CAPÍTULO 86.

TODAS LAS REGIONES RECLAMAN LA AUTONOMÍA

La insistencia con que los parlamentarios de derechas y otros, como Prieto, del bando opuesto, hablan de la imposibilidad de una política gubernamental ordenada y coherente, se basa en el huracán anárquico que azota al país sin que se advierta propósito ni poder que lo frene y contenga. En Asturias, jefes y oficiales del Ejército y los guardias de Asalto son objeto de continuos ultrajes y humillaciones. Los marxistas no les perdonan su participación en la revolución de Octubre. Su presencia les irrita y el conflicto surge por cualquier motivo. Durante una verbena en Oviedo (23 de mayo) se produce una reyerta y al intervenir los guardias se ven acosados por las turbas. Al día siguiente se reproducen los desórdenes, esta vez con intenso tiroteo, del que resultan heridos un guardia y veintidós marxistas. Estalla la indignación de los revolucionarios. Convocado el Ayuntamiento en sesión extraordinaria (25 de mayo), el concejal de Izquierda Republicana, Enrique Fernández, propone y se acuerda solicitar del Gobierno «la inmediata destitución de los jefes y oficiales que mandaban las fuerzas de Asalto el día de los sucesos; el encarcelamiento de los mismos y de cuantos individuos de la misma Fuerza hayan tenido participación en dichos sucesos». El concejal comunista, Ramón Rozas, amplía estas peticiones con otra encaminada a que las milicias obreras y campesinas se encarguen de la defensa del orden de la ciudad. Refrendan estas exigencias las organizaciones obreras con la declaración de una huelga general. El Gobierno, diligente, se adelanta a los deseos de los revolucionarios. Designa un Tribunal presidido por el teniente coronel Sánchez Plaza para juzgar la conducta de los inculpados y dispone la baja en el Cuerpo de Asalto del capitán Cabello y de los tenientes Vidal, Beltrán, Rodríguez Cabeza y Paneda, más el traslado de otros tres oficiales. Cuando el presidente del Tribunal abandona la Sala de Justicia, llena de marxistas, saluda puño en alto. El capítulo de humillaciones para la fuerza pública tiene como corolario la autorización a unos delegados de las milicias marxistas para que descubran entre los guardias formados en el patio del Cuartel, a los que dispararon. Engreídos y envalentonados como en ninguna otra provincia se manifiestan los marxistas de Asturias. Actúan con plena autonomía, como vencedores y proclaman que el poder que demostraron en Octubre de 1934 ha acrecido y se ha multiplicado.

De mucha gravedad son los hechos que acaecen en Yeste (Albacete). Obreros sin trabajo, que son la mayoría de la localidad, se dedican a la tala de árboles y a la roturación de los montes del Estado o de particulares, indistintamente, alentados por la Casa del Pueblo y los gestores municipales. En la aldea de Graña cortan unos seis mil pinos y para contener el estrago son enviados un alférez de la Guardia Civil con veinticinco números. El oficial, el presidente y dos miembros de la Gestora tratan de disuadir a los taladores, pero éstos, apoyados por vecinos de aldeas limítrofes, pretenden continuar su destructora tarea; la disputa se agria y degenera en colisión. Los guardias buscan refugio en la Casa Cuartel y retienen con ellos a seis revoltosos. Al día siguiente (27 de mayo) proyectan los guardias trasladar a Yeste a los detenidos, pero sabedor el alcalde de que se han concentrado centenares de vecinos para rescatarlos, propone al alférez que los deje en libertad, para evitar mayores conflictos. Accede aquél y emprende con la fuerza el regreso a Yeste. Cuando cruzan un camino en pleno monte, unos tres mil vecinos que se hallan al acecho en los vericuetos y entre los barrancos de Fuensanta y Cerecera, los acometen. La lucha se prolonga durante tres horas. Un guardia resulta muerto a hachazos y catorce heridos. Los agresores sufren diecinueve muertos y treinta y ocho heridos.

Los sucesos de Yeste desencadenan una furiosa campaña de los periódicos revolucionarios contra la Guardia Civil, cuya disolución se pide en términos conminatorios. Al ministro de la Gobernación, Moles, le reprocha aquella Prensa su poca afinidad con el espíritu y los compromisos del Frente Popular.

Conforme avanza el mes de mayo, se advierte que la agitación adquiere un carácter predominantemente social y su arma es la huelga. Proliferan los conflictos en toda España hasta constituir una plaga. Patronos y propietarios de tierras y fábricas abandonan los pueblos y se refugian en las ciudades. En la segunda quincena de mayo se calcula según estadísticas del Ministerio de Trabajo en ochocientos mil los obreros en paro forzoso. El gobernador de Málaga cifra en 80.000 los obreros sin trabajo en su provincia y el de Murcia en 42.000. La paralización se propaga como un mal infeccioso. Las huelgas son organizadas indistintamente por las asociaciones sindicales o por el partido comunista, pero la C. N. T, lleva la supremacía. «Más que las conquistas de orden económico —explica Solidaridad Obrera— nos interesan las conquistas de orden social y el reconocimiento de nuestro poder.»

