CAPÍTULO 57.

GONZÁLEZ PEÑA CONDENADO A MUERTE POR CONSEJO DE GUERRA

En vano pretende el Gobierno salir del atascadero de la liquidación de los sucesos de Octubre, para caminar con desembarazo, puesta toda su atención en los asuntos de interés nacional. No es posible. A cada momento nuevos obstáculos traban sus pasos. En la madrugada del 3 de diciembre, fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto detienen en la aldea de Ablaña a González Peña, el «generalísimo» de los revolucionarios asturianos. Tras de cincuenta días de errar por los montes, escondido en refugios fortuitos, terminó buscando asilo en el domicilio de la viuda de Montoto, mujer de conocida piedad religiosa. Un confidente informó de la llegada al capitán de la Guardia Civil, Reparaz, que actuaba a las órdenes de Doval. Avisado este, mandó sitiar la casa y le conminó personalmente para que se entregara. González Peña no opuso resistencia. Fue trasladado al convento de las Adoratrices de Oviedo, habilitado para prisión.

Una complicación más que añadir a las muchas derivadas de los sucesos de Octubre, que siguen manando sentencias de muerte, detenciones de cabecillas y la consabida e interminable recogida de armas.

Al comenzar el mes de febrero quedaban por celebrar sólo en Asturias más de mil Consejos de guerra. Unos seiscientos serían sobreseídos.

Pocos días después (11 de diciembre) es capturado el sargento Diego Vázquez, desertor del regimiento número 3, iniciador y jefe de importantes acciones revolucionarias.

Las Cortes aprueban el suplicatorio para procesar a González Peña, mientras en Oviedo se substancia ante Consejo de guerra, en un salón de la Diputación, el juicio sumarísimo contra el sargento Vázquez. Preside el teniente coronel del Regimiento número 3, Manuel Iglesias, y actúa como defensor el capitán de la Guardia Civil, Pedro Martínez. El acusado confiesa que preparó y dirigió los ataques contra la Comandancia de Carabineros y el Cuartel de Pelayo. También reconoce que ejerció el mando de las fuerzas rebeldes de Campomanes. Facilita los nombres de los que integraban los Comités revolucionarios y denuncia a González Peña como jefe máximo de la revolución. El Tribunal le condena a muerte, y la sentencia se cumple en el patio del Cuartel de Pelayo (1 de febrero). Junto con él es fusilado Jesús Argüelles, «Pichilatu», que poseído de furia sanguinaria dio muerte a siete mujeres. El sargento murió arrepentido. El «Pichilatu» se negó a reconciliarse con la Iglesia. «Para mí —cuenta Lerroux,—, fue el del sargento Vázquez otro conflicto espiritual... Por las mismas razones que consideré necesario ejecutar la sentencia contra el comandante Pérez Farrás, traidor a la patria, creí también que procedía ejecutar la que condenaba al sargento Vázquez, igualmente traidor... Le llevé el asunto al Presidente de la República y no vaciló...» «Don Niceto, que había salvado la vida del «héroe de la independencia catalana» comandante Pérez Farrás, no quiso salvar la vida del sargento Vázquez.»

Los Consejos de guerra se suceden. El juicio contra el diputado socialista Teodomiro Menéndez se celebra en el Hospital de Toledo (9 de febrero).

Al procesado se le traslada a la sala en camilla, convaleciente de las fracturas que se produjo al arrojarse desde una ventana al patio de la cárcel donde estaba recluido. Preside el Consejo el teniente coronel Iglesias. Las pruebas son contradictorias. Y aunque abundan los testimonios que le exculpan, prevalecen los que le acusan. González Peña, en su declaración como testigo, niega que Menéndez formase en ningún Comité. En cambio, en testimonio leído del sargento Vázquez, éste afirma que el diputado fue uno de los dirigentes más activos. El defensor, teniente coronel de Infan­tería, Aurelio Malilla, simpatizante con la causa de los revolucionarios, ensalza los esfuerzos del procesado por frenar y debilitar los impulsos de los extremistas. Menéndez es condenado a muerte y al pago de cien millones de pesetas en concepto de indemnización civil por los daños producidos tanto a los intereses del Estado como a los particulares.

