Muchos diputados cedistas y radicales aceptan los proyectos de Chapaprieta con desagrado, sólo por disciplina de partido. La ley de Restricciones ha transformado a los funcionarios en enemigos del Gobierno. Por otra parte, la situación política, harto difícil, se ha agravado con el escándalo de Strauss. A partir de este momento se advierte una deserción de diputados de la Cámara: las sesiones se celebran con los escaños semi­vacíos. El ministro de Hacienda, el más alarmado por estas ausencias, que ponen en peligro sus proyectos, repite una y otra vez que adscribe su vida ministerial a la aprobación de las leyes que por repercutir en los presupuestos deben ser aprobadas a la vez que estos. La minoría radical, más preocupada por la crisis interna que la devora que por los proyectos económicos, intenta en cabildeos, comisiones y asambleas rehacer sus huestes dispersas por el huracán devastador. El propio Lerroux, desconcertado, no sabe cómo afrontar aquella catástrofe. El disgusto y la indignación del partido radical tiene una voz, la del diputado Pérez

Madrigal, que primero en unas declaraciones injuriosas (94) y después en una interpelación en la Cámara (12 de noviembre) acusa implacable al jefe del Gobierno por su política funesta, disolvente del bloque, que desmoraliza y destruye el partido radical, inutilizando la única base de las derechas para su obra gubernamental. Le acusa también por su ley de Restricciones, «inoportuna y formidable arma política contra la organización que dio el triunfo a las derechas en noviembre de 1933, porque ella va directamente contra la clase media, contra el funcionario, el pequeño labrador, industrial o comerciante que trabajosamente se gana la vida». Dice el orador que mientras Chapaprieta estruja con sus proyectos a los míseros, ampara a los poderosos, de cuyos negocios y Compañías, «salteadores del Tesoro Público» es abogado y consejero. «La política económica que se propone realizar el señor Chapaprieta, además de causar estrago en lo político, es una injusticia en lo esencial, alegato falaz para embozar en él la prosecución y la consolidación de los más torpes y estragadores negocios.» El discurso en conjunto es un ataque arrebatado y colérico contra el político, al que hace responsable del derrumbamiento del partido radical. El presidente del Consejo contesta con calma al diputado, que con su agresión verbal «cree que así venga supuestos agravios que nunca inferí a la minoría radical». «No soy abogado de ningún gran Banco ni de ninguna de las grandes sociedades aquí mencionadas.» «No soy rico y he tenido que ganarme la vida ejerciendo noblemente una profesión de la que salgo sin el más leve jirón.» «Tengo derecho a afirmar que el señor Pérez Madrigal es un vulgar difamador.» De «imputaciones desprovistas de fundamento» califica el ministro de Estado las de Pérez Madrigal. El Gobierno añade está totalmente identificado con su jefe, «hoy más que nunca». La honra de los hombres públicos merece más respeto y consideración. Samper, en nombre del partido radical, desautoriza al diputado, «que ha obrado bajo su personal responsabilidad».

En un homenaje que las entidades económicas le rinden en el Gran Hotel de Zaragoza (17 de noviembre), Chapaprieta se lamenta: «En el Parlamento serias dificultades se oponen a mis proyectos. Por el bien de España pido una tregua en las bajas y pequeñas luchas políticas. Los jefes del bloque me son fieles, pero algunos elementos torpedean mi obra con deseos de que no se realice...» «Cuando se discuten cosas insignificantes de carácter personal se llena la Cámara y en cambio, cuando se pone a discusión problemas económicos de interés para el país, apenas si hay nadie.»

