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CAPÍTULO 84.AZAÑA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Destituido
Alcalá Zamora, se planteaba el problema de elegir su sucesor. No había asunto
de mayor transcendencia ni que apasionara más. Largo Caballero y sus
correligionarios juzgaron que lo mejor era fijar desde el principio, y sin
perder momento, las condiciones del nuevo. Presidente. Por su parte, Indalecio
Prieto, «maese Pedro» del retablo parlamentario donde se representó la
ejecución de Alcalá Zamora, tenía prevista la sucesión en la persona de Manuel
Azaña y así lo expuso en sus artículos en El Liberal de Bilbao. Era lógico que
los irreductibles adversarios de Prieto no aceptasen la iniciativa. Y sin
oponerse abiertamente, estimaron más político prefigurar su candidato ideal. Lo
hizo Largo Caballero en un mitin en el Cine Europa de Madrid (11 de abril). «Un
Presidente católico desvirtuada la República y a la vez ésta se desvirtuaría,
porque es laica y exige un Presidente que así lo sea. Ha de ser un hombre que
comprenda claramente los beneficios que puede aportar la socialización de la
propiedad para no oponer su veto a lo que acuerden las Cortes en este sentido y
que ni por lo más remoto haya condenado el movimiento de Octubre, porque de lo
contrario no ofrece ninguna garantía.» Claridad (9 de abril) había anticipado
el arquetipo de Presidente: «No debe ser católico ni tener reservas mentales
respecto a ningún artículo de la Constitución; ni ser hombre mesiánico ni
providencial y tampoco que esté por encima de los partidos para evitar la
mentalidad de sabio o filósofo que, a la manera de Unamuno u Ortega y Gasset,
entusiasma a las masas, para después probar su completa inutilidad.»
Sectario
cien por cien, fanático y de espíritu revolucionario bien forjado e
irreductible. Así debía ser. No se podía impedir que amigos y admiradores de
éste o aquel personaje lanzaran sus nombres a título de exploración. En el acto
les salía al paso Claridad con la pluma exterminadora de Araquistáin,
cuya mordacidad alcanzaba en este trance su plenitud corrosiva. Trituraba a
Unamuno (10 de abril), llamándole «tontiloco», «envidioso», «ignorante»,
«cortesano con mixtura de Bertoldo campesino», escritor «que no ha logrado
escribir nada bueno»... De Sánchez Román decía (14 de abril): «Representante
inequívoco de la alta burguesía, antisocialista militante que combatió con
denuedo lo esencial de la legislación protectora del obrero en las
Constituyentes, antiestatuista exaltado y torpedeador, finalmente, del Frente Popular, al que no
queda otro mérito que el de los lazos de amistad que le unen con Indalecio
Prieto.» A Besteiro y Fernández de los Ríos los consideraba «notoriamente
inadecuados para representar al socialismo, ya que su posición es compartida
por mucho menor número de militantes que la de Indalecio Prieto». Heraldo de
Madrid tuvo la ocurrencia de airear el nombre de Ortega y Gasset, «prestigiosa
figura para candidato a la Jefatura del Estado». La réplica fue inmediata: «A
nadie le cabe en la cabeza —escribía Claridad (19 de abril) — que hombre por
el estilo pueda representar al Régimen.» Heraldo de Madrid se apresuró a hacer
una «confesión espontánea» (21 de abril) para «que nadie pudiera llamarse a
engaño» y basándose en la carta remitida por un lector copiaba los siguientes
párrafos del filósofo: «No vamos a ocultar nuestra gran simpatía por un movimiento
reciente que ha puesto a muchos republicanos españoles en ruta hacia la
Monarquía.» Y agrega: «No hemos sido republicanos o lo hemos sido como muchos
compatriotas nuestros, pasajeramente, en una hora de mal humor».
«No hay,
pues, —comentaba Heraldo de Madrid— equívoco posible. Los republicanos o,
mejor, el Frente Popular sabe perfectamente a qué atenerse en cuanto al ilustre
escritor —ilustre a pesar de sus veleidades— que en una hora de malhumor se
hizo republicano y en largos meses de actuación política acreditó cumplidamente
su incapacidad supina para lucir con holgura la clámide parlamentaria.» De
manera tan innoble quedó fulminado el nombre de Ortega y Gasset.
Los
intelectuales que un día soñaron gobernar una república platónica, eran
barridos y arrinconados como figurones insensatos e inútiles. En opinión de
Prieto expuesta al enviado de L'Intransigeant de París, Antoine, (11 de abril), la lista de posibles candidatos a la
Presidencia de la República la componían: Azaña, Sánchez Román, Alvaro de Albornoz, Besteiro, Fernández de los Ríos y
Martínez Barrio.
Destacó
entre todas, sin competencia, la figura de Azaña, que por otra parte deseaba
dejar la jefatura de Gobierno. ¿Hasta qué punto era sincero cuando confesaba a
su cuñado que le parecía un disparate el propósito de elevarle a la Presidencia
de la República? «En todo caso, debía serlo un hombre como Giral». Azaña se
manifestaba muy desesperanzado. Todo lo veía en desbarajuste y sin enmienda
posible. «Creo —decía— que no puede haber República mientras la gente no
aprenda y se acostumbre al funcionamiento de sus órganos propios. En España no
ha habido República todavía, porque no hemos encontrado cincuenta gobernadores
civiles. Probablemente, lo que hacía falta sería no un Presidente, sino un
Gobernador General de la República». Este pesimismo exhalan las confidencias
verbales o escritas de Azaña, en aquel tiempo y después. «Todo es limitado,
temporal, a la medida del hombre. Nada lo es tanto como el poder. Esta
convicción opera en el fondo de mi alma como freno invisible; yo mismo no
percibo su presencia y modera todos mis actos. Efecto durable de mi antigua
hechura intelectual y moral...» «Nada tengo que hacer en la vida pública. No es
desengaño. De nada tenía que desengañarme. Me reconozco ajeno a este tiempo.