El Consejo de guerra que acapara la curiosidad pública es el que se celebra en el salón de la Diputación (15 de febrero) para juzgar a González Peña. Lo preside el teniente coronel Iglesias. Los testimonios del apuntamiento son aplastantes contra el procesado, alma y promotor de la revolución, jefe indiscutible antes y durante la tragedia. Teodomiro Menéndez y el sargento Vázquez —éste en testimonio escrito— declaran que no hubo en la insurrección autoridad superior: sus órdenes se acataban ciegamente; planeaba y dirigía, sin que se alzara voz discrepante frente a la suya. Organizó los ataques a la Fábrica de Armas, la lucha contra el Cuartel de Pelayo y las operaciones en el Monte Naranco, en la estación del Norte y Trubia. Ordenó el transporte de bombas, la instalación de los cañones y el reparto de fusiles; participó en el asalto al Banco de España y dispuso la distribución del dinero robado.

Para el defensor, teniente coronel Matilla, cuyo informe ofrece más hojarasca mitinesca que enjundia jurídica, el procesado «fue un mero espectador de la rebeldía». Si en el proceso abundan los testimonios acusatorios se debe a que los principales detenidos por supuesta intervención en los sucesos, «creían que González Peña había logrado escapar y acumulaban cargos contra él». «El verdadero jefe militar del movimiento fue Dutor».

Estima el defensor que el procesado «a lo sumo podría ser considerado como auxiliar de la rebeldía o rebelde.» Autorizado González Peña para ampliar su declaración, pronuncia un discurso virulento que el presidente interrumpe varias veces. «Fui al movimiento revolucionario, no lo niego, pero no como jefe, porque en nuestra organización no hay jefes, ni cabecillas, sino como uno más, un mero auxiliar.» No asaltó el Banco de España, «pero le pareció bien que el dinero se distribuyese entre las viudas, huérfanos e inútiles de la revolución». También niega que durante su actuación revolucionaria le acompañase su amante, como ha dicho un periódico. Pide a los jueces que «si vieseis alguna atenuante os apresuréis a aplicarla, porque os juzgo justos».

En los resultandos de la sentencia se enumeran los sucesos de los que fue protagonista el reo, se le condena a la pena de muerte y en concepto de responsabilidad civil al pago por indemnización de doscientos millones de pesetas. A la vez se decreta la disolución de la Asociación profesional obrera, Sindicato de Obreros Mineros de Asturias.

«¡La que se nos viene encima!», exclama un ministro radical al conocer la sentencia, convencido de que con ella se hará más embarazosa la ya difícil y ardua marcha del Gobierno. Para la C. E. D. A. significará el indulto el refrendo de una política impunista repudiada por la mayoría de sus afiliados y por los monárquicos. De otro lado, ¿cómo aprobar la condena de muerte con el escandaloso antecedente absolutorio de Pérez Farrás? Los radicales no dudan: González Peña saldrá indultado, porque el Presidente de la República será el primer y más acérrimo defensor del indulto. La misma opinión comparten todas las izquierdas y hasta el propio sentenciado.

Apenas hecha pública la condena, se produce una movilización de fuerzas izquierdistas, en prueba de que se hallan alerta y apercibidas. La campaña en favor del indulto se enciende y propaga de un extremo a otro del país. El rescoldo revolucionario que permanecía latente, va a convertirse en llamarada. González Peña lo califica de «gran resurgir de las izquierdas». El frente izquierdista se inicia en una reunión celebrada en la redacción de La Libertad de Madrid (31 diciembre, 1934). A ella asisten Martínez Barrio, Barcia, Albornoz, Gordón Ordas, Botella Asensi y Franchy Roca. Se adhieren Miguel Maura y Cirilo del Río. Las izquierdas, afirma Albornoz, convocador de la reunión, «se encuentran intactas y deben aliarse con las organizaciones proletarias para salvar a la República». Como adelantado de la propaganda para un frente único, rompe el fuego Martínez Barrio con ocasión de un homenaje que le tributan sus correligionarios de Sevilla (6 de enero, 1935). Considera necesaria y urgente la unión de todos los republicanos que acatan la República del 14 de abril, «incluso de los que sin ser de izquierda la sirvan con lealtad». Insiste en esta recomendación en otros actos y en Algeciras (8 de marzo), apunta la posibilidad de una disolución de Cortes y llama a la unión «a todos los que quieran salvar a la República, no importa el campo de donde procedan».