Los esfuerzos y reconvenciones de Prieto y sus partidarios contra este desenfreno resultan vanos. En un homenaje a las mujeres socialistas celebrado en el teatro Albia de Bilbao (24 de mayo), González Peña dice: «Un motín lo hace cualquiera. Una revolución es obra larga y requiere preparación y experiencia. Si hoy podemos hacer desde la Gaceta, lo que ayer tratamos de hacer con los fusiles, ¿por qué no hacerlo?» Y Prieto más contundente asegura: «Declararse hoy optimista sería criminal engaño. El porvenir político de España está pendiente de un hilo. La política agraria que se está realizando es una locura: los asentamientos fracasarán completamente. Las aspiraciones del proletariado tienen un tope, el punto de elasticidad de la economía capitalista. Estamos en la administración de la victoria. Ahora, rotos muchos diques de la resistencia gubernamental que llegó a espasmos histéricos después de octubre, gentes nuestras se sienten de una valentía que muchas veces, oídlo bien, se confunden fácilmente con la locura. Y así se destruyen todas las disciplinas Junto a los evidentísimos quebrantos de la disciplina en los propios institutos armados del Estado, vemos también quebrantada la disciplina de las organizaciones obreras, a las que va faltando el control de la responsabilidad directiva. Y consecuencia de eso, fuera del área sindical, que tiene también sus jerarquías, que han sido instituidas por la masa, grupos de insolventes, cuando no osados, y siempre de irreflexivos, lanzan a las masas a movimientos que impulsados por la ceguera, no pueden tener más que soluciones catastróficas.» Y Prieto añade: «Cuando las aspiraciones del proletariado en la consecución de mejoras desbordan la capacidad de la economía capitalista, esas aspiraciones están condenadas al fracaso y en vez de servir para aumentar la capacidad de compras del obrero y acrecer su bienestar, producen la contracción y con la contracción a veces el colapso... ¿Que la causa de esos trabajadores es justa? Justísima. Mas la justicia no puede ser el registrador único de las aspiraciones obreras mientras subsista el actual sistema económico. Entiéndase bien, aunque en muchos oídos suene esto a herejía: no basta la justicia, es necesario la posibilidad. Y en cuanto la posibilidad se rebase, muere en flor toda aspiración, por grande que sea la justicia. Si originamos en los productos españoles una carestía en su coste que los aleje del campo de la competencia, el resultado será profundamente dañoso no sólo para la economía capitalista, que esto a un socialista le podría interesar poco o nada, sino para los propios obreros.»

El mismo amargo pesimismo destila la pluma del líder socialista: «He comenzado a pensar en serio, muy en serio —escribe en El Liberal de Bilbao (9 de mayo) — si no seré, por el rumbo que he dado a mis energías, un perfecto imbécil. Me entran ganas de echarlo todo a rodar, para verme libre de este engranaje político que me tortura, e irme en busca de paz, que para mí es puro ensueño, porque jamás logré alcanzarla.» Y pocos días después (25 de mayo) insiste en el mismo periódico: «Me embarga la pesadumbre y no podría ni quiero ocultarlo, porque es tan grande que no admite disimulo. Veo al partido socialista, eje de las izquierdas españolas, caminar hacia la escisión. Veo a la U. G. T. caminar en varios sitios a remolque de la C. N. T., sometida por procedimientos terroristas que constituyen el método de lucha de los anarco-sindicalistas, sin que nadie en cumplimiento de sus estrictos deberes se atreva a dar el pecho para contener ese dominio que ha de ser funesto para la clase trabajadora... Veo, en fin, cómo se debilita el régimen republicano al cuartearse sus piedras angulares.»

«Tocamos las consecuencias —escribe El Socialista (27 de mayo) — de cuantas campañas demagógicas puerilmente revolucionarias han hecho los que por una u otra causa creyeron que del caos pudiera resultar cosa distinta que la confusión y la oscuridad. Pero ahora viene el ataque a la autoridad, indiscutible hasta ahora en las masas obreras de la U. G. T., la aminoración de cuya autoridad se hace visible a través de los propios conflictos obreros.» El marxista Ramos Oliveira opina: «Desde las columnas de Claridad se infundía al proletariado un optimismo revolucionario injustificado y temerario.»

