CAPÍTULO 77.

AZAÑA VUELVE A GOBERNAR

Pórtela, que sólo buscaba evadirse del atolladero en que se veía comprometido, decía a sus visitantes aquello que más pudiera complacerles y que, por otra parte, justificara o prestigiara su proceder, aun a costa de encubrir la verdad y de falsear los hechos. Culpaba a Alcalá Zamora de haber sido el causante de que no se declarase el estado de guerra, y, sin embargo, años después (15 de marzo de 1938) haría ante la Diputación permanente de las Cortes celebrada en Valencia la siguiente confesión: «Yo he sido siempre enemigo del estado de guerra: en ninguna ocasión he querido gobernar en estas condiciones, y cuando dimití en 19 de febrero me negué a publicar la declaración del estado de guerra, cosa que estaba acordada por el Consejo, firmada por el Presidente de la República y pendiente únicamente de mi voluntad el que se publicara o no en la Gaceta».

El trámite de consultas es un simulacro, porque no se puede perder un minuto, y es sabida de todos, cuál será la solución de la crisis.

Los líderes de izquierda Besteiro, Pi y Suñer, Martínez Barrio, Remigio Cabello, aconsejan la entrega del poder al Frente Popular; Lerroux, Arias de Velasco, Chapaprieta y Cambó, un Gobierno estable con mayoría para gobernar. Gil Robles, ausente de Madrid, no acude: Samper se singulariza: «Ni siquiera a los rectores de los partidos de izquierda les conviene la asunción al poder, porque la impaciencia de la masa reclamaría algunos cuidados con la amnistía, que no hay posibilidad de otorgar sin la concurrencia del órgano legislativo.» Por lo cual aconseja un Gobierno con temporalidad subordinada a la Constitución de las nuevas Cortes. Azaña evacúa su consulta por escrito: «Si es irrevocable la dimisión del Gobierno, procede formar uno republicano que pueda tener mayoría en las futuras Cortes, con arreglo al resultado de las elecciones, y que se encargue de realizar el programa del Frente Popular, manteniendo la autoridad del Estado y el respeto a la Constitución y a la ley. Si el Gobierno persistiera en mantener la dimisión irrevocable, desertando con eso de la responsabilidad que señala el deber, crearía a la Presidencia de la República y al país un conflicto circunstancial de difícil solución. A mi juicio, ni siquiera conviene a los propios rectores de los partidos triunfantes de la izquierda la obtención del poder en los actuales momentos, porque la impaciencia de sus masas reclamaría la aplicación inmediata de los efectos de algunas medidas que, como la de la amnistía, no hay posibilidad de otorgar constitucionalmente sin la concurrencia del órgano legislativo.»

Azaña, como Martínez Barrio, prefería que fuese Pórtela el que se enfrentara y contuviese el desenfrenado y vandálico «júbilo» frentepopulista.

* * *

A las seis y media de la tarde, Azaña es encargado por el Presidente de la República de formar Gobierno. La noticia resuena en las calles y en especial en la Puerta del Sol, con gritos de alegría y de venganza. Las gestiones se realizan a ritmo acelerado. Azaña visita a Sánchez Román, que se niega a participar en el nuevo Gobierno, recibe a algunos amigos y a las diez de la noche llega al Palacio Nacional con la lista, que es la siguiente:

Presidencia, Manuel Azaña; Estado, Augusto Barcia; Justicia, Antonio Lara; Guerra, general Masquelet; Marina, José Giral; Hacienda, Gabriel Franco; Instrucción Pública, Marcelino Domingo; Gobernación, Amos Salvador; Obras Públicas, Casares Quiroga; Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla; Agricultura, Mariano Ruiz Funes; Trabajo, Enrique Ramos y Ramos; Comunicaciones, Manuel Blasco Garzón. En total, diez azañistas, dos amigos de Martínez Barrio y un republicano independiente. Pertenecían a la masonería Azaña, Barcia, Masquelet, Casares Quiroga, Blasco Garzón, Marcelino Domingo, Giral, Lara y Ruiz Funes.

