CAPÍTULO 80.

ALCALÁ ZAMORA DESTITUIDO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL PARLAMENTO. — UNA PROPOSICIÓN DE LEY DE LA MAYORÍA DECLARA QUE NO FUE NECESARIO EL DECRETO DE DISOLUCIÓN DE CORTES. — SU APROBACIÓN LLEVA IMPLÍCITA LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. — DIFICULTADES PARA NOTIFICAR A ALCALÁ ZAMORA SU CESE. — EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA ASUME LAS FUNCIONES DE JEFE DE ESTADO. — AZAÑA DICE QUE EL PROGRAMA DE GOBIERNO ES EL DEL FRENTE POPULAR. — CALVO SOTELO PLANTEA DEBATE SOBRE EL ORDEN PÚBLICO. — «DISPUESTOS A TODA CLASE DE SACRIFICIOS, NO ACEPTAMOS LA ELIMINACIÓN COBARDE ENTREGANDO EL CUELLO AL ENEMIGO» (GIL ROBLES). — «ESPAÑA ES EL PAÍS DE MÁS INCERTIDUMBRE DE EUROPA» (VENTOSA). — «¿NO QUERÍAIS VIOLENCIA? PUES TOMAD VIOLENCIA» (AZAÑA). — CALVO SOTELO HACE UNA RELACIÓN DE SUCESOS TRÁGICOS. — EL GOBIERNO OBTIENE LA CONFIANZA EN LAS CORTES.

Admitidos la mitad más uno del número legal de diputados (3 de abril), las Cortes quedan constituidas definitivamente. Es elegido presidente de la Cámara, Martínez Barrio por 287 votos, y reelegidos los vicepresidentes que hasta entonces actuaban como provisionales. El presidente saluda a las nuevas Cortes. «Nacen —dice— plenas de autoridad: hagamos lo posible por que esa autoridad se robustezca y multiplique en los días futuros.»

A continuación un secretario da lectura al escrito del jefe del anterior Gobierno, Pórtela, con el decreto del Presidente de la República sobre di­solución de «las primeras Cortes ordinarias de la República» y de otro si­multáneo de convocatoria de nuevas elecciones. Acto seguido, el secretario lee una proposición presentada en el momento mismo de quedar constituida la Cámara, rogando al Congreso «se sirva declarar que siendo la disolución de Cortes acordada por decreto de 7 de enero, la segunda que se ha decretado durante el actual mandato presidencial, procede, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, examinar y resolver sobre la necesidad del referido decreto, examen y resolución que conforme a lo también establecido en dicho artículo, han de constituir el primer acto de estas Cortes, procediendo por consiguiente a anunciar hoy el planteamiento del asunto para que pueda ser abordado dentro de las condiciones establecidas en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara». Firman la proposición: Indalecio Prieto, Largo Caballero, Llopis, Uribe, Enrique de Francisco, Acuña, Ángel Pestaña, Dolores Ibarruri, Belarmino Tomás, Jaime Comas, Manuel Pedroso, Galarza, Jiménez de Asúa, Álvarez del Vayo, Mariano Moreno, Pedro Corominas y José A. Trabal.

Los firmantes, componen la representación plena de las fuerzas que hicieron la revolución de Octubre de 1934. La propuesta ha sido mi­nuciosamente elaborada para desalojar a Alcalá Zamora de la presidencia de la República. Su verdadero autor, Indalecio Prieto, contaba con la complicidad y el apoyo de todos los grupos izquierdistas, unánimes en la animadversión al Jefe del Estado. No causó sorpresa. Era la culminación del triunfo del Frente Popular, que sin esta eliminación resultaría incompleto, frustrado y estéril.

Prieto se encarga de defender la proposición. Apoyándose en «El derecho de disolución del Parlamento», de Gaspar Bayón y Chacón, «obra notabilísima de un ilustre funcionario de las Cortes», sostenía que las disueltas el 9 de octubre de 1933 no tenían de Constituyentes más que el nombre, pues desde el momento que se aprobó la Constitución se convirtieron en ordinarias. Si hubieran continuado siendo constituyentes, su disolución hubiese sido ilegal. Y siendo ordinarias, el Presidente de la Re­pública no tenía facultad para disolverlas, sino en virtud del artículo 81, y, por ello, «su disolución ha de incluirse en el cómputo que dicho precepto establece». Las Cortes deben declarar «lisa y llanamente si el decreto presidencial dictado el 7 de enero del corriente año agota la facultad del Presidente de la República, computando al efecto la disolución de las Cortes Constituyentes, que pudieron y debieron disolverse por sí mismas». En tal caso, las actuales no pueden ser disueltas por Alcalá Zamora. Inquirió Maura la opinión del Gobierno, y Azaña se limitó a decir: «El Gobierno está conforme con la tesis expuesta y reflejada en la proposición y en la tramitación que le ha dado el Presidente de la Cámara.» Ya en el uso de la palabra, el jefe del Gobierno exaltó la esperanza y la confianza de los republicanos en la reconquista del poder por los medios pacíficos y normales. «Voy a la obra del Frente Popular —añadió— por el propio impulso vital que me caracteriza. No me asustan las ingentes dificultades con que voy a tropezar.» Esos obstáculos «unos consisten en agresiones al régimen y al Gobierno, otros en indisciplina de masas o de grupos no sujetos a la dirección y responsabilidad de ninguna organización política, y otros son las reacciones ofensivas de los intereses lastimados por la política republicana». «Se ha alborotado mucho en algunos pueblos: se han cometido desmanes que el Gobierno manifestaría una simple ridiculez si dijera que los lamenta, una cosa innecesaria si dijera que los reprueba y una cosa obligada si afirma que trata de corregirlos... Nosotros nos hemos encontrado el 19 de febrero del año 36 con un país abandonado por las autoridades: cuando yo me voy del Gobierno y ya he sabido irme, elegantemente, dos veces— dejo a mis subordinados en su sitio hasta que los reemplacen los de mi sucesor; pero el día 19 de febrero, cuando nosotros desde Gobernación llamábamos, no había ni gobernadores ni funcionarios subalternos en los gobiernos, ni nadie que pudiese responder ante el nuevo Gobierno de la autoridad provincial y local. Y yo entonces sentí la aprensión justificada de lo que podría pasar. El Gobierno y su presidente no disculpan nada. Pero hay que discurrir como hombres. ¿Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no trasparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?»

«Hay la explotación política del suceso, lo que ya no es legítimo. Te­nemos que acudir al remedio de esa aberración del espíritu español, que consiste en un eclipse total del sentimiento de la justicia y de la piedad y hay que acudir con una obra desde el Gobierno subsanando las vías usuales en España de gobernar y haciendo saber a todos que hay un modo honesto, honrado de entender la vida pública, dentro de la cual caben todas las competencias y todas las oposiciones: que hay un respeto a la vida y al derecho de los demás que nadie está autorizado a traspasar.»

