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CAPÍTULO
60.
NUEVO
GOBIERNO CON CINCO MINISTROS DE LA C. E. D. A.
El plazo de
vida concedido al Gobierno se va a cumplir. Las negociaciones entre los jefes
de los grupos que componen la mayoría parlamentaria llegan a su término. Las
condiciones irrevocables de Gil Robles son cinco carteras, incluida la de
Guerra. Lerroux no opone objeción, convencido de que todo intento por disuadir
al jefe cedista es inútil. Llevará al Presidente de
la República la petición, para que él diga la última palabra. A tal fin acude
al domicilio de Alcalá Zamora (3 de mayo), y a la salida anuncia que ha
presentado la dimisión del Gobierno, en vista de que Gil Robles le niega el
apoyo en las Cortes. Le exhorta el Presidente a que reflexione y a que insista
cerca de los jefes aludidos para que la crisis se produzca en las Cortes. La
gestión no da ningún resultado, y al día siguiente comienzan las consultas.
Alba, Samper, Gil Robles, Melquíades Alvarez y Cambó
aconsejan un Gobierno mayoritario de garantía y eficacia. Femando de los Ríos,
en nombre de los socialistas, pide, en una nota suficiente y altanera, un
ministerio «auténticamente republicano» que restablezca la plenitud de derechos
y garantías constitucionales, la libertad de los presos y la ordenación de
medidas que permitan enjuiciar con perentoriedad a aquellos representantes de
las autoridades que hayan cometido delitos con motivo de la represión del
movimiento de octubre». Apremia «para que desaparezca la actual situación de
dictadura y se rehaga el régimen legal». Besteiro declara que la C. E. D. A. no
tiene derecho a intervenir en la vida política. Aconsejan la disolución de
Cortes Martínez Barrio y Mairal, éste en nombre de la
Esquerra. Gobiernos de amplia concentración republicana reclaman Chapaprieta y Cirilo del Río. Otros consultados son Barcia,
de Izquierda Republicana; Abilio Calderón, y Azaña, que por carta se excusa,
como en la crisis anterior. El representante de la minoría vasca, Horn, no se halla en Madrid.
Terminadas
las consultas, que nada nuevo enseñan a la opinión sobre lo que ya sabía, el
Presidente de la República confía a Lerroux el encargo de formar Gobierno, a la
vez que hace pública una nota referida a «una cuestión objetiva previa,
consistente en puntualizar, conforme a la libertad de los partidos que han de
constituir la mayoría, si desean resueltamente la reforma constitucional con la
transigencia y concordia que la hagan viable, o si, faltando esa posibilidad,
puede aquel fin quedar pospuesto prácticamente a otros propósitos y
preocupaciones». Para tal esclarecimiento —añade la nota— «se ha dado encargo
al señor Lerroux de formar un Gobierno con la base de la antigua mayoría, pero
extendida con la amplitud que convenga. Dentro de las expresadas características,
la amplitud de nuestro encargo no excluye como única solución posible la
reconstitución con aportaciones y refuerzos de los demás partidos del Gobierno
dimisionario». Nota enrevesada, que no puede disimular el afán de su autor por
orientar las crisis conforme a sus deseos.
Los jefes de
los grupos componentes del bloque dispuestos a formar Gobierno afirman, en una
nota de respuesta a la de Alcalá Zamora, su criterio «favorable a la revisión
constitucional, cuyo acuerdo inicial ha de tomarse por las Cortes». Coinciden
en apreciar la conveniencia de que se forme un Gobierno integrado por las
cuatro fracciones, cuyas especiales características doctrinales no impiden la
homogeneidad. «Al acuerdo de revisión debe proceder un período de labor
legislativa y de eficaz acción gubernativa para resolver el paro, la crisis
económica, la ley electoral, la nivelación de presupuestos, la normalización de
la vida social. Esto con un Gobierno de cohesión y unidad interna. Habrá que
buscar la cooperación de otros sectores a la vista del nuevo período electoral.
Por el momento no es preciso extender la base parlamentaria del Ministerio.»