La mayoría de los ministros procedían de la burguesía acomodada: Amos Salvador, era propietario y arquitecto de renombre: de monárquico constitucionalista pasó a Acción Republicana; Gabriel Franco, catedrático de Economía Política y Hacienda en la Universidad de Salamanca, había sido director del Banco Exterior de España; Barcia, pertenecía a una familia muy arraigada en Asturias, de positivo influjo en empresas de la región, jurista, catedrático de la Escuela de Estudios Superiores y secretario del Ateneo. Ramos, había desempeñado la subsecretaría de la Presidencia en todos los Gobiernos de Azaña; abogados en ejercicio eran Ruiz Funes, Lara y Blasco Garzón. El general Masquelet, fue secretario del Consejo Superior de Guerra y jefe del Estado Mayor Central. Estaba vin­culado a Azaña, a quien asesoró durante el primer bienio.

El presidente y varios ministros tomaron posesión de sus cargos inmediatamente. El general Miaja, en nombre del general Masquelet, que se hallaba en Baleares, se posesionó de la cartera de Guerra. La animación en las calles iba en aumento. A media noche una muchedumbre llenaba la Puerta del Sol, entonaba La Internacional y reclamaba con ensordecedora gritería la presencia de Azaña. Salió éste al balcón para decir: «En cuanto se abran las Cortes se emprenderá la obra legislativa que dará cima a vuestras aspiraciones. La primera preocupación del Gobierno será obtener la amnistía. Tened confianza en el Gobierno.»

Las gentes, insatisfechas con estas promesas, seguían estacionadas y oradores espontáneos encaramados en las farolas o en coches proponían la inmediata liberación de los presos, sin respetar los estorbos legales, y el ejemplar castigo de los fascistas, todo ello, entre grandes vítores a Asturias y a Rusia. Los grupos se movían sin orientación fija, deseosos de que les señalasen objetivos a su entusiasmo y a su cólera. Los concejales de Madrid, con el alcalde Pedro Rico, destituidos en octubre de 1934, recuperaron sus puestos, sin esperar autorización ni cubrir otras formalidades que las de su propia voluntad. Apenas tomó posesión el ministro de la Gobernación, comenzó la designación de gobernadores. Fue nombrado director general de Seguridad José Alonso Mallol, radical socialista, gobernador de Sevilla y Asturias en el primer bienio republicano.

El problema más apremiante para el Gobierno, en el primer Consejo, es encontrar una fórmula legal para la concesión de la amnistía, conven­cidos de la imposibilidad de esperar a la constitución de las nuevas Cortes para que la aprueben. En algunos sitios, los Comités del Frente Popular, atribuyéndose facultades omnímodas, abren las cárceles para que salgan los presos. El Consejo acuerda que el jefe del Gobierno ensaye el poder taumatúrgico de su palabra para aplacar a los enfurecidos y contener a los impacientes.

Por la tarde (20 de febrero), Azaña pronuncia una alocución radiada. «El Gobierno —dice— se dirige con palabras de paz. Espera que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, de restablecimiento de justicia y de paz. Es el único ejecutor del programa político que ha servido de base a la coalición electoral. Ha dado las disposiciones necesarias para que se reinstalen los Ayuntamientos suspendidos y se reparen las atrocidades cometidas con los funcionarios públicos, y se han hecho las primeras gestiones para que en un plazo brevísimo sea una realidad el anhelo de amnistía. Cumplidos estos primeros actos, el Gobierno, con el concurso de las Cortes, emprenderá una gran obra de restauración nacional. Nosotros no conocemos más enemigos que los enemigos de la República y de España y no tenemos que perseguir a nadie mientras todos se limiten al cumplimiento de los derechos que la Constitución a todos nos concede. El que no esté en paz con la ley y las autoridades públicas, podrá temer el rigor del Gobierno, que en ningún caso se apartará de lo que le manden sus deberes y sus leyes. Esta decisión nos da una autoridad mayor para hacer un llamamiento a la confianza de los republicanos y de todos los partidos y organizaciones políticas que la sostienen. De esta confianza pensamos usar y a su vez el pueblo debe de confiar en que aplicaremos puntualmente lo concertado, lo que ha aprobado por gran mayoría el pueblo, que ha de contribuir al restablecimiento de la paz en España, al aquietamiento de las pasiones, al olvido de las querellas, una vez restablecida la justicia, y a encauzar la República por las vías de paz, tranquilidad, seguridad que redundará en beneficio del régimen mismo y de la prosperidad nacional. Nuestro lema es defensa de la República, República restaurada y, por consiguiente, libertad, prosperidad y justicia en España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben los republicanos y no republicanos, y todo el que sienta el amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida.»

