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CAPÍTULO 68
EL
«STRAPERLO», UN ESCÁNDALO QUE CONMUEVE LA VIDA POLÍTICA
Una nota
entregada a la Prensa (19 de octubre) en la secretaría particular del
Presidente del Consejo dice: «Ha llegado oficialmente a poder del Gobierno una
denuncia suscrita por un extranjero, cuya personalidad no consta de un modo
auténtico en España, en la que se formulan acusaciones contra determinadas
personas por supuestas irregularidades cometidas con ocasión del ejercicio de
funciones públicas. El Gobierno ha trasladado de oficio esta denuncia al
fiscal, con el propósito de que se practique la más amplia y escrupulosa
investigación».
Lo impreciso
de la nota levanta gran polvareda y estruendo y contribuye a difundir más un
rumor desorbitado por la imaginación popular sobre un escándalo a propósito de
la concesión de permisos de juego, en el que se supone complicados a ministros
y altos funcionarios del Gobierno.
El asunto se
inicia con una carta fechada en La Haya el 30 de junio de 1935, dirigida a
Lerroux y firmada por David Strauss (77), en la que éste le ofrece enterarle de
un asunto «que le interesa muchísimo», para lo cual le pide las señas de su
domicilio a vuelta de correo. Se trata —dice la carta — «de las gestiones
hechas por el actual Gobierno respecto a la concesión que me diese para el
juego en San Sebastián y Mallorca». «El asunto — añade— es de suma importancia,
sobre todo para Azaña, y por lo mismo
«¡A buena
parte venían!, exclama Lerroux. En primer lugar que no vi en el asunto, luego
de la información practicada, más que una imprudente ligereza sin importancia.
En segundo lugar, que yo no he sido nunca sujeto fácil para domadores.»
* * *
David
Strauss, autor de las cartas, es un judío holandés, aventurero, empresario de
casas de juego, nacionalizado en Méjico y asociado a otro judío también echado
a la criba, llamado Perlo, para explotar una ruleta eléctrica de su invención
denominada Straperlo —nombre formado por conjunción
de las sílabas de los dos apellidos—. El aparato era muy propio para juegos de
sociedad y habilidad al margen del albur, «por cuanto que en él influían las
condiciones particulares del operador, en especial la vista, la rapidez en el
cálculo, la memoria retentiva y la serenidad». Strauss experimentó la ruleta en Schevellingen, playa cercana a La Haya, con mucho
provecho personal y disgusto de las autoridades, que le expulsaron del país. Se
trasladó a Barcelona a fines de 1933, con un lucido cortejo en el que figuraba
el campeón de boxeo Schmelling y su esposa, la
artista Anny Ondra. Logró ser recibido por el alcalde
de la Ciudad Condal, Carlos Pi y Suñer, y por el presidente de la Generalidad,
Companys, y hacer una exhibición de su ruleta en el Casino de Sitges, y aunque
a todos impresionó la novedad y exactitud de la máquina, no se decidieron a
autorizar su explotación. Pasado algún tiempo, Strauss se trasladó a Madrid con
el propósito de buscar nuevos horizontes para su negocio.
De las
gestiones con personajes del partido radical y del dinero gastado en
preparativos y sobornos, habla Strauss en las cartas remitidas a Lerroux. Al no
obtener contestación insiste en su empeño por otros caminos. Confía el asunto
al abogado de París Henri Torres, el cual envía a Madrid a un pasante de su
despacho, para que éste a su vez por mediación de otro abogado que trabajó con
Lerroux proponga a éste «que para evitar el escándalo de una reclamación por
vía judicial, le abone a Strauss no sé cuántos cientos miles de francos. La
denuncia iba acompañada de una colección de documentos copiados, fotografiados
y originales». Lerroux rechaza los papeles y desprecia al chantajista.
