los principios de justicia normal y los derechos de
defensa; en el proyecto figuran seis secciones especiales para los delitos
terroristas y se concede a los magistrados libremente designados por el
Gobierno que formen parte de ellas, una gratificación de 12.000 pesetas,
magistrados a quienes se les conoce ya en el Palacio de Justicia con el
remoquete de «magistrados del Tercio». «Lo que nos traéis —decía Guerra — no es
una amnistía, sino un indulto disfrazado y, por tanto, anticonstitucional.» El
diputado recordaba unas palabras de Cristino Martos en 1840: «Cuando una
opinión, cuando una aspiración, encuentra cerradas las puertas de la legalidad,
y, lo que es más todavía, los accesos o caminos que conducen a la salvación de
la patria, ¡ah!, entonces es natural, y ha sucedido siempre, que procuren abrir
esos accesos y forzar esas puertas por la acción desesperada de la violencia.»
Modificación de la fecha tope piden inútilmente otros diputados (30 de junio).
Ni el ministro de Justicia, «que con dolor ante la delincuencia, pero
cumpliendo un deber, no se aviene a que se altere el proyecto», ni Rufilanchas, que, más explícito, repite: «¿Amnistía para
las derechas? En la misma base del acuerdo del Frente Popular en que se dice
que se concederá por ley amplia amnistía a los delincuentes político-sociales,
se dice también que se exigirá responsabilidad a los que intervinieron en la
represión de octubre, y los que se han llenado de responsabilidad al reprimir
ese movimiento habéis sido precisamente vosotros. Si hemos de interpretar el
triunfo electoral del 16 de febrero, habrá amnistía para los hombres del Frente
Popular; pero no habrá jamás amnistía para las fuerzas políticas que sus
señorías representan.»
«Vais a
hipotecar la libertad de amigos vuestros detenidos —afirma el cedista Requejo— a la pasión de no abrir la cárcel a José
Antonio Primo de Rivera y a sus amigos de Falange.» Por conveniencia política,
a juicio del sindicalista Pabón, el Gobierno debería ampliar el plazo. «Creéis
que estáis acabando con el enemigo y lo que hacéis es abonar la tierra del
contrario.» El diputado monárquico independiente Albiñana ha leído en el diario
Claridad la siguiente noticia: «Una delegación de viudas y mutilados han
venido de Asturias para visitar las embajadas de Brasil y Alemania para
expresar los deseos del pueblo asturiano de que los antifascistas Prestes y Thaelmann sean libertados.» «¿Por qué os condoléis de esas
persecuciones —pregunta Albiñana— a miles de leguas de España y en cambio no
reparáis en los que perseguís en vuestra misma nación? Proclamo —añade— mi
solidaridad con esos valientes encarcelados, porque levantan el brazo al grito
de «¡Arriba España!». Un gran griterío de indignación de la mayoría subraya
estas palabras.
* * *
En virtud
del proyecto de ley de rescate y adquisición de bienes comunales, sometido a
examen de las Cortes, los Municipios, entidades locales menores o sus
Asociaciones y Mancomunidades, así como las Agrupaciones intermunicipales,
rescatarán o podrán readquirir, según los casos, las fincas rústicas y los
derechos reales impuestos sobre las mismas que les hayan pertenecido en
propiedad, posesión o aprovechamiento con posterioridad al primero de mayo de
1855 y asimismo las fincas y derechos que, aunque no les perteneciesen ya en
dicha fecha, hubiesen sido en cualquier época objeto de pleitos o reclamaciones
judiciales o administrativas que consten de modo fehaciente referentes a su
dominio, posesión o aprovechamiento por parte de las entidades municipales o
vecinales. Se exceptúan del rescate y de la readquisición los censos, foros y
gravámenes de análoga naturaleza que hayan sido extinguidos o redimidos antes
de la publicación de la ley. El Parlamento simultanea la discusión de este
proyecto con otro que prorroga para el tercer trimestre del año los
presupuestos generales del Estado aprobados para el año 1935. Ha habido tiempo
más que suficiente para traer un presupuesto, opina Chapaprieta.