No era el discurso que esperaban las masas inmersas durante cuarenta días en la oratoria y en la prosa hirviente de la campaña electoral. ¿Qué tenían que ver aquellas apelaciones a la paz, al aquietamiento de las pasiones y al olvido, con la prometida deflagración de la ira y la impaciencia acumulada en dos largos años de espera de esta hora de desquite? Por eso, Claridad comentaba: «Es el peor discurso pronunciado en su vida por el señor Azaña.»

Las masas, en plena embriaguez del triunfo, exigían su botín. Un ardid oratorio no era bastante para contener y menos para inspirar disciplina» amor patrio y respeto a gentes fogueadas con todas las pólvoras de la demagogia, decididas a cobrarse enseguida cuanto se les había prometido.

«Nosotros —dirá más tarde Azaña, refiriéndose a las primeras horas de su Gobierno — nos hemos encontrado el 19 de febrero del año 36 con un país abandonado por las autoridades.»

* * *

Apenas terminadas las elecciones y no sabidos los resultados se produjeron en muchos puntos de España unas expansiones populacheras, que sus promotores denominaban jubilosas, para celebrar un triunfo no proclamado todavía en los escrutinios, pero que los partidarios del Frente Popular daban por seguro. La simultaneidad de sucesos de carácter idéntico en diversos sitios, demostraba que no eran espontáneos, sino preconcebidos y dentro de un plan. Los desórdenes comenzaban con el incendio de iglesias y conventos, se prolongaban en actos de terror y terminaban con el asalto a centros políticos y domicilios de los «enemigos del pueblo». La subversión se propagaba de unos pueblos a otros y pronto la invasión anárquica dominaba regiones enteras.

De estos desmanes nada decían los periódicos ni las radios, pues la vigilante censura se cuidaba de impedirlo y únicamente transcendían al público como rumores que al correr de los días ganaron volumen y gravedad. En muchos sitios las turbas fueron dueñas de las localidades jornadas enteras, sin que nadie les hiciera rostro ni frenara su barbarie. Incendios y asaltos de templos y conventos se registraron en Barreda (Santander), Alcanadre (Logroño), Béjar, Puig (Valencia), Melilla, Betanzos, Palomares (Sevilla), Montejaque (Málaga), Coruña, Torres de Berellón (Zaragoza)» Almería, Torreaguera (Murcia), Alcalá de Henares, Peñaflor (Sevilla), Manzanares, El Ferrol, Las Palmas... A veces los sediciosos preferían la incautación de edificios a la quema y convertían las iglesias en casinos, centros políticos o salones de baile. Elche, la industrial y floreciente ciudad alicantina, patria de Luis Vives, fue una de las poblaciones más duramente probada (19 de febrero). Las turbas quemaron el convento de las Mercedes, las parroquias de San Juan, El Salvador, El Arciprestal de Santa María, donde se representaba el famoso «Misterio» auto sacramental «La Festa» y el antiguo convento de la Merced. Fueron asaltados la Residencia del Corazón de María, los centros de Acción Popular, radical y el casino. Reprimir los vandálicos excesos ocasionó dos muertos y varios heridos.

Palma del Río estuvo tres días y tres noches en poder de los asaltadores, incendiarios y robadores; iglesias, conventos, comercios, molinos aceiteros y muchas casas de particulares sufrieron los efectos de las llamas o de la rapiña. En competencia de desmanes con Palma del Río, otras poblaciones de Córdoba, como La Rambla, Puente Genil, Aguilar, Posadas, La Coronada, Fuente Carroteros, Bujalance, conocieron también los asaltos de las turbas. Los campesinos instruidos y manejados desde las Casas del Pueblo invadían las fincas, no para usufructuarlas, sino por el afán de destruir cuanto de provecho encontraban en ellas. Más realistas, los dirigentes de algunas Casas del Pueblo optaron por parcelar las tierras y distribuirlas entre los afiliados. Todos estos desmanes van rubricados con sangre: asesinatos, atentados y colisiones. La caza del fascista, entendiendo por tal a todo adversario declarado u oculto del Frente Popular, es un deporte que enloquece a los exaltados. Y en el mismo grado la persecución religiosa. Si en Puig (Valencia) los amotinados decapitan la imagen del venerable Jofre, fundador del Hospital de Valencia y compañero de San Vicente Ferrer, en Jumilla (Murcia) proclaman el comunismo libertario con todos sus complementos de barbarie.