El Gobierno abre la mano a la propaganda hablada y levanta el estado de guerra (23 de enero), con excepción de las provincias de Madrid, Barcelona, Asturias, Aragón, León, Santander y Palencia. A partir de este momento, no hay domingo sin abundante floración de mítines, de los que se despeñan cataratas de oratoria colérica y truculenta, contra el Gobierno y las instituciones de una República «en poder de traidores». Los ataques más feroces son contra el Ejército, al que se le hace responsable de «crímenes nefandos en la represión de Asturias». Se anuncia «justicia implacable el día del triunfo, aunque se conmuevan los cimientos del Estado y se derrumben los altares». El indulto de González Peña es una exigencia de la revolución que no puede ser negada sin que sobrevengan trastornos gravísimos. En los mítines se lee un manifiesto de los emigrados en París, encabezado por las firmas de Prieto, Belarmino Tomás y Amador Fernández, dirigido a las organizaciones proletarias del mundo. «La cabeza de González Peña —se dice—, obrero de la mina, la exige la burguesía como trofeo sangriento de una España regida por un clericalismo fanático.»

Secundan la propaganda oral periódicos y hojas clandestinas filtradas en fábricas, talleres, tajos, cuarteles y oficinas públicas, con excitaciones a la violencia y consignas revolucionarias. Unas proceden de los focos sindicalistas, otras de los socialistas, las más del comunismo  «No hemos sido vencidos ni aplastados —escribe el periódico Octubre, portavoz de la Juventud Socialista—. El que estemos de momento hundidos no significa nada: es un descanso, un chapuzón para arrancar con más brío. No hemos perdido nuestra fuerza, por el contrario ha crecido al mismo tiempo que nuestra experiencia revolucionaria... Siguiendo el camino que Lenin señaló a los bolcheviques rusos, tenemos el triunfo seguro.»

Se suceden las detenciones de Comités que conspiran y se afanan por rehacerse a la vez que protegen a los delincuentes ocultos y les ayudan a salir de España. Los brotes de erupción revolucionaria son cada vez más numerosos. La Prensa izquierdista hace la apología de Octubre y arrecia la ofensiva contra la «represión sangrienta». A los cinco meses de la insurrección sólo cuenta el «heroísmo» de los rebeldes y la «crueldad» de quienes los derrotaron.

La C. N. T. publica Revolución Social; el Comité Provincial de Madrid del Partido Comunista, Frente Rojo; el Partido Comunista, Bandera Roja. Las Juventudes Socialistas, U H P. He aquí algunas muestras de la prosa de estos libelos: «España chorrea sangre por los cuatro costados. El Gobierno siembra la muerte en su derredor a manos llenas. Asturias sigue siendo la victima de unas bandas de locos sedientos de sangre, de asesinos y de ladrones vesánicos» (Revolución Social). «Hemos de esforzarnos todos en extender por toda España un Frente Único con una sola dirección. Por eso España entera debe ser en la próxima insurrección una inmensa Asturias roja que asombre al mundo» (Frente Rojo). «Bajo un régimen de terror, vigilados por un Gobierno sanguinario, se ha creado un Comité de enlace de los partidos socialista y comunista; se han fusionado los Sindicatos comunistas y socialistas de mineros; se han creado Comités de enlace en siete fábricas siderúrgicas de Vizcaya; se trabaja por la unidad sindical en Madrid, en diversas profesiones» (Bandera Roja). «U. H. P. refleja en sus páginas cuantas infamias y traiciones se han cometido contra los trabajadores por el Gobierno radical cedista. Asturias clama venganza» (U. H. P.).