Entonces
Strauss se dirige a Martín Luis Guzmán, mejicano, amigo íntimo de Azaña, ex
gerente de El Sol, y le ofrece los documentos referentes a sus tratos con
personajes radicales. Esta vez da en la diana. Martín Luis Guzmán le contesta
(15 de julio): «Mucho interés político tiene, en verdad, el asunto que me
propone, y nosotros le acogeríamos desde luego, a condición de quedar a nuestro
arbitrio la elección del momento en que sea oportuno hacer uso de la
información. Si está usted de acuerdo con esto, fijaremos en seguida los
detalles de la entrevista de que me habla».
Lerroux
afirma que la intriga del straperlo se engendra en el
extranjero entre Strauss, Prieto, Azaña, Martín Luis Guzmán, «un gran amigo y
admirador de Azaña, que le sirvió para varios menesteres», y «un consejero
de Estado que disfrutaba de la intimidad y confianza de Don Niceto». Es cierto
que por aquellos días Indalecio Prieto abandona París y se traslada a Ostende,
donde permanece una larga temporada.
Por dos
veces en el curso del despacho como jefe del Gobierno con el Presidente de la
República, habla éste a Lerroux con reticencia de la denuncia que ha recibido y
del escándalo que se fragua, puesto que Strauss, sin duda aconsejado, ha
resuelto poner el asunto en manos del Jefe del Estado. «Don Alejandro me decía,
—en versión de Lerroux —, note usted que cualquiera de estas tardes puede
levantarse un diputado en
Pasando el
Presidente de la República revista a las tropas de la guarnición en la
Castellana (12 de octubre), en compañía del ministro de la Guerra, le dijo a
éste, «misteriosamente, que había un asunto muy grave, y que fuéramos —cuenta
Gil Robles— aquella noche a su casa Chapaprieta,
Martínez de Velasco, Melquíades Álvarez y yo, sin que Lerroux lo supiera. En la
reunión nos contó con grandes aspavientos lo que sabía, y a duras penas
logramos que por una mínima lealtad enterara de ello a don Alejandro». Los
jefes de las minorías acuerdan, después de cambiar impresiones, aconsejar al
Presidente de la República que les envíe los documentos para su estudio, como
así lo hace. Una vez la denuncia en poder del jefe del Gobierno, éste en
compañía de Gil Robles visita a Lerroux para informarle de que el Presidente ha
entregado oficialmente los
* * *
Y el straperlo estalla en las Cortes (22 de octubre). El radical
Pérez Madrigal ruega al presidente del Consejo diga quién es el denunciante y
de qué medio se ha valido para elevar su denuncia hasta el Gobierno. El
monárquico Goicoechea pregunta qué significa la nota y qué valor se concede a
su contenido. El presidente del Consejo explica cómo recibió el Presidente de
la República una carta, documentos y fotocopias, de los cuales dio conocimiento
y puso a disposición del Gobierno, el cual los ha pasado al Fiscal. El
remitente de dichos papeles «es un señor totalmente desconocido». «El partido
radical —afirma Pérez Madrigal — no puede soportar ni un momento más los
efectos de esa nota que lleva el corrosivo veneno de la difamación contra unos
hombres que han prestado servicios eminentes a la República.» «¿Es que el Jefe
del Estado no se percata de la trascendencia que puede tener ser portador de
las infamias, de las calumnias de un desconocido, de un chantajista
internacional?»
Goicoechea
pregunta: «Si se tratase de una denuncia poco razonable o no suficientemente
justificada, ¿la hubiera entregado el Jefe del Estado para que fuera origen de
actuaciones gubernativas y en su día de actuaciones judiciales? Sería
necesario que una Comisión parlamentaria se encargara de esclarecer si existe o
no motivo para el desprestigio y para crear la atmósfera de inmoralidad y de
corrupción que indudablemente con
De
imprudentes y precipitadas califica Chapaprieta las
palabras del diputado monárquico. Y añade: «El Gobierno acepta que se abra
inmediatamente esa información parlamentaria, con la condición de que actúe
con toda rapidez.» «El Presidente de la República cumplió lisa y llanamente su
deber y el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer.»
