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CAPÍTULO 79.CONSTITUCIÓN INTERINA DE LAS CORTES
EL
GENERAL FRANCO DESIGNADO COMANDANTE MILITAR DE CANARIAS Y EL GENERAL MOLA,
COMANDANTE MILITAR DE PAMPLONA. — VARIOS GENERALES Y JEFES MILITARES ACUERDAN
MANTENERSE RELACIONADOS Y EN ALERTA, EN PREVISIÓN DE SUCESOS GRAVES. — EN LA
SESIÓN PREPARATORIA DE CORTES SE CANTA «LA INTERNACIONAL». — MÁS DE DOSCIENTAS
ACTAS PROTESTADAS. — LA COMISIÓN DE ACTAS ANULA LAS ELECCIONES DE CUENCA Y
GRANADA. — PRIETO DIMITE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ACTAS. — TREINTA Y
DOS ACTAS QUE NO SON DEL FRENTE POPULAR, INVALIDADAS. — LOS PARTIDOS
REVOLUCIONARIOS SE ADJUDICAN DOCE ACTAS DE CÁCERES Y LA CORUÑA. — DESPUÉS DE
ANUNCIAR ELECCIONES MUNICIPALES, EL GOBIERNO REVOCA EL ACUERDO.
Diputados
socialistas y comunistas reprochan al Gobierno su lentitud y conservadurismo.
«Va a obligar al pueblo a que se eche a la calle de forma incontenible», dice
Largo Caballero. El presidente del Consejo y ministros creen que no se puede
hacer más. Prepara un proyecto de ley para derogar la contrarreforma agraria
del año 1935; otros sobre rescate y readquisición de bienes comunales y de
revisión de los desahucios decretados por aplicación de la ley de
Arrendamientos Rústicos, que también va a ser modificada. Asimismo, estudia
nuevas bases de la Reforma Agraria que permitirán consolidar la propiedad de
los arrendatarios y el reparto de tierras procedentes de donaciones y mercedes
de la Corona. A los yunteros extremeños se les darán tierras y en su día dinero
para las labores. De este modo se ofrece a jirones el programa de la coalición
electoral, para aplacar a los exigentes y justificarse como Gobierno de la
impaciencia revolucionaria. Las disposiciones del Instituto de Reforma Agraria
encaminadas al asentamiento de 70.000 campesinos, se promulgan cuando ya se ha
producido la invasión de tierras en Extremadura y en zonas de Andalucía y de la
Mancha. «Provincias enteras, escribe Salazar Alonso a Gil Robles al regreso de
un viaje a Extremadura, parecen sometidas a un Ejército de ocupación. No se
respeta ni la ley, ni la propiedad, ni las vidas: se hace desprecio del sexo y
de la edad, se encarcela a las gentes o se las obliga al destierro; se ocupan
fincas sin garantías ni trámites, se imponen multas cuantiosas y con coacciones
se obliga a firmar pactos de trabajo contra un prudente sentido económico.»
* * *
Al
Gobierno le urge situar en los mandos militares de máxima responsabilidad jefes
de toda su confianza. En el Consejo del 21 de febrero se acuerda el cese del
general Franco como jefe del Estado Mayor Central y su nombramiento para
desempeñar la Comandancia Militar de Canarias; el general Goded cesa en su
puesto de jefe de la Tercera Inspección del Ejército y es designado Comandante
Militar de Baleares.
La
remoción de cargos en Marruecos afecta a todas las Armas. El Ejército de África
es un foco de patriotismo retrógrado y peligroso, a juicio de las izquierdas, y
con él la República nunca estará segura.
En la
lista de los separados de Marruecos figura el general Emilio Mola, que cesa el
28 de febrero en el mando de la Circunscripción Militar de la Región Occidental
del Protectorado de España, para ser trasladado a la jefatura de la 12.a Brigada de Infantería que lleva aneja la Comandancia Militar de Pamplona. En
viaje hacia su nuevo destino, Mola coincide en Madrid con el general Franco,
que prepara su marcha a Canarias. ¿De qué han de hablar los dos jefes militares
que no sea de las alarmas y peligros en que se desarrolla la vida en España?