El hervor revolucionario y la ascendente marea subversiva preocupa y atemoriza a las derechas, al advertir que el Gobierno es impotente para frenar los ímpetus extremistas. La batalla a la revolución, prometida en los grandes discursos, no se riñe, y buscando la causa de este fracaso los dirigentes cedistas creen encontrarla en su escasa representación en el Gobierno, desproporcionada a su fuerza parlamentaria. Criterio compartido por los agrarios, que se consideran también preteridos. Resolver el problema que estos desequilibrios plantean es tarea compleja, pues requiere previa coincidencia de propósitos en la labor política a desarrollar. «El problema planteado por la C. E. D. A. —escribe El Debate— radica en la necesidad de un ritmo más rápido y de mayor volumen en la acción del Gobierno. Esta necesidad se refiere tanto a la labor puramente de Gobierno como a las tareas legislativas.» El ánimo de los gobernantes está absorbido por la condena de González Peña. Su indulto, ¿no quebrantará la alianza radical-cedista? En este caso, cuanto se ha proyectado será en precario y sobre bases movedizas de arena.

El jefe de los agrarios, Martínez de Velasco, y el progresista Pita Romero cesan como ministros sin cartera (6 de enero). Han desaparecido, explica aquél, los motivos que justificaban mi presencia en el Gobierno como deber patriótico. Pita Romero continuará como embajador cerca de la Santa Sede. La salida de los dos ministros es una facilidad brindada a Lerroux para resolver la crisis que se avecina.

Menudean las entrevistas del jefe del Gobierno con Gil Robles, Martínez de Velasco y Melquíades Álvarez. Interviene en la negociación de lo que se prepara el presidente de las Cortes.

Las cosas marchan bien, dicen los jefes políticos. La coalición garantiza la estabilidad del Gobierno Gil Robles, más explícito, aclara: «Hemos llegado a un completo acuerdo en cuanto a planes legislativos y gubernativos.» Ministros y ex ministros radicales otorgan a Lerroux un voto de confianza para organizar el Gobierno. Terminados los preparativos y obtenida la autorización del presidente de la República, Lerroux anuncia (22 de enero) que Rocha, ministro de Marina, desempeñará la cartera de Estado y Gerardo Abad Conde, de escaso relieve político, la de Marina. Extraña y decepcionante crisis. En apariencia todo sigue igual. El problema no ha sido resuelto, sino aplazado hasta que se ventile el pleito que planteará la condena de González Peña.

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Cuando se reanudan las sesiones de Cortes (23 de enero) y se da cuenta de forma rutinaria de los cambios de cartera, Ventosa pide «algo más que el parte facultativo de la crisis». «En mi experiencia política, que va siendo larga —dice—, conozco pocos casos de un Gobierno que haya tenido un desgaste tan rápido y tan grande.» «Al cabo de tres meses y medio, cuando tan necesario es el concurso de la opinión pública para la eficacia de las sanciones por la subversión revolucionaria, se aprecia un movimiento de protesta y una campaña contra la represión que no se ha efectuado de manera eficaz. El mismo Ejército, al cual se le ha hecho ejecutor de la justicia, se ve complicado en esta misma campaña por la lentitud y la vacilación del Gobierno.» «¿Qué eficacia ha tenido el proyecto sobre agravación de penas por tenencia ilícita de armas? ¿Cuántas son las armas que se han recogido? ¿Es que en Madrid y en Barcelona, por ejemplo, no se ocultan cantidades «normes de armamento? Hoy, después de tres meses y medio de actuación del Gobierno subsiste la amenaza revolucionaria como la víspera del día 6 de Octubre.» «La ley regulando el régimen transitorio en Cataluña ha sido violada desde el primer momento.» «Lo que hacéis en Cataluña manteniendo esta situación de interinidad, despiertos todos los apetitos y concupiscencias, es preparar la apoteosis y la vindicación de todos los Gobiernos de Esquerra.» «Creo sinceramente que la obra que ha realizado el Gobierno desde el 6 de Octubre hasta la fecha ha sido deprimente para España.»