Solidaridad Obrera llama la atención de los huelguistas para que la solución de los conflictos no sea a costa de alterar los precios del consumidor. «Hay que reivindicar —escribe— la obtención de un nivel de vida más alto para los productores, pero sin tolerar que el gasto corra a cargo de los consumidores. De lo contrario no se obtiene ninguna ventaja y será el caso de examinar serenamente si hay que plantear huelgas o si, por el contrario, hay que sostener los actuales salarios y propiciar la reducción de las subsistencias y de los alquileres.»

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Pero es ya tarde para tales reflexiones. El estruendo de la riada revolucionaria, que avanza vertiginosa, no permite oír palabras razonables Muchos correligionarios de Prieto comparten su pesimismo. Están convencidos de que la agitación política y social lleva a la catástrofe. En la redacción de El Socialista se reúnen (21 de mayo) los diputados identificados con Prieto. Son cuarenta y siete. No llega a la mitad de los componentes de la minoría socialista. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la U. G. T., que en su mayoría sigue las orientaciones de Largo Caballero, recuerda (22 de mayo) a las asociaciones obreras adscritas a la Unión, la obligación de no declarar ninguna huelga sin previa consulta y autorización de las Federaciones respectivas. La amonestación cae en el vacío. No se distingue si quienes imponen las huelgas son de la C. N. T., de la U. G. T. o comunistas. Unas son generales y otras se circunscriben a un gremio o rama de la producción. Algunas se complementan con la incautación de fábricas y talleres o máquinas de producción, como sucede con los tranvías de Úbeda, o la ocupación de la mina en Pueblo Nuevo del Terrible y en Escucha (Teruel), donde el empresario es juzgado por un Tribunal constituido por los obreros. Hasta los toreros, caso insólito, se declaran en huelga por negarse a alternar con diestros mejicanos y el día de San Isidro (15 de mayo) Madrid no celebra corrida. La huelga de los marinos mercantes (3 de mayo) tiene paralizada toda la navegación de cabotaje y con el exterior. El sarpullido de huelgas generales alcanza a Málaga, Teruel, Cuenca, Vigo, Orense, Cádiz, León, Andújar, Zamora, Yecla, Santander, Antequera, Estepa, Bailón y Oviedo. No hay ciudad ni pueblo de alguna importancia que se vea libre de conflictos sociales, que a veces van acompañados de incendios, disturbios, crímenes y desafueros, como el que comete el Ayuntamiento de Yecla, incautándose de la Basílica de la Purísima, única iglesia intacta, para convertirla en mercado.

Cualquier partido o asociación sindical decreta por sí y ante sí una huelga, sin respetar la autoridad de la organización a que pertenecen. Sin embargo, en las grandes ciudades y de modo singular en Madrid, Barcelona y Zaragoza, la hegemonía absoluta en los movimientos sociales la ejerce la C. N. T. que no consiente ser discutida. Porque el patrono de un café de Madrid se niega a despedir a un camarero admitido durante la revolución de 1934, se ordena la huelga de camareros (26 de mayo). La U. G. T. se opone y la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo afirma en una nota (30 de mayo) que «controla la fuerza sindical de Madrid». Recomienda a las organizaciones de la U. G. T. «que no secunden ningún movimiento de carácter general mientras no lo acuerden los organismos responsables». La C. N. T., en respuesta, rompe sus relaciones con la U. G. T. y los anarco-sindicalistas apelan a las bombas que estallan en los cafés y bares que abren sus puertas. El Director General de Seguridad, Alonso Mallol, clausura los centros de la C. N. T. y detiene a los directivos del Sindicato Único de camareros. Los perseguidos, en respuesta, decretan la huelga de cerveceros. A la vez, el Sindicato Único de la Construcción de Madrid, que ha presentado unas bases de aumento de salario y reducción de horas de trabajo, entre las que incluyen «aquellas en que los obreros cumplan sus deberes societarios», ordena la huelga (2 de junio) al conocer la negativa de los patronos. Por contaminación, se suman al paro diversos gremios, a los que directa o indirectamente afecta la construcción, y el día 6 de junio el número de huelguistas se eleva a 80.000.

Ossorio y Gallardo, ardiente panegirista del Frente Popular en su iniciación, analiza el fenómeno de las huelgas en Ahora (2 de junio) en la siguiente forma: «Una cosa es la huelga económica y otra la huelga política. Nadie podrá de buena fe desconocerlo. Se trata de una red de huelgas en todas las localidades, en todos los oficios, por causas graves, por causas nimias o sin causa ninguna, con peticiones discretas o con reclamaciones desorbitadas, desdeñosas de los medios legales, desobedientes a pactos, acuerdos y laudos después de admitirlos; con métodos agresores más que defensivos, con frecuentes extralimitaciones violentas. Político es el caso y como político hay que enjuiciarlo. Lo primero que llama la atención es que esto ocurre cuando las clases proletarias han obtenido un triunfo electoral resonantísimo y si no están gobernando —porque no han querido -, están inspirando al Gobierno y la legislación... Hay prisa para destrozar al Gobierno izquierdista y allanar el triunfo de una política opuesta, durante la cual los gritadores de hoy volverán a callarse.