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En efecto: los diputados, con visible desánimo, no se interesan por la obra del ministro de Hacienda. «Actitud de brazos caídos», la llama A B C, que no permite llevar adelante la tramitación, aplazándose las votaciones por temor a que les falte el quorum. El dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley modificando algunos preceptos referentes a la contribución general sobre la renta, empieza a discutirse el 5 de noviembre, y el dictamen de la misma Comisión que modifica preceptos relativos al impuesto de Derechos Reales y transmisión de bienes, el 12 de noviembre. Al hacer el resumen del debate de la totalidad de este último proyecto, el ministro de Hacienda recuerda que llegó al Gobierno requerido para realizar una obra económica, con el concurso del bloque de minorías que componen la fuerza parlamentaria. «Durante seis meses, sin descanso de un solo día, he echado sobre mis hombros una obra superior a mis fuerzas.» «Me conviene decir a la Cámara y al país que hay proyectos sin los cuales no puedo continuar en este banco: estoy dispuesto a buscar transacciones, pero no a que en conjunto se rechace esta obra.» No seguiría ni un solo minuto en este puesto si tuviese el convencimiento de que la Cámara no está al lado del ministro. Cuando he tenido dolorosamente que llevar a la práctica una ley de Restricciones que cada día que observo sus efectos me produce una mayor inquietud por el estrago que ha causado en determinados sectores de la sociedad, pero que era absolutamente precisa, ¿queréis que me detenga ante el capital? Los 150 millones de pesetas necesarios para la nivelación del Presupuesto los ha de pagar quien puede pagarlos. Es la única manera de conservar el espíritu de justicia, el respeto del ciudadano hacia un Poder público que distribuye los sacrificios por igual. «Estoy aquí creyéndome apoyado por un bloque gubernamental; si me equivoco, no tendré otro camino que el de marcharme del banco azul.»

El ministro de Hacienda —afirma el independiente Izquierdo Jiménez nos coloca en un dilema terrible; o aceptamos los proyectos fiscales o se termina la labor de este Gobierno, más el complemento de la disolución de Cortes. Ni un solo español consciente ha pedido al ministro de Hacienda que nivele un Presupuesto, como el que nosotros sufrimos, de un solo golpe. La nivelación tal como se propone ha de significar un colapso en la economía del país. No vemos ningún peligro en que esencialmente queden rechazados algunos proyectos fiscales que ha presentado... «S. S. no tiene derecho a echarnos una llave inglesa parlamentaria diciendo que o votamos sus presupuestos sin discutirlos o nos vamos a la calle a que nos asesinen las masas.»

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El regionalista Ventosa dirige una pregunta al presidente del Consejo de ministros (15 de noviembre) en relación con el problema monetario, «el más importante de los problemas económicos planteados en España». El déficit de la balanza comercial en los primeros ocho meses de 1935 es de 196 millones de pesetas oro y se acercará a los 300 millones al final del año. No es un problema técnico, ni siquiera estrictamente financiero; es un problema económico y de política del Gobierno. ¿Cómo encubrir el déficit creciente en la balanza de pagos? No hay más que tres procedimientos; o acudir a las reservas del Banco de España, o emitir un empréstito, o no pagar. Y de estos ti es procedimientos hasta ahora se ha seguido el último; durante estos últimos tiempos el Centro de Contratación de Divisas, sin que haya existido moratoria oficial, lo que ha hecho ha sido ir retrasando los pedidos de divisas hasta que ha obtenido los medios para servirlos.

Chapaprieta anuncia que tiene en estudio un proyecto que someterá a la Cámara, para reducir el déficit de la balanza de pagos que podrá ser saldado con otros factores imponderables que no actúan en las estadísticas. Calvo Sotelo aborda también el tema (20 de noviembre), relacionándolo con la cotización de la peseta. «Este problema —afirma, dirigiéndose al presidente del Consejo de ministros— no lo podrá resolver S. S. y no por falta de condiciones, que las tiene de inteligencia, preparación y trabajo, sino porque le falta para ello el cimiento.» «Hace falta un jefe de Gobierno: no basta hablar, suplicar, a veces parece que mendigar y cabildear; hace falta mandar, ordenar y eso no lo pueden hacer S. S.» Chapaprieta contesta: «En la primera ocasión que se presente acreditaré ante S. S. —porque ante las fuerzas que me ayudan no lo necesito— que estoy aquí con plena capacidad y autoridad.»

