PORTELA DISUELVE LAS CORTES Y RESTABLECE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

 

La C. E. D. A. sale de la crisis desarbolada para quedar a la deriva. ¡Adiós a la táctica y al accidentalismo! El partido es un enjambre irritado expulsado de la colmena. Gil Robles, más belicoso que nunca, se dispone a dar la batalla y para ello anuncia a todos los centros del partido que la lucha ha comenzado. «Mis organizaciones están en pie y tengo la confianza de todos.»

«Se ha cometido una injusticia contra la C. E. D. A. —se lamenta El Debate (16 de diciembre) —. Injusticia en la que no faltan extraños co­laboradores. Juntos la suscriben el señor Martínez de Velasco y el señor Cambo. A uno y otro, alcanza la responsabilidad de este proceso. Las fuerzas de la C. E. D. A. han apoyado al régimen con generosidad. Sacrificaron múltiples cosas con desinterés y hasta con abnegación. Todo fue inútil.» El ex ministro Casanueva resume: «Dos años perdidos para España.» «Fracaso de toda una táctica —escribe A B C (15 de diciembre) —; inutilidad de unos apoyos que según el ángulo de observación parecían claudicaciones o sacrificios; demostración de que todo cuanto se hizo para ganar confianza no bastó para disipar recelos; desahucio de unas Cortes; retroceso a los días peores... Todo esto representa esta lamentable solución de cuyo alcance da medida el júbilo con que la han recibido los revolucionarios.»

Porque, en efecto, al otro lado hay euforia. Pórtela es saludado como el restaurador de las libertades públicas. «Han quedado descartados —dice L'Humanité, el diario comunista de París— los dos enemigos más peligrosos de las libertades populares: Lerroux, desacreditado; y Gil Robles, expulsado.» «Las izquierdas —escribe La Libertad— no serán un obstáculo inconmovible para la formación y actuación de un partido derechista, a cuyo frente y dirección vería con tranquilidad y sin reserva el pueblo a los señores Portela y Chapaprieta.» Incluso la minoría parlamentaria socialista se congratula «de haber contribuido dentro de las Cortes con la obstrucción y fuera con la retirada, después de octubre de 1934, a precipitar la muerte de aquéllas, saludable para el régimen».

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Gil Robles en una extensa nota (16 de diciembre) explica las tribulaciones sufridas por la C. E. D. A.: fija posiciones y analiza conductas. Se ha querido justificar la anómala tramitación y solución de la crisis «con el pretendido agotamiento de las Cortes y el peligroso anhelo de Poder de la minoría popular agraria». Ciego será, sin embargo, quien no vea que el desenlace de la crisis no es más que el último episodio de la revolución contra las Cortes actuales. La mera posibilidad de que éstas, apenas llegaron al Parlamento, fueran capaces de encauzar la política de reconstrucción ansiada por el país, desencadenó la ofensiva de los elementos disolventes derrotados en las urnas. Comenzaron pidiendo la disolución de las Cortes apenas nacidas, lo cual hubiera constituido un golpe de Estado. Se buscó entonces esterilizarlas, con la formación de Gobiernos que no respondieran a la composición de la mayoría parlamentaria. El propósito de la revolución se vio realizado. El grupo parlamentario más fuerte fue privado de participación gubernamental durante un año. Gobiernos regidos por figuras secundarias de los partidos de la mayoría. Ambiente de inquietud y de duda, «leyes votadas e indultos impuestos a favor de los cabecillas de la revolución mantenía a los ministros en una situación de interinidad constante. ¿Qué Parlamento del mundo hubiera funcionado eficazmente en tales condiciones?» A pesar de ello, la obra legislativa de las actuales Cortes «significa un esfuerzo ingente en bien de la nación», en favor de «una obra de reconstrucción destruida apenas iniciada». «A ninguno de nosotros se ocultaban los riesgos de una posición tan comprometida. Cada vez que una iniciativa tropezaba con obstáculos insuperables, o en las alturas del Poder surgía una ayuda inesperada a la revolución, que hacía inútiles nuestros afanes, la perspectiva de una reforma constitucional, solemnemente anunciada por el Presidente de la República, nos daba aliento para llevar una carga que se iba haciendo insoportable por instantes.»

«En esta situación se llegó a la última crisis. No surgió ésta, como se ha dicho, por falta de asistencia de la mayoría con sus votos. Buena prueba de ello es que pocos días antes de producirse obtuvieron varias leyes un quorum extraordinario. La crisis sobrevino en apariencia por discrepancia del Gobierno con un ministro (Chapaprieta), que, dejando a un lado sus grandes condiciones personales, no tenía en la Cámara más que su voto. En el fondo, lo que triunfaba era la amenaza revolucionaria, que ante la posibilidad de reforma de la Constitución, exigía la eliminación de la C. E. D. A. del Poder y la disolución de las Cortes.

«Por eso nada significó que el bloque gubernamental se presentara intacto a las consultas y ofreciera al Poder moderador la seguridad de una obra legislativa inaplazable y realizable en plazo brevísimo, y que habría de culminar en el acuerdo de revisar la Constitución. Era inútil el esfuerzo. No era eso lo que se buscaba.» Quebrantado el partido radical por los recientes procesos depuradores, había que arrojar a la C. E. D. A. del Gobierno y romper la solidaridad de los partidos del bloque. Para ello nada mejor que dar los sucesivos encargos de formar Gobierno en condiciones «adecuadas», tales que la C. E. D. A. no pudiera jamás aceptar sin dejar maltrecho su decoro. El proceso de la crisis está concluido y nuestro partido eliminado. La obra legislativa, para la que ofrecimos desinteresadamente nuestros votos, abandonada y perdida. Ya no habrá ni plan quinquenal de Obras Públicas, a beneficio de los pueblos humildes y ol­vidados, ni los créditos para resolver el paro, ni los doscientos millones para el trigo, ni la ley de Protección a los pescadores, ni los medios para sacar al país de la vergonzosa indefensión militar en que se encuentra. Todo lo más, unos presupuestos por decreto en contra de la Constitución y de la democracia.