«La pasión de las luchas políticas en que estamos envueltos los españoles desde hace años, propende demasiadas veces a resolver las cosas por la violencia y ha llegado a infundir en las gentes no militantes en los partidos una sensibilidad irritada que las inquieta y no las deja vivir con reposo. Por una parte hay la corriente de pánico a supuestas subversiones del orden social que desalienta a mucha gente, imaginando que un día de estos España va a amanecer constituida en soviet. Que esto lo crea el vulgo no me sorprende, pero que lo crean y propaguen personas que conocen la política y militan en ella, pasa de los límites de lo lícito. A favor de esa corriente se crea la atmósfera necesaria para que los golpes de fuerza sobre el país prosperen. ¿Quién puede pensar que somos un Gobierno claudicante? La otra corriente de pánico es a la inversa. Cuando se habla de orden público, los ministros suelen excederse en afirmaciones rotundas. Yo no diré nunca una bravata. No he venido a gobernar con una tranca ni con una bolsa de dinero para corromper. No somos ni verdugos ni títeres. Gobernamos con razones y con leyes.»

«Hay otro género de obstáculos: las agresiones y reacciones ofensivas de los intereses lastimados por la política del Gobierno. Sí, es cierto, vamos a lastimar intereses cuya legitimidad histórica no voy a poner en cuestión, pero que constituyen la parte principal del desequilibrio que padece la sociedad española. ¡Ahora quisieran los que nos acusaban de destruir la economía española que aquella otra política no se hubiera interrumpido, porque ahora el sacrificio tendrá que ser mayor! Venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza dondequiera que esté; a equilibrar las cargas sociales y a no considerar en la sociedad más que dos tipos de hombres: los que colaboran en la producción y los que viven del trabajo y a costa de la labor ajena. Para los privilegiados de España se presentará la opción entre acceder al sacrificio o afrontar los efectos de la desesperación. Si la reacción ofensiva de los intereses lastimados llega a producir lo que se produjo contra la política de las Cortes Constituyentes, habremos perdido la última coyuntura legal, parlamentaria y republicana de atacar de frente el problema y resolverlo en justicia.»

«Gobierno con la ley. Gobierno con la Constitución de la República, aunque sea mala y discutible.» «Ésta es quizá la postrera coyuntura que tenemos, no sólo del desenvolvimiento pacífico y normal de la política republicana y del asentimiento definitivo y pacífico del régimen republicano en España, sino también del régimen democrático. Salvemos la institución republicana y hagamos todo lo posible para que por razón de ineficacia y esterilidad no naufrague también el último reducto donde se asienta la libertad civil. Yo no quisiera verlo perecer.»

Pórtela, aludido, afirma que abandonó el poder «porque las elecciones tenían un carácter plebiscitario». Afronta y acepta las responsabilidades políticas por la disolución de Cortes, «tal como el Congreso, supremo soberano, decida». Estima que el debate debe ser aplazado conforme al artículo 106 del Reglamento, «pero por encima de todo está la voluntad de la Cámara y a ella me someto».

* * *

Cuestión tan grave como la que plantea la proposición no puede ser resuelta atropelladamente, opina Ventosa. «Es indiscutible que el planteamiento de una cuestión presidencial en el momento presente representaría con muchas probabilidades la elección de una persona que significaría una perturbación permanente durante su mandato.» Insinúa que el Tribunal de Garantías podría ser el llamado a resolver el conflicto entre el Parlamento y el Presidente de la República. Comparte esta opinión Carrascal, representante de la C. E. D. A., pero los autores de la proposición se muestran contrarios a aceptar ninguna fórmula o recurso dilatorio, y estimándose suficientemente discutido el asunto se procede a votar, aprobándose aquélla por 181 votos contra 88.

Para completar la maniobra, en otra proposición (7 de abril) con las mismas firmas se pide que las Cortes declaren «que no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 1936». La aprobación de esta propuesta lleva implícita la destitución del Presidente de la República. Vuelve a protestar Ventosa contra la forma y urgencia con que se plantea un tema de tanta trascendencia. Debe tramitarse, exclama, previo nombramiento de una «Comisión especial que con el estudio de los antecedentes y bajo la responsabilidad de quienes la formen emita su dictamen para que sobre el delibere la Cámara». Prieto, director y ejecutor exclusivo de la ofensiva contra el Presidente, se niega a aceptar otro procedimiento que retrase la solución. Ésta tiene que ser «rápida, inmediatísima, para evitar que autoridad tan altísima como la del Presidente de la República esté en litigio». El líder socialista respira la gozosa prisa del cazador que va tras la pieza seguro de cobrarla. «Nosotros, dice, abrimos de par en par las puertas del Palacio presidencial a otro ciudadano que al ir ungido por el voto del pueblo tenga la facultad omnímoda de disolver este Parlamento cuando lo estime conveniente, cosa que no puede hacer el Presidente actual, y con lo cual desaparecería todo peligro de Convención. Cuando surge una incompatibilidad entre el poder moderador de una República y las Cortes, o la opinión, no hace falta la revolución: entonces se echa al poder moderador.» «Las Cortes, continúa Prieto, no fueron disueltas con el limpio afán de recoger un anhelo de las masas, sino con el deseo ilógico, de atropellar la voluntad soberana del país, haciendo un Parlamento conforme al criterio presidencial, en vez de estar, como dispone la Constitución, subordinado a la opinión del país.»

En apoyo de que Alcalá Zamora había agotado la facultad de disolución, aduce trozos de discursos de Gil Robles, durante la campaña electoral pronunciados en Lugo, Orense, León, Córdoba, Toledo y Madrid, en los que se hace petición idéntica a la formulada en la proposición. No salía bien parado el Presidente de la República de tales textos, que al orador socialista le sirven de base de partida para incursiones por otros predios de los dominios presidenciales, de los cuales regresa con nuevas pruebas del descrédito del «personaje altísimo» que debía ser sustituido «por otro hombre que cuente con el respeto admirativo de la opinión pública» y con potestad «para disolver este Parlamento cuando lo juzgue conveniente con arreglo a la libertad que la Constitución le confiere».

Estima Gil Robles que Prieto involucra dos cuestiones: la de procedi­miento y la de fondo. «Aunque reconociéramos que el decreto de 7 de enero agotaba la facultad presidencial, no quiere decir que encontráramos bueno el camino seguido para llegar a esa declaración.» Respecto a los juicios expresados durante la campaña electoral, «los textos no son verdad más que cuando son completos»; y la habilidad de truncarlos no basta para deducir con ello que reflejen exactamente el pensamiento del orador. Coincide con Ventosa en que debe seguirse el procedimiento señalado por los artículos 82 y 107 de la Constitución. Establecen éstos que la destitución del Presidente han de proponerla cien diputados, anunciándose el debate con tres días de anticipación. La votación ha de ser por bolas y tomada en consideración la iniciativa de los cien diputados, la Cámara formula una propuesta de destitución que implica el apartamiento del Presidente de la República de sus funciones y la convocatoria de elecciones de compromisarios, que se habrán de reunir con los diputados para decidir si procede o no la destitución y en el caso de que se acordara la improcedencia, se produce automáticamente la disolución del Congreso. Para ganar esta votación son necesarios los votos de las tres quintas partes de la Cámara, en lugar de la mayoría absoluta. «Si tan seguros estáis — afirma Gil Robles— de que en una contienda normal con plenas garantías está la opinión a vuestro lado, id claramente, por el camino del artículo 82. De lo contrario, no podemos acompañaros.»