Habla a continuación Calvo Sotelo. La solución de la crisis ha dejado las cosas como estaban, «sin otra novedad que la incorporación del señor Abad Conde, distinguido paisano mío y eminente masón». Continúa la infiltración tentacular de la masonería en todos los órganos del Estado, incluso en los militares. Por otra parte, el problema económico se agrava. Los presupuestos se liquidan cada año con mayor déficit; el de 1935 se anuncia de 800 millones de pesetas. La campaña internacional antiespañola no cesa, con el concurso de compatriotas que hacen gala de ello. Respecto a la revisión de la Constitución, «¿cómo habéis admitido que la iniciativa parta del Presidente de la República, y, sobre todo, de un presidente elegido como lo ha sido el actual?» «Niego que el Presidente de la República tenga independencia política para proponer la revisión de la Constitución que elaboraron las Cortes que a él le eligieron.»

El jefe de la C. E. D. A., en su papel de árbitro y conciliador se refiere a la pasada crisis y con palabras enigmáticas dice que «se ha resuelto de momento un problema que la realidad planteaba, pero que en su día tendrá solución adecuada». «Hago —añadió— la afirmación categórica y solemne del acuerdo de todos nosotros de cumplir el programa tanto en el orden parlamentario como gubernativo, en cuanto estimamos de necesidad patriótica.» Lerroux, en respuesta a las censuras de Ventosa por la lentitud y vacilaciones en sancionar a los culpables de Octubre, explica: «Nosotros hemos querido que se cumpla la justicia conforme a la ley y no podíamos ser más expeditivos que los Tribunales militares.»

Una proposición de ley firmada por diputados monárquicos reclama «el levantamiento inmediato del estado de guerra». José Antonio Primo de Rivera, primer firmante, manifiesta que al prolongar indefinidamente el estado de excepción, «el Gobierno desgasta su propia autoridad, y de paso el prestigio y la autoridad del Ejército, al hacerle responsable nominal de todo lo bueno y lo malo que bajo este período ocurra». En dos proposiciones de ley, una de diputados regionalistas catalanes y la otra de monárquicos, se piden «normas prefijadas y equitativas para la aplicación de la previa censura de Prensa».

El ministro de la Gobernación, Vaquero, recuerda que «en años recientes, en períodos de gran ambiente de libertad, si no se aplicaba la previa censura, en cambio, se suspendían indefinidamente los periódicos». «La censura, como la aplicación de la pena de muerte y otras medidas rigurosas que repugnan a los espíritus liberales, son todavía necesarias a la hora de asumir las responsabilidades anejas al rectorado de los países.»

La Cámara dedica un homenaje necrológico (31 de enero) a la memoria del ex presidente del Congreso de los diputados y del Consejo de ministros, don José Sánchez Guerra Martínez, fallecido el 26 de enero de 1935 y acuerda concederle a su viuda, doña Luisa Sáinz, una pensión de 20.000 pesetas anuales.

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Diputados de Unión Republicana, con Martínez Barrio al frente, en una proposición de ley formulan a las Cortes un ruego para que el Gobierno «reponga los Ayuntamientos, alcaldes y concejales destituidos o suspendidos sin observancia de lo preceptuado en la Ley Municipal vigente». Diputados regionalistas catalanes, con Ventosa como primer firmante, solicitan en otra proposición de ley (6 de febrero) que el Congreso estime necesario el restablecimiento sin demora de la normalidad de la vida municipal en Cataluña y de una manera especial en Barcelona. Por graciosa decisión de Pórtela, la alcaldía de la Ciudad Condal ha sido confiada a José Pich y Pon, antiguo lerrouxista, y la administración municipal a un grupo de concejales radicales, desacreditados. «Ni los Bancos, ni quienes tengan que contratar con Pich y Pon —afirma Ventosa— estarán muy seguros de que realmente esté facultado para negociar y comprometer la hacienda y el futuro de la ciudad.»