«Pudimos tener por misericordia un puesto al menos de observador en el Gobierno que admite la gravísima responsabilidad de dejar abandonados tantos vitales problemas y presidir unas elecciones, de las que saldrá una Cámara totalmente ingobernable; no lo hemos querido, aun a trueque de perder los beneficios proporcionables del calor gubernamental en un periodo de elecciones.

«La injusticia que con nosotros se ha cometido no nos aparta de nuestra posición ni de nuestra táctica. Seguimos pensando que desde ella es como mejor podemos servir a España. Por eso acudimos a la opinión, para pedirle que, con la sanción de sus votos, dé a nuestro partido la fuerza que necesita para arrollar todos los obstáculos y dominar a la revolución que, vencida en la calle ha logrado enroscarse en nuestro armazón institucional. Quienes sientan con la angustia con que nosotros sentimos el hondo dramatismo del momento actual, sabrán poner sobre sus diferencias el anhelo de una patria común que se nos rompe y el fervor de una civilización espiritual que se nos hunde, para formar un haz apretadísimo y constituir un gran frente nacional contra la revolución y sus cómplices. No es un esfuerzo de partido el que pedimos. Es una gran cruzada espiritual y española para el triunfo clamoroso de un nobilísimo ideal común.»

¿Satisfacían tales explicaciones a los cedistas? Éstos veían que en lo fundamental nada había cambiado. De nuevo se les avisaba que el peligro revolucionario estaba en pie y a las puertas, más amenazador y temible que nunca. Otra vez estaban en riesgo de perderse aquellos principios para cuya defensa dieran cuanto se les pidió. Las pequeñas conquistas conseguidas se iban a desvanecer como el humo. La tan exaltada táctica quedaba reducida a unos juegos de habilidad intranscendente.

Comenta Calvo Sotelo en unas declaraciones (A B C, 17 de diciembre): «Ha muerto el accidentalismo y por todos los costados. La República no es compatible con el derechismo auténtico. ¿Qué hemos visto? Una crisis resuelta exclusivamente a base de eliminar del Gobierno a la C. E. D. A. y para que Gil Robles abandonase la cartera de Guerra. El jefe del Estado ha interpretado el espíritu del 14 de abril y ha ganado el aplauso de los republicanos en posesión de ese espíritu. Ha muerto el accidentalismo adhesionista. Un régimen no se puede consolidar con esencias contrarias a las de sus instauradores. Cualquier régimen prefiere perecer a falsificarse. Es más fácil substituir que transformar el espíritu del 14 de abril. El único accidentalismo que ahora cabe es el de la sumisión.»

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La implacable hostilidad de la C. E. D. A. al nuevo Gobierno se manifiesta desde el primer momento. Concejales y gestores provinciales cedistas abandonan sus cargos: dimite el comisario general del Trigo, Larraz, cuyo proyecto de ordenación de la economía triguera queda inédito. También dimite el gobernador general de Cataluña, Villalonga, sustituido en el acto por el Presidente de la Comisión Jurídica asesora de la Generalidad, Maluquer, y dos días después por el regionalista Félix Escala. El jefe del Gobierno no concede mucha importancia a las excitaciones y amenazas de la C. E. D. A. Se considera muy bien amparado.

En Consejo de ministros celebrado bajo la presidencia del Jefe del Estado (17 de diciembre), éste hace el ofrecimiento «ampliamente razonado» de autorizar la suspensión de las sesiones de Cortes hasta el 31 de enero de 1936, inclusive. El Gobierno considera excesivo el plazo y pone como fecha tope el primero de enero. En cuanto a los presupuestos, Alcalá Zamora cree que pueden ser prorrogados por decreto, conforme determina la Constitución.

Absorbe la atención de Pórtela el nombramiento de altos cargos y el reparto de gobiernos civiles, donde deben cocerse y amasarse las elecciones «como en los peores tiempos del viejo régimen», según dice Gil Robles Pórtela prodiga sus gestos de amabilidad hacia las izquierdas. Autoriza la salida de El Socialista, está dispuesto a permitir la reaparición de todos los periódicos suspendidos, accede también a la apertura de las sociedades adheridas a la Casa del Pueblo y de los centros sindicalistas; en fin, busca una fórmula legal para que los Tribunales militares que actúan en Asturias finalicen cuanto antes su labor.

Una prórroga del presupuesto por decreto es anticonstitucional, afir­ma y razona Gil Robles en una extensa carta al presidente de las Cortes (17 de diciembre). Corresponde a las Cortes la aprobación de un presupuesto nuevo o la prórroga del anterior y en caso de no hallarse reunidas aquéllas, a la Diputación Permanente, donde tampoco tiene Portela los votos necesarios. «¿Qué pasará —pregunta el jefe de la C. E. D. A.— si a fin de año no está votado el presupuesto? Pues ya lo dice otro artículo de la Constitución: «Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por el Parlamento.»

El presidente de las Cortes se limita a contestar en una nota que someterá el asunto a examen del presidente del Consejo de ministros y de los representantes de los distintos núcleos parlamentarios no ministeriales. A estos últimos, reunidos en su despacho (23 de diciembre) les da a conocer un informe de la Secretaría técnica de las Cortes, según el cual «la facultad y obligación de prorrogar el presupuesto corresponde al Gobierno, bien entendido que esta prórroga no puede comportar la más pequeña modificación». Disienten de la interpretación los representantes de los grupos de derechas y eluden exponer su criterio las izquierdas, pero como el pre­sidente de las Cortes encuentra en los jefes de minorías comprensión y deseos de facilitar la solución, «pues negarse a la prórroga, declara Gil Robles, sería tanto como realizar una obra anárquica y demoledora», de ahí que la prórroga por decreto será un hecho.