Como Prieto le culpara de haber compartido con el Gobierno Pórtela los desafueros y atropellos electorales, Gil Robles contesta: «Somos un partido que no ha hecho ni una sola elección desde el Gobierno; en todo momento hemos luchado contra los que tenían los resortes del mando, y, como si eso no fuese bastante, contra lo que vosotros habéis hecho en muchas provincias desde el día de las elecciones hasta el escrutinio, arrebatándonos más de cuarenta actas.» «Nos apartamos de la Comisión de Actas porque queríamos dejaros íntegra la responsabilidad de la formación de un Parlamento que nace con un vicio de nulidad de atropellos y de violencia. Que quede, señores diputados, esto también en las páginas indelebles del «Diario de Sesiones», para que conste que una fuerza política que siempre ha luchado en la oposición ha tachado de ilegítimo todo lo que vais a hacer.»

Continúa el debate, «estéril y perturbador» —a juicio de Ventosa encaminado a originar una crisis presidencial «improcedente y peligrosa», y anuncia que el grupo de la Lliga se abstendría de votar. «La Convención nace en el día de hoy —exclama Calvo Sotelo— por este acuerdo, más que si hubierais dejado al señor Alcalá Zamora enquistado en la Presidencia y maniatado frente al Parlamento. El Presidente futuro no será árbitro de la nación, sino el jefe designado por unos partidos». «Habéis elegido — afirma Maura— el camino tortuoso, para cobraros unas viejas cuentas, porque por el camino legal no podíais derribarle. Soy un convencido hasta la saciedad de que el derrotero que el Presidente trazaba a la República era funesto; he procurado inútilmente, por todos los medios, durante mucho tiempo, que ese derrotero cambiara. Como Jefe de Estado había perdido mi estima, y hubiera votado contra él con arreglo al artículo 82. ¿Qué necesidad tenéis de manchar la limpieza de unas Cortes, para hacer creer a las gentes que obráis solamente por pasión? ¡Oídlo bien! Lo que nos estamos jugando esta tarde, es más que un mero pleito político y personal: es la esencia de la República.»

Los agrarios, manifiesta el diputado Cid, estiman que la cuestión debe ser resuelta por un Tribunal que no sea la Cámara. Se abstendrán de intervenir en la votación y también los progresistas, cuyo representante, Fernández Castillejo, dice que «quizá el historiador de mañana al relatar este episodio podrá escribir: «Las segundas Cortes de la República inauguran su mandato con un golpe de Estado.»

* * *

En las cuatro horas de sesión y terciando en ellas tantos oradores, no se alza ni una sola voz en defensa del Presidente de la República, de su actuación y de su obra. Alcalá Zamora parecía no haber existido para ninguno de aquellos a quienes patrocinó ya fuesen diputados, ministros o jefes del Gobierno. Pero en la farsa que se representaba, lo más singular y asombroso era que los conjurados para derribarle se apoyaban cínicamente en el argumento de que el último decreto de disolución no era necesario, después de haberlo exigido con griterío desaforado en sus propagandas políticas y de aconsejarlo como indispensable al ser consultados por el Jefe del Estado en la última crisis. ¿Hubiesen podido sacrificar al Presidente de la República y disponer de los poderes omnímodos que se atribuyen sin el decreto por el que ahora desahuciaban con ignominia a Alcalá Zamora?

Por 238 votos contra 5, éstos del grupo de Pórtela, se aprueba la propuesta. Se abstienen las minorías de oposición. Los diputados en el ejercicio del cargo son 417; la mitad más uno, 209; por tanto, la votación es válida. Se anuncia a la Cámara que la Mesa de las Cortes se traslada acto seguido a notificar al Presidente de la República el acuerdo. Eran las diez y diez minutos de la noche del 7 de abril.

Componían la Mesa los vicepresidentes Jiménez de Asúa, Sánchez Albornoz y Rosado Gil; los secretarios González y Fernández de la Bandera, Llopis y Trabal, asistidos del oficial mayor del Congreso, San Martín.

Llegados al domicilio particular del Presidente, penetraron los delegados, mientras quedaba zumbando en la calle la colmena de reporteros y fotógrafos. En aquel momento acompañaban al Presidente el general Queipo de Llano, el Secretario General, Sánchez Guerra, Samper, Fernández Castillejo y el jefe del Gabinete de Prensa de la Presidencia, Emilio Herrero. Estaban enterados de lo sucedido en el Congreso y sabían lo que se avecinaba.

Tras breve espera en una sala, apareció el periodista Herrero, para manifestar a los mensajeros que el Presidente no podía recibirlos, por hallarse descansando. Se trata de hacerle una notificación urgentísima e imprescindible, explica Jiménez Asúa, y la Cámara espera. Nueva pausa: ahora es el hijo mayor de Alcalá Zamora, catedrático de Derecho Procesal, el que razona la negativa de su padre. «Como ningún precepto constitucional le obliga a recibir personalmente la notificación, bastará hacerla por cédula, como en cualquier procedimiento. En último caso podían hacérsela a él, comprometiéndose a transmitirla.» «Como no se trata de una simple providencia, responde Jiménez de Asúa, la Mesa de las Cortes se traslada acto seguido al Palacio Nacional, domicilio oficial del Presidente de la República, para cumplir su encargo.»

A las once de la noche llegaban los parlamentarios a Palacio, y tras de no pocas diligencias y llamadas lograron que se les abrieran las puertas y se reavivaran las estancias solitarias y oscuras, hasta el despacho presidencial, donde el oficial San Martín comenzó a redactar la notificación. En este momento se presenta el Secretario General de la Presidencia, Sánchez Guerra, que se hará cargo del documento.

De nuevo parten los componentes de la Mesa hacia el Congreso y a su llegada se reanuda la sesión en presencia de todo el Gobierno y llenos los escaños, con excepción de los cedistas. Preside Jiménez de Asúa. El secretario, Llopis, lee el acta, redactada en el Palacio Nacional: «Constituida la Mesa de las Cortes en el domicilio particular de S. E. Don Niceto Alcalá Zamora —se dice en el documento—, no pudo hacerse la notificación del acuerdo adoptado por el Congreso en la sesión de hoy, porque a pesar de insistentes requerimientos hechos por los señores vicepresidentes de las Cortes, se nos respondió que S. E. se hallaba descansando y que ningún precepto constitucional le obligaba a recibir personalmente la notificación. Invitados a hacerla ante alguno de sus allegados, el vicepresidente primero del Congreso opuso que en tal caso se haría la notificación en el domicilio oficial del señor Presidente de la República. Inmediatamente la Mesa se trasladó al Palacio Nacional, e hizo entrega al señor Sánchez Guerra, en su calidad de Secretario General de la Presidencia de la República, de la comunicación del Presidente del Congreso, trasladándole el acuerdo adoptado por las Cortes en la sesión de hoy, para que lo hiciera llegar a su au­téntico destinatario.»

Se lee a continuación el artículo 74 de la Constitución que dispone que en caso de quedar vacante la Presidencia de la República, «el Presidente del Parlamento asumirá las funciones». Una delegación de la Mesa sale en busca de Martínez Barrio, que aguarda en su despacho. Al aparecer en el salón, los diputados puestos en pie le aclaman. Promete solemnemente por su honor ante las Cortes «servir fielmente a la República, guardar y hacer guardar la Constitución y observar las leyes». Nuevas efusiones de entusiasmo y vivas a la República.