¿Quién sugiere y provoca esta inquietud? ¿A quién aprovecha? Si lo hacen los sindicalistas, es perfectamente lógico. Una escuela de filiación anarquista partidaria de la acción directa entre los elementos productores, sin mediación alguna del Estado, está en su lugar procurando la destrucción de éste, como está en su lugar el Estado ejercitando su legítima defensa. La lógica es lógica, aunque lleve trilita dentro. Pero, ¿y los partidos socialista y comunista? Su aspiración es un Estado sin clases, encarnado en la dictadura del proletariado, siquiera sea con carácter temporal. Para alcanzar esa finalidad es absurdo destruir el Estado. ¿Hay elementos para hacer la revolución y conservarla? Perfectamente. Hágase la revolución fulminantemente y venga el nuevo sistema. Pero, ¡cuidado, calcúlense los medios mejor que en Octubre! Gran necedad será repetir el fracaso.

Mas aunque fuese seguro el triunfo de la revolución, no se comprendería el actual sistema, que puede destruir poco a poco toda la economía española, con lo cual el día del éxito no sabría la revolución qué “hacer con él. Apoderarse violentamente de un astillero, de una fábrica, de una factoría, se comprende. Pero deshacerlas primero para ocuparlas después es, sencillamente, una vesania: tan absurdo como lo sería que un malhechor se esforzara en provocar la absoluta pobreza de un sujeto para robarle después.

Pensemos en que este ramo de locura pasará... Unas muchedumbres ofuscadas han tomado a pecho destruir el Derecho, la libertad, la toleran­cia, la paz, la riqueza y el ordenamiento del trabajo. Si algún día venciesen, ¿sobre qué ejercitarán su victoria? ¿Cuál sería su activo? El Frente Popular surgió para combatir al fascio. Por el camino que van las cosas no habrá en España más fascio que el engendrado y amamantado por el Frente Popular.»

Ossorio y Gallardo, defensor de todas las causas perdidas de la República, coincide con Calvo Sotelo y Gil Robles en que el desorden anárquico del Frente Popular provocará una reacción de los ciudadanos que no han perdido el instinto de defensa.

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El caos social y político se produce en medio de una desaforada apología de la U. R. S. S. Se exalta el genio y grandeza de Stalin, los maravillosos progresos del sistema comunista, la privilegiada vida de los ciudadanos soviéticos; se dicen excelencias del «paraíso de los trabajadores» y de sus gentes, cuando millones de rusos se pudren en los campos de concentración y el país está inmerso en un baño de sangre con las terribles purgas. Cerca de veinte editoriales subvencionadas por los servicios de propaganda de Moscú inundan el mercado de libros y folletos: novelas del proletariado redimido, descripciones de un nuevo y maravilloso mundo social y técnico, apologías del «homo sovieticus». La Feria del Libro —escribe El Debate (30 de mayo) — «es una barraca rusa». «Desborda literatura política, retratos de Marx, Stalin y Lenin, y todos los días los corifeos de Moscú hacen por los altavoces propaganda comunista.» Brotan, como hongos, revistas de especialidades deportivas, teatrales, cinematográficas, de ateísmo o temas sexuales, encaminadas a apoderarse de la atención de las gentes, para orientarlas a su gusto.

Según datos oficiales del partido, en el verano de 1935 el censo de la prensa comunista era el siguiente: «Nueve periódicos legales y quince ilegales, más dieciocho periódicos de empresa editados por organizaciones del partido. El órgano ilegal del Comité Central, Bandera Roja, alcanza en el verano de 1935 una tirada de 17.000 ejemplares. A partir de febrero de 1936, el número de periódicos comunistas crece al calor de las circunstancias. A la producción de las imprentas indígenas hay que sumar los impresos editados en la U. R. S. S. en castellano, con excelente papel couché y fascinantes ilustraciones en color para divulgar la magnificencia del «Metro» de Moscú, la fortaleza del Ejército rojo, las excelencias geórgicas de los «koljoses», el heroísmo de los «stajanovistas», trabajadores distinguidos por el rendimiento de su labor a destajo, y la imponente grandiosidad de sus complejos industriales. Llegan también películas exaltadoras de las delicias de la vida en la U. R. S. S., «El gran experimento», «La mujer soviética en el trabajo» y otras clásicas de la propaganda comunista; «Octubre», «La canción de la vida», «La tierra del pecado», «Rusia ayer y hoy» y «El acorazado Potemkim.» Aparte de obras de teatro popular y social soviético, representadas con profusión por afiliados de la «Federación del Teatro Obrero», de la «Internacional de Artistas» y de la «Asociación de Artistas Revolucionarios» en el Teatro Español de Madrid una comedia «de la nueva generación estudiantil española» del inspector de enseñanza Alejandro Rodríguez Álvarez, más conocido por su seudónimo de «Alejandro Casona», titulada Nuestra Natacha, hace fortuna y goza de la protección del público. En ella, comenta A B C (8 de febrero), se aborda el tema comunal y la coeducación de los sexos; «ideas rusonianas y utopías comunistas, quedan realizadas con toda felicidad».