Los hombres como yo hemos venido demasiado pronto o demasiado tarde». Con su
escepticismo de fin de siglo «que le rebrotaba como una erupción y le cubría
como una recidiva de la vieja desesperanza», Azaña seguía siendo la figura
eminente de la República, su encarnación. «Azaña es la República y la República
es Azaña», dirá Ramos Oliveira.
Deseaba,
según dijimos, dejar la jefatura del Gobierno, pues no veía en lontananza más
que una cosecha de fracasos. Este deseo lo expuso en una asamblea de diputados
de Izquierda Republicana, al declarar Claridad (28 de abril) «que el
rumbo de la política no le tenía demasiado satisfecho y que, bien fuese para
ocupar cargo ajeno a la dirección de la mayoría republicana del Frente Popular,
cual es el de Presidente de la República, ya para ocupar su escaño en el Congreso
como simple diputado de tal mayoría, abandonaría en el plazo de diez días la
cabecera del banco azul». La actitud era tan firme, que sus amigos se rindieron
a la evidencia y le prometieron su decidido apoyo para elevarlo a Presidente,
aun a sabiendas de que el Gobierno quedaría sin figura y sin voz. «Seré un
Presidente —les dijo a los compromisarios de Izquierda Republicana, reunidos
para festejar a su candidato (8 de mayo) — netamente republicano, a quien no
rebasarán los extremismos de uno u otro lado. Seré incorruptible, insobornable
e inacobardable. Estoy hecho a la lucha. Defenderé el
régimen votado el 14 de abril si es preciso hasta la última gota de sangre.»
En el
lado socialista centrista, Prieto era el defensor entusiasta de la candidatura
de Azaña. Será candidato único, pues las oposiciones, dejaran el campo
totalmente libre al adversario. Deberá el cargo al Frente Popular y será el
Presidente fidelísimo de la revolución. No obstante, contará con los votos de
la Lliga Catalana, de centristas y agrarios, «a fin de asegurar la estabilidad
de la República y la normalidad de la vida política». Las Cortes (8 de mayo)
aprueban el proyecto del ministro de la Guerra, relativo a la Guardia Presidencial,
que se compondrá de una Plana Mayor de mando, del Escuadrón de Escolta, ya
existente, y de un batallón de Guardia Presidencial, del que formará parte la
Banda republicana. Como galardón previo al de la Presidencia, el Ayuntamiento
de Madrid concede a Azaña la Medalla de la ciudad.
* * *
Las
elecciones a compromisarios se celebran (26 de abril) en medio de general
indiferencia. Las excitaciones de la prensa izquierdista a los electores para
que acudan a las urnas no logran vencer la frialdad y desinterés de aquéllos
en toda España. «Sin temor a riesgo —comenta Política, el órgano de Azaña, para
explicar el ambiente glacial— estaba descartada con la conservación del Frente
Popular la posibilidad de sorpresa.» Sin embargo, la hubo y grande, proporcionada
por 13.026 papeletas en blanco, escrutadas en los colegios de Madrid.
Lógicamente, explica El Socialista (28 de abril), «corresponden a funcionarios
del Estado». «Como es sabido, éstos han de acreditar haber votado y manifiestan
su abstención con arreglo a la única fórmula que les está permitida.» No hubo
entusiasmo, ni siquiera atisbo de que los electores desearan votar. Resultan
elegidos 104 socialistas, 74 de izquierda republicana, 71 de Unión Republicana,
24 comunistas, 25 republicanos conservadores y otros de distintas filiaciones,
hasta un total de 372.
El mismo
día se celebran en Francia las elecciones a diputados que dan el triunfo al
Frente Popular con 384 actas, contra 233 de los otros partidos. Los diarios
izquierdistas madrileños la consideran como éxito propio: afirman que en ese
sentido se orienta y proyecta la política europea: España ha tomado la
delantera.
El 10 de
mayo es el día de la elección presidencial. Amanece espléndido. Tiene por
escenario el espacioso y alegre Palacio de Cristal del Retiro madrileño, donde
se levanta un estrado presidencial y de fondo un gran tapiz con un escudo de
España. Azaña, como candidato único. «La satisfacción interior —había dicho
Claridad (6 de mayo) — distará mucho de ser unánime. Por una razón muy
sencilla: porque si el motivo principal en pro de esta candidatura ha sido
mantener la cohesión del Frente Popular, cuando desaparezca o se resquebraje,
porque es lógico pensar que no dure lo que el mandato presidencial, éste habrá
perdido su mejor base de sustentación moral y política... Entonces no nos
olvidaremos de los que por torpeza o por motivos menos confesa bies han actuado
de brujas de Macbeth en este oscuro y funesto aquelarre antidemocrático.»
A Jiménez
de Asúa, vicepresidente de las Cortes, le corresponde presidir la asamblea,
compuesta de 874 electores entre diputados y compromisarios. Los primeros en
votar son los ministros y al frente, en funciones de jefe, el anidado ministro
de Estado, Barcia. El desfile continúa: algunos electores son acogidos con aplausos;
tibios, si el votante es Prieto, estruendosos si es Largo Caballero. Los
diputados de la C. E. D. A. votan en blanco, en prueba de que siguen dentro de
la legalidad. También lo hace el conde de Romanones.