La discusión sobre el tema monetario se prolonga: el regionalista Cambó, aludido por Calvo Sotelo (22 de noviembre) afirma: «A pesar de que algunas veces me ha tratado S. S. muy mal, yo tengo un alto concepto del señor Calvo Sotelo y he de deciros que el día que se cure, como se curará muy pronto ante la lección de la realidad, de sus aficiones dictatoriales y totalitarias, será uno de los hombres más útiles para gobernar a España. Si yo tuviera que hacer una lista de los doce hombres que más servicios pueden prestar a España dentro del Gobierno, incluiría en ella al señor Calvo Sotelo, y no precisamente entre los últimos.» Dice también Cambó: «Estoy cansado de oír esto: «Si en España hubiera paz, vendrían aquí los capitales del mundo entero. Desdichados de nosotros, si tal cosa ocurriera: se arruinaría la economía española. Podemos desear que entren capitales que hayan de quedarse aquí; que fomenten las industrias, que intensifiquen la agricultura, que desarrollen la minería, que queden afincados en España. Capitales en los Bancos para retirarlos cuando convenga es dar al extranjero el gobierno de la economía y del valor de nuestra moneda. ¡Eso, jamás!» «Hay que ir al fomento de las exportaciones, lo más práctico que puede hacerse en España para disminuir el paro obrero y para atenuar la crisis de cambios.»

En nueva intervención, Calvo Sotelo manifiesta: «No tengo espíritu ni tendencia dictatorial. Al general Primo de Rivera, en la época de su dictadura le indicamos repetidas veces el conde de Guadalhorce y yo la conveniencia de una convocatoria electoral que legalizase con juridicidad externa la obra de aquel régimen. Circunstancias históricas que no son del caso hicieron que nuestras gestiones quedasen inéditas. Soy un convencido de que los Gobiernos necesitan un control parlamentario. Discrepo en la teoría del sufragio universal inorgánico. Un Parlamento elegido así, con millones de compatriotas que no conciben más que la violencia, cuando estoy convencido de que en las primeras elecciones Pérez Farrás, Companys y otros obtendrán en Cataluña votaciones arrolladoras, y en muchas provincias españolas lograrán el mismo triunfo los dirigentes del movimiento marxista de octubre, puede ser la antesala de la catástrofe. Sería yo un insensato si no dijese que partidario de un freno y un control parlamentario para el Gobierno, quiero que lo sea a través de un sufragio inorgánico y corporativo que, por lo menos, impida que los elementos de la antipatria puedan imponer su dogal a todas las clases sociales españolas.»

El debate sobre el tema monetario, por la autoridad de los oradores que en él han intervenido —Ventosa, Samper, Cambó, Calvo Sotelo, Barcia y Chapaprieta— y por el carácter técnico del problema, ha sido excepcional. Discusión seria, académica, de altura, sin las habituales cuchilladas verbales y alborotos.

A continuación se pone sobre el tapete el dictamen de la Comisión de Hacienda referente a la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria y en días sucesivos la reforma de la ley del Timbre y el pro­yecto relativo a modificación del impuesto de Derechos Reales y transmisión de bienes. Santaló interpela al Gobierno para que inhabilite como Penal el fuerte de San Cristóbal de Pamplona, por sus malas condiciones de salubridad. Primo de Rivera (4 de diciembre) denuncia la competencia que hacen los ingenieros extranjeros, que con este título o como simples técnicos en número de más de 5.000 trabajan en España, mientras quinientos o seiscientos ingenieros españoles están en paro forzoso. Cambó aboga por una mejor defensa del Tesoro nacional, y pide facilidades para que los españoles que adquieren obras de arte en el extranjero puedan traerlas a España.