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Acapara la atención de los dirigentes políticos los preparativos electorales, y en especial la extensión y límites de las posibles coaliciones. El carácter de la lucha que se avecina y la Ley Electoral vigente, que favorece a las mayorías, aconseja las máximas concentraciones de electores. Los partidos confiados a sus únicas fuerzas serán barridos. De ahí las intrigas de Pórtela, para ganar la adhesión de agrarios, regionalistas y liberales demócratas, y a su amparo situar candidatos propios con la intención de constituir un partido centro, ilusión de Alcalá Zamora, tan conveniente a la hora de las combinaciones ministeriales. Esta coalición gubernamental supondrá para los grupos participantes la ruptura con la C. E. D. A., riesgo que a todo trance desean evitar. Por lo pronto, los diputados de la minoría agraria, con excepción de Royo Villanova, que se da de baja en el partido, acuerdan (17 de diciembre) «sostener íntegramente el programa que sirvió de base a la coalición electoral de derechas en 1933, Y mantener su colaboración en el Gobierno en tanto éste responda a la significación con que se constituyó y sirva de garantía a la libre emisión de la voluntad nacional». Criterio que comparten regionalistas y liberales demócratas, y que malhumora y contraría a Portela.

Por su parte, Gil Robles, impaciente y brioso, en su discurso en el Teatro Calderón de Valladolid (19 de diciembre), con el que inicia la campaña electoral en un ambiente de entusiasmo explosivo, anuncia «una nueva era política» lejos «de los hombres degenerados de una política bastarda» y dirigiéndose a los componentes del Gobierno les dice: «¿No sabéis que ese grupo centro que se trata de forjar en los Gobiernos civiles va a ser una tabla tendida entre el orden y la revolución? ¿No veis que por un puñado de Gobiernos civiles y de subsecretarios vais a ser cómplices de la revolución?... Yo os digo: Aún estáis a tiempo de marcharos. Mañana será tarde y no podremos admitiros en nuestra compañía.»

En el Cine Madrid, abarrotado de un público enardecido, Gil Robles explica (20 de diciembre) «cómo me encontré el Ejército y lo que quise hacer con él». Grandes letreros sobre los palcos gritan: La Patria está en peligro. ¡Españoles, acudid a salvarla! ¡A por los trescientos! «He salido de Guerra —afirma el jefe de la C. E. D. A.— por tres razones: porque yo, conforme a mi doctrina, no me aparto de los caminos de la ley, sino que espero que sean otros los que se aparten; segundo, porque lanzar al Ejército a un golpe de Estado era destruirlo y adscribirlo a un partido; y tercero, porque aunque haya salido volveré muy pronto, pero no por la rebeldía y el complot, sino con la opinión española, por el mandato de una democracia triunfante, para ponerme delante de los que ahora me obstaculizan, y les diré: ¡Quien se pone delante de la voluntad popular, o baja la cabeza o se va!»

Muy seguro del triunfo se considera Gil Robles. El partido, deprimido y mustio en los últimos meses, probado por tantas contrariedades, resurge hervoroso y se moviliza para una lucha que ofrece perspectivas muy halagüeñas. El tercer mitin de la campaña electoral se celebra en Plasencia (21 de diciembre), con igual temperatura de entusiasmo y optimismo. El jefe de la C. E. D. A. reitera su aviso a los gobernantes, a quienes espera «poner en trance de abandonar el poder o de salirse de la legalidad».

Pero el aviso solemne y conminatorio está en una nota (27 de diciembre) que expone el criterio «inconmovible» del Consejo Nacional de la C. E. D.A. el cual «preconiza la formación de un amplísimo frente contrarrevolucionario, cuyas características habrán forzosamente de amoldarse a las particularidades electorales de cada provincia». La C. E. D. A. entiende «que el pretendido partido centro que quiere improvisar el señor Pórtela es absolutamente incompatible con el frente antirrevolucionario». «En consecuencia, la C. E. D. A. no entrará en coalición con ninguno de los partidos que coadyuven desde el Gobierno a los planes del señor Pórtela». En la misma línea de oposición gubernamental los diputados de Acción Popular de Asturias, en carta a Melquíades Álvarez, le invitan a que retire su asistencia al Gobernó, «que significa un agravio para nosotros». «Unidos. — dicen—, no nos hacen falta ni gobernadores ni protección oficial para triunfar en Asturias». La nota y la carta producen tal efecto, que los ministros De Pablo Blanco y el liberal demócrata Martínez se apresuran a visitar a Gil Robles para expresarle su deseo de ir en coalición electoral con la C. E. D. A. Este criterio lo comparten también los agrarios, Chapaprieta y los regionalistas catalanes, más o menos expresamente. El único ministro incondicional de Pórtela, dispuesto a secundarle en su intento de formación de un partido, es Cirilo del Río. Esta adhesión no le compensa al jefe del Gobierno del disgusto que le produce la deserción de los restantes ministros, dispuestos al parecer a utilizar la influencia y los resortes del poder en favor de los candidatos cedistas, Portela derribará las columnas del templo antes que tolerar semejante traición, como él la llama.

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Los días iniciales del nuevo Gobierno coinciden con la Navidad. Con tanta fuerza obsesiona la lucha en torno al poder, que muchos españoles se sienten más políticos que cristianos. Las lluvias torrenciales que se suceden día y noche deslucen y disminuyen el espectáculo callejero. Incontables hogares están más alterados por la discusión electoral que por la pandereta y la zambomba.