El
Presidente de la República, para hacer patente su mucha prudencia antes de
decidirse a dar el paso definitivo, amplia la consulta: Martínez Barrio, Maura,
Besteiro, Gil Robles, Martínez de Velasco y Álvarez son llamados de nuevo. A
continuación redacta otra nota en réplica a la de los jefes del bloque: «Se
debe confiar de nuevo a don Alejandro Lerroux el cuidado de formar Gobierno,
para que su patriotismo republicano pueda procurar aquella convivencia que ya
tan necesaria es en el país.» A lo cual precede la observación de que «disolver
ahora las Cortes será lo más dañoso.»
«Me siento
honrado por el encargo —comenta Lerroux—, pero, sobre todo, por las
dificultades del mismo.» Y después de reunirse con los jefes de los grupos que
van a constituir el Gobierno mayoritario, redacta la lista de nombres que
formarán el Ministerio.
Quedaba al
Presidente de la República por pasar el último y más amargo trago: sancionar la
composición que Lerroux le llevó al palco del Teatro Español, donde aquel se
encontraba (6 de mayo). Cuenta Lerroux, «Don Niceto puso cara de vinagre. Cinco
de la C. E. D. A. ¡Dios mío! don Alejandro. ¿No podrían ser menos?, me decía un
poco afligido. Y al oír la distribución de carteras: —¿Y Gil Robles en Guerra?
Don Alejandro de mi alma, ¡nada menos que la cartera de Guerra! Se quedó
meditando sobre unos papeles que tenía delante, y en seguida exclamó: —¡Ese
chico, ese chico!, como usted dice, don Alejandro. Y dejó flotando en el aire
su mano derecha, no sé si como amenaza o como interrogatorio».
El Gobierno
queda constituido de la siguiente manera: Presidencia, Alejandro Lerroux;
Estado, Juan José Rocha; Gobernación, Manuel Pórtela Valladares; Hacienda,
Joaquín Chapaprieta; Obras Públicas, Manuel Marraco; Guerra, José María Gil Robles; Justicia, Cándido
Casanueva; Trabajo, Federico Salmón; Industria y Comercio, Rafael Aizpún; Comunicaciones, Luis Lucia; Marina, Antonio Royo
Villanova; Agricultura, Nicasio Velayos; Instrucción
Pública, Joaquín Dualde.
* * *
Las notas
biográficas de Gil Robles y de Lucia constan en otro lugar de esta obra (57).
Casanueva, natural de Pereña, Salamanca, cuenta
cincuenta y cinco años. Doctor en Derecho y notario, representa la tendencia
conservadora dentro de la C. E. D. A., en oposición abierta con las ideas
progresistas de Giménez Fernández, excluido de la combinación por el peso e
influencia de los terratenientes irreconciliables con el espíritu socializante
de las leyes sobre la propiedad y defendidas por aquél durante su actuación
como ministro de Agricultura.
Salmón
Amorín, con sus treinta y cinco años, es el ministro más joven. Nacido en
Burriana (Castellón), estudia la carrera de Derecho en Valencia y es uno de los
fundadores de la Federación de Estudiantes Católicos. Catedrático de Derecho
Público en Murcia, dirige el diario La Verdad, de la Editorial Católica.
Promueve en esta ciudad Acción Popular. Declarado excedente en su cátedra
durante los Gobiernos de Azaña desempeña en Madrid la secretaría de la C. E. D.
A. y el rectorado del Centro de Estudios Universitarios. Está especializado en
cuestiones sociales. Royo Villanova nace en Zaragoza en 1869: simultanea los
estudios de Leyes con el periodismo y dirige el Diario de Avisos. Al ganar la
cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, se incorpora
en esta ciudad al partido de Santiago Alba y dirige El Norte de Castilla,
periódico que sigue la orientación del jefe liberal. En Valladolid hace Royo
Villanova su carrera política. Es diputado y senador en varias legislaturas
director general de Enseñanza (1913 y 1916). Inquieto y con un gran espíritu de
independencia, conquista popularidad por sus continuas y violentas campañas en
el periódico, en la tribuna y en el libro, contra el separatismo catalán.