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Un año lleva en la cárcel el presidente de la U. G. T., Francisco Largo Caballero. Ha disfrutado breves periodos de libertad atenuada, justificados por enfermedad y muerte de su esposa. Ante el Tribunal Supremo se ve la causa (25 de noviembre) que se le sigue como responsable principal de la revolución de octubre. Forman la Sala los magistrados Manuel Pérez Rodríguez, presidente; Manuel Polo Pérez, ponente, y los vocales Vicente Crespo Blanco, Joaquín Lacambra Brun, José Antón Oneca, Onofre Sastre Otamendi y Enrique Robles Nisarre. Actúa de fiscal, Marcelino Valentín Gamazo. Quedará en los anales del foro como proceso modelo de ignorancia. Nadie sabe ni recuerda nada relacionado con la causa. El primer ignorante es el propio procesado, que desconoce la existencia del Comité revolucionario, del que formó parte, y afirma no haber tenido conocimiento y menos intervención en la preparación de los sucesos. Si en sus discursos abogaba por la revolución social, no era para que esta se produjera sino en defensa de la transformación de las bases jurídicas social y económica de la sociedad. «Los autores de los actos de violencia son gentes de muy distinta procedencia, a veces reaccionarios de extrema derecha, gentes de orden, de quien nadie hubiera podido sospechar.» Los testigos de la defensa, Agapito García Atadell, jefe de la secretaría de la U. G. T., Amadeo del Rosal, del sindicato de Banca, Fernando de la Rosa, jefe de milicias, procesado por participar en un atentado contra el Príncipe de Piamonte heredero de la Corona de Italia, los diputados socialistas Hernández Zancajo, Vidarte y Lamoneda, no pueden decir nada de los trabajos revolucionarios de Largo Caballero, porque jamás descubrieron en él semejante actividad.

Otros testigos que en el Juzgado Militar hicieron declaraciones comprometedoras para el procesado, se desdicen. Hablaban entonces bajo coacción y amenazas, pero nada de aquello era cierto. El Fiscal se esfuerza en vano por obtener confesiones de testigos aquejados de aguda amnesia. Incluso los policías de la escolta del diputado socialista lo ignoran todo. «Si hubiéramos visto algo sospechoso, lo habríamos denunciado a nuestros jefes.» La prueba documental es abrumadora para el procesado. El Fiscal interesa la lectura de actas del Comité Ejecutivo de la U. G. T., de notas confidenciales, declaraciones y párrafos de discursos de Largo Caballero; en ellos se repiten insistentes los avisos de la próxima revolución, las excitaciones al armamento del pueblo, a la conquista del poder para instaurar la dictadura del proletariado, a la lucha violenta en las calles... «Sostengo la acusación —exclama el Fiscal— plenamente convencido de la culpabilidad del procesado.» «Largo Caballero, como lo prueban las aseveraciones de algunos testigos, tenía en sus manos todos los hilos de la trama.» Múltiples testimonios demuestran que fue el inspirador de los sucesos. Por todo ello, el Fiscal sostiene la existencia de un delito de rebelión militar definido y penado en los artículos 237, número 4, y 238 número 3, del Código de Justicia, y en su consecuencia pide para el procesado la pena de treinta años de reclusión.

No hay pruebas de culpabilidad contra mi representado, afirma el defensor, Luis Jiménez de Asúa, que tampoco reconoce valor a ninguna de las aportadas. «Se le acusa de que pretendía apoderarse del Poder. ¿No se dice eso mismo en los actos de propaganda hasta por los propios republicanos?» La lucha en las calles no tenía que ser necesariamente a tiros. Las frases estimadas delictivas fueron pronunciadas antes de ser concedida la ley de Amnistía. «No hay prueba alguna y no se le puede condenar.»

Terminado el informe del defensor, el presidente pregunta al procesado si tiene algo que añadir: «Sí, contesta; nosotros cooperamos para traer la República, pero no ésta. Respecto a la lucha de clases, debo decir que lo que yo pretendo es que en la República que defendemos no exista esa lucha.» La dictadura del proletariado no la permite.