Constituye un acontecimiento al margen de la política la visita a Madrid de Pablo Casals, el rey del violoncello, nombrado hijo adoptivo de Madrid, donde inició su carrera artística. El alcalde le impone la Medalla de Oro de la ciudad (15 de diciembre), distinción suprema de la Villa, y Casals, que ha regalado y enloquecido al público congregado en el Cine Monumental con unas asombrosas interpretaciones, da las gracias por el homenaje. Cuenta la historia de sus mocedades artísticas, su gratitud a la Reina Cristina, de quien recibió impagable ayuda, y refiere la siguiente anécdota: «Vivía yo en Madrid con una familia que me profesaba mucho cariño, correspondido por mí con igual intensidad. El cabeza de familia era un bonísimo hombre portero de Palacio y que había servido al Rey en Cataluña. Su esposa era madrileña y en tal grado enamorada de su esposo, que siempre que hablaba de él le llamaba «mi catalán». ¡Quién habría de decirme que corriendo los años, así como aquella madrileña llamaba «mi catalán» al hombre de su cariño, había de haber un catalán, yo, que llamase «mi Madrid» al Madrid de aquellos y de estos tiempos!» La entrega solemne de la Medalla de Oro se hace días después, en el salón de sesiones del Ayuntamiento.

Otro acontecimiento relevante es la imposición de la birreta cardenalicia al Nuncio de Su Santidad en Madrid, monseñor Federico Tedeschini, ceremonia celebrada (21 de diciembre) en el gran salón del Palacio Nacional. Tras la lectura por el delegado pontificio del acta acreditativa del nombramiento, el Presidente de la República toma de manos del delegado pontificio, monseñor Tito Crespi, la birreta y se la impone al nuevo cardenal, mientras el introductor de embajadores le coloca el manto de púrpura .

Y un suceso luctuoso: la muerte (5 de enero del 1936) del escritor Ramón María del Valle Inclán, acaecida en un sanatorio de Santiago de Compostela, tras de diez meses de estar hospitalizado. Nació Valle Inclán en Puebla de Caramiñal, en 1870. El orfebre del idioma castellano muere pobre y el Gobierno costea los gastos de su entierro.

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Las discrepancias en el seno del Gobierno en torno a las coaliciones electorales han transcendido al público. La situación se ha hecho insoportable y el desenlace no puede tardar. El 30 de diciembre se reúnen los ministros en el Palacio Nacional, como preparación al Consejo que presidirá el Jefe del Estado. Pórtela da lectura al decreto de disolución, con largo preámbulo. Acto seguido comenta con frases amargas, reticencias y algún epíteto hiriente las visitas de los ministros de Trabajo y Agricultura a Gil Robles. «La dirección política del Gobierno —dice Pórtela— le incumbe al Presidente del Gobierno y sólo a él.» Teoría que De Pablo Blanco no acepta, pues entiende que en un Gabinete de coalición la dirección política corresponde a todo el Gobierno. Chapaprieta coincide en el mismo criterio. En este momento, Pórtela, erguido y colérico, se enfrenta con los disidentes y les reprocha con palabras duras y mordaces su deslealtad. Los vituperados replican a gritos. «Aquello —dirá poco después Rahola — no ha sido precisamente Versalles.» «Portela — declarará más tarde el ministro De Pablo Blanco— ofendió con palabras descorteses y ademanes descompuestos al Consejo de ministros reunido en su función más augusta». Aparece el secretario del Presidente para anunciar que Alcalá Zamora les espera. «Puede decir a Su Excelencia contesta Portela— que se ha planteado la crisis.» Los ministros de Trabajo y Agricultura, al oír esto, salen presurosos, como si huyesen. A los periodistas que les rodean, en la puerta de Palacio, el primero les dice: «Crisis, crisis total.» El segundo rubrica: «Una crisis por motivos inconcebibles.»

Portela pasa a entrevistarse con el Jefe del Estado y le refiere lo ocurrido. El Presidente de la República le reitera en el acto su confianza y en nota facilitada a la prensa enumera las razones de esta decisión: proximidad de la anterior crisis, apremio de las circunstancias, necesidad correcciones. Los asistentes, que debieron aguantar más de una hora en pie, daban señales de cansancio.»

Rápidas visitas de Portela al presidente de las Cortes, a Maura y Abilio Calderón. Ofrece a estos últimos puestos en el Gobierno, y ambos los rechazan. Las restantes gestiones las realiza por teléfono, y a las siete de la tarde presenta al Jefe del Estado el siguiente Gobierno: Presidencia y Gobernación, Manuel Pórtela Valladares; Justicia y Trabajo. Manuel Becerra; Estado, Joaquín Urzaiz; Hacienda, Manuel Rico Avello; Guerra, general Molero; Marina, almirante Antonio Azarola; Instrucción Pública, Filiberto Villalobos; Agricultura, Industria y Comercio, José Álvarez Mendizábal; Obras Públicas y Comunicaciones, Cirilo del Río.

Los apuros y urgencias de la situación no permiten a Portela discurrir ni los habituales tratos en esta clase de encargos. Ha compuesto un Gobierno con lo que ha podido. «Este Gobierno —explica en la declaración ministerial (31 de diciembre) — se ha constituido en una hora de preocupación y gravedad con el fin de realizar una obra de pacificación y de reconstrucción del país. La hostilidad implacable entre derecha e izquierda, los rumbos exterminadores con sus caracteres de guerra civil, que no se detienen ni ante los más altos poderes, salvaguardados en todos los países por el respeto ciudadano, abren, más que un interrogante, una sima ante el país y alcanzarán con sus estragos a las propias fracciones. El vencido de hoy sería el vencedor de mañana y España no resistiría a esta constante convulsión. Tiene, pues, el Gobierno, un contenido político impuesto por exigencias de la realidad y que puede definirse bajo el dictado de centro republicano que sirva de regulador y de ponderado equilibrio en nuestra organización política.»