En este asunto,
afirma Miguel Maura, está en juego el honor de la República, del régimen y el
de esta Cámara. ¿Por qué no se dice en qué consiste la acusación? La conoce
toda España, la conocen todos los diputados. ¿Por qué se ha de silenciar aquí?
«Después que los hechos y los nombres sean conocidos, quisiera saber quién
podría afirmar en el banco azul que la depuración de esos hechos iba a poderse
hacer imparcial y serenamente con los mismos hombres que hoy están sentados en
él como jueces y como partes.»
Al Gobierno
se le ofrecían dos caminos, explica Gil Robles. El primero llevar el asunto a
los Tribunales para que investiguen lo que puede haber de verdad en la
denuncia; existe otro, el que pedía el señor Goicoechea y que cuenta también
con nuestra plena aquiescencia; que venga el asunto a la Cámara para que se
nombre una Comisión parlamentaria en cuyas manos quedará la denuncia y la
prueba. ¿Cuál de estos caminos quiere seguir la Cámara? «Con el fin de aclarar
más las cosas, diré que la denuncia se refiere a supuestas irregularidades, con
respecto a una concesión de juego en San Sebastián y no sé si en toda España
durante el verano de 1934.» La denuncia ha sido formulada «por un aventurero
internacional, estafador y chantajista, expulsado de varios países y que ha
tenido relación más o menos directa con personas que en aquel año ejercían
funciones públicas y con otras que tenían amistad o parentesco con quienes no
sé si las ejercían o no entonces». «Estamos a la disposición de quien quiera
aportar no sólo su interés de investigador, sino incluso su pasión política, al
esclarecimiento total de los sucesos.» Recuerda Gil Robles que en las Cortes
Constituyentes denunció irregularidades en un contrato de tabacos atribuibles a
Prieto, ministro del Gobierno Azaña entonces en el Poder. Pidió el nombramiento
de una Comisión parlamentaria y Azaña dijo que si se aceptaba la idea no
seguiría un momento más en el banco azul, porque cualquiera que fuese el
alcance
El
izquierdista Barcia responde que dicho precedente no serviría, puesto que Azaña
no admitió siquiera la posibilidad de inculpación. Yo esperaría —opina Cambó—
el dictamen del Fiscal, que dirá si hay verosimilitud de delito, y en tal caso
debe nombrarse un juez que apreciará responsabilidades para personas que puedan
y deban ser acusadas por la Cámara.
En medio de
gran expectación, Lerroux afirma: «Nos hallamos en presencia de una gran
intriga política. Deseo que cuanto antes se esclarezca este asunto.» «¿Qué
decir de aquellas personas que a sabiendas de que el denunciante no es una
persona regular se han puesto en relación con él?» y a continuación da lectura
a las cartas de Strauss y de Martín Luis Guzmán a las que hemos hecho
referencia.
A partir de
este momento se entabla una verdadera lucha entre Barcia y Goicoechea y el
ministro de la Guerra, interesados los dos primeros unas veces en solidarizar a
los ministros de la C. E. D. A. con los supuestos delincuentes, y otras en
aislarlos, mediante la ruptura del bloque gubernamental. ¿Solidaridad con lo
que no está esclarecido?, pregunta Gil Robles. ¡De ninguna manera! Los
presuntos acusados tampoco me lo consentirían. «Eso equivaldría a convertir la
mayoría en un Jordán que lavará posibles faltas o en un veto que taparía
determinadas responsabilidades. Eso, jamás.»
Una vez
constituida la Comisión especial que debe entender en el asunto (87) recibe
toda la documentación de la denuncia. Strauss de manos del ministro de
Justicia, designa presidente a Arranz y comienza su trabajo. Con tanta
diligencia y afán acomete la Comisión la labor, que el dictamen queda terminado
en la madrugada del 26 de octubre y al mediodía lo publica El Debate en una
edición especial, para satisfacer la voraz curiosidad del público.