En la sentencia (30 de noviembre) se reconoce «que los hechos probados integran el delito de provocación a la rebelión militar, pero, por haberse cometido con anterioridad al 14 de abril de 1934, se hallan incluidos en la ley de Amnistía. Los demás hechos atribuidos al procesado que pudieran ser indicio de actividad política en la preparación del movimiento, aparte su escasa solidez inicial, no han sido comprobados o se les dio una explicación en el acto del juicio oral, lo que, llevando al ánimo del Tribunal la duda en cuanto a su existencia o importancia, le obliga a adoptar la decisión más favorable al procesado, en virtud del principio in dubio, pro reo, universalmente aceptado en materia de apreciación de prueba». «Por todo lo cual, fallamos: que debemos absolver y absolvemos al procesado don Francisco Largo Caballero del delito de rebelión militar de que ha sido acusado por el Ministerio fiscal, declarando de oficio las costas procesales; póngasele inmediatamente en libertad, si no estuviese privado de ella por cualquier otra causa o motivo legal, librándose al efecto el oportuno mandamiento al jefe de la prisión celular de esta capital; álcense los embargos y cancélense las fianzas que se hubieren efectuado.»

La Prensa izquierdista recibe el fallo con alborozo, interpretándolo como un síntoma muy significativo de la debilidad de las defensas del Estado. Absuelto Largo Caballero, ¿no resultan inútiles los Consejos de guerra? Y, ¿no parecen anacrónicas y hasta injustas las condenas de los que delinquieron por obedecer al jefe que sale de la cárcel enaltecido? Al mismo tiempo que el Tribunal Supremo falla la absolución, un Tribunal Militar juzga en Oviedo a los asesinos del P. Eufrasio, superior de los carmelitas, a quien dieron muerte horrible, y en otro Consejo, también en Oviedo, el fiscal pide diecisiete penas de reclusión perpetua para otros tantos insurrectos de Bóo y Moreda, que cometieron muchos crímenes y abominables excesos. Pocos días antes se habían visto las causas por los sucesos de Grado, de Trubia, del barrio de Pumarín en Gijón, de Lieres y de Sama, con condenas de muerte y de treinta años de reclusión.

Los jueces y los condenados saben que los Consejos de guerra han pasado a ser trámites formularios y de rutina. Los indultos se otorgan sin necesidad de ser solicitados. A ninguno de los sentenciados le inquieta la pena, convencido de que no se cumplirá.

Largo Caballero, apenas recobrada la libertad, se dedica a la acción. Los peores enemigos le acechan dentro de su propio partido.

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Si en Cataluña el nacionalismo respira y empieza a rebrotar, después de la larga cuaresma impuesta por el estado de guerra, en Vascongadas rompe con estrépito el silencio y la compostura, para irrumpir en la vida política desaforado e insolente. Las osadías separatistas proferidas en un mitin celebrado (24 de noviembre) en el Frontón Urumea de San Sebastián inspiran una proposición no de ley (5 de diciembre) firmada por Calvo Sotelo y diputados monárquicos para recabar del Gobierno medidas enérgicas «que corten la escandalosa campaña contra la unidad española que viene desarrollándose en la región vasconavarra». «Voy a hablar únicamente como español», afirma Calvo Sotelo, preocupado «por las infames propagandas separatistas». Los directores de este movimiento unos son políticos y otros representantes de la plutocracia vascongada, sometidos al magisterio de Sabino Arana, «el genio de la raza», que afirma la existencia de Euzkadi, «nación con plenitud de derecho a su independencia, fundada en un odio salvaje y repulsivo a España». Odio a España, odio a los españoles, contenido en un breviario de frases de Sabino Arana, muchas de las cuales lee el orador. He aquí algunas: «España y Euzkeria son dos naciones tan distintas como Euzkeria y Alemania.» «Ya lo sabéis, euzkaldunes; para amar el euzkera tenéis que odiar a España.» «Vuestra raza constituía vuestra patria, Bizkaya, y vosotros, sin pizca de dignidad y sin respeto a vuestros padres, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maketa; os habéis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa.» «Hacer de Euzkeria y España una sola patria, eso no es posible. El españolismo es un mortífero virus.» «Tanto nosotros podremos ver más cerca nuestro triunfo cuanto España se encuentre más postrada y arruinada.» «Para amar la libertad de la patria es preciso odiar a muerte a quien la esclaviza. Nosotros odiamos a España con toda nuestra alma mientras tenga oprimida a nuestra patria con cadenas de esta vitanda esclavitud.»