Gil Robles comenta la crisis en el homenaje que le tributa 'a minoría de la C. E. D. A. en el Hotel Ritz (30 de diciembre): «Soy más optimista que nunca; pero si no lo fuera, me bastaría el espectáculo de la crisis de hoy para que el optimismo inundara mi espíritu. Ha bastado que nos neguemos a ir en ciertas compañías para que todo el edificio se derrumbe.» Sin embargo, la satisfacción no estaba justificada. ¿Salían en verdad la C. E. D. A. y los partidos de derecha beneficiados con el cambio de Gobierno? ¿No habían perdido una situación de privilegio para descender a un terreno erizado de dificultades? El jefe de la C. E. D. A. exalta los méritos de su minoría: «Calladamente, ha servido a Gobiernos en los que no tenía fe; ha aparecido a veces como claudicante cuando la victoria coronaba sus esfuerzos. Ha trabajado en el anónimo y ha dejado que una sola figura se destaque.» «Para todos —afirma— no hay más salida que este partido que simboliza a las derechas españolas.»

Desde el Palacio de la Música Catalana le contesta Cambó pocas horas después: «El señor Gil Robles, por falta de tiempo o por lo que sea no ha podido estudiar los problemas económicos del país y esto explica su incapacidad para tratarlos. El nuestro no es un movimiento epiléptico: ha sido creador de una cultura que probablemente no conseguirán crear los que nos critican.»

La impaciencia desborda a derechas e izquierdas en sus afanes propagandísticos. Las primeras ganan por su dinamismo y organización. Sienten prisa por verse constituidas cuanto antes en un frente único para reñir la batalla decisiva. El frente único de derechas —dice Calvo Sotelo — lo exigen las masas y urge.

Gil Robles pronuncia en una misma tarde en tres teatros de Barcelona (29 de diciembre) inflamados discursos contra el Gobierno y en especial contra Pórtela, «puro y simple mandatario de las logias masónicas». Calvo Sotelo y Pradera hablan en Jaén, el conde de Rodezno en Burgos. El Bloque Nacional se dirige en un manifiesto a la opinión pública: «La revolución — dice— ha triunfado en 1935, logrando uno de los objetivos que se proponía en 1934, o sea la eliminación de la C. E. D. A. de los medios ministeriales... Hoy ruge amenazadora. El marxismo francamente revolucionario es menos peligroso que el que se disfraza de comedimiento y democratismo. No se imagina en todo su crudelísimo alcance las consecuencias que acarrearía un triunfo de la extrema izquierdista... El Bloque Nacional va tras un Estado nuevo, felizmente viejo en la Historia de España»... «Es necesaria la formación de un amplio frente contrarrevolucionario, cimentado sobre un programa bien preciso que ha de tener como base la substitución del texto constitucional de 1931, ya cancelado en su virtualidad jurídica.»

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Los presupuestos del Estado son prorrogados por decreto (31 diciembre de 1935) y cuando todos esperan la disolución de Cortes se produce la gran sorpresa con la publicación en la Gaceta (2 de enero) de un decreto por el que se suspenden las sesiones de Cortes durante un mes. El Gobierno necesita ese tiempo para variar las estructuras políticas del país, dado el propósito de Pórtela de crear un partido centro, e intervenir activamente en las elecciones, para sacar hasta 150 diputados, cifra dada en un Consejo de ministros, según certifica De Pablo Blanco. El más indignado por el aplazamiento es Gil Robles, que desfoga su enojo en unas declaraciones que la censura prohíbe. Dirige entonces una carta al presidente de las Cortes: «La suspensión de sesiones por el Gobierno implica una manifiesta violación de la Constitución vigente, que equivale a un golpe de Estado y coloca al Presidente de la República y al Gobierno fuera de la ley.» El presidente de las Cortes, por su parte, visita al jefe del Gobierno para recordarle el dictamen de la Secretaría Técnica de la Cámara, que considera ilegal la prórroga, «si bien las Cortes no se han pronunciado en asunto de tan transcendental importancia y la mayoría de los grupos parlamentarios encuentran justificada u oportuna la iniciativa del Gobierno». Las izquierdas callan, porque entienden que la modificación que ha experimentado el Gobierno les beneficia, y lejos de indignarse por el aplazamiento de la suspensión de Cortes, la medida les complace. «Todo es perfectamente constitucional y de la más exquisita corrección», comenta El Liberal (3 de enero).

La respuesta inmediata al flamante decreto son dos proposiciones de ley presentadas a la Mesa de la Cámara (2 de enero). Una suscrita por cuarenta y seis diputados del antiguo Bloque y monárquicos, pide al presidente de las Cortes que con toda urgencia reúna a la Diputación Permanente, a fin de que por la misma se acuerde la convocatoria de sesiones para tramitar la petición de responsabilidad criminal contra el jefe del Gobierno y ministros. Fundan la acusación en la inconstitucionalidad del decreto de prórroga de los presupuestos y en la ilegalidad del decreto que suspende las sesiones, ilegalidad declarada en el dictamen de la Asesoría Jurídica de las Cortes. La otra proposición, suscrita únicamente por diputados monárquicos, acusa al Presidente de la República de haber contraído responsabilidad criminal, al refrendar los dos decretos con infracción de la Constitución, e incidir en los delitos previstos en el artículo 151 del Código Penal.

«Evidente, añade la proposición es la responsabilidad criminal contraída por el Presidente de la República, de la que no puede exonerarle el refrendo ministerial, por cuanto el artículo 151 del Código Penal habla conjuntamente del Presidente de la República y de los ministros al personalizar el sujeto de los delitos que posteriormente enumera. Se impone disponer a su exacción por ley y a tal efecto, los firmantes de la proposición, de acuerdo con lo que exige el artículo sexto de la ley reguladora de esta responsabilidad, formulan el proyecto de acusación y lo elevan a V. E. para que en cumplimiento de sus deberes proceda a convocar sesión para la tramitación ordenada por la ley».