Joaquín Chapaprieta natural de Torrevieja (Alicante),
cuenta sesenta y cuatro años. Fue diputado del partido de Gasset (1901),
ministro de Trabajo en el Gobierno de García Prieto (1923) y dimitió por
disparidad de pareceres. Abogado, especializado en asuntos financieros y consejero
de grandes empresas. Colabora con Alcalá Zamora y Miguel Maura a la formación
del grupo conservador que contribuye a la instauración de la República. Genio
avinagrado, capacidad de trabajo y obstinado en su empeño. Nicasio Velayos, agrario, antiguo diputado liberal monárquico por
Ávila, se distinguió en la oposición a los proyectos de Giménez Fernández.
Si Gil
Robles logra imponer la ley de la proporcionalidad, Alcalá Zamora consigue, con
sus habilidades, contrarrestarla con la ley de la influencia. Pórtela, Chapaprieta e incluso Velayos,
son hechura suya. Están en el Gobierno como vigías o valedores del Presidente.
La prensa
izquierdista recibe con disgusto e indignación al nuevo Gobierno. Entiende que
por ese camino no se pacifican los espíritus, sino que se soliviantan. «La
República —dicen— continúa en poder de sus enemigos.» Los periódicos
monárquicos se manifiestan desconfiados. «Con un régimen de partidos, en que
cada cual tira de su lado —escribe Maeztu (A B C, 10 de mayo) —; con un pueblo
entregado en buena parte a agitadores profesionales; con un espíritu nacional
inerme todavía ante los sofismas antipatrióticos, sólo un milagro podrá hacer
que la gestión de Gil Robles y de sus amigos sea tan fecunda como deseo y a
Dios le pido.» La Época reconoce que la forma en que ha quedado
constituido el Gobierno supone un innegable éxito para Acción Popular, que ha
conseguido conquistar «ciudadelas que parecían inexpugnables». El alborozo lo
monopolizan El Debate y Ya. «Toda una visión de lo que debe ser
la vida pública española, toda una orientación de gobierno, todo un sentido
nacional es lo que sube al Poder con la designación de Gil Robles para la
cartera de Guerra —afirma Ya (6 de mayo) — . Gil Robles es hoy una política y
una ambición española.» El Debate dice (7 de mayo): «Se ha conseguido en la
política española, por medio de la actuación de la derecha en estos dos años
últimos, algo nuevo, sorprendente para ciertos criterios estáticos: dar
eficacia a un programa, buscar ese equilibrio, eminentemente político, entre lo
ideal y lo real, renunciar al todo o nada, para advertir sencilla y humanamente
que mejor que nada es algo, que mejor es hacer una parte del bien que renunciar
al bien entero por no ser accesible en su integridad. ¿No son los hechos que
presenciamos una esperanza? ¿No es la actuación de los jefes de la derecha una
garantía? ¿No quiere decir todo ello que nos acercamos paso a paso —pero con
pasos firmes, sin retroceso — al momento de la liquidación de los trastornos
más profundos, por la revisión del Código constitucional?»
La presencia
de los cinco ministros de la C. E. D. A. en el Poder reanima y encandila a las
organizaciones de Acción Popular. Los elementos conservadores consideran
alejados los graves peligros y estabilizada la situación. La Bolsa sube.
Gil Robles
recibe en audiencia a la guarnición de Madrid (7 de mayo), y ante ella hace su
primera declaración como ministro de la Guerra: «El apoliticismo presidirá mis
actos al frente de este ministerio, inspirándome en estricta justicia. El
Ejército debe permanecer apartado de todo aquello que no sea supremo interés
nacional. La política militar será encomendada a organismos técnicos.»