También
se halla por aquellos días en Madrid el general Varela, el cual, sabedor de la
presencia de los mencionados compañeros en la capital, se vale de los buenos
oficios de su amigo José Delgado para celebrar en el domicilio de éste, General Arrando, 19, una reunión (19 de marzo) a la que
concurren además de los nombrados, los generales González Carrasco, Orgaz,
Villegas, Fanjul, los comandantes Lapaza y Carrasco
Verde y el coronel de Estado Mayor Valentín Galarza. Anunció Varela que
ostentaba la representación del general Sanjurjo y declaró que se ocupaba de
organizar un frente de militares y civiles decididos a rebelarse contra el
Gobierno del Frente Popular. Los generales Orgaz y Fanjul se manifestaron
dispuestos a secundar a Varela, pero no así el general Mola, para quien las
probabilidades de una acción afortunada eran muy escasas, dada la desmembración
efectuada en el Ejército y la importancia de la fuerza revolucionaria. Durante
cinco horas examinan los reunidos la situación de España región por región, con
arreglo a los datos que aporta cada uno. Al final convienen en mantenerse
alerta, dispuestos a arriesgarlo todo si el Presidente de la República entrega
el Poder a Largo Caballero o la gravedad de los sucesos exige una defensa
desesperada. Acuerdan también buscar adhesiones de otros compañeros de armas y
de grupos políticos coincidentes en los mismos deseos, centralizando estas
gestiones proselitistas en Madrid bajo la dirección de Valentín Galarza,
«maestro del sigilo, del orden, de la organización», a quien se le llamaba «El
Técnico», y que a partir de aquel momento crearía un sistema de enlaces y
claves para informar puntualmente a los reunidos.
El
general Franco se entrevista (12 de marzo) con José Antonio en el domicilio de
Serrano Suñer. La conferencia ha sido preparada por el vicepresidente de la
minoría cedista, unido por estrecha amistad con el
jefe de Falange y cuñado del general. José Antonio explica a Franco la
organización y fuerza del falangismo, que en aquellos días crece con la
afluencia de los elementos que abandonan, decepcionados, otros partidos de derechas.
Franco
parte para su destino en Canarias. En su visita de despedida al Presidente de
la República le expone su preocupación por los peligrosos derroteros que sigue
el régimen. Alcalá Zamora le tranquiliza con palabras optimistas: «En España no
habrá comunismo», le dice. «De lo que estoy seguro, responde Franco, es que
allí donde yo esté no lo habrá.» Ante el Presidente del Consejo se lamenta el
general de que lo alejen a Canarias, pues estima que en Madrid podría ser más
útil al Gobierno y al Ejército. Azaña le contesta: «No temo a las
sublevaciones. Lo de Sanjurjo lo supe y pude evitarlo, pero preferí verlo
fracasar.» En aquellos días Azaña se considera el hombre fuerte de la República
y está convencido de que el régimen es inconmovible.
* * *
La sesión
preparatoria de Cortes se celebra en la tarde del 15 de marzo. Preside el
diputado de más edad, Ramón Carranza, marqués de Villapesadilla,
monárquico, y actúan como secretarios los más jóvenes, Calzada, Uribe, Rufilanchas y Cremades. El presidente pide se lean los
artículos referentes a la Constitución de las Cortes, hecho lo cual, pregunta
si se acepta que las sesiones comiencen a partir del día siguiente, obteniendo
respuesta afirmativa. «Se levanta la sesión», dice entonces Carranza. «Eso no
basta», exclama el subsecretario de Trabajo, Ossorio Tafall:
«Hay que dar un viva a la República.» Replica el interpelado: «No me da la
gana.» Los diputados del Frente Popular incorporados, prorrumpen en vítores a
la República y en insultos al presidente de edad. Comunistas y socialistas,
puestos en pie y puño en alto, cantan La Internacional. Un aire de
tempestad, de procacidad, de intolerancia ha entrado en las Cortes. «Aquí no
hay nada que hacer», comenta el conde de Romanones.