Portela conoce la imposibilidad de acudir a la Diputación Permanente, en la que no cuenta con un solo voto. Sin embargo, en una nota (3 de enero) alardea de indiferencia ante «la campaña derrotista de los monárquicos, con algunas firmas de complemento de los elementos de un solo partido republicano, pues los demás no han alzado la voz contra la prórroga de los presupuestos, que no es acuerdo de este Gobierno, sino del anterior». En cuanto al decreto de suspensión de sesiones, se presta —dice — «a interpretaciones, y por lo mismo aleja y rechaza la comisión de un delito, máxime si se ha coincidido en el parecer que más autoridades ha reunido en su pro». «Respecto al decreto de suspensión de sesiones, no es cosa de traer aquí todas las razones que militan para justificar la facultad constitucional en este punto.» «Sobre si era o no más conveniente disolver las Cortes, la elección entre dos soluciones corresponde al Gobierno.»

No obstante, y para demostrar su buena disposición, Pórtela declara que acudirá ante la Diputación Permanente, para defender la legalidad de sus actos. El presidente de las Cortes convoca a la Diputación para la tarde del 7 de enero. ¿Tiene o no competencia la Diputación Permanente para pronunciarse sobre la acusación? Alba y los más versados en derecho político estiman que la Diputación debe declinar el conocimiento del asunto a favor del pleno parlamentario. Con lo cual en vez de mejorar la situación de Portela la empeora y mucho más cuando sabe que son mayoría los vocales de la Comisión dispuestos a pedir la urgente convocatoria de Cortes. La amenaza es grave.

A la salida del Consejo de ministros (6 de enero), Portela anuncia «que ha desistido de comparecer ante la Diputación» «Me sustituirá —dice — el ministro de Agricultura.» A continuación se entrevista con Alcalá Zamora y los dos personajes reconocen que no se puede prolongar el peligroso juego ni bordear más abismos. Hay que decidirse y cortar por lo sano. Pórtela sale de la visita con el decreto de disolución, que lleva un preámbulo redactado por el Presidente de la República .

Los decretos simultáneos de convocatoria de elecciones y de reunión de las nuevas Cortes señalan la fecha del 16 de febrero para la primera y del 16 de marzo para la segunda. En virtud de otro decreto quedan restablecidas las garantías constitucionales en todo el territorio nacional.

«No ha habido elecciones parciales para diputados, que en todo lugar y tiempo son signo indicador. No ha habido tampoco elecciones municipales, que en abril de 1931 dieron a la República encauzamiento y rumbo, y dos años más tarde, aunque en reducida extensión o de segundo grado, mostraron expresiva y eficaz advertencia. Por otra parte, actos de violencia colectiva y prevenciones legales de la autoridad por aquéllos determinadas, han mantenido prolongada anormalidad para la expresión serena e igualitariamente libre de la opinión pública. Evidente la necesidad de contar con ésta, así como su alteración, sólo de la consulta popular puede surgir su fallo. La obra legislativa, transcendental, que en todos los órdenes se impone, requiere, a más de la posibilidad material, harto dudosa hoy, de producirla, identificación con el deseo conocido del país. E1 impulso legislador, obedeciendo al electoral, siguió decidido de 1931 a 1933 en una dirección; desde esa fecha a la actual, ha marchado con parecida decisión en sentido opuesto. La magnitud de la oscilación alcanzada aconseja que, vista por la voluntad reflexiva de España la distancia recorrida y la separación abierta, decida si quiere mantener su rumbo volver a otro, moderar cualquiera o estabilizar, transigiéndolos. Por cuanto expuesto queda, con cumplimiento de !o preceptuado en el artículo 81 de la Constitución, en uso de la prerrogativa que me concede, aplicada por primera vez a Cortes no investidas de potestad constituyente, y de acuerdo con el Consejo de ministros.

«Vengo en decretar lo siguiente:

«Artículo único. — Quedan disueltas las primeras Cortes ordinarias de la República, y por otro Decreto simultáneo se convoca a nuevas elecciones.

»Dado en Madrid, a 7 de enero de 1936. — Niceto Alcalá Zamora y Torres. El presidente del Consejo de Ministros, Manuel Pórtela Valladares.»

El propósito de las oposiciones ha sido cortado en raíz. No habrá reunión de Cortes ni acusación. A pesar de todo, la Diputación Permanente celebrará sesión. El presidente de las Cortes advierte que es antirreglamentario discutir las disposiciones firmadas por el Jefe del Estado. Pórtela califica de abuso del Reglamento de la Cámara el intento de aquellos diputados obstinados en reunirse. Así no es posible la vida política. «Disueltas las Cortes, la nuez está vacía y es inútil convocarlas.» Pese a todos los pesares, diecinueve vocales de la Diputación Permanente se congregan en una sesión encrespada y afrentosa para la República. Los preside Alba. El oficial mayor lee los decretos de disolución de Cortes y de convocatoria de elecciones. Miguel Maura se expresa de este modo: «Estaba pendiente una acusación contra el Gobierno con todos los requisitos que la Constitución exige para que sea cursada. Y cuando está pendiente esa acusación motivada, el Presidente de la República, de acuerdo con el del Gobierno, disuelve el Parlamento y no comparece siquiera ante la Diputación. Y eso se hace a través de un Gobierno que no tiene más significación que la de ser favorito del Presidente, y que está presidido por un electorero clasificado como tal desde los tiempos más remotos, y compuesto por seis ministros que no son diputados y por otros cuatro que, aunque lo son, no representan a nadie. Eso es veinte veces peor que lo de la Monarquía y no tiene nada que ver ni de cerca ni de lejos con la República.» «Frente a todo lo que representan los partidos políticos, el Presidente de la República con un Gobierno que está acusado ante el Parlamento y que no representa absolutamente nada más que su voluntad disuelve el Parlamento.» «Un republicano del 14 de abril que luchó contra la Monarquía, dice ahora aquí que esto es veinte veces peor que aquello.» «Y esto lo dice el compañero de penas y fatigas del actual Presidente de la República, que luchó conmigo contra todo aquello y que hoy desde su alta magistratura ha venido a hacer bueno todo lo que la Monarquía realizó en sus últimos tiempos.» No menos decepcionado se manifiesta el cedista Giménez Fernández: «Yo, que hice la campaña electoral de noviembre de 1933 al grito de ¡viva la República!, me siento tan defraudado como el señor Maura, porque están ocurriendo cosas que nunca pensé pudiesen suceder en una República.» En su calidad de jurista «quiere dejar sentado para cuando llegue la hora de hablar de estas cosas que esta es la segunda suspensión de Cortes». Martínez Barrio disiente de los oradores, que a su juicio se desbordan en sus apreciaciones, y decide retirarse. Secundan su actitud los izquierdistas Rodríguez Pérez, Sánchez Albornoz, el esquerrista Santaló y el nacionalista vasco Horn. En nombre de los monárquicos Goicoechea propone que de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento, se haga historia de lo acontecido, para dar cuenta a las nuevas Cortes de la proposición acusatoria presentada contra el jefe del Gobierno, el deseo de la Diputación Permanente de convocar al Parlamento y cómo fue malogrado el propósito por el Presidente de la República con la disolución de Cortes. El ex ministro De Pablo Blanco comenta: «La República va muy mal. Considero que el régimen está perdido. Preside el Gobierno un hombre que se jacta de despreciar al Parlamento y no tiene inconveniente en proclamarlo.» Otro ex ministro cedista, Casanueva, opina en los pasillos del Congreso: «Cuando no había más que un loco al frente de los destinos de España, podían conllevarse las cosas, pero con dos no hay manera.»