* * *
El dictamen
muy extenso, de unas trece mil palabras, es un relato de las truhanerías de una
banda de picaros moviéndose en grandes hoteles, casinos, antesalas de
ministerios y gobiernos civiles. Algunos de los personajes ejercen cargos
importantes, los más son familiares, merodeadores o simples perillanes que
cotizan supuestas influencias para la obtención de unos permisos de juego que
harían la fortuna del judío holandés Strauss, dispuesto, según dice, a repartir
las ganancias con los tunantes asociados a su empresa. Las negociaciones se
prolongan meses y meses, en busca del anhelado permiso, siempre al alcance de
la mano, pero que no llega nunca.
La historia
empieza en mayo de 1934 con la aparición en Barcelona del aventurero Strauss.
El propietario del teatro Olimpia, Joaquín Gasa, le presenta al entonces
subsecretario de la Marina Mercante, el radical Pich y Pon. En cuanto éste
conoce el maravilloso funcionamiento de la ruleta, encarga al citado Gasa y al
boxeador Paulino Uzcudum que gestionen su instalación
para ser ensayada en un salón del Hotel Ritz. Pich y Pon considera fácil la
consecución de los permisos, siempre que se cuente con dinero en abundancia. Y
el tahúr sin perder tiempo marcha a Holanda a buscarlo. Al regreso, Pich y Pon
le presenta a Aurelio Lerroux, sobrino e hijo adoptivo del jefe radical y al
oficial del Ejército Galante. El primero
Pasan los
días. Los socios se dispersan, viajan, se transmiten por teléfono impresiones
optimistas. Aurelio Lerroux regala un reloj de oro de 2.800 pesetas a su padre,
y otro a Salazar Alonso. Las facturas las paga el judío. Y, por fin, llega el
permiso. Es para San Sebastián y allá se van Strauss, Aurelio Lerroux y
Galante. Es agosto de 1934. El judío arrienda el viejo Casino, dispone su
limpieza y decoración, llama a sus mesnadas de crupiers belgas, contrata artistas, músicos y empleados, alquila libreas para vestir a
los criados y autobús es para el transporte de invitados desde la frontera. En
este momento Aurelio Lerroux llama con urgencia al judío y le exige la entrega
de las 400.000 pesetas para que Blasco se las lleve a Samper, que «está
furioso, y de no recibir dinero no habrá ruleta». Strauss en la capital de
España se enreda en discusiones interminables; suplica, gime, dice que está
arruinado y consigue que los demandantes esperen. Vuelve a San Sebastián. A las
seis y media de la tarde (12 de septiembre de 1934) abre el Casino sus puertas.
Concurrencia elegante y vistosa: mil cien invitados. Tres horas después, en
pleno sarao, irrumpe la policía pistola en mano y acercándose a las mesas
ordena la suspensión del juego y la clausura del Casino. La catástrofe para
Strauss. Cuando se lamenta de lo sucedido ante Aurelio Lerroux, éste le calma y
le promete que todo se arreglará. La crisis está próxima y de ella saldrá su
padre jefe de Gobierno y reglamentará el juego. El judío se conforma. Aurelio
proyecta para el futuro: excluirá a Blasco del negocio, que se regirá por otro
contrato redactado por Gumersindo Rico, director general de la Telefónica, en
el cual se rebaja la participación de Pich y Pon del 50 al cinco por ciento. La
gran dificultad estriba en conformar a Rocha, a quien Pich y Pon le había
prometido la mitad de los beneficios que éste percibiera. No sin gran trabajo
se logra convencerle.