El
escrutinio da 754 votos para Azaña de los 911 que componen la asamblea. De
éstos se han hecho presentes 874. Las papeletas en blanco suman 88; hay votos
dispersos para Lerroux, Largo Caballero, González Peña y José Antonio Primo de
Rivera. El presidente de la asamblea proclama Presidente de la República a
Manuel Azaña. Estalla la ovación y suenan los vítores. Comunistas y muchos
socialistas, puños en alto, entonan La Internacional, un grupo de catalanes
cantan Els Segadors y otro
núcleo de vascos el Guernikako Arbola. En medio de
este clamor la Mesa sale para notificar la designación al elegido, que aguarda
en la Presidencia del Consejo, donde se formaliza el acta de la aceptación del
cargo. A continuación, en los jardines, cóctel a los asambleístas. En este
momento rompe la división de los socialistas en una pelea a puñetazo limpio
entre Luis Araquistáin, inspirador de Claridad, y
Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, que desde hace tiempo riñen con
saña en la diaria polémica de los periódicos.
A las
tres de la tarde regresa la Mesa con la aceptación. Ovaciones; de nuevo las
estrofas de La Internacional y vivas a Asturias. Ya es Azaña Presidente: llega
a la más alta magistratura del Estado a los 56 años. Los republicanos, comenta
La Vanguardia (12 de mayo) «han tenido que gastar la única figura de gobernante
que hasta ahora ha aparecido en su campo». No ha habido más remedio que aceptar
lo que nadie quería. Porque la República española sigue siendo una república
sin republicanos.
Por su
parte, Claridad (9 de mayo) comenta: «Azaña sube al sillón presidencial
con un retraso de cinco años. Estos cinco años le han envejecido políticamente
y las circunstancias no son las mismas. Los partidos políticos no son los
mismos. Los republicanos han bajado de tono jacobino y los obreros han crecido
en conciencia de clase y en legítima ambición de poder. Las distancias entre
ambos son muy hondas. Azaña se ha dado cuenta de ello y de ahí su drama
interior. Azaña no es capaz de enfrentarse violentamente con esta marcha ascensional
e inevitable del proletariado. No puede ser ni un Kerenski ni un Hitler, pero en la Historia no siempre se es lo que uno quiere. Se puede
ser, sin embargo, un personaje cómico o trágico. La Historia está llena de
trágicos bien intencionados. Ojalá sea un buen comadrón de la Historia.
Esperemos.» Bien se adivina que Araquistáin, autor de
estos augurios no espera nada del nuevo Presidente, cómo no sea el fracaso. Al
saber el resultado del escrutinio, exclamó: «Mejor. Así caerá de más alto».
Al día
siguiente, Azaña presta solemne promesa ante las Cortes. En el salón de
sesiones se ha levantado un estrado, con dosel, fondo de soberbias cortinas y
decoración antigua y severa, que sirvió para tantas escenas históricas en el
mismo lugar. Las tribunas diplomática y de jerarquías del Ejército y Marina y
las destinadas al público están abarrotadas.
Azaña
cruza en automóvil, las calles cubiertas por las tropas. Le escolta el
escuadrón presidencial y le acompañan los diputados designados para recogerlo
en su domicilio. Precedido de maceros, penetra en el salón y diputados e
invitados le aclaman. La emoción empalidece el rostro del Presidente. Saluda
con inclinaciones de cabeza a uno y otro lado y ocupa un sillón dorado forrado
de rojo. El Gobierno, en pie, se sitúa a su espalda. El presidente de las
Cortes exclama: «El Presidente de la República va a prestar la promesa que
prescribe el artículo 72 de la Constitución.» Azaña pronuncia con voz lenta y
apagada las siguientes palabras: «Prometo solemnemente por mi honor ante las
Cortes, como órgano de la soberanía nacional, servir fielmente a la República,
guardar y hacer cumplir la Constitución, observar las leyes y consagrar mi
actividad de Jefe del Estado al servicio de la Justicia y de España.» El
presidente de las Cortes le contesta: «En nombre de las Cortes que ahora os
invisten, yo os digo: si así lo hicieseis, la Nación os lo premie; y si no, os
lo demande.» Suenan aplausos y vítores a la República, y el nuevo Presidente
sale en dirección al palacio de El Pardo, donde se instalará en tanto se
realizan obras en las habitaciones que fueron de la Reina Cristina, que ha de
ocupar en el Palacio de Oriente. Designa Secretario General de la Presidencia
al abogado Cándido Bolívar y jefe de la Casa Militar al general Masquelet.
En
comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros al Congreso, se
admite la dimisión de Azaña de jefe de Gobierno y de los ministros, se nombra
presidente del Consejo a Augusto Barcia y se informa que el Gobierno se ha
declarado en crisis. Al día siguiente (12 de mayo) el nuevo Presidente de la
República inicia las consultas. Fernández Clérigo, de Izquierda Republicana,
primer consultado, Corominas, de la Esquerra, Rico, de la Unión Republicana, y
Pórtela, centrista, aconsejan un Gobierno de Frente Popular que cumpla lo
pactado; los socialistas, representados por De Francisco, piden un Gobierno
republicano que atienda las demandas de los trabajadores. Las reclamaciones de
los comunistas están expresadas en una nota, áspera y conminatoria: el nuevo
Gobierno «actuará con toda energía contra los enemigos de la República»,
«exigirá responsabilidades por la bárbara represión de Asturias», «indemnizará
a las víctimas y familiares de éstas», «hará una rápida depuración en los
mandos del Ejército, de la Marina y organismos del Estado, donde se emboscan
representantes genuinos de la reacción, enemigos de las libertades populares».
Ventosa, de la Lliga Catalana, entiende de inaplazable necesidad «acabar con el
ambiente de guerra civil». Maura pide un Gobierno que cumpla el programa del
Frente Popular y Gil Robles, «que se dé trato de igualdad a todos los
ciudadanos, obligando a todos los españoles a vivir dentro de la ley».