En el mitin del frontón intervinieron tres diputados: uno dijo que había que seguir el camino de Cuba y Filipinas. Otro repitió frases de Sabino Arana y afirmó: «Queremos una patria libre y soberana; queremos ir por etapas a la conquista de la libertad plena.» El tercero: «No es problema de federalismo o regionalismo; es cuestión de patria, y Euzkadi es la patria de los vascos. Cuanto más os llamen separatistas, sed más separatistas.» «Queremos el Estatuto para seguir el camino de Cuba y Filipinas, de los pueblos que se han emancipado.» «¿Cuál ha de ser la actitud de un Estado frente a unos elementos políticos que tratan de desmembrar a la nación de la que el Estado es la personalidad jurídica?, pregunta Calvo Sotelo. El Estado necesita otra política. Son ya muchos meses de inhibiciones. Además, gran parte del clero vasco está contaminado del morbo separatista. Por eso el Estado tiene que adoptar una tónica de energía, y lo primero, proscribir de la legalidad toda organización separatista. ¿Cómo vamos a admitir diálogo sobre fórmulas estatutistas y sobre nuevas concesiones de autonomía?» «El concierto económico con las Vascongadas vale cien veces más que todo el Estatuto Catalán. ¿Dónde está la autonomía catalana en materia financiera, si no recibe ningún impuesto y sí tan sólo la facultad recaudatoria dentro de las leyes nacionales? Vascongadas, en cambio, tiene la soberanía tributaria, la facultad de establecer los impuestos concertados con el Estado como le plazca, con toda clase de libertades y posibilidades.» «Este problema es primordial. España es lo primero, y si nosotros no conservamos íntegramente este patrimonio, ¿con qué cara podremos afrontar la responsabilidad histórica ante la posteridad?»

El Gobierno promete en su respuesta el presidente del Consejo— será inexorable en extirpar de raíz ese cáncer. Mientras esté aquí no podré tolerar que eso continúe.

El diputado nacionalista Monzón teje su discurso con retazos de obras de Ramery, Pidal y Mon, Pi y Margall, y Sánchez Toca sobre la personalidad política y administrativa de las Vascongadas. «Llegará un momento en que la autonomía que ofrecéis a nuestro pueblo ya no nos satisfará. Cuando todos los vascos os reclamen más que una autonomía, entonces será cuando querréis concedernos un trocito; pero puede ser tarde, como lo fue en Cuba.» El Gobierno —exclama Chapaprieta— toma nota de esas palabras, para insistir en su conducta. Ahora no hay equívocos.

El diputado Aguirre afirma: «Dije en las Cortes Constituyentes, y repito ahora que soy nacionalista vasco y, por lo tanto, proclamo la nacio­nalidad vasca, Euzkadi, con soberanía sobre sus propios destinos.» «Vosotros impedís la solución de nuestras aspiraciones. ¡Allá vosotros con la responsabilidad!» A continuación Irujo, ante la Cámara, muy alborotada, exclama: «No es posible discutir con gentes que en nuestro país dicen que quieren la reintegración foral plena, que nos llevaron a dos guerras civiles, y así acabaron con nuestros fueros y que vienen aquí abusando del número a avasallarnos al grito de ¡viva España! Esto es indigno.» Otro diputado vasco, Picavea, que se titula «estatutista independiente», acusa al bloque gubernamental de impedir la autonomía, «que podría ser la solución pacificadora de los espíritus de mi país por mucho tiempo.»