Los centros de Acción Popular asaltados o destruidos por las llamas suman centenares. Raro es el casino radical, círculo tradicionalista o de Falange que queda en pie. La ofensiva no se circunscribe a los locales, sino que va también contra los afiliados, a quienes se busca y encarcela. Donde estas pesquisas se realizan con más saña es en Asturias. Aquí el rescoldo de los sucesos de octubre de 1934 se aviva; otra vez la revolución, ávida de venganza, busca a sus víctimas. Blanco preferido de la furia popular son los periódicos: sufren asalto o quema La Unión Mercantil de Málaga, La Voz de Asturias de Oviedo, La Verdad y Levante Agrario de Murcia, La Gaceta de Levante de Alcoy, El Diario de la Mañana de Jaén, El Faro de Ceuta, El Diario de Pontevedra, La Libertad de Vitoria, Ideal de Granada...

Corolario de estas saturnales de libertad son las huelgas que empiezan a menudear. La más sonada, la general de Zaragoza, ordenada por la C.N.T. con motines, choques con la fuerza pública, muertos y heridos. La mayoría de los españoles ignoran lo que ocurre. La Prensa no dice nada, o si es gubernamental habla de los sucesos como de una jarana o de una agitación casi placentera.

* * *

Las cárceles se vacían, sin esperar el decreto de amnistía. «Es al Frente Popular —escribe El Socialista (18 de febrero) — a quien corresponde libertar a nuestros presos. Ya ayer han comenzado a abrirse las cárceles y a salir de ellas nuestros camaradas.» Al frente de los grupos que asaltan las prisiones van diputados electos comunistas y socialistas. ¿Para qué más refrendo legal? Adelante, de Oviedo, en titulares a toda plana grita: «Ante el empuje vigoroso de los camaradas presos, fueron abiertas las puertas de las cárceles. Los presos y el pueblo, impacientes, no esperaron los formulismos legalistas que habían de retardar la amnistía. Tampoco cuando ingresaron en la cárcel se tuvo en cuenta la legalidad, ni siquiera el humanismo.» En toda la provincia se organizan manifestaciones para recibir a los presos. En Oviedo, una imponente muchedumbre recorre las calles, llevando banderas rojas y cantando La Internacional. La Diputación permanente de las Cortes, convocada con urgencia por su presidente Alba, se reúne en la tarde del 21 de febrero. En media hora se ventila la cuestión de la amnistía. El ministro de Justicia da lectura al decreto, cuyo preámbulo califica de «medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad nacional, en que están interesados por igual todos los sectores políticos». El artículo único dice: «Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los concejales de los Ayuntamientos del País Vasco condenados por sentencia firme.»

Recordaba La Nación (22 de febrero) que la amnistía había sido tra­mitada por los elementos de derechas en menos horas que meses emplea­ron las izquierdas en oponerse a la de 1933.

La apertura de las cárceles (22 de febrero) señala el momento cumbre de la glorificación de Octubre rojo. Las muchedumbres acogen a los amnistiados con arrebatado entusiasmo, como a héroes mitológicos a quienes nunca se les agradecerá bastante los delitos que cometieron. Del Penal de Burgos salen 47, entre ellos González Peña; a la puerta le aguardan Prieto y Negrín. «Mi vida de presidiario —dice González Peña Heraldo de Madrid (3 de marzo) — fue en parte muy divertida. Leía y escribía a mi mundo, a mis hermanos, a organizaciones obreras.» Del Dueso salieron 131. «El aspecto físico de estos ilustres expresidiarios, escribe El Liberal de Bilbao (23 de febrero) no puede ser más excelente. El régimen les ha fortalecido en su organismo y en su espíritu.» De la cárcel de Larrinaga (Bilbao), 280; del penal de Cartagena, los consejeros de la Generalidad Gassol y Martí Esteve, el comandante Pérez Farras y el teniente de la Guardia Civil Torrens; del penal del Puerto de Santa María, Companys y los consejeros Lluhí y Comorera; el primero se ve obligado a hablar a las masas que le esperan; de la cárcel de Zaragoza, 230; del penal de San Miguel de los Reyes, 120; de la cárcel de Málaga, 200; de la de Cádiz, 4 y de la de Madrid, 80.