Los temas de interés agrario son los que acaparan la atención y el tiempo de las Cortes. A la ley de Arrendamientos Rústicos en plena discusión se suma una proposición de ley de los cedistas, para que se tramite con urgencia el proyecto de reforma de la Reforma Agraria, y que mientras tanto cesen las incautaciones de fincas rústicas a los particulares. «Que hace falta la Reforma Agraria —exclama el ministro de Agricultura — es algo que todos estamos convencidos, aunque desgraciadamente a posteriori y no a priori, cuando debió hacerse.» «Ello explica muchas cosas que han ocurrido después. Es un medio heroico para salir de una situación desastrosa. Yo traeré en breve a la Cámara la reforma de la Reforma Agraria. Tengo la sospecha de que la ley que voy a traer no va a agradar a mucha gente». Se ve obligado a hacer esta advertencia, porque sabe de terratenientes, no pocos de ellos afiliados a la C. E. D. A., que con muy variados pretextos burlan la ley o tratan de soslayarla. Contra infractores de otras leyes el cedista Dimas Madariaga y quince diputados de la minoría piden a los ministros de Trabajo, Obras Públicas y Gobernación informen de las medidas «que se proponen adoptar en relación con las decisiones de determinadas entidades patronales que prestan un servicio público, sobre suspensión o derogación de mejoras logradas por su personal». Dichas entidades suponen que el clima político es favorable para este género de infracciones y otros abusos.

En la discusión inacabable por la plétora de enmiendas a la ley municipal, Calvo Sotelo, al referirse a la anormalidad constitucional, endémica en España, hace (13 de febrero) un curioso cálculo: «He echado unas cuentas —dice— sobre el tiempo que ha vivido España con plenitud constitucional desde el 14 de abril acá y no me salen más que veintitrés días, en la totalidad del territorio. Desde que se proclamó la República, hasta que existió Constitución, vivió con un Estatuto provisional y cuando se proclamó la Constitución, un estrambote hacía valedera todavía la Ley de Defensa de la República, que sólo perdió su vigor en agosto o septiembre de 1933. Pero desde entonces acá, sólo ha habido veintitrés días de normalidad constitucional en toda España; en un sitio o en otro, cuando no en todo el país, se declaraba el estado de prevención, el de alarma o el de guerra, en el que nos encontramos desde Octubre en gran parte del territorio; desde luego, en el de alarma, en toda España.»

Cambó (15 de febrero) cree que Calvo Sotelo se equivoca cuando dice que la democracia es incapaz de resolver los grandes problemas contemporáneos. Por el contrario, donde esos problemas están más complicados y lejos de una solución es en aquellos países que han abandonado los regímenes democráticos. Temo que el poco interés que inspira este debate se deba a cierta sensación que muchos tienen de que este proyecto no es más que de relleno, y no se va a aprobar, lo cual sería una gran desgracia. «Estoy en absoluto conforme con el señor Calvo Sotelo —añade Cambó— cuando echa de menos que en la ley no figure un régimen electoral para los Municipios, que puede ser distinto del régimen electoral que se adopte para las elecciones de Diputaciones o del Parlamento. En España la única manera de que los municipios sean Corporaciones económico-administrativas y no esencialmente políticas es que se elijan sus miembros por el sistema de representación proporcional.»