Irazusta, nacionalista vasco, aboga por la aprobación del Estatuto entregado
al presidente de las Cortes el 15 de abril, y Cid, en nombre de los agrarios,
solicita un Gobierno que salve el principio de autoridad.
Azaña al
dar por terminadas las consultas encarga a Prieto la formación de Gobierno. El
líder socialista sabe que cualquier gestión que haga está condenada al fracaso,
en virtud de los acuerdos adoptados por la Agrupación Socialista madrileña y la
U. G. T. de que en ningún caso podrán colaborar los socialistas en un Gobierno
en alianza con los republicanos, a los que les incumbirá la plena
responsabilidad de la administración del poder. Los republicanos estaban
condenados a subsistir de su propia debilidad y a soportar la carga del
Gobierno en pavorosas circunstancias de anarquía y guerra, provocadas por sus
amigos y aliados, los marxistas. Al renunciar Prieto al encargo, explicó las razones
en una nota: «Los obstáculos verdaderamente extraordinarios con que a virtud de
las circunstancias tropezaría cualquier socialista en la empresa de presidir el
Gobierno, se acrecentarían mucho tratándose de mí, por la animosidad con que me
distingue cierto sector del partido en que milito, animosidad que ahora, a
efectos públicos, carece de transcendencia, pero que la tendría considerable si
yo ocupara la jefatura del Gobierno, ya que se traduciría en entorpecimientos a
la gestión ministerial y en quebrantamiento del Frente Popular, cuya integridad
es indispensable mantener a toda costa».
Pasó
entonces el Presidente el encargo a Martínez Barrio, para que constituyese un
Gobierno de concentración republicana. Rehusó éste, persuadido de la inutilidad
del intento, y Azaña llamó a Casares Quiroga, según estaba convenido, para que
intentara un Ministerio de amplia base parlamentaría. Las dificultades mayores
se las proporcionaron las negativas de algunos ministros a continuar en el
Gobierno. Amos Salvador fundaba su alejamiento en motivos de salud. En el
anterior Gabinete, donde desempeñó la cartera de Gobernación, más fueron las ausencias
que las presencias, y siempre que pudo eludió enfrentarse con quienes le
interpelaban sobre el desorden público, endosando esta papeleta a Azaña o a
otros. «Según sus amigos —refiere José Pla—, el primer mes de regir el
Ministerio lo pasó Amos Salvador casi sin comer, durmiendo escasísimas horas,
sin poder descansar un solo momento. A los pocos días de ejercicio del cargo ya
se le daba por dimitido». Tampoco Gabriel Franco quiso continuar en la cartera
de Hacienda. La explicación la dio en una nota prohibida por la censura.
Declaraba el profundo pesar con que declinaba el ofrecimiento, «debido al
criterio rígido que vengo manteniendo en lo que concierne a los gastos
públicos, sin olvidar que las circunstancias obligan hoy en día, en evitación
de mayores males, a una política de liberalidad. Mis convicciones me imponen,
no obstante, Emites de tolerancia bastante restrictivos». Menos protocolario,
al dar posesión a su sucesor dirá, sin ambages, que la situación de la Hacienda
pública española «es la más grave después de la pérdida de las colonias». Otro
que también se niega a figurar en el Ministerio es Marcelino Domingo, porque se
considera preterido, y en lo íntimo aterrorizado por los desbordamientos
anárquicos. «En todas las revoluciones triunfantes —escribía en El Liberal de
Madrid (28 de mayo) — existen los provocadores que suscitan o promueven el
desorden. ¿Quiénes son? Los interesados en desacreditar las revoluciones, en
hundirlas. Lo inexplicable es que el desorden lo promueven o provoquen los revolucionarios.
Es decir, lo inexplicable es que hundan la victoria los victoriosos.»
Finalmente, Casares Quiroga quiso que el ministro de la Esquerra en el Gobierno
fuese Pi y Suñer. Izquierda Catalana, partido al que pertenecía el interesado,
le puso el veto. Continuó Lluhí Vallescá.
El
Gabinete quedó constituido así: Presidencia y Guerra, Santiago Casares Quiroga
(Izquierda Republicana); Estado, Augusto Barcia (I. R.); Justicia, Manuel
Blasco Garzón (Unión Republicana); Marina, José Giral (I. R.); Gobernación,
Juan Moles (independiente); Hacienda, Enrique Ramos (I. R.); Instrucción
Pública, Francisco Barnés (I. R.); Obras Públicas, Antonio Velao (I. R.); Agricultura, Mariano Ruiz Funes (I. R.); Industria, Plácido Álvarez Buylla (U. R.); Trabajo, Juan Lluhí (Esquerra); Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos (U. R.).
Al
adjudicarse la cartera de Guerra Casares Quiroga suprimía la presencia de
militares en el Gobierno, de conformidad con los deseos expuestos por los
extremistas. Velao, ingeniero de Caminos, era
incondicional del Presidente de la República, así como Ramos, subsecretario de
la Presidencia durante todo el tiempo que la desempeñó Azaña. El ministro de
Comunicaciones, Giner de los Ríos, arquitecto, procedía de la Institución Libre
de Enseñanza. Lluhí, designado para Trabajo, abogado
de Izquierda Catalana, había sido concejal de Barcelona y jefe del primer Gobierno
de la Generalidad. Moles dejaba la Comisaría de España en Marruecos para regir
el Ministerio de la Gobernación.
El
expresidente de la República Alcalá Zamora, cree, «coincidiendo con la
insuperable gravedad de la situación nacional», que debe salir de su
retraimiento y convoca a sus amigos, —cuatro ex ministros, cuatro diputados y
dos ex diputados— para decirles su propósito de propagar el ideario del partido
progresista, «a fin de cooperar a que con el menor estrago posible se logre y
encauce la convivencia nacional dentro de una solución constitucional,
jurídica, democrática y republicana». La noticia tiene ecos de ultramundo. Es
la nota cómica que hace sonreír a un país saturado de tragedia.