El contento de cuantos han participado en la conjura no es para dicho. Satisfacción y sorpresa al ver cuán fácilmente habían logrado eliminar el estorbo. El Frente Popular amplía los caminos para sus avances y abre nuevos horizontes. Momentos felices los que siguen a la supresión de Alcalá Zamora. El Presidente interino rebosa de dicha, ante el oleaje de parabienes. Empieza a clarear el día, cuando sale del Congreso otro lucido cortejo en dirección al Palacio Nacional. Figuran en él Martínez Barrio, el jefe del Gobierno, ministros y muchos altos cargos y funcionarios. Martínez Barrio va a posesionarse oficialmente de su cargo. El acto se celebra en el despacho del anterior Presidente, en presencia del Gobierno, del general Batet, jefe del Cuarto Militar de la Presidencia, del jefe de la escolta presidencial, comandante Casado y del Secretario General, Sánchez Guerra. Las ceremonias se suceden: dimisión formularia de Azaña, ratificación de confianza y los mejores augurios, porque de ahora en adelante los republicanos auténticos tienen su república, la que ellos querían y esta vez para siempre. Así lo creen en el alborear radiante de la mañana abrileña.

La destitución de Alcalá Zamora, alegra a unos, deja indiferente a la mayoría e indigna a los contados amigos de aquél. «Ni nos duele ni nos complace la caída —escribe A B C—, pero reconocemos que significa una ejemplaridad saludable, una lección para muchos hombres que entran en la política con igual estilo que Alcalá Zamora.» El Debate considera que «se ha colocado al país ante un problema artificial, complejo y grave cuando el país se halla atareado por otros más reales y apremiantes». Estima El Socialista que «el Frente Popular se manifiesta resuelto a cumplir las etapas políticas y sociales que se propuso y refrendó el país». «El Gobierno —escribe Mundo Obrero— no tiene ahora tope en las alturas.» «La destitución — afirma Claridad— rectifica el error tremendo de la elección de Alcalá Zamora. Su mentalidad monárquica, su complejo de inferioridad y su conciencia católica explica todo lo sucedido desde diciembre de 1931. Sólo buscaba el medro personal y por eso rompió con los partidos que le llevaron al sitio que ocupó.»

El conde de Romanones recuerda que «el 14 de abril de 1931 Alcalá Zamora, conminatorio, dio a la Monarquía de plazo hasta la puesta del sol: al Presidente de la República no le han dado ni una hora». Companys por todo comentario, dice a un diputado de su minoría: «Habéis cerrado el 6 de Octubre. Todo está vengado y todo está salvado.» Dos años después escribirá Alcalá Zamora en L'Ere Nouvelle, de París (6 de mayo de 1938): «Me vi en el dilema de resistir, contando con el apoyo seguro de la mayoría de la población, o de someterme a una injusticia. Me vi obligado a elegir entre una guerra civil próxima e inevitable, que debía de estallar en un plazo de pocos días, y el peligro de una guerra más lejana, pero más intensa aunque hipotética. En ese momento trágico no vacilé, prefiriendo esperar que triunfara el Frente Popular. Si no resistí fue por evitar la guerra civil, pero de todos modos era inevitable, aunque no he cargado con la responsabilidad de desencadenarla.»

Nunca se conocerán las misteriosas legiones con las que contaba Alcalá Zamora fieles a su causa y a su persona.

* * *

Se otorgó el Parlamento ocho días de vacaciones y se reanudaron las sesiones el 15 de abril. Este día Azaña hizo la declaración ministerial, continuación del discurso pronunciado el 7. El programa que vamos a realizar —dijo— es el de nuestra coalición de izquierdas. Consiste principalmente en la amnistía y en las reparaciones debidas a los que han padecido persecuciones políticas. Forman parte de estas medidas de reparación la restauración de la legislación autonómica votada por las Constituyentes. En el grupo de medidas de orden político figuran las que afectan a la reforma del sistema electoral del Tribunal de Garantías Constitucionales y del presidente del Tribunal Supremo; una ley de competencias para delimitar las distintas jurisdicciones existentes y la reforma del Reglamento de la Cámara. «Necesitamos adaptar las Cortes a la vida moderna y a la rapidez, energía y competencia de un Estado moderno.»

Pero las cuestiones que por el momento preocupan nuestra atención son la situación del campo y el paro obrero. También el problema económico es grave. La deuda comercial, onerosísima. El Centro de Contratación no puede atender las peticiones cotidianas que se le hacen. Por falta de pago nos hemos visto al borde de carecer de primeras materias para el movimiento de algunas industrias. La situación de la Hacienda tampoco es muy lisonjera. «Mientras con la política comercial no acertemos a hacer descender el nivel de nuestra balanza de pagos, los sacrificios que se hagan para liquidar o reducir la deuda comercial serán estériles.»

«Todos los españoles que no tienen la desgracia de haber caído en la miseria y en la falta de trabajo, están habituados a una cierta facilidad de vida, a que no falte nada, y nos alegra que los extranjeros que oyen nuestras lamentaciones nos digan: «Pero si ustedes viven en un país privilegiado; si aquí hay de todo, si aquí la vida es barata y se vive mejor que en parte alguna.» Sí, muy bien; pero esta facilidad de vida relativa nos cuesta cada año una pérdida substancial en la riqueza española y es preciso llamar la atención del país sobre la necesidad de actuar decidida y abnegadamente por un sistema de privaciones si queremos normalizar la vida económica, pues de lo contrario tendremos que pagarla con pérdidas irreparables de la riqueza y del caudal españoles.»

Habrá que pedirle al país dinero para obras públicas, «pero sin convertir éstas en una mal disfrazada obra de beneficencia». Respecto a la política agraria, «dentro de dos o tres días, se traerá a las Cortes el proyecto de ley derogando la contrarreforma agraria del año 1935; el proyecto de rescate y readquisición de bienes comunales; otra ley rectificando o revisando los desahucios que se han decretado; una nueva ley de Arrendamientos; nuevas bases de la ley Agraria; otra ley permitiendo la consolidación de la propiedad de los arrendatarios y otra con disposiciones sobre tierras procedentes de donaciones y mercedes de la Corona y que pondrá a disposición de la Reforma Agraria la masa de tierras que el Estado necesita para hacer estas reformas sin sacrificarse hasta derramar la última gota de sangre de sus venas. A estas horas se ha dado tierra en las provincias extremeñas a 70.000 yunteros; dentro de unos meses se les dará dinero. Hemos acelerado también la política de asentamientos. El Gobierno presentará la fórmula de crédito para dar efectividad a esta reforma agraria». Restableceremos toda la legislación social de las Constituyentes: «Vamos a crear en la ley el delito de envilecimiento doloso del salario, y organizaremos la magistratura social.»

En el orden internacional, España cooperará a la obra pacificadora de la Sociedad de Naciones y cumplirá las obligaciones que nazcan del Pacto.