* * *
El Gobierno
se presenta a las Cortes (8 de mayo) y Lerroux explica los acontecimientos
políticos ocurridos en el pasado mes y los propósitos para el futuro. Una
discrepancia de táctica, más que de doctrina, produjo la crisis del 28 de
marzo. «Henos de nuevo aquí. No somos un Gobierno de partido. Alzamos una
bandera símbolo de aspiraciones nacionales, no un pendón de guerra. Queremos
caminar rápidamente hacia el total restablecimiento de la normalidad legal,
social y económica. A este propósito debe contribuir la pública rectificación
de todos aquellos que despechados e impacientes declaran la guerra todos los
días a la sociedad y al régimen. No somos socialistas; pero proclamamos el
derecho de que se crea en nuestro propósito de realizar una obra de justicia
social sin lucha de clases y sin persecuciones. Atenderemos sin demora a la
solución del paro, discutiremos seguidamente el proyecto de ley de repoblación
forestal, os propondremos la aprobación de la Ley municipal, la reforma de la
Electoral y la de Presupuestos. Presentaremos el Estatuto de Prensa, una vez
modificado, las reformas de las leyes de Sindicatos, Jurado Mixto y de acceso a
la propiedad. El Gobierno adopta como propios los estudios ya ultimados para la
reforma constitucional y acepta el compromiso de mantener la ley de 2 de enero
de 1935, que establece el régimen provisional para Cataluña». «He venido
—termina Lerroux— a cumplir el deber que me incumbe desde mi huerto de los
Olivos, donde he rezado la oración apasionada de los que sacrifican todo por
amor: por amor a sus ideales, por amor a su pueblo y por amor a su patria.»
El
tradicionalista Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, abre el debate político.
La liquidación impunista de la revolución de octubre
la hemos visto nosotros, más que en la concesión de los indultos, en la
incorporación requerida por el Poder moderador de partidos y sectores de
opinión que no han repudiado aquellos actos, sino que, por el contrario, se han
ratificado en sus designios. Este Gobierno significa el triunfo de la táctica
de un grupo que con nosotros luchó en comunidad de propósitos e ideales, y que
lucharán —no hace falta ser vidente para profetizarlo— en el futuro. A muchos
producirá asombro ver el espectáculo que ofrece este Gobierno, en el que
figuran ex ministros del Rey, un senador vitalicio por nombramiento de Su
Majestad, caracterizados diputados monárquicos «No votaremos la confianza; pero
deseamos que los gobernantes acierten». Cambó expresa su disgusto porque el
Gobierno mantenga la ley del 2 de enero, referente a Cataluña, que considera
injusta. Los problemas más graves que tiene planteados España son el monetario
y el económico. En el momento actual creo que el Gobierno que se sienta en el
banco azul es insustituible y le daremos nuestros votos. Lara, de Unión
Republicana, recuerda que Acción Popular tiene inscrito en su programa la accidentalidad
de las formas de Gobierno. «No conozco ningún régimen que se haya confiado a un
partido en cuyo programa se consigne esa tesis.» El que Acción Popular tenga la
hegemonía del Poder lo consideramos como el mayor quebranto para la República.
«Adoptaremos en nuestra relación con el Gobierno una actitud dura, de completa
oposición».
Goicoechea,
monárquico, afirma: «La solución de la última crisis tiene que ser interpretada
como la rotura por nuestra parte del último de los ya débiles lazos que unían
entre sí a los grupos políticos que juntos combatieron y triunfaron el 19 de
noviembre. Esos grupos políticos se incorporan a otros grupos políticos
republicanos e izquierdistas y se preparan para constituir un bloque político
más amplio, en el que podrán ingresar cuantos reconozcan y defiendan la
legalidad republicana. Eso representará un adiós definitivo para los que
luchamos juntos en la última contienda electoral.»
«Este
Gobierno es la última y desesperada tentativa que realiza un régimen para
consolidarse y subsistir. Seguiremos, en cuanto a la República, en la misma
actitud de hostilidad que hemos mantenido siempre. Merecen nuestras simpatías
aquellos elementos que lo integran, procedentes de los antiguos partidos
monárquicos. No lo podemos combatir por lo que tiene de acentuadamente
derechista; pero no le podemos apoyar por lo que tiene de republicano.
Deseamos, para bien de España, que vuestra política se vea coronada por el
éxito.»