La enemiga contra Alcalá Zamora tiene su más ardiente pregonero en Gil Robles. «No puedo prestar la complicidad de mi silencio —afirma en Orense (5 de enero) — a las arbitrariedades que se cometen y que tienen su máxima representación en el Presidente de la República.» «Se podrá decir—exclama en Vigo (6 de enero) — que la Constitución es mala, pero es peor el Jefe de Estado, que al aplicarla la vulnera. La suspensión por cuarenta y cinco días de las sesiones de Cortes es un leso delito contra la Constitución.» «Dos veces han sido disueltas las Cortes por Alcalá Zamora —manifiesta en Córdoba (12 de enero) —. Las dos ha entregado la facultad y el resorte a los masones.»

Al día siguiente de restablecidas las garantías constitucionales se desencadena un furioso vendaval periodístico contra los gobernantes de la represión de octubre y contra el Ejército y la fuerza pública, instrumentos de dicha represión. Participan en esta ofensiva los diarios burgueses de izquierda, El Socialista, que acaba de reaparecer y a ella se suma (3 de enero), el diario comunista Mundo Obrero y publicaciones de idéntica filiación nacidas a favor de las circunstancias Es una riada de prosa calumniosa para sumir en sus vorágines el prestigio y la autoridad del Ejército, en el que se ceban las plumas con ardor sanguinario. En contraste, se exalta el heroísmo y la abnegación de los insurrectos. «La resistencia asturiana —escribe Mundo Obrero— fue de una honradez intachable.» La cólera y el odio acumulados en catorce meses, al desaparecer los diques que los contenían, se desbordan impetuosos. «Vómito negro», lo denomina YA (10 de enero) y «disputa de procacidades y mentiras». «El panorama que ofrece la Prensa de extrema izquierda —comenta El Sol (12 de enero)— no puede continuar. Los organismos a quienes flagela no pueden defenderse y es dudoso pensar que acepten con pasividad todo cuanto sobre ellos se está lanzando... Las instituciones armadas del Estado, que son la garantía del orden en la República, no pueden estar a merced de cuatro plumas frenéticas que las injurian, las debilitan y desmoralizan.»

«¿Se puede consentir —pregunta Gil Robles en un mitin en Córdoba (12 de enero) — que un Gobierno vea imperturbable cómo los periódicos de izquierda, nutridos con detritus de alcantarilla, realicen una labor difamatoria contra el Ejército y que un ministro de la Guerra, con documentos en su poder para esclarecer la verdad, no defienda a ese Ejército que derramó su sangre por España?»

Pues no sólo no lo defiende, sino que si se tercia la ocasión lo menos­precia. Como se rumorea que en algunas guarniciones jefes y oficiales se han reunido, incitados por la feroz campaña desatada contra el Ejército, el ministro de Agricultura, Álvarez Mendizábal, opina que tales reuniones «tienen ínfima importancia». Y añade: «Yo por mi parte le he dicho a Portela: Mire usted: durante la Dictadura he intervenido en todas las conspiraciones y puedo decirle que ninguno de los militares comprometidos cumplió su palabra. Sigo creyendo que ahora pasa lo mismo. Es más de temer la reunión de un grupo de camareros o de cocineras que, al fin y al cabo, representan alguna fuerza. En cambio militares, que se comprometen para estas cosas, no creo en su eficacia.» Dos días después (9 de enero) el ministro se lamenta «de que hubiesen sido tergiversadas sus palabras, pues tengo de toda la oficialidad del Ejército el elevado concepto que se merece y jamás puedo decir nada que signifique un reproche, ni una leve desatención para ellos».