En cuanto a política interior, «no arde en ningún alma con tanta fuerza la pasión del bien público como en la nuestra». «El fenómeno a que asistimos en España es el acceso al poder político de nuevas clases sociales, fenómeno que localizamos en el primer tercio de este siglo. Nuestro deber de políticos y gobernantes es acercarnos a ese fenómeno con el propósito de organizar de nuevo la democracia española. Nosotros quisiéramos contribuir lo suficiente para que se desarraigara de entre nosotros la apelación cotidiana a la violencia física. Ya sé yo que estando arraigada como está en el carácter español la violencia, no se puede proscribir por decreto, pero es conforme a nuestros sentimientos desear que haya sonado la hora en que los españoles dejen de fusilarse unos a otros. Nadie tome estas palabras por apocamiento ni por exhalación de un ser pusilánime que se cohíbe o encoge delante de los peligros que pueda correr el régimen que está encomendado a su defensa. Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil; más bien hemos venido con la intención de evitarla.»

Una sola cosa quisiera que se les pegase a los demás de mí: la calma, que es también una fuerza política. No debemos dar valor a lo que no lo tiene. Cuando paso por algunas provincias de nuestro país, bellas desde la creación, miserables hoy, donde la pobreza española se ha comido hasta la corteza de los árboles y ya no queda nada por destruir, muchas veces me digo que nuestro país por esas muestras parece una tierra magnífica echada a perder por sus moradores. «Pues este mismo estrago de la tierra española lo observamos todos en el espíritu español, más difícil de restaurar que el estrago físico, y tanto como hablamos y hablan otros del abandonamiento de las riquezas españolas, que se pierden sin explotación, lo que yo más temo, lo que más me preocupa, a donde van a parar todos mis pensamientos, es la pérdida de las fuerzas naturales del espíritu español, que no han encontrado hasta hoy una mano amorosa que se ponga en cóncavo debajo del manadero y lo sostenga y lo acerque a los labios para que nuestro país pueda beber lo que tanta falta le hace. Mientras vosotros queráis ayudarnos, aquí lo estaremos: pero toda esta emoción y todo este empuje, sépase de una vez para siempre, que yo lo tengo colgado de un pelo y que estoy dispuesto a echarlo por el suelo en cuanto se tuerza en lo más mínimo nuestro propio respeto, la integridad de nuestra obra y la disciplina y devoción de la causa republicana que yo he venido aquí a defender y re­presentar.»

* * *

El respetuoso silencio con que fue escuchado Azaña se quebró cuando Calvo Sotelo se levantó a hablar. Su figura atlética domina el mar revuelto de los frentepopulistas, inquietos y como sojuzgados por una mezcla de admiración y de miedo. Apenas iniciado el discurso suena la primera interrupción y a partir de aquel momento se produce el constante aullar de las jaurías fustigadas. Insultos, injurias, amenazas. En vano el presidente se esfuerza por aplacar a los irritados. «Las interrupciones que tengan carácter ofensivo —explica el orador—, viniendo de ciertas personas, para mí no constituirán ofensa.» Y mira al decir esto a los escaños comunistas. Dos mujeres, la «Pasionaria» y la Nelken, sobresalen como escandalizadoras. «Hablar de calma como característica del Gobierno, dice Calvo Sotelo, cuando no existe garantía para la vida en la calle, y amenaza la disolución social, y muchedumbres uniformadas gritan: ¡Patria, no!, y al grito de ¡Viva España! se contesta con vivas a Rusia, y se falta al honor del Ejército y se escarnece a España; cuando todo eso ocurre durante siete u ocho semanas, ¿es posible tener calma?» «A partir del 16 de febrero dijérase que se ha volcado sobre España un ventarrón de fuego y de furor. Desde el 16 de febrero hasta el 2 de abril se han producido los siguientes asaltos y destrozos: en centros políticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36. (Un diputado interrumpe: «Muy poco cuando no os han arrastrado a vosotros todavía»). Centros políticos incendiados, 12; establecimientos públicos y 127 privados, 45; domicilios particulares, 15; iglesias , 106, de las cuales 56 quedaron completamente destruidas; huelgas generales, 11; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 74.» (La relación de estos sucesos, publicada en el Diario de las Sesiones de Cortes correspondiente al 15 de abril de 1936, comprende once páginas). «Entre los episodios los hay tan horrendos que no hay ninguna persona con figura humana que no sienta indignación.»

«¿Sabéis —pregunta Calvo Sotelo— lo que está ocurriendo en Jerez? Los edificios que han incendiado o intentado incendiar, entre anoche y hoy, son: Conventos de San Francisco, de Santo Domingo, de las Mínimas, de las Reparadoras; periódico Guadalete y un centro de derechas.» (Varios diputados: «¡Para la falta que hacían!»). «¿Quién quema? Álvarez del Vayo, diputado socialista, dijo en un mitin de Barcelona hace quince días que los incendios producidos así en La Nación, como en las iglesias de San Ignacio y de San Luis eran debidos a que el pueblo de Madrid quería hacer una protesta contra el ritmo lento con que el Gobierno desarrollaba el programa del Frente Popular. Y con palabras más expresivas, tomadas íntegramente del discurso del sindicalista o comunista Asín, en el mitin celebrado en Cartagena el día 5 de este mes, se dice lo siguiente: «No debemos contentarnos con quemar una o mil iglesias. Eso es un espectáculo que tiene algo de fausto, algo deslumbrante, más o menos magnífico, pero que no tiene base sólida para garantizar nuestro bienestar en el día de mañana. Única manera de hacer efectiva nuestra liberación económica es expropiando a la Deuda privada, al Banco de España: expoliando a todos los que explotan y expolian al pueblo español.»

«El desenfreno dura semanas y meses.» («Y lo que durará», interrumpe la Nelken). «Que el señor Azaña, exclama el orador, tome nota de esas palabras.» La pesadumbre en el concepto mundial, que producen estos sucesos, la refleja la prensa extranjera. L'Ere Nouvelle, órgano de las izquierdas francesas, los comenta así: «Desde el primero de marzo en toda España reina el desorden. En casi todas las grandes ciudades los elementos de extrema izquierda han emprendido una campaña de violencias que toda democracia debe condenar. Es singularmente paradójico reprochar a los regímenes de dictadura el uso de la fuerza y proceder exactamente como ellos cuando la ocasión se presenta. Nadie ignora que los atentados se suceden en ciertas ciudades desde hace un mes. Y se conocen al detalle, a pesar de la censura de Madrid, los odiosos actos cometidos contra muchas sociedades representativas de doctrinas opuestas al nuevo régimen. Estos mismos excesos prueban que el Gobierno de Madrid está siendo desbordado por sus aliados de extrema izquierda. El peligro para las democracias no está sólo en los partidos de la reacción. Aquel que constituyen los partidos revolucionarios no es menos grave para ellas. Habiendo dado jaque a uno, España parece incapaz de reaccionar contra el otro.»

«Los efectos en el orden económico —prosigue el orador— son desastrosos: el descenso en las cotizaciones bursátiles desde el 14 de febrero supone una merma de 1.936 millones de pesetas; la circulación fiduciaria en el mismo periodo ha subido 480 millones; la cotización de la peseta sigue en descenso; el turismo se retrae y el Instituto de Derecho Internacional, que tenía anunciado su Congreso en Madrid para el mes de abril, lo ha suspendido en vista del desorden imperante.»