* * *
Todo el
aparatoso espectáculo en torno a la elección de Presidente de la República con
su corolario de crisis y nuevo Gobierno no logran apartar la atención de los
españoles de los desmanes que se suceden hora tras hora y día tras día,
sembrando el espanto.
Agentes
comunistas difunden por las barriadas de Cuatro Caminos, Tetuán y Chamartín de
Madrid, al comenzar la tarde del 4 de mayo, la infame especie de que damas
catequistas y monjas reparten caramelos envenenados a hijos de obreros. Añaden
que un niño ha muerto en la Casa de Socorro y otro agoniza en el Colegio de la
Paloma, en medio de terribles sufrimientos. Se propaga la patraña y pronto las
turbas encolerizadas se congregan ante los edificios citados en busca de las
víctimas pidiendo castigo para los criminales. No aplaca a los exasperados la
comprobación por algunos manifestantes —a los que se les permite la entrada— de
la falsedad de los supuestos crímenes. A los rumores del envenenamiento se une
el de que desde la antigua iglesia de los Ángeles se ha disparado contra la
muchedumbre. Resulta ineficaz la intervención de algunos diputados socialistas
para convencer a los exaltados de que cuanto se propalaba era mentira. Pueden
más los agitadores, expertos en la técnica de la subversión.
Las
turbas intentan asaltar un convento de franciscanos, incendian el colegio de
niños, de San Vicente de Paúl, en la calle de la Santísima Trinidad, las
iglesias de San Sebastián y de Raimundo Lulio, proveyéndose de gasolina para
estos menesteres en los surtidores de Cuatro Caminos, y de coches particulares
a los que detienen y cuyos depósitos vacían. El incendio de la iglesia de las
Comendadoras, en la plaza de Chamberí, es sofocado por los bomberos. En la
barriada de Tetuán es incendiada la iglesia de la calle de Garibaldi y en el
barrio de Almenara arden, la iglesia, la casa del párroco y el colegio de
Nuestra Señora del Pilar anejo a la iglesia de los Ángeles. Las religiosas se
descuelgan desde los balcones por trenzados hechos con sábanas, sin que nadie
las auxilie. Más de cuarenta personas entre catequistas, religiosas, profesoras
e incluso un matrimonio francés, Eugenio Olivier y su esposa, sorprendidos en
las sucias vorágines de los bárbaros, resultan heridas, algunas graves. Quince
profesoras de un colegio de la calle de Villamil, que instruían a cuatrocientos
niños gratuitamente, son golpeadas y arrastradas por las calles. El mismo
suplicio sufren cuatro monjas de un Patronato de enfermos de Cuatro Caminos. La
consecuencia de todos estos desmanes, es inesperada. Los obreros de la construcción,
«alarmados por las descaradas provocaciones de la reacción», acuerdan declarar
la huelga.
En la
hora de ruegos y preguntas, en la sesión de Cortes (6 de mayo) el diputado
monárquico Gamazo hace minucioso relato de todos estos vandálicos sucesos.
«Vivimos —exclama— en huelga ferroviaria y en huelga de puertos, de ocupación
de fábricas y de fincas. La alianza del Gobierno con el Frente Popular os ha
llevado a esta situación. Muchos de vuestros correligionarios están tan
asustados como los nuestros por la suerte de España.» Calvo Sotelo interviene
para decir que entrega al Diario de Sesiones una relación complementaria de la
que facilitó en anterior ocasión con los episodios de violencia, de lucha, de
sangre e incendios ocurridos en España desde el de abril hasta el 4 de mayo.
«Esta relación —dice—, puede sintetizarse en unas cifras escuetas: muertos, 47;
heridos, 216, de los cuales 200 graves; huelgas, 38; bombas y petardos, 53;
incendios totales o parciales, en su mayor parte de iglesias, 52; atracos,
atentados, saqueos, agresiones, 99.» «Sabemos que hay ocho o diez mil —y
algunos calculan doce mil— españoles detenidos, unos por fascistas y otros por
parecerlo.» «¿Cómo y por qué ciudadanos de determinada facción política
investidos de hecho de una autoridad que no les corresponde cachean, registran,
detienen y ejercen funciones policiacas, amparados unas veces y suplantando
otras a los gobernadores civiles?».
El
Gobierno —contesta Casares Quiroga— «es el primero en condenar y execrar los
lamentables sucesos ocurridos en Madrid». De forma muy rebuscada, insinúa que
gentes de derecha pudieran ser los propaladores de los perversos rumores, y que
desde luego no lo fueron los hombres de izquierda que en la calle pretendían
contener a las gentes enloquecidas. «No sé de dónde surgió esa idea de los
caramelos envenenados; algún día lo averiguará el Ministerio, y si yo estoy
aquí, ¡ay de aquel que la haya lanzado!» «La barbarie alcanza a todos. En un
registro realizado en una casa de un hombre conocido se han encontrado balas
dum-dum, preparadas por uno de los oficiales retirados.» «Al ministro de la
Gobernación no se le puede acusar de lenidad ni de negligencia en las medidas
tomadas. Yo no tolero una guerra civil. Nos preocupamos del desarme: en Granada
se han recogido 13.000 armas; en Jaén se llevan recogidas 7.000.» Esas armas
pertenecían, según el ministro, a gentes de derechas, y Calvo Sotelo pide el
desarme de todo el mundo. «Pero a mí —afirmaba Casares Quiroga— lo que me
preocupan son las derechas y en cambio no me preocupa la revolución social. En
las masas proletarias he encontrado lealtad y ayuda para salir del trance. Por
eso, en primer término, es por lo que ante todo procedo al desarme de aquellos
elementos de peligrosidad más inmediata.»