Vienen a España emisarios de Moscú y marchan a la U. R. S. S. representantes de sociedades proletarias y dirigentes socialistas. Como emisarios de un mundo mágico son acogidos con alborozo en los medios comunistas y recibidos en el Ateneo (25 de mayo) los intelectuales franceses Malraux, Cassou y Lenormand, los cuales se declaran «beligerantes y litigantes en el pleito español». «La cultura y los intelectuales —dice Malraux— viven y florecen como en su elemento en la Rusia soviética.» Para Cassou «la revolución es sinónimo de creación».

Tres delegados de la Komintern tienen bajo su mirada y control la Organización comunista: Vittorio Codovila, más conocido por «Medina», residente en España desde 1934, el búlgaro Stephanov y el alemán Heinz Neumann, representante de Togliatti, «Ercole Ercoli» en el nomenclátor de nombres postizos de jerarcas de la Internacional Comunista, jefe de la sección latina de la Komintern. «No cabe duda, dice Stephanov al diputado comunista Hernández, que en España estamos viviendo un proceso histórico semejante al de Rusia en febrero de 1917. Y el partido debe saber aplicar la misma táctica de los bolcheviques... Una breve etapa parlamentaria y después..., ¡los soviets!». Desde el mes de marzo se encuentra en España, en constante agasajo de intelectuales y políticos, el escritor y novelista Ilya Ehrenburg, que goza de la protección de Stalin: «España —declara— es hoy fuente de esperanzas.» Los españoles a su regreso de la U. R. S. S. se declaran asombrados de cuanto han visto, arrobados hasta de las cosas más simples y triviales. El poeta Alberti, los diputados Margarita Nelken, Juan Negrín, Manuel Cordero, Álvarez del Vayo y Santiago Carrillo, en escritos y conferencias, parecen ofuscados por la contemplación de tanta grandeza: afirman que vuelven de un país donde ha comenzado el futuro de la humanidad, interpretado por el genio soviético. Impacientes por dar a conocer a los españoles las grandes novedades del pueblo supercivilizado, jóvenes comunistas con emblemas de las milicias rojas pregonan en la Puerta del Sol: «La nueva Constitución soviética, a perra gorda.» (diez céntimos).

Para facilitar la visión de tanto portento, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética organiza viajes a Rusia, donde delegados de las diversas industrias elegidos para este turismo pasarán un mes como invitados de los Sindicatos soviéticos.

La llegada a puertos españoles de los primeros barcos soviéticos constituye un venturoso acontecimiento. A los tripulantes se les admira como a mensajeros de un país fabuloso. En Tenerife, los marinos del vapor Selon son paseados en triunfo y agasajados en los centros políticos de izquierda. «El espectáculo —exclama uno de los oradores que les da la bienvenida— nos compensa de largas esperas.» «Urge entablar relaciones diplomáticas con Rusia —escribe El Socialista (3 de marzo) —. Hay que acabar con esta anomalía. Recientes y oficiales garantías del Gobierno de Moscú a países que le plantearon sus reservas referentes a la actividad de la propaganda comunista, nos anticipan una línea de conducta. En el caso de España, reconocemos fuera de lugar esos reparos, habida cuenta de que el partido comunista español colabora oficiosamente con el Gobierno, como firmante del compromiso electoral.»

El interés máximo del partido es para la preparación de milicias instruidas por jefes y oficiales del Ejército. La eficacia de esta labor se hace patente en los actos públicos de propaganda, en los cuales nunca falta la representación del futuro ejército rojo. Por otra parte, las células proliferan en universidades, fábricas, talleres y cuarteles. La Historia del partido comunista en España, publicada en Varsovia, da, a propósito del desarrollo del comunismo en nuestro país, las siguientes cifras, a todas luces exageradas: «Después del 16 de febrero de 1936, el partido comunista dio un gran salto adelante; de febrero a marzo, sus efectivos pasaron de 30.000 a 50.000 militantes. En abril contaba ya con 60.000. En junio, con 84.000. Y en vísperas de la sublevación del 18 de julio tenía en sus filas 100.000».