Una vez
arregladas así las cosas, Aurelio Lerroux propone a Strauss llevar el negocio a
Mallorca, concretamente al hotel Formentor, que pasa por una situación muy
crítica. El judío se instala en Palma, se entrevista con personas de la
localidad y prepara el ambiente. Ya es jefe de Gobierno Lerroux y ministro de
la Gobernación Eloy Vaquero. El sobrino de Lerroux ve ahora el camino más
fácil, pues lo arreglará todo con su padre y con el ministro de la Gobernación.
Para esto es indispensable manejar una masa considerable de dinero, a fin de
ganar la voluntad de los personajes claves: 25.000 pesetas, que Aurelio
consiguió extraer al judío para premiar a Benzo, el
cual obtendría del ministro el soñado permiso. En efecto, ahora las cosas
marchan. El gobernador de Palma manifiesta que ha recibido orden formal y
precisa del ministro y del subsecretario de la Gobernación de autorizar el
juego en Formentor. El holandés se muestra satisfecho y feliz. Llama a crupiers de Bruselas, Barcelona y Madrid, ordena el
inmediato envío de accesorios de juego. Una pequeña sombra: el gobernador opina
que habrá que contar con las autoridades militares, porque España vive en
estado de guerra como consecuencia de los sucesos de Octubre. El judío se
desespera y lo abandona todo, pero a las dos semanas se reanima, porque la
concesión es un hecho. Las autoridades militares no intervienen en estos
asuntos. El straperlo funciona con gran éxito en el
hotel Formentor. A los ocho días nueva desgracia: el gobernador suspende el
juego por orden de Madrid y esta vez el fracaso es definitivo. Strauss grita,
amenaza, conjura y consigue que Benzo le devuelva las
25.000 pesetas y Aurelio Lerroux 50.000, que había recibido como adelanto.
La sociedad
se disuelve y los socios desaparecen. Strauss vuelve a Bruselas. Reúne y ordena
cauteloso cartas, contratos, oficios, recibos, y facturas que conserva del
embrollado negocio, y orientado por guías expertos,
interesados en el descrédito del partido radical y del Gobierno, escribe la
historia de su aventura en España y la envía al Presidente de la República,
«para que usted tenga la bondad de ver que se me haga justicia». «Los
personajes —dice— que intervinieron en este asunto así como el Gobierno mismo,
son responsables de este asunto tan escandaloso.» Cifra sus pérdidas en 85.000
florines, unas 450.000 pesetas, que debe recibir.
* * *
La acusación
de Strauss es una mezcla de mentiras y verdades. Ninguna de las denuncias
contra los principales personajes que se nombran es directa, sino a través de
tercera persona. La Comisión parlamentaria, fundándose en los documentos, «en
las declaraciones recibidas y en las presunciones que racionalmente cabe
establecer» llega a la convicción de que se han manifestado en quienes
intervinieron en los hechos, conductas y modos de actuar en el desempeño de
funciones públicas que no se acomodan a unas normas de austeridad y ética que
en la gestión y dirección de los asuntos públicos se supone como postulado
indeclinable. En su consecuencia, estima que deben cesar en sus funciones
delegadas de Gobierno José Valdivia, director general de Seguridad, Rafael
Salazar Alonso, alcalde de Madrid, Sigfrido Blasco Ibáñez, diputado, Aurelio
Lerroux, delegado del Estado en la Compañía Nacional Telefónica, Juan Pich y
Pon, gobernador general de Cataluña, Miguel Galante, delegado del Estado en los
ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante, Eduardo Benzo,
subsecretario de Gobernación, y Santiago Vinardell.
El documento
al ser divulgado levanta gran polvareda y produce ensordecedora gritería. Las
izquierdas se encuentran con el explosivo que más podían apetecer y el
escándalo retumba en los periódicos como barrenos de dinamita. Deformada y
desorbitada la realidad hasta la exageración, puesto que el aventurero nunca
consiguió lo que se propuso, y el soborno comprobado se reduce a la aceptación
de dos relojes de oro. Sin embargo, en una situación tan apasionada y
neurálgica como la que vive España, de aguda hiperestesia política, el straperlo acaba por enloquecer a todos. Durante varios días
no habrá otro tema sobre qué pensar y discutir. Se preguntan unos si podrá
subsistir el partido radical, aseguran otros que Lerroux se halla dispuesto a
traspasar su jefatura a Santiago Alba. Pero lo primero es saber qué deciden las
Cortes.