«¿Será mucho
pedir —pregunta Santaló, de la Esquerra— que la
Cámara conozca cuál va a ser el criterio del Gobierno actual en orden a la
política nefasta de represión que venís ejerciendo? Existe una evidente
incompatibilidad en las funciones ejecutivas de Gobierno para aquellos
elementos que fueron a las elecciones sin previa declaración de
republicanismo. Como consecuencia de ello se impone que se disuelvan las
Cortes. Respecto a Cataluña, ¿se ha tenido en cuenta al clamor unánime de la
región catalana en orden a sus justas reivindicaciones políticas y sociales?»
El agrario
Calderón aplaude los propósitos expuestos por el jefe del Gobierno. Al
comunista Bolívar le parece que en el Ministerio están representadas las
fuerzas más reaccionarias capaces de exterminar las pocas libertades que quedan
a fin de preparar el advenimiento del fascismo. «No tardaremos en ver
enseñorearse en España —dice— el régimen del hacha y del patíbulo.» Barcia, de
Izquierda Republicana, cree que el partido radical ha entrado en un proceso de
crisis, del que sólo se salvarán aquellos que se atrevan a disentir de su jefe,
víctima de un error de inteligencia. Del régimen han sido expulsadas las
fuerzas de genuino republicanismo. Maura afirma que no tiene confianza, de
momento, en el Gobierno, y el nacionalista vasco Horn anuncia que su minoría se mantendrá a la expectativa para juzgar a los
gobernantes por sus actos.
El jefe del
Gobierno resume el debate: quiere huir de toda polémica y dar al país y al
patriotismo un elevado espíritu de unidad, «para que en momentos que mucha
gente cree de inminente amenaza, estemos todos en condiciones de realizar una
obra nacional». «Yo procuro, a medida que algunos se alejan de mí, que se
acerquen otros, no a mí, sino a la República, para consolidarla.»
La confianza
al Gobierno le es otorgada por 189 votos contra 22. En las Cortes se reanuda la
discusión de la Ley municipal y el proyecto de ley sobre creación del
Patrimonio Forestal, con un presupuesto de 100 millones, más una emisión de 150
millones. El proyecto del Patrimonio Forestal nació como resultado de un
informe del Consejo de Economía Nacional, en tiempos del Gobierno Samper. El
ministro Giménez Fernández encomendó su redacción a una Comisión de ingenieros
de Montes.
* * *
En el
Parlamento español apenas se habla de política internacional, dice el diputado
monárquico independiente Figueroa Torres, conde de Romanones (14 de mayo). Es
la segunda vez que interviene en las Cortes republicanas. Lo hace ahora porque
con ocasión de unas conversaciones celebradas en Roma entre el ministro de
Relaciones Exteriores de Francia y el jefe del Gobierno italiano, Mussolini, el
ministro de Estado español ha declarado que en Roma no se habló del
Mediterráneo y que España no estará ausente de ninguna conversación o trato que
se relacione con el tema. Ahora bien: lo importante es saber si España tiene
alguna política internacional, porque sin ella no se puede vivir conveniente ni
decorosamente. Pregunta: «¿Se puede hablar de mantener nuestra situación
privilegiada, aunque no preponderante, en el Mediterráneo, fuera de la órbita
de Inglaterra, Francia e Italia? Porque dada la guerra europea que se dibuja,
si sobreviene no podrán ser neutrales más que aquellas naciones que estén muy
lejos del teatro de la guerra o las que tengan eficacia militar y naval
suficiente para sostenerla. Aunque todos coincidamos en un criterio de
neutralidad, éste no se puede imponer en el alma de las gentes como una
realidad.»
El ministro
de Estado contesta con unas palabras ambiguas y el conde de Romanones le
asaetea con frases hirientes. «El ministro de Estado se halla en el mejor de
los mundos: la Comisión de Estado resolverá los problemas que aquí se han
tratado.» «No ha dicho ni una palabra concreta sobre las denuncias respecto a
Marruecos aquí formuladas. ¿España está en posesión de la totalidad de la zona
que le corresponde o sólo de una parte? ¿La situación de España en Tánger es la
que debiera ser, o es de inferioridad?» «A la pregunta fundamental acerca de la
política exterior el ministro ha contestado con incongruencias.»