«El señor Azaña prestó, quizás, un servicio a España, porque en un cuerpo electoral de mayoría marxista obtuvo una representación mayoritaria republicana. Pero el Gobierno del Frente Popular es cosa muy distinta del Frente Popular como coalición electoral. Me fundo —afirma Calvo Sotelo— en que el Frente Popular es una consigna soviética, acordada en agosto de 1935 en un Congreso de la Internacional Comunista celebrado en Moscú, como transición hacia la dictadura proletaria. Hay otro hecho y es la bolchevización progresiva del partido socialista español, confirmada en un proyecto de programa que se redactó para la revolución de octubre, y en el publicado por la Agrupación Socialista Madrileña. Si el Gobierno ha de vivir de la asistencia de esas fuerzas, no puede ser una garantía contra el comunismo, porque esos partidos quieren, lo ha dicho Largo Caballero, la conquista del poder para el proletariado por todos los medios. En aquellos programas se propugna la socialización de la industria y la disolución del Ejército para ser reorganizado después de eliminar generales, jefes y oficiales. «Las fuerzas proletarias españolas se disponen a dar un segundo paso revolucionario, que será la instauración del comunismo.» (El Presidente del Consejo de Ministros interrumpe: «La instauración del comunismo sería fatal para S. S. y para mí»). «Su Señoría, continúa Calvo Sotelo, ha dicho una gran verdad, pero no se acomoda a ella. Y aunque sea fatal para mí, desde luego porque tengo el honor de figurar en las listas negras, lo más grave es que resultaría fatal para España; y yo, que no tengo derecho a preocuparme de la vida de S. S. ni de la mía, tengo la obligación de pensar en la de España.» «Yo le pregunto a S. S.: ¿cree que desarrolla la política defensiva y preventiva precisa para evitar un intento de comunización? Su Señoría tiene medios, como todo Poder, firmes y fuertes de carácter policiaco, y algunos se hacen efectivos sobre este modesto diputado, que no sabe a cuenta de qué merece esos honores casi de predilección. Yo pregunto al Gobierno: ¿Se ha procurado evitar la entrada de armamento con destino a fines comunistas en España? ¿Sabe que se están armando grupos proletarios para dar el golpe el día que tengan medios suficientes en la mano? ¿Sabe que se propaga en los cuarteles la indisciplina? Aquí tengo un número de El Soldado Rojo, en que se dan nombres y apellidos de jefes y oficiales, señalándolos a la brutalidad de las gentes comunistas... Nos encontramos ante ciento diez diputados que quieren implantar el comunismo en España, que se llaman ministeriales y que influyen en el seno del Gobierno y en la política de éste. ¡Ah! Pero si el Gobierno muestra flaqueza y vacila, nosotros estamos dispuestos a oponernos por todos los medios, diciendo que en España no se repetirá la trágica destrucción de Rusia.»

«Coincido con el señor Azaña en que este es el último ensayo parlamentario que se puede intentar en la política española. Si resulta cierto y la democracia parlamentaria fracasa, ¿qué puede ocurrir?, Largo Caballero en reciente discurso decía: «Si eso ocurre no hay más que una salida. La dictadura del proletariado.» Yo quiero decir en nombre del Bloque Nacional que si esto ocurre no se irá fatalmente a la dictadura del proletariado, porque España podrá salvarse también con una fórmula de Estado autoritario y corporativo.»

* * *

El discurso termina en medio de un temporal de dicterios, insultos y procacidades que se reproducen cuando Gil Robles se dispone a hablar. El jefe de la C. E. D. A., muy curtido en galernas parlamentarias, tiene la réplica fácil, mordaz, ingeniosa, y devuelve golpe por golpe en una disputa de cien contra uno. Azaña se había referido a la inconsecuencia en que incurría Acción Popular, por no haber acometido una política de salarios adecuada a las necesidades de la justicia. «Nuestro paso por el Gobierno sin plenitud de responsabilidad no nos permitió realizar en el orden social aquello que hubiéramos querido hacer. Es más: no me duelen prendas y debo decirlo: entre gentes que se llaman conservadoras, y sectores de opinión que circunstancialmente nos apoyaron, porque tal vez creyeron que éramos únicamente servidores de sus intereses, hubo incumplimiento de lo dispuesto en las leyes.» «No pudimos evitarlo. Pero para evitar injusticias sociales, para acabar con esos desniveles tan bruscos, nuestros votos estarán a disposición de S. S.» (Un diputado: «No los queremos»). «¿Qué me importa que no los queráis, si lo quiere mi conciencia?»

«No tenéis en cuenta —prosigue Gil Robles— que las fuerzas de de­recha se equiparan en número a las del Frente Popular, ateniéndonos sólo a los resultados de las Juntas del Censo, «aun descontadas las actas de votación que se anularon violentamente en los días de abandono del Poder». Azaña y las masas que le siguen «parecen desconocer que en los momentos actuales en todos los pueblos y aldeas de España se desarrolla una persecución implacable contra las gentes de derecha: que se multa, se encarcela se deporta y asesina por el mero hecho de haber sido interventor, apoderado o directivo de una organización de derechas. En estas condiciones se produce un fenómeno que me angustia y es que los partidos que actuamos dentro de la legalidad empezamos a perder el control de nuestras masas, en las que comienza a germinar la idea de la violencia para luchar contra la persecución. Y puede llegar un momento en que tendremos que decirles que vayan a otras organizaciones, que les ofrecen por lo menos el aliciente de la venganza, cuando ven que dentro de la ley no hay una garantía para los derechos ciudadanos.»

Gil Robles, continúa de este modo: «Desengañaos, señores diputados; una masa considerable de opinión española, que por lo menos es la mitad de la nación, no se resigna a morir; yo os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino se defenderá por otro. Frente a la violencia que allí se propugna surgirá otra violencia y el Poder público tendrá el triste papel de espectador de una contienda ciudadana en la que se va arruinar material y espiritualmente la nación. La guerra civil la impulsan, por una parte la violencia de aquellos que quieren ir a la conquista del Poder por el camino de la revolución; por otra parte la está mimando, sosteniendo y cuidando la apatía de un Gobierno que no se atreve a volverse contra sus auxiliares que tan cara cobran la ayuda. Su Señoría va a traer unos proyectos que significan el responso del sistema parlamentario. Yo creo que S. S. va a tener dentro de la República otro sino más triste, que es el de presidir la liquidación de la República democrática... Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad.» «Dispuestos a toda clase de sacrificios, incluso el de nuestra desaparición, dice Gil Robles, no aceptaremos la eliminación cobarde, entregando el cuello al enemigo: es preferible saber morir en la calle a ser atropellado por cobardía.»