Este súbito fervor de las masas españolas por la U. R. S. S., por los ídolos y por los hombres soviéticos, tiene sus recompensas. La Internacional Comunista designa Barcelona para que en ella se celebre una Olimpiada roja, en réplica a la oficial, que tendrá por sede Berlín. Los Gobiernos de España y Francia han prometido subvencionarla con medio millón de pesetas cada uno. Y en Barcelona son convocados los atletas de las organizaciones deportivas comunistas de todo el mundo.

El Parlamento catalán ha reanudado su actividad y discute en escan­dalosos debates las responsabilidades del fracaso de la proclamación del Estat Catalá el 6 de octubre de 1934. Derogadas por decreto las disposiciones gubernativas emanadas de la ley de 2 de enero de 1935, que afectaban a la cesión de servicios de la Generalidad, se restablece también por decreto (10 de mayo) la Junta de Seguridad de Cataluña, y se dictan nuevas normas para el traspaso de servicios. Los de Orden Público, con arreglo a decreto (2 de junio). Reingresan en el Ejército los jefes y oficiales Pérez Salas, Guarner, Menéndez, Pérez Farrás, Escofet, Ricart y cuantos fueron condenados por su participación en el movimiento secesionista de octubre.

El nombramiento de Lluhí para ocupar el Ministerio de Trabajo y la dimisión del consejero Comorera impuesta por la Unió Socialista, obliga a Companys a modificar el Gobierno de la Generalidad, que queda formado de este modo (23 de mayo): Presidente, Companys; Justicia y Derecho, Pedro Comas, magistrado del Tribunal de Casación; Gobernación, José María España (Esquerra); Hacienda, Martí Esteve (Acció Catalana); Cultura, Gassol (Esquerra); Obras Públicas, Pedro Mestres (Esquerra); Trabajo, Martín Barrera (Esquerra); Agricultura, Luis Prel (Esquerra); Sanidad, Manuel Covachano (republicano independiente). El capitán Escofet, jefe de los Mozos de Escuadra en 1934, es designado delegado de Orden Público.

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El Congreso del Estat Catalá, reunido en el Iris Park (25 de mayo), discute, entre alborotos, cuanto se ha dicho en el Parlamento catalán a propósito de octubre de 1934 y aprueba una propuesta separándose de la Esquerra, a la que acusa de traición por su comportamiento en aquellos sucesos. Según Dencás, la Esquerra faltó al compromiso contraído de proclamar la República catalana. El Gobierno de la Generalidad regateó los medios prometidos para la insurrección, y no hubo motivos para la rendición, pues Pérez Farrás decía contar con medios para resistir varios días. Ratifica Dencás que Prieto, en carta a Lluhí, ofreció armas del Turquesa, y Pérez Farrás y Menéndez aconsejaron que se aceptaran. El Congreso hace responsables del fracaso a quienes componían el Gobierno de la Generalidad, con excepción de Dencás, y acuerda la expulsión del Estat Catalá de varios diputados, consejeros de la Generalidad y concejales; entre otros, a Gassol, Ayguadé, Puig y Ferrater, y Soler y Brú.

Desde La Vanguardia (19 de mayo), su director, Gaziel (Agustín Calvet), afligido por la «atmósfera precursora de guerra civil que vive toda España, con excepción de Cataluña», hace un llamamiento al Gobierno de la Generalidad: «Madrid —escribe— es el horno principal de donde brota ese vaho irrespirable. El país está dividido en dos bandos que quieren aniquilarse mutuamente con una buena fe ingenua y bárbara, porque creen que es imposible convivir. El mismo fenómeno castizo que viene repitiéndose a través de los siglos. ¿Conseguirán los republicanos dominar la tormenta? Si fracasa la consolidación republicana se acabará la República. Revolucionarios y reaccionarios se liarán a tiros, con sucesivos vaivenes de mutuo y salvaje acometimiento. ¿Qué debe hacer Cataluña? Aquí la resignación de los derrotados se equilibra con la templanza satisfecha de los victoriosos. Ya desde ahora la Generalidad deberá constituirse en astillero permanente. Debemos colaborar para que Cataluña sea arca santa donde nos refugiemos y donde podamos guardar durante la horrible tempestad, si el caso llega, las más preciosas semillas de nuestra hermandad. ¡Nunca más 6 de octubre! Aquello fue —dígase ahora lo que se quiera— una insensatez descomunal, que nos ha salido bien por casualidad tan grande como la del burro flautista.»