La discusión
se reanuda el 17 de mayo. «La política internacional de España —afirma
Goicoechea— no puede ser más que una: marchar de acuerdo con Inglaterra,
Francia e Italia.» «Pero España tiene una función que desempeñar, que no puede
enajenar ni consentir que otro la desempeñe: la de asegurar la libertad y la
neutralidad del Estrecho.» «Por una situación de facto, no de jure, quedó
destruida la plenitud de jurisdicción y de soberanía de España sobre todos los
dominios de la bahía de Algeciras, lo mismo en las aguas territoriales que en
la parte de tierra. Por lo que respecta a Tánger, el ministro de Estado tiene
la obligación de plantear de nuevo el problema. La separación de Tánger de la
zona española representa la ruptura de una unidad económica.»
«A la
denuncia del Tratado de Tánger —opina Ventosa— no debe irse sino después de
haber realizado las exploraciones necesarias y con un plan meditado. En
relación con la política internacional, España debe tener hoy como lema, por
razón de las circunstancias en que se encuentra, una afirmación de paz.»
Yo declaro
—exclama el diputado Barcia, de Izquierda Republicana — que hoy el prestigio de
España en el orden internacional «nace de haber sido la iniciadora de una
corriente que está influyendo y marcando en los conflictos las normas de razón
que nosotros representamos, adelantándonos unos siglos a toda concepción
actual. Es posible que haya normas de tipo moral acatadas por todos los pueblos
y que sirvan de contén a las ambiciones y desmanes del imperialismo triunfante.
Esto es lo que representamos nosotros y esto hay que alentarlo.»
El debate se
prolonga con largos discursos, más bien coincidentes que discrepantes, pero sin
destellos ni originalidad, de Rodríguez de Viguri, Maura (M.), Samper, García
Guijarro, Domínguez Arévalo e Izquierdo Jiménez. Queda demostrado por qué se
habla tan poco en las Cortes de política internacional Miguel Maura lo explica
con las siguientes palabras: «¿Cuál es la política exterior de España en estos
momentos y desde hace muchos años? Triste es confesarlo, pero la realidad es
que ninguna» Sin embargo, el ministro de Estado, al contestar a los oradores
(22 de mayo), recuerda «que la Sociedad de Naciones puede decirse que tiene su
base en las teorías de nuestros juristas». A los diplomáticos españoles López
Oliván y Madariaga se les encomiendan misiones importantes y ponen muy en alto
el nombre de España. En resumen: el Gobierno de la República ve con viva
simpatía la política internacional de Inglaterra. Afirma que es necesario
colaborar con Francia y no olvida a Italia, sin la cual no podría existir el statu
quo tan deseado.
El conde de
Romanones celebra haber dado ocasión al debate. «¿Quién duda de que Gibraltar
—dice, en respuesta a Goicoechea— es una espina que España lleva clavada en lo
más profundo de su corazón? Pero es una espina que por muchos esfuerzos que se
hagan es más que difícil poderla sacar.» «Desde principios de este siglo la
situación de Inglaterra, por lo que respecta a la pacificación de las alturas
que dominan la bahía de Algeciras no es una mera cuestión de hecho, sino que es
una cuestión también de amistoso acuerdo, y, por ende, puede decirse, de
jure.» «Sobre punto tan delicado no me considero autorizado a concretar más ni
a entrar en otros esclarecimientos que serían tal vez contraproducentes para lo
que todos aspiramos al tratar de fortalecer nuestros derechos en Marruecos y en
Tánger. Además, sería faltar a los deberes que contraje cuando por varias veces
juré la cartera de Estado. Y con esto sobre el particular digo bastante y su
señoría me entenderá.»
Goicoechea:
«Demasiado.»
Fuentes Pila
grita, indignado: «¡Esclavos, no, señor conde de Romanones!»
«Me refiero
—prosigue Romanones— a una cuestión de hecho. Fuentes Pila interrumpe: «¡Qué
vergüenza!» Romanones insiste: «Cuestión de hecho, que sería completamente
inútil negar...» Fuentes Pila le increpa: «Eso es tener alma de esclavo, no de
español, y así nos ha ido...»