España, dice a continuación Ventosa, diputado de la Lliga, vive en un estado de extraordinaria inquietud. «Cada día la opinión pública se siente conmovida por amenazas de revolución social, por anuncios de la implantación de la dictadura del proletariado en un plazo más o menos corto...» «España vive en un ambiente de guerra civil, merced al cual se lanzan unos contra otros los grupos contrapuestos de españoles, casi equivalentes por su número, según ha resultado de las últimas elecciones...» «En los últimos meses España ha sufrido transgresiones, ataques, violencias que exceden de lo que haya ocurrido alguna vez en España.» «Alegar que todo se debe a provocaciones, es argumento que a nadie convence. Acusaciones falsas desde el incendio de Roma hasta nuestros días han servido de pretexto para cometer los mayores excesos.» «El decreto de readmisión de los obreros despedidos en octubre ha vulnerado el fundamento mismo de la vida industrial, matando el futuro esencial de confianza sin el cual no puede existir prosperidad económica de ninguna clase.» «España es hoy por hoy el país de mayor incertidumbre de Europa. ¿Qué camino hay para poner término a este estado? La afirmación terminante del Gobierno no sólo en discursos, sino en hechos, de acabar con los desórdenes presentes y futuros.»

* * *

Los socialistas, por boca del diputado Llopis, ofrecen su adhesión y apoyo al Gobierno encargado de administrar la victoria del Frente Popular.

Cuanto sucede en España se debe a las provocaciones de las derechas. «Se triunfa en las elecciones del 16 de febrero y no ocurre nada en España, y porque no ocurre nada y las derechas habían anunciado un programa catastrófico, hay que hacer que ocurra.» «¡Eso es el colmo!», exclama el diputado monárquico Carranza. «Si se han quemado iglesias, prosigue Llopis, es porque la Iglesia ha sido beligerante en esta lucha.»

Los comunistas, interpretados por el secretario general del Partido, Díaz Ramos, suponen a los republicanos de izquierda «con el corazón bastante duro» para la empresa que han acometido. «Ésta es una Cámara de cuellos flojos y puños fuertes que tiene que decir al pueblo la verdad tal como la siente.» «El partido comunista, no lo negamos, al contrario, lo decimos en todas partes, aspira a la dictadura del proletariado, pero apoyará con toda su fuerza al Gobierno.» Una muestra de la elocuencia del virulento orador y del ambiente parlamentario la ofrece el siguiente trozo copiado del Diario de Sesiones de Cortes (15 de junio): «El señor Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se pueda crear en España era preferible morir en la calle de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles. (Un diputado: «En la horca.» Grandes protestas). No puedo asegurar cómo va a morir el señor Gil Robles, pero si puedo afirmar que morirá con los zapatos puestos». (Las últimas palabras producen grandes protestas).

El Presidente de las Cortes: «Señor Díaz Ramos, ruego a S. S. que tenga en cuenta que todo se puede decir atendiendo al Parlamento y a la necesidad de no provocar conflictos en la Cámara. (Nuevas y enérgicas protestas y contraprotestas). Pido a S. S. que sea prudente en las expresiones. (Continúan las protestas, que duran largo rato). ¡Orden, señores diputados! ¡Orden!»

Calvo Sotelo: «Se acaba de hacer una incitación al asesinato.» (El señor Ceballos: «¡Eso es provocar al asesinato y no se puede tolerar!» Persisten las protestas y contraprotestas. El Presidente reclama repetidamente orden).

El Presidente: «Esas palabras no constarán en el Diario de Sesiones» (siguen las protestas).

Varios diputados: «Eso no basta.»

La diputado Ibarruri, la «Pasionaria»: «Si os molesta eso, le quitamos los zapatos y le pondremos las botas.»

Gil Robles: «Os va a costar trabajo, con botas o sin ellas, porque me sé defender.» (Aplausos en las minorías derechas. Continúan los rumores).

Tomás Álvarez: «Ya se levantarán los de Carbayin.» (Alusión a los supuestos fusilados en dicho lugar, sin formación de causa).

Gil Robles: «Que conste que no soy asesino, como vosotros.» (Grandes protestas. En la tribuna de la Prensa se ponen en pie varios periodistas y pronuncian palabras que no se perciben. Entre varios diputados se cruzan imprecaciones y frases que no es posible entender).

El Presidente: «Orden en la Tribuna de la Prensa. ¡Orden, señores diputados!» González Peña abandona su escaño airadamente, dirigiéndose hacia el de Gil Robles. Varios diputados se interponen. Otros gritan: «¡Viva Asturias! ¡Sirval! ¡Sirval!»

En esta forma se desarrolla la sesión, en la que el trotskysta Maurín pide la aplicación de la ley del Talión, el agrario Cid anhela la terminación de la guerra civil, Tomás Piera, en nombre de la Esquerra, promete adhesión al Gobierno, el sindicalista Pestaña afirma que «vale más cometer injusticias y crueldades siendo audaces, que por no serlo dejar que retornen tiempos pasados». Irazusta, nacionalista vasco, anuncia el apoyo de su minoría a la votación de confianza, y el sindicalista Pabón (Benito) se declara dispuesto a dar su voto al Gobierno, «ya que ninguna cosa extraordinaria ha ocurrido en España, y Azaña no ha empleado la violencia contra los excesos de las masas obreras».

* * *

El debate sobre el orden público continúa en la sesión siguiente (16 de abril). Azaña pretende cohonestar en su discurso de dos horas de duración la presidencia de un Gobierno dueño de la situación, inmune a cualquier influencia que no sea la de sus propios componentes, con la anarquía que invade al país como la peor plaga. Nuestro programa, dice, carece de cláusulas secretas. «Yo reto a cualquiera a que examinándolo encuentre en él nada que sea subversivo, que no sea auténtica y definitivamente republicano.» En el programa hemos recogido lo más urgente para la gobernación del país. En respuesta a Calvo Sotelo, para que diera su opinión sobre la revolución de Asturias, exclama: «¿Pero no habíamos quedado en que yo era el empresario de la revolución? ¿No os habéis pasado dos años diciendo que yo la había preparado? Mi posición sobre la revolución de Asturias, está expresada en las notas de los partidos republicanos del 4 de octubre. ¿Participé en la revolución? ¡Qué locura! Autor de consejos para que no estallara, ¡sí!»

«Oímos hablar aquí repetidamente de anarquía. Yo creo que la anarquía no es un régimen durable: no es siquiera un régimen. De la anarquía se sale. Pero, ¿cuál es la verdadera anarquía? ¿El desorden público y esporádico de multitudes, a quien el Gobierno reprime, o la anarquía del propio Estado, bajo la cual hemos estado viviendo dos años?»... «Si bajo los efectos del terror producido no por nuestras acciones y nuestros programas, sino por las acciones y las profecías de nuestros adversarios, ha podido parecer un momento que una determinada persona al frente del Gobierno podía ser un escudo protector de los atemorizados, yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie. Pierdan SS. SS. el miedo y no me pidan que les tienda la mano... ¿No querían violencia, no os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias...» «Lo que importa en la acción del Gobierno es no romper la cohesión. Y si no se quiere perder el poder, es preciso que no se abra en nuestra coalición ni una brecha. No seré yo quien la abra.»