Además, todos los días se solicita la concesión de créditos extraordinarios por
más de cien millones en cuatro meses. ¿Es que va a perdurar este sistema de que
haya dos presupuestos: uno oficial, y otro que se vota paulatinamente por
concesión de créditos extraordinarios? Por otra parte, en los cinco primeros
meses de este año la baja en la recaudaciones de nueve millones de pesetas. No
hay posibilidad de reconstruir económicamente un país, cuando su Hacienda está
en quiebra. El pretexto de un precedente desordenado y caótico no sirve. Con mi
gestión, dice Chapaprieta, el déficit quedó reducido
a 416 millones de pesetas. En cuanto a los ingresos, dejamos una situación
próspera. «La recaudación del año 1935 ha sido la más alta registrada en el
Presupuesto español. En ocho meses logré un aumento de 250 millones de pesetas
y sin que se produjera un solo recurso.» Logré que el interior se cotizase
alrededor del 83 por 100 y hoy se cotiza a 73. He hecho cuatro conversiones en
masa, dos de ellas de aproximadamente 1.000 millones cada una, sin prima de un
solo entero. El ahorro nacional en las Cajas de esta clase llegó a 500
millones, casi duplicando la cifra del ejercicio de 1933. Con mi Ley de
Restricciones disminuía la burocracia, que se lleva el 40 por 100 del
Presupuesto. La Ley de Restricciones mejoraba la situación de los empleados
modestos y cortaba el sistema vicioso de las Cajas especiales, nuevos
presupuestos laterales del general del Estado, que han servido para las
mayores concupiscencias. En un solo día se suprimieron 300 automóviles
oficiales, «esos célebres automóviles que utiliza el funcionario, la familia y
hasta sus domésticos». Como consecuencia de esa política se preparaba un
presupuesto para el 1936 en el cual se reducía el déficit a 148 millones, y al
año siguiente estaría nivelado si no se saldaba con superávit. El ministro de
Hacienda insiste en que el problema de las finanzas era gravísimo cuando Chapaprieta dejó el mando, y «lo es hoy para nosotros».
Pero el Gobierno está decidido a podar todo lo superfluo, a reforzar los
tributos y a conseguir una disminución del déficit. No tiene el Gobierno
interés en hacer una política de inflación, ni en forzar la recaudación sino en
momentos de sazón y oportunidad, no sólo por razones de conveniencia
tributaria, sino, principalmente, por razones de interés social.
Nadie
creía en semejantes promesas. El gobierno del Frente Popular carecía de
soluciones para implantar una economía sana y estable sobre un suelo en plena
erupción anárquica.
CAPÍTULO 88.EL PARTIDO SOCIALISTA DESGARRADO POR LUCHAS INTERNAS
FURIOSA
POLÉMICA ENTRE «EL SOCIALISTA», ORIENTADO POR PRIETO, Y «CLARIDAD», PORTAVOZ DE
LARGO CABALLERO. — «LOS REPETIDOS ERRORES DE LARGO CABALLERO DICE «EL
SOCIALISTA»— SON CONSECUENCIA DE SU INCAPACIDAD CONGÉNITA». «UNA REVOLUCIÓN
TRIUNFANTE SIGNIFICARÍA LA GUERRA CIVIL ENTRE LOS TRABAJADORES». — LOS
PARTIDARIOS DE LARGO CABALLERO OBLIGAN A ENMUDECER A PRIETO Y GONZÁLEZ PEÑA EN
EJEA DE LOS CABALLEROS. — LA POPULARIDAD E INFLUENCIA DE LARGO CABALLERO VAN EN
AUMENTO. — ALARDES DE LAS MILICIAS MARXISTAS. — «RECLAMAMOS RESPONSABILIDAD
—ESCRIBE «EL SOCIALISTA»— PORQUE NO NOS HEMOS PROPUESTO NEGAR AL ESTADO NI
SOCIALIZAR LA MISERIA». — LARGO CABALLERO EN ZARAGOZA ADMITE LOS ACTOS DE
VIOLENCIA «CUANDO SON NECESARIOS». —PRIETO, GONZÁLEZ PEÑA Y BELARMINO TOMÁS
HUYEN DE ÉCIJA, PERSEGUIDOS A PEDRADAS Y TIROS. — ES NECESARIO Y MUY URGENTE
ACELERAR LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO ROJO, DICE LARGO CABALLERO EN OVIEDO. —
AL REAPARECER EL DIARIO MARXISTA «AVANCE», DE OVIEDO, EXPLICA CÓMO Y PARA QUÉ
SE INSURRECCIONARON LOS MINEROS. — LA POLÉMICA ENTRE LOS PERIÓDICOS SOCIALISTAS
DEGENERA EN FEROZ DISCUSIÓN PERSONAL. — «VEO CÓMO SE DEBILITA EL RÉGIMEN
REPUBLICANO Y SE CUARTEAN SUS PIEDRAS ANGULARES» (PRIETO). — PLANES PARA LA
INSTAURACIÓN DE LA DICTADURA DEL PROLETARIADO. — OPINIÓN SOBRE LA AUTENTICIDAD
DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A DICHOS PLANES.
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