En ellas (28
de octubre), Arranz, presidente de la Comisión investigadora, informa con
minuciosidad de cómo ésta ha cumplido el encargo. A su entender, «el straperlo no está entre los juegos prohibidos por el Código
Penal ni por el Código Civil, ni por las disposiciones de las autoridades
gubernativas». «No me atrevería a afirmar que en los hechos enjuiciados pueda
existir delito.» Sin embargo, los complicados en el asunto deben sufrir una
sanción de índole moral. A los Tribunales de Justicia les corresponde depurar
los hechos y resolver. «El dictamen responde a lo que nuestra conciencia nos ha
dicho.» El fallo no ha sido unánime, porque los representantes radicales «unas
veces votaron en contra y otra se abstuvieron». El radical Sigfrido Blasco
denigra con frases ampulosas «al chantajista extranjero» calumniador, y asegura
que él se limitó a presentar a un antiguo amigo al entonces presidente del
Consejo, Samper; Salazar Alonso, en tono humillado y arrepentido, pide que le
juzgue el Parlamento; acepta que los Tribunales lo aclaren todo para que
resplandezca la verdad y se vea limpio de imputaciones deshonrosas. El
monárquico Fuentes Pila, que pertenece a la Comisión, demuestra con las
declaraciones de algunos de los acusados que se concedió permiso para jugar en
San Sebastián y Formentor. Esas autorizaciones sólo pudieron proceder de los
ministros de la Gobernación Salazar Alonso y Vaquero. «Por eso en la Comisión
he votado contra el señor Vaquero.» Respecto a Gumersindo Rico, el examen de la
documentación no aporta elementos que le comprometan.
El ministro
de Estado, Lerroux, dice: «Nadie querrá que venga aquí a hacer de Guzmán el
Bueno.» «No renuncio al derecho para mañana de recoger todo lo que se ha
imputado al partido radical. Cuando haya recobrado la independencia que no se
puede tener en el banco azul, me será permitido tratar el asunto con toda
amplitud.» «No os acucie el temor de que yo pretenda hacer de este banco azul
asiento de larga temporada ni barricada para defenderme.» «No ha sido nunca mi
política la de defensa, a pesar de mis años. No lo ha de ser ahora tampoco y
los bravos agresores habrán de recoger, no tardando, los últimos ataques de
quien sabe, cuando se le ofende injustamente., defenderse y devolver una por
una las ofensas y, uno a uno, los agravios no en los adjetivos, sino en los
hechos.» «Todo lo sucedido es producto de una intriga política, como en su
momento se demostrará.» «Ahora, no espero más que saber que no es imposible que
permanezca la solidaridad en un bloque que ha prestado a la República grandes
servicios y es en las actuales Cortes el único instrumento posible.»
«Aquí
—exclama José Antonio— hay sencillamente un caso de descalificación de un
partido político: que es el partido republicano-radical. Sé que en ese partido
hay personas honorables que tendrán que saltar como las ratas del barco que
naufraga, porque si no os hundiréis con el barco.» Dirigiéndose a la minoría de
la C. E. D. A., José Antonio dice: «Vosotros, con los que he contendido muchas
veces, pero en los que tengo muy buenos amigos y en los que hay un instrumento
de Gobierno para España y, si queréis, para la República, vosotros y el señor
ministro de la Guerra, que sabe cuán profundos son el afecto, el respeto y la
admiración que le profeso, tenéis que pensar que ya ningún partido español
podrá ir nunca en alianza electoral y política con el partido radical, porque
está descalificado ante la opinión pública.» «Y no me vengáis con que las
colectividades no delinquen, porque vosotros impusisteis condena al partido
socialista por la actitud ilícita de sus miembros en la revolución de Octubre.