Paseados en triunfo, los expresidiarios son los hombres de la hora. Orgullosos y prevalidos de su prestigio revolucionario, aconsejan a todos que se mantengan alerta porque la hora del nuevo asalto está cerca. Cincuenta mil personas con abundantes banderas rojas y signos soviéticos esperan a González Peña a su llegada a Madrid; alardes comunistas son los recibimientos a los presos de Ocaña y a los condenados por los feroces crímenes de Castilblanco que proceden de Cartagena, aclamados y agasajados en todas las estaciones del tránsito por muchedumbres fanatizadas. Una vez en Madrid, se dirigirán a El Socialista para que éste escriba: «Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra redacción a los presos de Castilblanco» (26 de febrero).

* * *

La amnistía de Companys, consejeros de la Generalidad y militares que secundaron la rebeldía en Barcelona, tiene como natural complemento la apología del movimiento secesionista. Tan pronto como llegó Companys a Madrid se dirigió por radio a los catalanes, diciéndoles: «El 6 de octubre aseguró a Cataluña en la obra grandiosa de la República.» Las horas son pocas para atender a tantos homenajes y fiestas organizados en su honor. En cuanto el comandante Pérez Farrás, condenado a muerte por haber ordenado hacer fuego contra sus compañeros de arma, llega a Madrid, se apresura a presentarse en Palacio, «porque no quería marcharse a Barcelona sin besar antes las manos de don Niceto». «Señor Presidente — le dijo—, le debo mi vida. Disponga de ella».

Companys y los consejeros no regresarán a Barcelona si previamente no ha sido restaurado el Estatuto en su integridad, por derogación de la ley de 1935 que estableció el régimen transitorio para Cataluña. La cosa no era sencilla. Fue necesario recurrir de nuevo a los buenos oficios de la Diputación Permanente de las Cortes, por cuanto que no se podía derogar la ley por decreto. Lo importante era encubrir la transgresión, con apariencias constitucionales. El decreto-ley presentado por el Gobierno (21 de febrero) decía: «Artículo único: Se autoriza al Parlamento catalán para reanudar sus funciones, elegir su presidente y restablecer el Gobierno de la Generalidad.» Sin embargo, la situación creada por la ley de 2 de enero de 1935, no permitía «reanudar por disposición del Gobierno el funciona­miento del régimen autonómico de Cataluña». Maura y Goicoechea se mostraron contrarios a la propuesta. La oposición del primero era formal y no de fondo. La del segundo, contra el espíritu del decreto, «que envolvía responsabilidad histórica y constitucional y significaba un grave atentado contra la unidad de la patria». Dos largas sesiones necesitó la Diputación Permanente para arbitrar la fórmula que al fin quedó aprobada (26 de febrero), con una ligera variante del texto gubernamental: «Se autoriza al Parlamento catalán para reanudar sus funciones, al efecto de designar el Gobierno de la Generalidad.» De los diecisiete votos que componían la Diputación, únicamente hubo uno en contra: el de Goicoechea. Se transigió y pasó por todo, en aras de la pacificación de los espíritus. «La hemos aceptado, declaró Martínez Barrio, en contra de la voluntad de los partidos de izquierda.»

Indiferente a lo que se discuta y resuelva en Madrid, la Comisión Permanente del Parlamento catalán se reúne (24 de febrero) bajo la presidencia de Casanova, recientemente llegado del exilio, y dos días después reanuda sus funciones el Parlamento, que elige por aclamación presidente de la Generalidad, a Companys. Todo lo concerniente a administración y gobierno autonómico se restaura rápidamente en la misma forma y espíritu que antes del 6 de octubre.

Companys y los consejeros asisten en Madrid a una apoteosis soviética organizada por el Socorro Rojo Internacional en la Plaza de Toros (24 de febrero). Comparten los honores de la presidencia con la viuda del «Pichilatu», condenado a muerte por sus horribles crímenes en Oviedo, con el padre del sargento Vázquez, comandante Farrás, Javier Bueno, los condenados por los asesinatos de ingenieros y religiosos de Turón, el poeta Alberti, la «Pasionaria», Álvarez del Vayo. La plaza exhala aliento y fiebre bolchevique. Retratos de Lenin y Stalin, hoces y martillos en profusión, compases de La Internacional y de la Joven Guardia. «Franco y Goded —grita la «Pasionaria»— han sido trasladados, en vez de estar encarcelados con todos los asesinos de Asturias. Las mujeres de los mineros piden que Gil Robles y todos los asesinos sean entregados a la justicia popular. Vivimos en período revolucionario y desde el 14 de abril estamos empachados de legalidad. La República tiene que dar satisfacción al pueblo, y si no lo hace, el pueblo los arrollará e impondrá su voluntad.»