Gaziel se engaña al creer a los dirigentes del nacionalismo catalán incapaces de reincidir en ambiciones secesionistas y con experiencia bastante para no incurrir en nuevos disparates, cualesquiera que fueran las contingencias que ofrezca el futuro.

Muchos españoles empiezan a ver en la autonomía una solución para librarse del acoso de la anarquía y del comunismo, y en el aislamiento que aquélla les procure un remedio para salvarse en el inminente naufragio de España. «El federalismo, instintivo y tradicional —ha dicho Menéndez y Pelayo—, surge aquí en los grandes peligros y en los grandes reveses.» Los nacionalistas vascos, que desde hace tiempo ansían la separación, se muestran impacientes por romper las ligaduras que les atan al Poder central y por adquirir soberanía de Estado. Presentado el proyecto de Estatuto a las Cortes (15 de abril), la Comisión parlamentaria, después de aprobar la constitucionalidad del plebiscito celebrado en noviembre de 1933, discute el proyecto. Prieto toma a su cargo la defensa como diputado por Bilbao y representante más caracterizado de los vocales frentepopulistas. Calvo Sotelo es el jefe de la oposición.

Prieto declaró en su discurso en el teatro Albia, de Bilbao (24 de mayo): «Si azares de la política me lanzaran de la vida pública, quisiera que el Estatuto del País Vasco fuera la última empresa a la que hubiera prestado mi corazón, mi voz y mi voto.» Tres meses de Frente Popular habían transformado al acérrimo enemigo de la autonomía vasca en su más ardiente defensor. En lo fundamental, el proyecto no variaba del aprobado en Vitoria. Acentuaba el carácter racista y con ello la separación del resto de los pueblos de la comunidad española. Se ha dicho con verdad que hasta que surgió el nacionalismo nunca habían padecido los vascos la ofuscación racista. La región autónoma comprendería las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, con la denominación de País Vasco. Respecto a órganos legislativo y ejecutivo, Hacienda y relaciones tributarias, seguía las normas trazadas por el Estatuto catalán.

Tan excesivas considera Calvo Sotelo las exigencias de los vascos, que decide proclamarse defensor de todos los Estatutos que se pidan, pues le parece injusto distinguir con privilegios a unas regiones, con postergación y olvido de otras. «Estatuto para todos o para ninguno — escribe A B C (20 de mayo) —. Si no se ha podido evitar el fraccionamiento económico y político, se ha de impedir que ese fraccionamiento se detenga en el punto que beneficia a unos en perjuicio de otros. Es un problema de equidad.» Los nacionalistas vascos, aparte del régimen que se establezca entre la nueva entidad suprema regional y el Estado, piden la continuación del concierto económico entre las Diputaciones vascongadas y el Estado, y van en esta materia y en otras más lejos que el Estatuto catalán.

Como la Constitución (artículos 11 y 12) reconoce el derecho a obtener la autonomía a toda región, siempre que las dos terceras partes de su censo electoral voten en favor de un Estatuto, surgen las apetencias autonomistas, estimuladas por el ejemplo de Cataluña y ahora del País Vasco. La República ha creado el problema y no puede eludirlo sin contradecirse a sí misma. ¿Por qué han de renunciar unas regiones a derechos y pri­vilegios que se otorgan a otras?

En Caspe (2 de mayo), representantes de las tres provincias aragonesas se reúnen para elaborar el Estatuto de la región. Diputados agrarios y cedistas de las dos Castillas y León (20 de mayo) inician las gestiones preparatorias del Estatuto de Castilla. Algunos disidentes abogan por un Estatuto exclusivo para Castilla la Vieja y León. El diputado palentino Abilio Calderón dice que los castellano-leoneses reclamarán la cesión de los servicios generales, con Hacienda propia. Aspiran a un Estatuto semejante al del País Vasco en cuanto a derechos políticos y económicos y al de Cataluña en lo referente a traspaso de servicios. El Ayuntamiento de Burgos (9 de junio) decide patrocinar la iniciativa del Estatuto de Castilla la Vieja. En Gijón (29 de mayo), el Bloque Popular, regionalista y apolítico, en un manifiesto anuncia una campaña en favor del Estatuto de Asturias. También los autonomistas de Levante estudian y elaboran su Estatuto. En la Diputación de Sevilla se celebra (6 de julio), con asistencia de representantes de las provincias andaluzas, la asamblea preparatoria en pro del Estatuto de Andalucía. Los delegados de Córdoba presentan para su estudio un anteproyecto. Se elige una Junta formada por presidentes de las Diputaciones andaluzas y alcaldes. El Ayuntamiento de Huelva aboga en una moción porque a las provincias de Murcia y Badajoz se las considere para los efectos autonomistas dentro del área andaluza. Como muchos se oponen, un delegado de Huelva anuncia que, caso de ser rechazada la propuesta, su provincia formará región autónoma con Badajoz. Los nacionalistas gallegos, muy activos desde la llegada del Frente Popular, celebran el plebiscito (28 de junio), y de un censo de 1.343.335 electores, 993.531 votan a favor del Estatuto y 6.161 en contra, rebasándose el quorum exigido por la Constitución. Estas cifras no pasan de ser un simulacro o una superchería. En las ciudades ha votado del 15 al 20 por 100 del censo, y en muchos pueblos, nadie. «Galicia ha demostrado —dice el diputado Vicente Sierra Martínez— que no quiere el Estatuto.» «El hecho de que un 50 por 100 de las secciones electorales no hayan ni tan siquiera abierto los colegios —declara Calvo Sotelo (La Rambla, de Barcelona, 12 de julio) — y que la votación verdad no haya conseguido un 15 por 100 del censo, tiene el valor de una repulsa al proyecto del Estatuto. En Galicia, como en toda España, pesa la preocupación profundísima del orden público y económico, que relega a segundo término las preocupaciones autonomistas, pues el Estatuto es un instrumento para uso y abuso de determinados núcleos políticos.» El periódico La Región de Orense, escribe (1 de julio): «El escrutinio, conjunto de irregularidades y falsedades, ha sido una farsa.» «No está Galicia dice El Faro, de Vigo (1 de julio) — en condiciones de recibir la autonomía, porque no sabe a dónde le lleva ni lo que conviene.»