No es
admisible si se discute de buena fe —replicaba Calvo Sotelo — que sean gentes
de derecha las que propalaran los infames rumores, cuando iban a sufrir los
mayores perjuicios. «Han sido electores de los representantes del Frente
Popular.» El vendaval de insultos y de gritos hostiles desatado en cuanto se
puso en pie el orador, arreció al pronunciar estas palabras. «Nosotros
queremos, señor ministro de la Gobernación, que no haya guerra civil en España,
y para ello que se ataje toda violencia, la de un lado y la de otro, porque lo
contrario no es impedir la guerra civil, sino fomentarla.» «No rehusamos las
actuaciones del poder público si se fundan en una ley, pero protestamos cuando
particulares, pertenecientes a agrupaciones u organizaciones de tipo social
asumen funciones estatales.» En cuanto al fascismo, «aquí y fuera de aquí no es
un momento primero; es un momento segundo. No es una acción, es una reacción.
En España, como el comunismo avanza, el fascismo como sentimiento de defensa
nacional irá creciendo hasta que desaparezca ese peligro social». Como el
diputado socialista Rufilanchas ha solicitado que
sólo se publiquen en el Diario de Sesiones los documentos que se lean en la
Cámara y no los que se entreguen para su inserción, Calvo Sotelo pide al
presidente que le ampare en el ejercicio de un derecho, e insiste en que se
publiquen los documentos.
* * *
Después
del debate parlamentario promovido por la declaración ministerial (16 de
abril), la labor propuesta por el Gobierno a las Cortes se encamina a derogar
lo legislado en los dos años precedentes, a fin de no dejar huella de ese
pasado, y restablecer en cambio las leyes derogadas. A los decretos ya leídos
de reforma de la Contribución sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria y
recargo sobre la contribución territorial correspondiente a riqueza rústica y
pecuaria, suma el ministro de Agricultura un proyecto de ley que anula la de
Reforma Agraria de 1 de agosto de 1935 y pone en vigor la de 15 de septiembre
de 1932 y disposiciones adicionales. Del ministro de Agricultura son también
los proyectos de nuevas bases de la reforma agraria y sobre adquisición de
propiedad por arrendatarios y aparceros; de revisión de desahucios de fincas
rústicas y rescate y adquisición de bienes comunales. Igualmente conocen las
Cortes el proyecto de Estatuto del País Vasco, aprobado por las Comisiones
gestoras de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y por la Asamblea
de los Ayuntamientos de las tres provincias en la ciudad de Vitoria el 6 de
agosto de 1933, aprobado en plebiscito del 5 de noviembre del mismo año. Un dictamen
de la Comisión de Presupuestos convalida los decretos que restablecían los
ministerios y direcciones generales suprimidos por Chapaprieta;
y la prórroga de los presupuestos. Unos proyectos del ministro de Justicia
ratifican y amplían el decreto-ley de Amnistía de 21 de febrero, otros se refieren
a nombramiento de funcionarios para los cargos de Justicia municipal, permiten
la designación de jueces especiales para conocer de los delitos atribuidos a la
jurisdicción de Guerra y Marina y modifican las normas para el nombramiento de
presidente del Tribunal Supremo.
El
diputado cedista, Dimas Madariaga, interpela a los
ministros de Agricultura y Trabajo sobre la situación de la provincia de Toledo
(29 de abril). Con pretexto de aplicar la Reforma Agraria se efectúan incautaciones
y asentamientos con criterio político que en lugar de mejorar la situación de
los obreros fomenta el paro y arruina a la economía agraria de la provincia. El
diputado enumera muchos casos de abuso, de interpretaciones arbitrarias de la
ley, de atropellos contra modestísimos colonos. Todas las injusticias que
puedan cometerse, responde el ministro de Agricultura, serán reparadas, cuando
el Instituto de Reforma Agraria haga la revisión una vez cumplidos los
asentamientos. Nos proponemos implantar la Reforma con la mínima lesión de
intereses. No nos mueve un imperativo de venganza, sino exclusivamente un impulso
de justicia social. Idénticos razonamientos emplea el ministro de Trabajo: «Se
hará cumplir la ley a todos.» El diputado radical-socialista por Toledo Palomo
interviene: de los 210 ó 212 pueblos de la provincia,
en 200 el 70 por 100 de los obreros no han trabajado durante los dos últimos
años ni tres meses. Toledo es la provincia en la que se da el latifundio en
mayor extensión en toda España. Hay pueblos como Layos que de 1.820 hectáreas de término, una sola finca ocupa 1.518 hectáreas. Santa
Cruz de Retamar, del partido de Escalona, posee 12.228 hectáreas y entre cuatro
fincas ocupan 8.708, y una de ellas, la de Comillas, 7.400 hectáreas. Malpica,
del partido de Talavera, con 7.646 hectáreas, entre cuatro fincas ocupan 7.370
y una sola, la de Arion, 6.092. En Santa Cruz de la Zarza, del partido de
Ocaña, el 20 por 100 está en manos de ocho propietarios y una sola finca tiene
2.300 hectáreas. Oropesa cuenta 37.700 hectáreas y entre veinte propietarios
concentran 28.980, es decir, el 88 por 100. Mientras subsista esta
concentración de riqueza abusiva y anárquica, en Toledo no puede haber paz. La
conclusión la deduce el comunista Mitje en estas
palabras: «Hay que quitarles las tierras a los grandes propietarios por motivos
de utilidad pública.» El socialista Rufilanchas opina
que las derechas que durante dos años malbarataron el derecho social y agrario,
«no pueden pedir que la legislación que ellas incumplieron sea cumplida ahora».