«El señor Gil Robles ha dicho que teme verse abandonado por sus huestes, si éstas se sienten perseguidas en sus derechos, en su vida o en sus propiedades y que entonces irán a engrosar las filas de los que apelan a la violencia. Yo, decía el señor Gil Robles, me declararé fracasado y les diré que vayan a esa acción, donde por lo menos les quedará el aliciente de la venganza. Entonces, ¿con qué autoridad increpa S. S. a esos hombres que un día por venganza o por despiste se han lanzado a una revolución? La venganza es un instinto que no debe entrar, no ya sólo en la vida personal, mucho menos en la vida pública. En ningún momento tiene nadie derecho a tomarse eso que se llama la justicia por su mano.» «Nadie puede pintar con bastante crudeza y vigor, no digo la contrariedad, la repugnancia del Gobierno delante de ciertos hechos que se producen esporádicamente en España; nadie puede dudar de los desvelos del Gobierno por impedirlos o por reprimirlos; yo estoy persuadido de que las llamas son una endemia española; antes quemaban a los herejes, ahora queman a los santos, aunque sean en imagen. Las dos cosas me parecen mal, no sólo por lo que tienen de violento y de injusto, sino por lo que tienen de inútil... Ahora, lo que también hay que reconocer es que la reacción violenta en contra de las provocaciones, además de ser desmedida es enojosamente perjudicial y va en contra de aquello mismo que la manifestación reactiva se propone conseguir. Esto también es manifiesto; y a quien hace daño esa explosión de enojo popular es al propio Gobierno del Frente Popular y a su política, porque no puede dudarse de que uno de los propósitos de la reacción contra la República consiste en promover el ambiente de desconfianza y de intranquilidad en el cual se pueden cultivar los propósitos más violentos de agresión al régimen republicano y no debemos contribuir nosotros, ni el Gobierno con su inacción, ni los republicanos y socialistas con su nervosismo a que ese ambiente se cree o, por lo menos persista.»

Respecto a la explotación política de los desórdenes en el extranjero, nadie ignora «que hay por el mundo una porción de empresas periodísticas a las que no interesa la amistad de España». «Todo el mundo puede elegir sus amistades y hay quien no tiene interés en guardarle a nuestro país la justicia y consideración que se le deben. Y con este salvoconducto se hace una explotación sistemática de lo que ha podido ocurrir en nuestro país, agigantándolo, multiplicándolo.» En turismo hay una competencia bastante fuerte; todos los países se disputan la corriente turística y es muy cómodo y útil para cualquier parte poder decir: «A España no vayan ustedes, porque allí no se puede vivir»; y se los llevan a su país. Y este móvil que parece secundario y bajo, tiene gran fuerza y eficacia en la orientación de algunas campañas de Prensa que todos podemos lamentar; pero, ¡qué le vamos a hacer! Yo no vivo de la opinión de la Prensa extranjera.»

En cuanto a la retirada del dinero de las cuentas corrientes, si se trata de una confabulación para causar perjuicio y crear un conflicto, que no está en tas manos del Gobierno evitar, «tengo yo en mi armario un frasco de elixir que con dejar caer unas gotas en un proyecto de ley, dará que pensar a los confabulados. Porque creer que nosotros nos vamos a dejar agredir impunemente, es pensar en locura». «El Frente Popular no es la revolución social, ni es labor de entronizamiento del comunismo en España: es otra cosa más fácil, es la reinstauración de la República en su Constitución y en los partidos republicanos que la crearon.»

* * *

Entre granizada de interrupciones, diluvio de insultos y frases procaces y amenazas rectifica Calvo Sotelo. Pregunta éste al Presidente del Gobierno, y no obtendrá respuesta, si siendo beneficiario de la revolución de Octubre, daba su conformidad a los crímenes y depredaciones que se cometieron. Si no lo es «¿con qué título se puede erigir en heredero político de la revolución?» «¿Ni con qué autoridad puede ser jefe de las fuerzas marxistas que han convertido en ídolos a los revolucionarios de Asturias y en un mito a Octubre rojo?» «El comunismo acecha en España más que en ningún otro país de Europa. El comunismo se prepara para dar la batalla decisiva en el momento que juzgue oportuno. Sovietismo hay ya en gran parte de la economía española; son muchas las fábricas en que no existe la autoridad técnica ni la dirección de empresa y sí tan sólo el Consejo ilegal y clandestino de obreros con facultades dirigentes. Organismos del Estado son algunos en los que se da este caso: Fábricas de Tabacos, en que los obreros nombran y destituyen al personal dirigente; obreros de Almadén, que han expulsado a los médicos y a los ingenieros del Estado... Nosotros abogamos por la subsistencia de un orden social que creemos comprometido gravemente por la política vacilante del Gobierno.»

«Sólo con asistir a este debate —exclama Ventosa—, sólo con escuchar las manifestaciones de ayer y de hoy —insultos reiterados, incitaciones al atentado personal, invocaciones a aquella forma bárbara y primitiva de justicia que se llama ley del Talión, petición insólita y absurda del desarme de derechas, y no de todos—, sólo con presenciar y observar el espíritu de persecución y opresión que se manifiestan en algunos sectores de la Cámara, claramente se ve la génesis de todas las violencias que se están desarrollando en el país.» «Y he de agregar que no podéis tener la pretensión de que sean desconocidas fuera, porque la censura podrá actuar en España para velar, ocultar o evitar que se divulguen determinados hechos, pero más allá de las fronteras la censura carece de eficacia, toda gestión oficiosa resulta inútil y los hechos violentos que se producen de manera desmesurada, bárbara y extraordinaria en España para deshonra y vergüenza nuestra, no son desconocidos en el resto de Europa. Sin una base de confianza, toda la actuación del Gobierno resultará estéril e ineficaz.»

La sesión se cierra con un voto de confianza al Gobierno: 196 diputados votan en favor y 78 en contra.

CAPÍTULO 81.

LA OLA DE DESMANES CRECE Y SE PROPAGA

INCENDIO DE IGLESIAS Y CONVENTOS EN LA MAYORÍA DE LAS PROVINCIAS. — EN YECLA QUEMAN CATORCE TEMPLOS Y 375 IMÁGENES. — JEREZ DE LA FRONTERA DOMINADA POR LAS MILICIAS MARXISTAS. — ASESINATO DEL EX MINISTRO ALFREDO MARTÍNEZ, EN OVIEDO Y DEL MAGISTRADO DEL SUPREMO, PEDREGAL, EN MADRID. — INVASIONES DE FINCAS EN ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y LA MANCHA. —INCAUTACIÓN EN MADRID DE UNA EMPRESA DE TRANVÍAS. INCIDENTES, EXPLOSIONES Y TIROTEOS DURANTE EL DESFILE MILITAR EN LAS FIESTAS CONMEMORATIVAS DE LA REPÚBLICA. — EL ENTIERRO DE UN ALFÉREZ DE LA GUARDIA CIVIL DA ORIGEN A COMBATES CALLEJEROS CON MUERTOS Y HERIDOS. — EN PROTESTA CONTRA ESTOS SUCESOS, LA C. N. T. IMPONE LA HUELGA GENERAL EN MADRID. — SANCIONES CONTRA JEFES Y OFICIALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDAD POLÍTICA. — EL GOBERNADOR DE OVIEDO DECLARA: «HE NOMBRADO DELEGADOS DEL FRENTE POPULAR EN TODO ASTURIAS, LOS CUALES REALIZAN BATIDAS ANTIFASCISTAS CON BUEN RESULTADO». — TRIUNFAL ACOGIDA A LOS EXILIADOS QUE REGRESAN DE RUSIA.