Cuando en un partido se pueden manipular durante meses —sin que personas de la
probabilísima austeridad de Salazar Alonso puedan sustraerse a la red— cosas
como estas que nos avergüenzan y nos apestan, que encolerizan contra nosotros
y, si no lo remediamos, contra el Parlamento a todo el pueblo español, ese
partido, empezando por su jefe, tiene que desaparecer de la vida pública.»
Que se abran
de par en par las puertas a la justicia para que entre a fondo en el asunto,
pide Miguel Maura. Secundan la petición el presidente del consejo y el ministro
de la Guerra, el cual dice: «No hay más presuntos culpables que aquellos que de
una manera concreta están señalados en el dictamen. Si se pretende extraer
otras conclusiones prácticas, ésas están por encima de los dictados de una
resolución de la Cámara: ese es un problema de delicadeza que los propios
interesados serán los que lo administren; nosotros no nos podemos constituir en
definidores de aquello que por afectar a la propia dignidad son otros los que
tienen que determinar. Si eso se hace, será porque el sacrificio va más allá de
la inculpación.»
Hay que
poner en claro —añade Gil Robles— «cuáles son los partidos y las personas que
han tenido contacto con los elementos indeseables, chantajistas y estafadores,
que han esperado este momento cuando podían quebrantar un bloque única defensa
posible contra los embates de la revolución». Interrumpe Calvo Sotelo:
«Empezando por el Presidente de la República.» Contesta Chapaprieta:
«¿Qué es eso, señor Calvo Sotelo? Levántese y dígalo pidiendo la palabra.»
Calvo Sotelo repite: «Lo digo en voz alta: empezando por el Presidente de la
Se discute
si la votación debe hacerse secreta, por bolas, como exige el Reglamento de la
Cámara, o nominalmente; si el dictamen ha de votarse en su totalidad o a cada
inculpado por separado. El tradicionalista Lamamié de Clairac con el monárquico Fuentes Pila piden,
mediante un voto particular, que se aparten de las funciones de Gobierno
aquellos ministros inculpados directa o indirectamente en el relato de Strauss,
pretensión antirreglamentaria, pues supondría un voto de censura contra el
Gobierno. En este caso, la tramitación debe seguir otros caminos.
Los
radicales López Varela e Hidalgo califican de incongruente e injusto que la
Cámara juzgue y sancione con sus votos a personas que no son diputados ni
pueden defenderse. El Gobierno —exclama Chapaprieta—
ha resuelto el problema, pues todos los funcionarios implicados en el dictamen
han cesado en el desempeño de sus funciones, incluido el militar, que ha pasado
a situación de disponible. Por su parte Salazar Alonso ha renunciado a la
alcaldía de Madrid por carta.
* * *
Celebrada la
votación, Salazar Alonso queda excluido de la relación de acusados por 140
bolas blancas contra 137 negras, y sancionado Sigfrido Blasco Ibáñez por 190
bolas negras contra 70 blancas. Los restantes citados en el dictamen resultan
sancionados por 166 bolas negras contra 14 bolas blancas.
De este modo
se da por liquidado en el Parlamento el escándalo del straperlo.
El Gobierno queda tambaleante. La crisis llama a sus puertas con golpes
fatídicos. En la Prensa izquierdista y en la propaganda mitinesca continúa el desaforado griterío y la disparatada inflación del asunto. El
partido radical, acorralado por la furiosa ofensiva, no acierta a reaccionar.
Muchos afiliados desertan a otros partidos o se retiran de la vida pública. El lerrouxismo, herido de muerte, agoniza. La C. E. D. A.,
afligida por tantas y tan duras pruebas por culpa de sus compañeros de viaje,
quebrantado el crédito y la energía, ve como un viento otoñal marchita y
desnuda el jardín de sus ilusiones.
CAPÍTULO 69
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