Romanones:
«El punto concreto es saber si partiendo de estar bien con todos, tenemos una
situación de mayor intimidad con Inglaterra, con Francia y con Italia. El señor
Goicoechea parecía inclinarse por una mayor intimidad con Italia. Eso sería
para España una política internacional peligrosa. Estar bien con Italia,
Francia e Inglaterra, sí; pero mejor con Italia, no.»
«¿Desde
cuándo, señor conde de Romanones —pregunta Goicoechea —, los intereses, los
deseos, las esperanzas de un pueblo, en política internacional, tienen que
subordinarse a la voluntad ajena? A los gobernantes no se les puede juzgar por
lo que logren, sino por lo que intenten y adscriben a su vida. Si no aspiran a
la realización del ideal internacional, vuelven la espalda a su deber. La
flaqueza militar, la indefensión, no pueden servir de disculpa, a pesar de lo
frecuentemente que nos complacemos en aludir a ellas. No es la causa de nuestra
situación la codicia ajena, sino la incuria propia, la falta de confianza en
nosotros mismos y en nuestro destino... En lo relativo a la soberanía sobre el
Estrecho y la bahía de Algeciras, no hay una situación de jure, sino de facto.
La situación de jure es la que se desprende de los Tratados de Madrid y
Utrecht, de marzo y julio de 1713, que no es más que ésta: que se cede
Gibraltar sin anexión ninguna territorial, sin comunicación ninguna por parte
de tierra y dejando expedita la comunicación con Ceuta. ¡Esto es lo que dicen
los Tratados! Y si no hay otro Tratado posterior, no tiene el conde de
Romanones derecho a defender con un excesivo ministerialismo la causa de
Inglaterra.»
«No recuerdo
—continúa Goicoechea— que ningún discurso parlamentario me haya producido
impresión semejante a la de uno que escuché en 1902 a don Antonio Maura, cuando
describía la entrada en el puerto de Mahón de una poderosa escuadra inglesa. A
Maura, el haz movible de los proyectores de los acorazados se le antojaban, en
sus temores de patriota y en su visión de artista, como la representación de un
poder oculto, de un centinela siempre vigilante que acecha la flaqueza de las
naciones inermes para uncir sus trofeos al carro triunfal de los dominadores
del mundo. En esa situación está España. Pero como don Antonio Maura decía,
España tiene demasiada estatura, aunque la haya encorvado la adversidad, para
perecer, porque nos vale el vigor y la pujanza de que antepasados nuestros
dieron muestras.»
«No puede
haber en España —responde Romanones— quien desee más que yo que Gibraltar sea
español. Y en este deseo coincidimos todos en igual grado.» «La realidad me
enseña que han pasado muchos años y no hay Gobierno alguno que haya intentado
pedir la reivindicación de Gibraltar. Quiero recordar un hecho: A un político
español, que para mí fue todo, mi maestro y cuanto puede ser un hombre para
otro, que era ministro de Estado en 1870, se le ocurrió plantear el problema de
Gibraltar ante el Gobierno inglés y escribió al representante de España en
Londres, que lo era el señor Ranees, y le dijo: «Plantee usted ante el Gobierno
inglés este pleito.» Se basaba en los mismos argumentos expuestos por el señor
Goicoechea. Sin tardanza recibió la respuesta del señor Rancés,
diciéndole: «Mi querido jefe: Me asombra lo que usted me ordena: hablar de este
asunto y plantear este problema al Gobierno inglés producirla una ruptura de
relaciones, y yo le digo que si usted insiste en que cumpla su mandato, busque
otro embajador, porque yo no podría hacerlo.»
Con esta
anécdota, que no acreditaba el celo ni la energía del embajador en Londres,
unos elogios al Acta de Algeciras, y la declaración del ministro de Estado de
que España «sabrá siempre defender con vigor sus derechos», se da por concluido
el debate.
Paralela a
esta discusión se desarrolla la relativa a la ley denominada de Imprenta,
aunque en realidad se circunscribe a la Prensa, leída a las Cortes por el
ministro de la Gobernación en el mes de febrero. El dictamen que emitió sobre
ella una Comisión parlamentaria mereció de los periódicos tan unánime repulsa,
que el Gobierno optó por retirarlo, para rectificar pormenores que le hicieran
digno de común asenso.