«La política del Frente Popular no puede ser coincidente con la de aquéllos:
cuanto más daño se haga, en aras de la justicia social, a lo que vosotros
significáis, más leal mente se cumplirá el pacto del Frente Popular. Cuanto
mayor sea la indignación y el encono de ellos, el Gobierno podrá pensar que da
satisfacción plena a los anhelos del pueblo». Aludido por algunos diputados el
ex ministro de Agricultura, Giménez Fernández, recuerda su ley sobre prórroga
del derecho de los yunteros para cultivar las tierras ocupadas y con ella «fijé
mi posición social-agraria de tal forma, que todavía no he podido librarme del
sambenito que entonces se lanzó sobre mí». «Yo no podía hacer más que dar la
ley: si después fui lanzado del Ministerio de Agricultura y los que vinieron
detrás modificaron mi criterio, yo no tengo culpa.»
«La Ley
de Arrendamientos a unos les parecía demasiado avanzada y a otros
ultraconservadora. Me declaro responsable del proyecto tal como lo presenté,
pero no de las barbaridades que se cometieron en su aplicación.»
En cuanto
a la Reforma Agraria del 31 es impracticable: el Gobierno lo ha reconocido al
presentar una nueva ley de Bases. «Es preciso que acertéis, añadía Giménez
Fernández dirigiéndose a la mayoría, porque vosotros ya tenéis la triste
experiencia de los años 31 al 33. Pensad que no se puede colocar a media España
fuera de la legalidad; que no tenéis derecho a perseguirla por el hecho de
tener ideas distintas de las que sostienen los que detentan el Poder. Sólo así
se podrá consolidar la República, porque si la República no es convivencia
dentro de la democracia, no es nada.»
Bermúdez
Cañete, diputado cedista, interpela al Gobierno sobre
readmisión de obreros despedidos y alojados forzosos. Enumera los estragos que la ley ultrarrevolucionaria causaba en la
economía nacional y la estela trágica que señalaba su aplicación por sí misma y
por las extralimitaciones y abusos con que era interpretada. Como derivación
inesperada, el diputado del Frente Popular, antes radical, López de
Goicoechea, hace una crítica de la política del Ministerio de Trabajo durante
el bienio radicalcedista. Cinco sesiones, casi
íntegras, se dedican a discutir los pormenores de aquella política, y de modo
particular a polemizar sobre los modos empleados por unos y otros para el
nombramiento de los delegados de Trabajo. De los Gobiernos del bienio radical-cedista, —recuerda el diputado radical Guerra del Río—
formaron parte Gordón Ordas, Botella Asensi, Sánchez
Albornoz, Gómez Paratcha, Palomo, Martínez Barrio,
Lara, Domingo Barnés, Santaló y Pi y Suñer, muy
interesados ahora en que se olvide su participación en los Ministerios
«ignominiosos».
El
larguísimo debate podría resumirse en estas palabras del socialista Zabalza,
secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra: «Con esos hombres
(dirigiéndose a los diputados de la oposición) no hay convivencia posible. Los
campesinos y las milicias rojas sabrán defender la República y harán morder el
polvo de la derrota a sus enemigos.» Y en estas otras frases del diputado de
Izquierda Republicana Fernando Valera: «Es lamentable que un país viva en
perpetua discordia, mientras están por hacer casi todas las cosas: familias sin
vivienda, gentes harapientas, campos sin cultivar, montes sin árboles, ríos que
embalsar... Cuando todo esto sucede es necesario que el país esté dispuesto a
buscar en un gran ideal nacional la solidaridad necesaria para llenar los
hogares de satisfacción y abrir horizontes a la economía.»
El clima
de guerra civil que se respiraba en la calle y en el Parlamento hacía imposible
el diálogo, y los hombres públicos, en lugar de entregarse afanosos a la labor
positiva que reclamaba el país, «donde casi todas las cosas estaban por hacer»,
vivían en perpetua discordia y continuas escaramuzas, preparatorias de recios
combates.
* * *
Se hace
muy patente la presencia de Casares Quiroga en el Ministerio de la Guerra, por
las profusas relaciones de jefes y oficiales de todas las Armas y de la Guardia
Civil, que inserta el Diario oficial. Unos son depuestos de sus mandos, otros
trasladados de plaza o relegados a situación de retiro. En contraste, quedan
los rehabilitados, cuantos sufrieron condena por su participación o complicidad
en los sucesos de Octubre. Cada día resulta más peligroso para un militar
vestir el uniforme, provocación insufrible para las turbas frentepopulistas.
Los incidentes se repiten, en especial en aquellas localidades no muy
populosas, con guarnición considerable, donde se destaca más la presencia de
elementos, armados. Tal sucede en Alcalá de Henares. Aquí los rozamientos y
choques menudean hasta hacer insoportable la vida de jefes y oficiales: el
desenlace trágico parece irremediable. Un incidente callejero, a cuenta de que
un oficial sale en defensa de unos niños maltratados por unos mozallones,
desencadena (15 de mayo) la tempestad, contra el oficial, insultado por la
muchedumbre con el epíteto de fascista y contra el capitán Rubio, del
Regimiento de Calatrava, paseante casual que acude en auxilio del compañero
agredido. Lo que era un grupo de vociferantes se convierte pronto en una
muchedumbre enfurecida, que obliga a los dos jefes a replegarse. El capitán se
dirige a su casa y hasta allí le siguen a pedrada limpia los irritados
marxistas, que para satisfacer su indignación tratan de incendiar el edificio.
El perseguido sale con su mujer y tres hijos pequeños por una puerta oculta,
que da a la carretera, y amparado en las sombras de la noche busca refugio en
el domicilio de un amigo, desde donde informa al gobernador militar de la
plaza, general Álvarez, de lo que sucede.