Continúa el debate. Calvo Sotelo pone de relieve la incongruencia de los diputados vascos que hoy se declaran separatistas y al día siguiente se oponen a que se construya el ferrocarril Burgos-Santander, alegando que Bilbao es el puerto natural de Castilla. Por otro lado, la evolución de los últimos ciento cincuenta años ¿no ha determinado una transformación profunda de los vínculos económicos y sociales en el seno de los pueblos? ¿Es que no hay más que raza, en nuestro caso mezclada con la sangre de los que llamáis despectivamente maquetos? Hoy un obrero vasco se siente más hermano del obrero madrileño que del patrono vasco; el vínculo de clase social es hoy superior al vínculo territorial; hoy la región aparece como parte de un todo orgánico indivisible, por haberse consolidado una verdadera unidad integral, en que vuestros productos, en un 95 por 100 sólo cuentan en el mercado interior de España y no con el mercado exterior. A mayor unidad económica, mayor unidad política. «Afirmad con vivas a España que queréis seguir siendo españoles, y entonces ya podremos hablar. De lo contrario, entregaros el Estatuto, en totalidad o en parte, sería un verdadero crimen de esa patria.»

«Nuestra aspiración política —responde Aguirre— se concreta en la derogación de la ley de 1839. ¿Es que se puede olvidar una historia de libertad como la nuestra?»

El radical Izquierdo Jiménez dice: «Frente al regionalismo, la comprensión; frente al separatismo, los fusilamientos en la plaza pública.»

El tradicionalista Lamamié de Clairac rechaza, por haber sido mutilados, los textos de autoridades tradicionalistas leídos por un diputado vasco, en apoyo de su tesis. Para nosotros, los tradicionalistas, «por encima de todo y ante todo está España, resultante de todas las regiones que siguen juntas su destino histórico».

Por cualquier lado que se tienda la mirada, el espectáculo sobrecoge. «Se acercan momentos sumamente difíciles, quizás más que nunca lo fueron, anuncia El Debate (4 de diciembre). El orden y la revolución van a enfrentarse. Salvar a España de la barbarie marxista es deber de todos y será tremenda responsabilidad de aquellos que estorben la obra de quienes son el baluarte más firme contra las aspiraciones revolucionarias.» El Debate opina que no puede haber otro dique para contener la furiosa riada roja que se avecina que el levantado por la C. E. D. A.

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Ramiro Ledesma Ramos, después de abandonar la Falange, escribe con el seudónimo de «Roberto Lanzas» un libro titulado ¿Fascismo en España? Sus orígenes, su desarrollo y sus nombres. En él analiza el fascismo como hecho y fenómeno mundial y afirma que en el semanario La Conquista del Estado, que apareció bajo su dirección un mes antes de la República, «se encuentran todos los gérmenes, las ideas y las consignas que más tarde dieron vida y nombre a las organizaciones y a los partidos de tendencia fascista que después se conocieron»... «Nuestra tesis, escribe Ledesma, es que España está a punto —el libro se publica en noviembre de 1935 para la ejecución de la revolución nacional... Un régimen más o menos militar no está nada fuera de las características españolas. Casi siempre ha sido España gobernada de ese modo. Los llamados espadones del siglo XIX fueron lo único que de valor político produjo esa centuria española. Unificaron como pudieron y les fue posible, el vivir de la nación... ¿No estamos también hoy ante la necesidad de suplir una fuerza nacional fascista inexistente, cuando es su hora exacta y propia?» El autor se declara «nacional sindicalista y no renuncia a la más mínima partícula de su fe en España y de la fe en su pueblo». Refiriéndose a Primo de Rivera dice que «ha tenido el acierto de seguir las consignas jonsistas, independizándose, por tanto, del espíritu derechista, que en España es por completo inoperante para toda empresa nacional profunda». Apunta el propósito de reanudar la publicación de La Patria Libre y la actividad política, no para organizar «ni remotamente el fascismo», al que niega características universales, y por cuanto que «a Ramiro Ledesma y a sus camaradas les viene mejor la camisa roja de Garibaldi que la camisa negra de Mussolini».