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En su discurso Cambó había dicho: «Asistimos a un período de debilidad del Poder público, como quizá no lo habíamos vivido nunca, y esta debilidad, que nace en el sistema colectivo, se refleja en la Cámara, pues yo he de decir que no he pertenecido a ninguna tan insensible a las heridas que se infieran al interés público como la Cámara actual. Si el Parlamento está resultando ineficaz, la culpa no es de los diputados: jamás hemos visto una ausencia tan constante del presidente del Consejo de las deliberaciones de la Cámara». Lerroux, que simultanea la jefatura del Gobierno con el Ministerio de la Guerra, esquiva los debates del Parlamento, y con mucha más razón cuando atañen a cuestiones espinosas como la planteada el 15 de febrero por el diputado republicano independiente Cano López, sobre infiltración de la masonería en el Ejército. En la proposición, no de ley, firmada por diputados monárquicos y algunos cedistas, se pide al Gobierno la adopción de medidas que impidan a ningún miembro de los Cuerpos armados el ingreso en la Masonería, «cuyos mandatos obligan con votos, tantas veces incompatibles con los altos intereses de la patria». Muchos testimonios alegados por el diputado prueban la gran influencia de la Masonería en la vida política española. Por lo que se refiere al Ejército, de los veintiún generales de División son masones los siguientes: López Ochoa, Miguel Cabanellas, Gómez Morato, Riquelme, Núñez del Prado, Gómez Caminero, Villa Abrille y Molero. Son también masones los generales de Brigada Urbano, Llano, Miaja, Jiménez, López Gómez, Martínez Monje, Cruz Boullosa, Martínez Cabrera, Pozas, Castelló, Ro­merales y Fernández Ampón. Amplía la denuncia con otra lista de coroneles, entre continuas interrupciones y avisos del presidente de la Cámara, para que no lance ligeramente nombres a la crítica sin más pruebas. En la reciente combinación de altos cargos, la mayoría de los designados — afirma— son masones, y recuerda que Pérez Farrás al salir del Consejo de guerra que le condenó a muerte exclamó: «Ahora veremos qué hacen los hermanos.» Cumplieron muy bien, puesto que fue indultado.

En medio de grandes alborotos, el ministro de la Gobernación recuerda que la Masonería ha existido legalmente en España antes de la República. «Ignoro —añade— si en la actualidad existen actividades de ese género. Además, hay que demostrar que la Masonería sea enemiga de la patria.» Por otra parte, si es una sociedad secreta, ¿cómo se puede afirmar de una persona que pertenece a ella? Tengo a todos los militares por unos perfectos caballeros y patriotas, «y estoy seguro de que la sangre de esos hombres está deseando extravasarse de sus venas, si es necesario, para servir a España». «Lo de esta tarde es una pesadilla que esperamos no volverá a repetirse.» El diputado Cano insiste en preguntar si un militar puede o no pertenecer a la Masonería. No logra respuesta. Cuando más encrespada está la polémica, interviene Gil Robles, da un giro habilidoso a la cuestión y la desvía de su objetivo, para salvar al Gobierno de un peligro cierto. «No cabe duda de que el sentido que se ha dado a la proposición — y si no lo tiene, nosotros se lo damos plenamente— es procurar que dentro del Ejército impere una disciplina que ninguno de sus miembros la altere, sometiéndose a una ideología incompatible con la única y suprema disciplina. Ese criterio lo comparte el Gobierno y en ese sentido puede contarse con nuestros votos. Para nosotros la disciplina del Ejército es única e intangible y no puede confundirse con otras de orden ideológico, social o político.» Pero, ¿dónde está el Gobierno?, pregunta el diputado Díaz Pastor. ¿Allí, o ahí?, dice, indicando alternativamente al banco azul y a la minoría de la C. E. D. A.

El escándalo no cesa. Cano se muestra dispuesto a retirar su proposición si el Gobierno declara que el Ejército es incompatible con la Masonería. Gil Robles contesta: «El Gobierno impedirá actividades políticas en el Ejército, vengan de donde vengan, incluso de las logias. El problema para nosotros está zanjado.»

En votación nominal la proposición es aprobada por 44 votos contra 42, mas el Presidente advierte que el resultado no es válido, por no haber tomado parte por lo menos cien diputados, como prescribe el Reglamento.