El diario comunista Mundo Obrero escribe el siguiente comentario: «Por vez primera en la historia del parlamentarismo español ha retumbado con ecos de gloriosas llamadas a la lucha el himno revolucionario del proletariado universal. El himno oficial del país libre y feliz del socialismo, la marcha que orla la victoria en la inmensa Unión Soviética. El canto de guerra antifascista, el que cantaban los mineros asturianos cuando, fusil al hombro, se dirigían a conquistar Oviedo: La Internacional. Himno de guerra, afirmación de fe revolucionaria. Éste es el himno que ayer, en la primera sesión de las Cortes, cantaron, fundidos los sentimientos acordes en el entusiasmo, los diputados comunistas y la mayoría de los diputados socialistas.» Al día
siguiente se procede a la constitución interina de las Cortes. Son elegidos
presidente Martínez Barrio, por 386 votos, y vicepresidentes Jiménez de Asúa
(socialista), Sánchez Albornoz (izquierda republicana), Casanueva (C. E. D. A.)
y Rosado Gil (centrista). El presidente al tomar posesión exclama: «La Patria y
la República esperan mucho de nuestra obra. No defraudemos esta esperanza.» Los
distintos grupos parlamentarios llegan a un acuerdo (17 de marzo) acerca de los
nombramientos de la Comisión de Actas y calidades y designan presidente de la
misma a Indalecio Prieto. A partir de este momento comienza el examen de las
actas protestadas, cuyo número se eleva a más de doscientas, la mayoría de las
cuales corresponden a partidos de derechas. El Frente Popular, prevalido de su
predominio, espera aumentar su ventaja numérica por la alteración del cómputo
de votos, que dará como resultado la invalidez de actas o la incapacidad de los
elegidos, puesto que aquéllos cuentan con mayoría para imponer sus dictámenes.
Con respecto a las elecciones de Granada, la Comisión propone la anulación de
las mismas (31 de marzo). El cedista Giménez
Fernández denuncia que merced a fraudulentas sustituciones, una mayoría de seis
mil votos a favor de los candidatos derechistas se habían convertido en una
derrota por dos mil votos. Por el mismo procedimiento fueron despojados de sus
actas los candidatos de derechas triunfantes en Cáceres. El voto de las Cortes
imponía una tendencia favorable «a sustituir la voluntad popular, base de un
régimen democrático, por el imperio de una mayoría discutible, esencia de los
regímenes totalitarios». «No queremos compartir —exclama Giménez Fernández— ni
siquiera con la apariencia de una colaboración, que no sería otra cosa que una
posición protestataria estéril, la responsabilidad en el resultado de la
composición de un Parlamento que si se apartase de la inequívoca expresión de
la voluntad nacional, podría convertirse a los ojos de la gente en organismo
faccioso.» «Digo aquí lo mismo que he dicho en la Comisión de actas: libre
tenéis el camino. Constituid el Parlamento como os parezca; no ya con nuestros
discursos o con nuestros votos, pero ni siquiera con nuestra presencia seremos
obstáculo a la libertad y a la rapidez, de vuestras deliberaciones. Al
retirarnos dejamos en vuestras manos la suerte del sistema parlamentario.» «Nos
retiramos, manifestó Gil Robles, porque en la Comisión se están elaborando
nuevas elecciones.»
La
actitud de la minoría de Acción Popular es secundada por Renovación Española.
«¿Qué vale, ni qué representan nuestras actas, pregunta Goicoechea, frente a la
situación trágica en que se encuentra España, en plena anarquía, con un
Gobierno que se reconoce a sí mismo incapaz para mantener la obediencia de
quienes siguen los dictados de una repugnante dictadura roja?» También Lamamié de Clairac en nombre de
los tradicionalistas anuncia que su minoría se retira mientras dure la
discusión de actas Los diputados de la Lliga, aunque presentes en las Cortes,
según Ventosa «no compartiremos ninguna responsabilidad en los acuerdos que se
tomen». Los agrarios adoptan la misma aptitud.
Censura
Prieto la posición de las minorías, explicable «como gesto para alentar un
complot existente». El diputado De los Ríos, candidato por Granada, para
justificar el acuerdo de la Comisión de anular las elecciones en aquella
provincia describe la organización terrorista gubernativa creada para derrotar
al Frente Popular con una política de regresión.