Casi a la vez aunque el prólogo lleva fecha de mayo— publica Ledesma Discurso a las juventudes de España, consigna de la revolución nacional, en el que aparece el pensamiento político del autor más depurado por la reflexión y la experiencia. Se enorgullece de haber tenido la fortuna de descubrir para España «una perspectiva histórica y política, que se nutriese a la vez de las dos únicas palancas hoy de veras eficaces para hacer de España lo que esta generación debe conseguir que sea, una Patria justa, grande y liberadora». «He aquí esas dos palancas: una: la idea nacional, la Patria como empresa histórica de todos los españoles; otra, la idea social, la economía socialista, como garantía del pan y del bienestar económico de todo el pueblo. Me cupo al parecer la tarea de unificar esas dos banderas, dotándolas de los símbolos emocionales necesarios y señalar y poner las piedras primeras de una organización que las interpretase. Todo eso ya está ahí, anda por España y creo que de un modo insoslayable y visible. Son las J. O. N. S.» En nombre de la moral nacional, Ledesma preconiza una lucha de liberación «del español partidista, aniquilando los partidos. Liberación de los catalanes y vascos, luchando contra lo que les impide ser y sentirse españoles plenos. Liberación de los trabajadores, atrayéndolos a la causa nacional y aniquilando la injusticia». Frente al problema religioso proclama: «La revolución nacional es empresa a realizar como españoles, y la vida católica es cosa a cumplir como hombres para salvar el alma.» También escribe: «Nos importa más salvar a España que salvar al mundo. Nos importan más los españoles que los hombres.»

Los anunciados propósitos de Ledesma de reintegrarse a la política militante, «función que veo como fatalmente ligada a mi destino», no se cumplirán.»

 

CAPÍTULO 71

PORTELA, JEFE DEL GOBIERNO, PRESCINDE DE LA C.E.D.A.

 

NUEVO ESCÁNDALO POLÍTICO POR UNAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS QUE SE PRETENDE HACER RESPONSABLE A LERROUX. — DURANTE CATORCE HORAS DISCUTEN LAS CORTES EL DICTAMEN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL. — GIL ROBLES CONDICIONA SU APOYO PARLAMENTARIO A CHAPAPRIETA Y ÉSTE DIMITE. — PREVIAMENTE DEJA EN SUSPENSO LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE RESTRICCIONES QUE AFECTAN A LOS FUNCIONARIOS. — FRACASAN EN SU INTENTO POR FORMAR UN GOBIERNO MAYORITARIO CHAPAPRIETA, MARTÍNEZ DE VELASCO Y MAURA. — GIL ROBLES CONSULTA A VARIOS GENERALES SI SE CONSIDERAN OBLIGADOS A RESTABLECER POR LA FUERZA LA LEGALIDAD CONCULCADA. — FRANCO CONTRARIO A TODA RESOLU­CIÓN VIOLENTA. — A LOS CINCO DÍAS DE CRISIS, PORTELA CONSTITUYE GO­BIERNO SIN LA COLABORACIÓN DE LA C. E. D. A. — EN EL MINISTERIO PARTICIPAN AGRARIOS, LIBERALES-DEMÓCRATAS, REGIONALISTAS CATALANES Y RADICALES DISIDENTES. — DESPEDIDA EMOCIONANTE AL MINISTRO DE LA GUERRA. GIL ROBLES AFIRMA: «VOLVERÉ AQUÍ, VOLVERÉ A TRABAJAR CON VOSOTROS Y A PEDIR VUESTRO CONCURSO».