La excitación va en aumento. Gil Robles se desvive por ordenar aquel desconcierto. «Muchos miembros de nuestra minoría —dice—, por entender que la cosa estaba suficientemente clara, y que las palabras del ministro de la Gobernación habían recogido el espíritu de la proposición, no han votado. Pero no debe interpretarse el retraimiento como maniobra política. Y si el Reglamento lo permite, puede repetirse la votación y de acuerdo con el criterio expuesto por el ministro, la apoyaremos. Si lo que se busca es romper el bloque gubernamental, digo que aquí no hay cuestión política. Yo votaré un criterio que comparte el Gobierno.» El ministro de la Gobernación confirma que el Gobierno no hace de la proposición cuestión de confianza.

Cambó declara: «Para no colaborar en este espectáculo lamentable, la Lliga Catalana, por amor a las instituciones parlamentarias no participa en votaciones que las desprestigian.» Que se haga o no cuestión de Gabinete —afirma Goicoechea—, «si el Parlamento declara incompatibles las orga­nizaciones secretas y la disciplina del Ejército, el Gobierno no tiene otro remedio que acatar y cumplir esa voluntad». El agrario Royo Villanova ruega rendidamente al Gobierno, «de rodillas, si es preciso», que deje sin efecto el nombramiento del general Gómez Caminero para el mando de la División de Galicia. Su actuación en Valladolid escandalizaba a las gentes de orden, y fue gobernador militar de Málaga durante la quema de conventos.

En uso de sus facultades, el presidente del Congreso dispone nueva votación. Esta vez se aprueba la proposición por 82 votos contra 26. Entre los votantes en contra figura el ministro de la Gobernación, el presidente de la Cámara y varios radicales.

* * *

Advertidos los monárquicos de cuán endeble es la coincidencia radical-cedista en esta cuestión masónica y de la posibilidad de abrir una brecha en el bloque gubernamental, insisten en el ataque con otra proposición (27 de febrero), que encabeza Maura (Honorio). Se pide en ella explicación explícita sobre medidas adoptadas por el Gobierno, para impedir que ningún miembro de los cuerpos armados pueda pertenecer a la Masonería, y las razones para mantener en altos mandos a generales a quienes se les supone afiliados a la Masonería. La minoría radical replica en el acto con otra proposición de que «no ha lugar a deliberar sobre el asunto», porque, dice Sierra Rustarazo, está juzgado, y la declaración que hizo en su día el Gobierno satisfizo a los núcleos mayoritarios de la Cámara. En nombre del Gobierno, el ministro de Estado, Rocha, ya que tampoco a esta sesión asiste Lerroux, dice que se hará cumplir el decreto de 1934, en virtud del cual «los militares de todas las categorías no podrán pertenecer a grupo o asociación en que pudiera exigírseles intervención en política». Maura cree que el citado decreto es un «camelo». «Lo cierto es que —agrega— las organizaciones masónicas siguen activas y no se ha revocado ningún alto cargo.» «El Gobierno debe declarar, por boca de su jefe, que por cierto siempre está ausente, si quiere cumplir los acuerdos de la Cámara.»

El ministro de Estado reitera de manera clara y terminante que prohibirá a los militares las actividades políticas, y el embrollo es tan grande, por la desconfianza de los autores de la proposición, que Gil Robles de nuevo se ve obligado a proclamar «nuestra significación contraria y de absoluta incompatibilidad con lo que es y representa la Masonería». «Tenemos plena confianza en que el Gobierno aplicará aquellas medidas que juzgamos indispensables.» «A mí me basta la coincidencia en unos postulados comunes de índole patriótica con el partido radical, para que me proporcione la satisfacción de que nuestros ministros se sienten a su lado.» «Nosotros vamos a votar la proposición de «no ha lugar a deliberar», porque tenemos la seguridad de que el Gobierno cumplirá su promesa.» Verificada la votación, la gana el Gobierno por 111 votos contra 28.

Así, de esta manera, sorteando mil escollos y capeando el temporal que levantaron los monárquicos, sin que el Gobierno exponga de manera precisa cuál era su pensamiento, el Parlamento considera liquidado el pleito de la infiltración masónica en el Ejército.

CAPÍTULO 58

INDULTO DE GONZÁLEZ PEÑA Y CRISIS TOTAL