Álvarez del Vayo lee un saludo del proletariado ruso y vaticina que el proceso español se encauzará por la ley nueva, que estará inspirada en los principios soviéticos. Companys agradece el homenaje en nombre de Cataluña y anuncia que «en estas horas nuevas el pueblo apartará con mano de hierro cuantos obstáculos se opongan a su marcha». El público, embriagado de oratoria incendiaria, pide cabezas, encarcelamientos, justicia popular, auxilio para las víctimas de la represión; y con todas estas exigencias se redacta una lista de peticiones para ser llevada en manifestación a la Presidencia del Consejo.

* * *

El recibimiento que dispensó Barcelona a Companys y consejeros (2 de marzo), fue grandioso. En su preparación colaboraron las innumerables entidades nacionalistas, que resurgían favorecidas por un clima propicio. El gobernador general de Cataluña, Moles, anunció en una alocución su gran alegría «de poder abrazar a los que vuelven, para ponerles en posesión lo que he guardado dentro de estas salas de la Generalidad, donde revive, ahora más vibrante que nunca, el espíritu de aquel inolvidable patricio, el gran Francisco Maciá». A la llegada del tren, tres mil orfeonistas cantan Els Segadors. Bandas de música y coblas situadas a lo largo del trayecto, llenaban el espacio de himnos y motivos populares. El coche de Companys, sobre el que llueven flores, avanzaba entre un público espeso que le aclamaba. Se trasladó directamente al Parlamento para recibir de nuevo la investidura de Presidente de la Generalidad y desde el Parlamento marcho al Palacio de San Jorge, donde le aguardaba, al pie de la escalera, el gobernador general. El público reclama la presencia de Companys al balcón. Recordó éste en breves palabras, porque la fatiga le rendía, «a los que murieron en la dolorosa jornada del 6 de octubre, mártires del ideal, y acabó con el grito de «esta tierra eterna e imbatible: ¡Visca Catalunya!» Después ratificó en sus cargos a los consejeros que los ejercían en octubre y quedó restablecido el Gobierno de la Generalidad. La Historia, ha dicho Michelet, es un eterno comenzar.

Todo esto se hacía anticipándose a la resolución del Tribunal de Garantías, que había de examinar el recurso interpuesto por el Parlamento catalán contra la ley de 2 de enero de 1935. La sentencia favorable se daba por descontada. En efecto, el Tribunal resolvía (3 de marzo), por dieciséis votos contra tres, declarar inconstitucional la ley que suspendió la vigencia del Estatuto.

* * *

Conforme transcurrían los días a partir del 16 de febrero, el balance electoral se ofrecía más desfavorable para las derechas. La C. E. D. A. cifraba entre cuarenta y cincuenta las actas de que había sido despojada por falsificaciones, anulaciones y escamoteos en las Juntas del Censo provinciales. Circunscripciones en las que el triunfo era indiscutible a raíz de la elección, como Cuenca, Granada o Cáceres, se hizo dudoso pocas jornadas después, para convertirse, finalmente, en empate o derrota. Según los datos definitivos publicados por El Sol (3 de marzo), el Frente Popular reunía 4.540.000 votos, y las derechas y Centro, 4.300.000. Con arreglo a los cálculos de la C. E. D. A., el resultado era el siguiente: derechas, 4.187.571; centristas, 325.197; nacionalistas vascos, 141.137; izquierdas, 3.912.086. El sistema electoral vigente, favorable a las grandes coaliciones y que primaba a las mayorías, daba lugar a hechos paradójicos. Por ejemplo: Jaén, izquierdas, 138.340 votos; derechas, 135.774. Diputados electos del Frente Popular, 7; de derechas y centro, 3. Huesca, izquierdas, 52.566 sufragios; derechas, 46.134. Diputados electos del Frente Popular, 4; derechas, 1. El Debate comenta (26 de febrero) el resultado con estas palabras: «Con las cifras oficiales que han servido a las Juntas del Censo para proclamar los diputados triunfantes, resulta que el Bloque antirrevolucionario ha obtenido algo más de 200.000 votos sobre el llamado Frente Popular. Para un conjunto de nueve millones de votos, la diferencia sólo se puede contar por millares. ¡Una unidad en medida mil veces menor que la utilizada para cifrar el censo total! Así está España: partida en dos mitades, con triste exactitud, casi matemática.» Por su parte, los tradicionalistas, en una nota de su Secretario general, declaran «que las izquierdas han llegado al Poder por el camino lógico de sus propios actos... Cada vez que el Gobierne nos necesite para algo bueno al servicio de la sociedad española, no hallará mejores colaboradores ni más abnegados; no por el Gobierno, sino por la patria, cuyas penas nos parten el alma. Pero por la patria también, seremos enemigos francos e irreconciliables». «Las veleidades de la ley electoral —escribe el marxista Ramos Oliveira—, que no debieron nublar el juicio de la oligarquía al extremo de impulsarla en 1933 a exasperar vesánicamente a las masas populares, tampoco debían ocultar a los republicanos en 1936 el formidable poder político-social de los vencidos».