El escrutinio se celebra en la Facultad de Medicina de Santiago (6 de julio), con asistencia de los presidentes de las Diputaciones de las cuatro provincias gallegas. Durante dos horas se desborda el entusiasmo autonomista en torrenciales discursos de muchos oradores. Uno de éstos dice: «Todo diputado gallego que se levante en contra del Estatuto debe saber que al volver a Galicia tiene la sepultura abierta.» Ondea en los balcones de la Facultad la bandera gallega y la Banda municipal estrena el Himno de Galicia.

El proceso de fragmentación de España tiene sus antecedentes en el cantonalismo de la primera república, favorecido ahora por el fermento disgregador del comunismo. «Nosotros creemos — escribe J. Arquer — que España como unidad nacional no existe más que en forma de una organización centrista-unitaria de carácter burocrático-administrativo-militar-eclesiástico-político. Creemos que España es una ficción y que hay que combatirla. Existe Cataluña, Vasconia, Galicia, Castilla... España, no... No es una república federal lo que hay que estructurar, sino una federación de Estados que tengan soberanía propia, que traten de igual a igual, que pacten libremente las condiciones de la Federación. Nosotros, los comunistas, defendemos la Unión de Repúblicas Socialistas de Iberia.»

CAPÍTULO 87.

DRAMÁTICO DEBATE EN LAS CORTES SOBRE EL ORDEN PÚBLICO

CREACIÓN DE TRIBUNALES ESPECIALES PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES A JUECES Y MAGISTRADOS. — VIOLENCIAS E INCAUTACIONES CON EL FIN DE ACABAR CON LA ENSEÑANZA RELIGIOSA. — SE DISCUTE EL PROYECTO DEL GRAN MADRID. — GIL ROBLES LEE EN LAS CORTES ESTADÍSTICAS PAVOROSAS DE DESTRUCCIONES Y VÍCTIMAS DESDE EL ADVENIMIENTO DEL FRENTE POPULAR. — «ESPAÑA VIVE EN ANARQUÍA Y PRESENCIAMOS LOS FUNERALES DE LA DEMOCRACIA» (GIL ROBLES). — DISPOSICIÓN ESPIRITUAL DE LOS MILITARES A JUICIO DEL JEFE DEL BLOQUE NACIONAL. — CASARES QUIROGA HACE RESPONSABLE ANTE EL PAÍS A CALVO SOTELO DE LO QUE PUEDA OCURRIR. — FEROZ DIATRIBA DE «LA PASIONARIA» CONTRA LAS DERECHAS. — «MUCHO MÁS GRANDE QUE LA SUBVERSIÓN DE LA CALLE ES LA DE LOS ESPÍRITUS QUE TIENEN SU REPRESENTACIÓN EN EL BANCO AZUL» (VENTOSA). — CALVO SOTELO ACEPTA LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS Y AÚN LAS AJENAS, «SI SON PARA BIEN DE MI PATRIA Y PARA GLORIA DE ESPAÑA». — REPERCUSIONES DE LA ANARQUÍA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO. — LOS BENEFICIOS DE LA AMNISTÍA NEGADOS A LAS DERECHAS. — LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS ES GRAVÍSIMA, DICE EL MINISTRO DE HACIENDA.