Aunque en
la Cámara, Prieto refrendaba con su presencia y con su palabra, cuando la
ocasión lo requería, los acuerdos de la Comisión de Actas, en privado se
manifestaba de modo bien distinto y llegaba a decir «que no había mayor primada
parlamentaria» que la de pertenecer a dicha Comisión. A pesar de ser conocida
esta disposición de ánimo, sorprendió la noticia de su dimisión de la
presidencia de la citada Comisión. «Me marcho explicó por temor de que no pueda
ser absoluta mi conformidad con los dictámenes que la Comisión haya de emitir
en adelante, hasta el punto de que no podría sostenerlos con mi firma ni con mi
palabra.» Quería que no se le atribuyera participación en los desafueros y
fraudulencias, para forjar un Parlamento que nada tenía que ver con el elegido
en las urnas.
Por
vicios de fondo y porque no habían alcanzado los candidatos el 40 por 100 del
censo, la Comisión propuso y las Cortes aprobaron por mayoría la anulación de
las actas de Cuenca (1 de abril), donde también habían triunfado las derechas.
Las actas de Pontevedra fueron impugnadas por el radical Guerra del Rio. Se
daba la circunstancia de que los candidatos triunfantes eran centristas, con el
jefe del Gobierno Pórtela a la cabeza, que utilizó hasta el exceso para sí y
sus amigos los múltiples recursos de acción, presión e influencia que el Poder
ponía en sus manos, consiguiendo 70.000 votos, «la casi totalidad, amañados de
mala manera y con malas artes», según Calvo Sotelo.
* * *
Las actas
de Salamanca fueron impugnadas por los comunistas. «Desearía encontrar aquí a
Gil Robles, uno de los diputados elegidos, exclama «La Pasionaria» en la
Cámara, para decirle en su cara que es un histrión ridículo salpicado con la
sangre de la represión.» La Comisión proponía la nulidad de las actas de la
circunscripción de Orense (2 de abril), fundándose en que en muchas secciones
se había alcanzado una votación de 80 por 100 ó más
de sufragios, lo que debía presumirse como elección simulada. Calvo Sotelo,
diputado elegido por Orense, por 49.000 votos, defendió la legalidad de los
resultados. «En 1931 fui elegido diputado por Orense, encontrándome expatriado;
volví a ser elegido en 1933 expatriado todavía y he vuelto a ser elegido ahora,
logrando la máxima votación en la capital de la provincia. He reunido en la
candidatura presentada en Madrid 186.000 votos, que sumados a los de la
provincia de Orense son 250.000. A mí no me interesa nada el régimen
parlamentario, no creo en él; pero no dejará de resultar extraño el hecho de
que a un candidato que reúne 250.000 votos se le considere incapaz
políticamente para entrar en el Parlamento.»
«Yo me
creo honradamente —concluía Calvo Sotelo— diputado por Orense. Seguramente me
prestaréis un gran servicio al arrebatarme el acta: no me importa; yo no quiero
el acta para realizar ninguna carrera política, que en ella he llegado a cargos
indudablemente superiores a mis méritos; yo quería actuar tan sólo para servir
a España. Pero a España se la sirve aquí y fuera de aquí. En la medida de mis
fuerzas contribuiré a que las gentes que comulgan con mis ideales se unan en
aras del ideal supremo de la Patria española. Y con un viva termino,
cualesquiera que sean vuestras imprecaciones. ¡Viva España!» Calvo Sotelo quiso
ausentarse, pero el Presidente le invitó a permanecer en la Cámara.
La
legalidad de las elecciones de Orense fue impugnada por los diputados Nogués,
en nombre de la Comisión de Actas, y Fernando Ossorio Tafall en representación de los candidatos del Frente Popular derrotados. No poca
sorpresa causó que el presidente de la Comisión de Actas, Baeza Medina, pidiera
que se suspendiera la sesión para que mediante nuevos esclarecimientos, fruto
del debate, deliberase la Comisión sobre si procedía o no modificar el
dictamen que invalidaba las actas de Orense. Así se acordó.