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El orden público se resquebraja y la criminalidad revolucionaria aumentan, en cuanto se relajan las medidas excepcionales. Proliferan atentados, atracos y desórdenes callejeros. Pistoleros comunistas asaltan (30 de noviembre) en la Plaza de la Villa de Madrid una camioneta que transporta fondos municipales para el pago de los haberes, se apoderan de dinero y dan muerte a un barrendero que trata de oponerse al robo. Los atracadores, detenidos días después por la Policía, confiesan que el dinero lo destinaban a las víctimas de la represión de Asturias. El Tribunal de Urgencia condena a muerte a cuatro de los atracadores, que serán indultados. En Jerez de la Frontera es asesinado un teniente de la Guardia Civil; en Tenerife, donde los conflictos sociales degeneran en una huelga general, los tiroteos en las calles son frecuentes y entre los muertos que producen se cuenta un guardia de Asalto y un chófer. Los estudiantes separatistas de Barcelona se declaran en huelga al grito de «¡Viva la revolución de Octubre!», y colocan en la Universidad una bandera con la estrella solitaria. En réplica, los universitarios de Madrid, Sevilla, Salamanca, Oviedo, Santiago, Murcia y de otras ciudades, abandonan las clases y se manifiestan al grito de «¡Viva España!». Se registran atentados sociales en Madrid. Menudean las colisiones a tiros entre falangistas, socialistas y comunistas en varias capitales, con muertos y heridos. Unos pistoleros asaltan la estación de Puig (Valencia) y matan a un guardia de Asalto. Se producen atracos en Lugo, Zaragoza, Málaga. La llegada de huérfanos de mineros asturianos a Bilbao, Zaragoza, Madrid y otros puntos dan origen a desórdenes.

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En estos primeros días del año 1936 se celebran Consejos de guerra en Mondragón, Oviedo, Gerona, Ciudad Real y Santander. En Madrid se ve la causa contra treinta y cuatro jefes de milicias socialistas que intervinieron en los sucesos de octubre de 1934. Entre los procesados figuran también los tenientes de Asalto Máximo Moreno y José Castillo y los guardias del mismo Cuerpo José del Rey y Miguel Gañan. El teniente Moreno es condenado a reclusión perpetua y pérdida de empleo. Los guardias Del Rey y Gañan a doce años y un día de reclusión temporal. Distintas condenas recaen sobre los restantes procesados.

Y ya alborea la nueva revolución cuando todavía no se ha extinguido el rescoldo de la anterior. Una revolución de proporciones y violencias tan grandes que ante ella todas las conocidas serán como festivales, o juegos de niños. El Socialista (9 de enero) la describe con estas palabras: «Las derechas no saben lo que es una revolución auténtica: tenemos esperanzas muy fundadas, consecuencia de un firme propósito, de que algún día tendrán ocasión de comprobar que una revolución como la que ellos invocan es algo muy distinto que el 14 de abril, que fue todo lo contrario que una revolución. Entonces podrán apreciar hasta qué punto estaban descaminadas al suponer que la experiencia inocente y tímida del bienio puede ser tomada como ejemplo de revolución. La Historia viva que se escribió tantas veces con sangre se alumbra hoy con llamaradas de la revolución rusa». Casares Quiroga amenaza en Carballino (5 de enero): «Si triunfamos las izquierdas, el ministro de la Gobernación tendrá que ser sordo y ciego durante cuarenta y ocho horas».

Ramiro de Maeztu es de los convencidos de la magnitud y ferocidad de lo que se prepara y presiente con visión genial lo que le aguarda. «Es una indignidad —escribe (A B C, 17 de enero) — seguir tirando bajo el peso de la misma amenaza. Ya lo he dicho antes de ahora: ¡Que me peguen los cuatro tiros que me correspondan y se acabó la angustia!»

Los síntomas anunciadores de la catástrofe se multiplican. España de hecho está dividida en dos mitades irreconciliables, separadas por fronteras electrocutantes. La contienda electoral será el preludio de otros encuentros sangrientos y terribles. ¿Estará España condenada para siempre a vivir bajo los signos de la turbulencia y la anarquía? ¿Resultará cierto, como se ha dicho que la anormalidad es el estado natural de España? ¿Será el español un contendiente congénito que tiene negados el don de la convivencia, la facultad para el diálogo, los derechos y deberes inherentes a la condición de ciudadano? ¿Habrá de vivir eternamente en continua discordia y pelea? Las predicciones y diagnósticos de Menéndez y Pelayo prevalecen con vigor inmarcesible: al español le pierde la extremosidad ingénita de su carácter, el fanatismo de sangre y raza y ese innato afán por reformar que en España es sinónimo de demoler.

Lo sucedido en los dos últimos años sitúa al espectador ante una conclusión evidente: el propósito de las derechas por consolidar una república tolerable para todos los españoles, ha sido un intento desgraciado que ha llevado al país por los caminos de la pura democracia inorgánica a una situación dramática y desesperada.

 

CAPÍTULO 73.

Gestiones frustradas para la unión de los monárquicos

LA FUSIÓN O AVENENCIA DE TRADICIONALISTAS Y MONÁRQUICOS DE ALFONSO XIII RESULTA IMPOSIBLE. — EL REY RECHAZA EN ROMA LAS INVITACIONES QUE SE LE HACEN PARA QUE ABDIQUE EN SU HIJO DON JUAN. — BODA EN LA CAPITAL DE ITALIA DE DON JUAN DE BORBÓN CON DOÑA MERCEDES DE BORBÓN Y DE ORLEÁNS. — DON ALFONSO CARLOS INSTITUYE REGENTE A SU SOBRINO DON JAVIER DE BORBÓN PARMA. — HOMENAJE EN MADRID A LOS DIPUTADOS MONÁRQUICOS. — «NO QUEREMOS CATÁSTROFES, AUNQUE ELLAS PUDIERAN TRAER LA MONARQUÍA.» — «HOY EL EJÉRCITO ES LA BASE DE SUSTENTACIÓN DE LA PATRIA, LA COLUMNA VERTEBRAL, SIN LA CUAL NO SERÍA POSIBLE LA VIDA NACIONAL» (CALVO SOTELO). — LA INVITACIÓN DE JOSÉ ANTONIO A LOS JEFES DE DERECHAS PARA FORMAR UN FRENTE NACIONAL NO OBTIENE BUENA ACOGIDA. — FRACASADAS LAS NEGOCIACIONES CON GIL ROBLES, LA FALANGE DECIDE PRESENTAR CANDIDATURAS PROPIAS EN ONCE PROVINCIAS.