A falta de
otras leyes, se pone de nuevo a discusión (14 de mayo) el trabajo de la
Comisión sobre la ley de Imprenta. La crítica de todos los sectores de la
Cámara le es adversa. «¿Qué se discute?—pregunta Barcia —. Un proyecto que no
tiene el asentimiento de los ministros, una hipótesis de proyecto de ley.» El
ministro de la Gobernación, Pórtela, trata de eludir con habilidad el
compromiso. El Gobierno no está conforme con el dictamen, pero cree que la
Cámara debe discutirlo para recoger en su momento los particulares criterios y
formar un juicio definitivo. «¡Tengo —exclama Pórtela— mi pensamiento respecto
a este proyecto y muchos se figuran cuál es!» Y sin decir más, ya dice
demasiado. En estas condiciones, ¿merece la pena discutir una inutilidad?
Se entabla
pugilato por ver quién arremete con más dureza. «La vigente Ley de Imprenta de
1883 —exclama el regionalista Pellicena— es muy
superior al proyecto, confuso y lleno de defectos.» «Es reaccionario en su
totalidad —afirma el sacerdote radical Basilio Álvarez—; un arma represiva
contra la prensa.» Plagado de defectos técnicos, a juicio de Recaséns Siches, de Izquierda
Republicana quebranta de una manera abierta y terminante la libertad de prensa.
Y así, un orador tras otro, con excepción de Ramiro de Maeztu, que, sin
defender el proyecto, sostiene la necesidad de una ley que ampare a las
instituciones y las personas contra la calumnia, la difamación y la mentira
divulgadas por letra impresa. Entre las incongruencias a lo largo de este
debate, no es la menor que el vocal de la Comisión dictaminadora, Martínez
Moya, declare que aquélla carece de orientación y «no comparta nada». Pórtela,
en un intento por concertar tanta incoherencia, a sabiendas «de lo difícil de
su situación», Y, «teniendo en cuenta ideas que me son muy caras», comprende la
actitud de las oposiciones, pero llama a la conciencia de responsabilidad de
éstas, pensando que el día de mañana puedan ocupar este sitio». «Vamos a ver si resolvemos
este doloroso problema de la prensa, para dar medio de protección a los Gobiernos, a fin
de que no se vean sorprendidos por peligros revolucionarios, vengan de un lado
o de otro.»
En realidad,
es Gil Robles el que resume y coordina el disparatado debate. «Hasta ahora
hemos tenido que vivir constantemente en un estado ininterrumpido de
excepción.» «El Gobierno no puede prestarse a prescindir de una reglamentación
de la prensa, a fin de que toda intervención en la misma corresponda
exclusivamente a la acción de los Tribunales.» «La ley debe determinar
condiciones para la fundación de un periódico, y el conocimiento exacto del
capital que sufraga ciertas campañas periodísticas.» «Queremos una ley que en
manos del Gobierno defienda los intereses de la nación. La libertad de prensa
reglamentada por esta ley será lo que la Cámara quiera. Si sale por triunfo de
una mayoría, será por culpa de quienes se encastillen en una cuestión de procedimiento
que oculta el deseo de que la ley no salga» «Eso no lo podemos permitir, porque
el Gobierno tiene mucha prisa, pues entiende que una ley de Prensa es una
condición necesaria para el restablecimiento de la normalidad constitucional, y
como quiere ir a ella, desea y necesita dicha ley.»
Aquí termina
la discusión de la totalidad. El Gobierno, decidido a sacar la ley adelante.
Las oposiciones, no menos decididas a impedirlo, como lo están a entorpecer
toda labor legislativa. Lo demuestran con el concurso para la adjudicación del
Servicio de Regulación del mercado triguero. Fundándose en suposiciones y en
hechos erróneos, promueven una larguísima discusión (21 de mayo) sin otro afán
que esterilizar el trabajo del Gobierno y de las Cortes.
CAPÍTULO
61
DEMOSTRACIÓN
DEL FRENTE ÚNICO IZQUIERDISTA EN VALENCIA
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