Tres
horas después a las cuatro de la madrugada se reanuda la sesión y el diputado Ansó, de la Comisión, anuncia que ésta, después de examinar
«con toda objetividad» el problema planteado, «ha acordado, con el voto en
contra de socialistas y comunistas, declarar válidas las elecciones de Orense
que dan el triunfo a los candidatos de derechas, aceptando como base real los
votos que, tanto los candidatos triunfantes como los derrotados, han
reconocido legítimos». Se ha llegado a este acuerdo, dice el vocal de la
Comisión, «a costa de grandes sacrificios de tipo personal y político, para
que uno de los enemigos más encarnizados del régimen, de los Gobiernos
republicanos y del Parlamento no pueda salir con justicia a la calle a decir
que nos hemos entregado a una persecución sañuda e injusta». La explicación no
convence a todos. La modificación del dictamen de la Comisión significa el
mayor triunfo de Calvo Sotelo. Por eso es impugnado con violencia por
representantes de varias minorías. Al comunista Uribe le indignan los efectos
«del chantaje del fascista Calvo Sotelo sobre la Comisión de Actas». El mérito
de ese señor —exclama la diputado socialista Matilde de la Torre— «es haber
hecho cinco mil muertos en Asturias». El dictamen queda aprobado por 111 votos
contra 79. Las elecciones de Orense serán válidas y Calvo Sotelo queda
proclamado diputado por las Cortes.
Termina
la revisión de actas: treinta y dos correspondientes a candidatos que no eran
del Frente Popular quedan invalidadas. Por suplantaciones y amaños el Frente
Popular se adjudica doce actas de Cáceres y la Coruña; por anomalías y abusos
los candidatos de la coalición contrarrevolucionaria en Málaga se ven obligados
a abandonar la lucha; en las circunscripciones de Pontevedra y Lugo los
escamoteos y falsificaciones de actas cambian radicalmente el significado de
las elecciones en favor de los candidatos de Pórtela y del Frente Popular; la
anulación de las elecciones de Granada y Cuenca supone para las derechas la
pérdida de dieciséis actas; con el pretexto de incapacidad de los candidatos,
se priva de representación en Cortes a cuatro diputados de derechas electos por
Burgos y Salamanca. En Soria, las coacciones del Gobierno impondrán el triunfo
de los candidatos del Frente Popular en la segunda vuelta; y en Valencia, los
elementos izquierdistas que asaltan el Gobierno civil, poco después de
celebradas las elecciones, alteran las cifras del escrutinio a favor de sus
candidatos.
* * * El
programa del Frente Popular comprendía unas elecciones municipales. Desde el
12 de abril de 1931 no se celebraban en España, con excepción de unas
parciales en 1933, que fueron un descalabro para el Gobierno de Azaña y que
éste atribuyó a la supervivencia de los «burgos podridos».
Con las
proyectadas elecciones se robustecería el Frente Popular y ampliaría su
influencia, dada la debilidad y depresión manifiesta de los adversarios.
Además, era urgente poner término a la irregularidad en que se desenvolvía la
vida de la mayoría de las Corporaciones municipales, incompletas, regentadas
por interinos o «por enemigos del régimen», según el ministro de la
Gobernación. La decisión de ir inmediatamente a las elecciones municipales la
adopta el Gobierno en Consejo de Ministros. (3 de marzo). «Es necesario —se
dice en la referencia— celebrarlas tan pronto como las Cortes estén
constituidas.» «Hay que prepararse para otras jornadas próximas tan importantes
como las elecciones legislativas», recomienda El Liberal de Bilbao (3 de
marzo). «El Gobierno, apenas queden constituidas las Cortes, convocará las
elecciones. Estima que, habiéndose cumplido los cuatro años de vida legal de
las Corporaciones municipales, éstas deben ser renovadas y, a toda costa,
quiere prescindir de Comisiones gestoras y de otros embelecos gubernativos,
entregando la composición de los Ayuntamientos al sufragio universal.»