Casi a la
vez, unos oficiales llegados en autobús de Madrid, acometidos por grupos
hostiles han de buscar salvación en refugios de fortuna. El general gobernador,
reclama auxilio de Madrid, de donde le prometen el inmediato envío de fuerzas
de Asalto. Entretanto, prohíbe a la oficialidad que se exhiba en las calles. La
ciudad ha adquirido repentinamente aspecto huraño de población azotada por un
vendaval revolucionario. La Casa del Pueblo congrega a sus afiliados que
acuerdan pedir el inmediato traslado de los dos regimientos de guarnición en
Alcalá; de no ser atendida su demanda, se declarará la huelga general. El
ministro de la Guerra ordena que se acceda a la petición y que en un plazo de
cuarenta y ocho horas el regimiento de Villarrobledo salga con destino a
Palencia y el de Calatrava a Salamanca. Los jefes y oficiales reclaman
ampliación del plazo, y como el general Alcázar estima que la petición, por la
forma en que se ha producido, tiene carácter de rebeldía, ordena el arresto de
quienes la han formulado. Enviado por el Ministerio de la Guerra el general
Peña, para investigar sobre los hechos, dispone la inmediata salida de las
fuerzas y el arresto de los coroneles Gete y Moreno y de los jefes y oficiales
que les secundaron en la petición, todos los cuales son detenidos, desarmados y
conducidos a la prisión militar de Guadalajara, con escolta de guardias de
Asalto.
El
general Peña, designado para instruir proceso a los indisciplinados, incoa
juicio sumarísimo contra el coronel Gete y otros jefes por delito de
insubordinación. El fiscal solicita contra el coronel la pena de muerte, en
Consejo de guerra (24 de mayo). La sentencia le condenará a doce años de
prisión y a la misma pena a otros jefes. En grado menor serán castigados los
oficiales en otro Consejo de guerra.
* * *
Otro
episodio de la guerra civil: la víctima es el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, instructor y jefe de las milicias marxistas.
Sufrió procesamiento y prisión por su participación en la revolución de
Octubre. Cuando en la noche del 8 de mayo transita por la calle de Alcántara de
Madrid, unos desconocidos disparan contra él desde un coche, causándole la
muerte. Espectacular entierro rojo. Jóvenes uniformados que entonan La
Internacional abren el desfile ante el cadáver. A continuación fuerzas de la Marina
y de la Aviación con el general Núñez de Prado al frente de estas últimas.
Discurso de la «Pasionaria», que habla de venganza y de guerra. El teniente
coronel Mangada exclama: «Será necesario exigir al Gobierno que obre con más
energía en la represión de las provocaciones fascistas y reaccionarias. Pero ya
que el Gobierno no lo hace, tenemos el deber de juramentarnos todos para exigir
ojo por ojo y diente por diente.»
De las
molestias y peligros que supone circular por las carreteras de España da buena
idea una orden circular del ministro de la Gobernación a los gobernadores (10
de mayo), redactada en los siguientes términos: «Repitiéndose los casos de
detención de automóviles en las carreteras y de exigencia de cantidades con
distintos pretextos, sírvase vuecencia dar las órdenes necesarias a la Guardia
Civil y a los agentes de la autoridad para que corten tales abusos con una
constante vigilancia y procedan a la detención de quienes desatiendan sus
indicaciones, previniendo a los alcaldes que sin excusa alguna contribuyan a la
eficacia de esta medida, dándome a conocer los nombres de los que no cumplan
debidamente las órdenes superiores.»
Los
salteadores comunistas, con brazaletes rojos, pertenecen al «Socorro Rojo
Internacional». Infestan los caminos del Sur y de Levante, para exigir el
tributo. Uno de los que ha pagado este peaje rojo, según denuncia el diputado cedista Villalonga en las Cortes, es el ex presidente de la
República Alcalá Zamora.
El
tránsito por las calles no ofrece menores riesgos. La Delegación General de
Orden Público de Cataluña hace público el siguiente aviso (10 de mayo): «Para
evitar la repetición de hechos que desgraciadamente vienen repitiéndose con
alarmante frecuencia, las empresas, entidades o particulares que hayan de
trasladar fondos con sus empleados, deben requerir el auxilio de las fuerzas de
esta Delegación, que acompañarán a las personas indicadas a los lugares
correspondientes.»
CAPÍTULO 85.EL GOBIERNO SE DECLARA BELIGERANTE CONTRA EL FASCISMO
«AL
ENEMIGO DECLARADO LO APLASTAREMOS Y A LOS ENEMIGOS EMBOZADOS LOS BUSCAREMOS
PARA APLASTARLOS TAMBIÉN» (CASARES QUIROGA). — EL GOBIERNO «POR DIGNIDAD» NO
PUEDE TRABAJAR EN LAS CONDICIONES A QUE LE SOMETEN LAS MASAS PROLETARIAS. —
«LOS MAYORES PROPAGANDISTAS DEL FASCISMO SOIS LOS GOBERNANTES CON VUESTRAS
PERSECUCIONES Y ARBITRARIEDADES» (GIL ROBLES). — EL JEFE DE LA C. E. D. A.
DENUNCIA QUE EL GOBIERNO, CON SU POLÍTICA DE RENCOR Y VENGANZA, LLEVA AL PAÍS A
LA GUERRA CIVIL. — «LA POLÍTICA ECONÓMICA ESTÁ REGULADA POR EL MARXISMO» (CALVO
SOTELO). — SE APRUEBA LA LEY SOBRE REVISIÓN DE DESAHUCIOS DE FINCAS RÚSTICAS. —
«LA ANARQUÍA Y AUSENCIA DE AUTORIDAD DE ESPAÑA, NO TIENE PRECEDENTE EN NINGÚN
PAÍS EUROPEO» (VENTOSA).
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