Por ningún concepto se puede interpretar el resultado electoral como un triunfo arrollador de la oposición, cuando, según se computen los votos del Centro, queda en entredicho de qué lado está la mayoría. Las cifras de las elecciones de febrero de 1936 permiten afirmar que España se mostró dividida en dos grupos de fuerzas numéricamente equivalentes. En cuanto a las abstenciones de votantes, oscilaron entre el 27 y el 33 por ciento según las provincias, con un promedio de 31 por ciento para el censo total del país.

«—El régimen del Frente Popular se asienta sobre un volcán de pasiones. En realidad, nuestro triunfo tiene más de aparatoso que de efectivo — dice Díaz.

—Si nos atenemos a los números, sí; pero en diputados los doblamos —contesta Hernández —. La coalición de derechas, contando el centro, ha logrado un total de 4.446.251 votos, y el Frente Popular, 4.838.449. ¡Milagros de la ley electoral! Con tan pequeña diferencia de votos, contamos 277 diputados, y todas las derechas unidas, con 164.

—Eso demuestra la fuerza de la reacción, amigo Hernández —dijo Díaz, siguiendo el hilo de su razonamiento—. Y sería ingenuo pensar que no tratarán de hacer valer su poderosa influencia económica y política contra el nuevo régimen.»

Otro testimonio de calidad: Julián Zugazagoitia, director de El Socialista y ministro de la Gobernación con Negrín, escribe: «La victoria electoral, que no había sido tan rotunda como para menospreciar la fuerza de las derechas, quiso ser aprovechada sobre la marcha y de esta prisa se siguió una pérdida evidente de autoridad.»

CAPÍTULO 78

TREINTA Y TRES PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN LAS CORTES

IMPONENTES MANIFESTACIONES EN MADRID Y CAPITALES DE PROVINCIA PARA SOLEMNIZAR EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR. — SE ORDENA POR DECRETO LA READMISIÓN DE LOS OBREROS EXPULSADOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS SUCESOS DE OCTUBRE. — EXPORTACIÓN DE ORO PARA CONSTITUIR UN DEPÓSITO EN EL BANCO DE FRANCIA. — CÓMO CONSIGUE EL FRENTE POPULAR MAYORÍA ABSOLUTA EN EL CONGRESO. — DÍAS DE TERROR EN CÁDIZ Y GRANADA. — QUEMAS DE IGLESIAS, DE CENTROS POLÍTICOS Y DE EDIFICIOS PARTICULARES. — DESÓRDENES E INCENDIOS EN PUENTE VALLECAS. — ASESINATO DE DOS ESTUDIANTES EN MADRID. — ATENTADO EN REPRESALIA CONTRA EL CATEDRÁTICO JIMÉNEZ DE ASÚA. — LAS TURBAS INCENDIAN DOS IGLESIAS MADRILEÑAS Y EL PERIÓDICO «LA NACIÓN». — PROCESAMIENTO Y PRISIÓN DEL GENERAL LÓPEZ OCHOA. — DETENCIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA DE FALANGE. — DON ALFONSO CARLOS AL INSTITUIR REGENTE A DON JAVIER DE BORBÓN, EXPLICA CÓMO ENTIENDE EL ORDEN SUCESORIO AL TRONO DE ESPAÑA