Tan
resuelto estaba el Gobierno a la realización de este propósito, que en el
Consejo del 13 de marzo acordaba la celebración de elecciones municipales en
todo el territorio nacional, con excepción de Cataluña y Sevilla, el 12 de
abril aniversario de las celebradas el año 1931, que trajeron la República. La
excepción de Sevilla se justifica por coincidir la fecha con las fiestas
primaverales de aquella ciudad. Apenas hecha pública esta decisión, los
partidos del Frente Popular se aperciben para iniciar la campaña electoral; el
más madrugador, el comunista, esboza un programa que haga imposible la
competencia en las propagandas. Incluye, entre otras promesas, las siguientes:
aumento general de salarios, disminución de horas de trabajo, exención de
impuestos, reducción de alquileres, rebaja de todos los servicios públicos.
Apoyo activo de los Ayuntamientos a todo movimiento huelguístico, mediante
ayuda económica, cocinas gratuitas y colonias para los hijos de los
huelguistas. A los parados se les promete un socorro no inferior al 75 por 100;
suministro gratuito de leche, comestibles, alojamientos en clubs, palacios y
locales de la Iglesia y de las Órdenes religiosas, transporte gratuito, etc.
Desde el
primer momento los partidos de derecha hacen pública su decisión de abstenerse
de participar en semejante prueba. El Consejo Nacional de la C. E. D. A. (26
de marzo) las declara ilegítimas, «ya que la ley Municipal vigente establece en
su artículo 42 la renovación de los Ayuntamientos por mitad cada tres años, no
obstante lo cual, se pretende la total renovación de las corporaciones
municipales». Por si esto fuese poco, añadía la declaración, «no hay que
olvidar que la situación política y social de España presenta caracteres de
gravedad que no es lícito pasar en silencio. Los domicilios sociales del
partido han sido asaltados e incendiados en gran número de poblaciones, cuando
no clausurados gubernativamente en regiones enteras; encarcelados y depuestos
los más significados elementos derechistas, destruidos los periódicos,
imposibilitada la propaganda, destituidos funcionarios sin más causa que su
filiación derechista, asaltados y saqueados domicilios particulares... La
excitación de ánimos crece de día en día, hasta el punto de crearse un
verdadero ambiente de guerra civil... En estas condiciones, no obstante las
promesas, seguramente sinceras, del Gobierno, es imposible pensar que existan
hoy en España las mínimas garantías de independencia del sufragio que son
condiciones básicas de una legítima contienda electoral».
El
Gobierno retrocede. Ha meditado sobre los peligros que entraña, dadas las
circunstancias explosivas de la vida pública española, aventurarse en una
consulta electoral, y decide suspender indefinidamente las elecciones. Para
justificar esta rectificación Azaña dice (3 de abril) que el Gobierno desea
«que todos los grupos parlamentarios puedan estar presentes en la discusión del
debate que se va a plantear en las Cortes sobre prerrogativas del Presidente».
CAPÍTULO 80.ALCALÁ ZAMORA DESTITUIDO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CONSTITUCIÓN
DEFINITIVA DEL PARLAMENTO. — UNA PROPOSICIÓN DE LEY DE LA MAYORÍA DECLARA QUE
NO FUE NECESARIO EL DECRETO DE DISOLUCIÓN DE CORTES. — SU APROBACIÓN LLEVA
IMPLÍCITA LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. — DIFICULTADES PARA
NOTIFICAR A ALCALÁ ZAMORA SU CESE. — EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA ASUME LAS
FUNCIONES DE JEFE DE ESTADO. — AZAÑA DICE QUE EL PROGRAMA DE GOBIERNO ES EL DEL
FRENTE POPULAR. — CALVO SOTELO PLANTEA DEBATE SOBRE EL ORDEN PÚBLICO. —
«DISPUESTOS A TODA CLASE DE SACRIFICIOS, NO ACEPTAMOS LA ELIMINACIÓN COBARDE
ENTREGANDO EL CUELLO AL ENEMIGO» (GIL ROBLES). — «ESPAÑA ES EL PAÍS DE MÁS
INCERTIDUMBRE DE EUROPA» (VENTOSA). — «¿NO QUERÍAIS VIOLENCIA? PUES TOMAD
VIOLENCIA» (AZAÑA). — CALVO SOTELO HACE UNA RELACIÓN DE SUCESOS TRÁGICOS. — EL
GOBIERNO OBTIENE LA CONFIANZA EN LAS CORTES.
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