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CAPÍTULO
58.
INDULTO
DE GONZÁLEZ PEÑA Y CRISIS TOTAL
Resulta
verdad inconcusa que la C. E. D. A. se ha integrado en la República, a la que
sirve con lealtad. Cierto es también que muchos cedistas asisten con desconfianza y recelo al experimento, dispuestos a desertar en
cuanto comprueben que no les lleva al prometido régimen pacifico, ordenado y
justo. Los monárquicos, alarmados por aquella impregnación republicana de las
masas derechistas, se esfuerzan por sacar a éstas del error, avisándolas de que
a la revolución no se la vence con habilidades y votos y de que se daña al país
y a los ideales con una participación en el Poder precaria y humillante.
Como el
ministro de la Gobernación ratifica que el Gobierno se dispone a celebrar
elecciones municipales en abril o mayo, los diarios monárquicos y A B C el
primero abogan por la unión de las derechas, pues de lo contrario el triunfo de
las izquierdas será seguro. Los dirigentes y la Prensa cedistas prestan poca atención a estas admoniciones, porque, seguros de su fuerza, se
consideran invencibles.
Gil Robles
tiene puesta su atención en Cataluña, donde el núcleo organizado por Cirera Volta y Anguera de Sojo hace progresos. Los jefes de
derechas creen que en Cataluña, decepcionada por el final catastrófico de la
aventura del 6 de octubre, ha remitido la fiebre autonomista y muchos catalanes
desean afiliarse a organizaciones políticas de carácter nacional. Agrarios,
monárquicos de todas las ramas, cedistas, aspiran a
instalarse allí. Gil Robles recorre Cataluña y encuentra en todas partes
grandes auditorios. A la Lliga Catalana le alarma
aquella intromisión alevosa en su feudo. Cambó en el Ateneo Catalanista de
Barcelona (8 de febrero) dice: «Los que nos visitan en viaje de propaganda
deben tener en cuenta que Cataluña no es un partido, que esto es un conjunto de
fuerzas, de iniciativas, de espíritu de patriotismo que ha hecho de un pequeño
territorio una cosa tan fuerte que si el resto de España se le pareciera,
España sería la primera potencia de Europa.» En Tarragona (26 de febrero)
ironiza a cuenta de los que olvidándose de los problemas más acuciantes «vienen
a organizar políticamente a los catalanes, aprovechándose de nuestra desgracia
actual». Dice también: «Mientras en el Gobierno de España no figuren catalanes,
será incompleto, porque los catalanes poseen como ningún otro el sentido
práctico y realizador.»
La disputa
más fuerte es la entablada entre los monárquicos y la C. E. D. A., siempre
sobre el accidentalismo y la táctica. A partir de mediados de febrero, no
obstante estar vigente el estado de excepción, Acción Popular, Renovación
Española, el Bloque Nacional, los tradicionalistas y los nacionalistas de
Albiñana van por ciudades y pueblos a conquistar adeptos. Los monárquicos
movilizan sus mejores oradores: Calvo Sotelo, Goicoechea, Pradera, Pemán, Sáinz
Rodríguez, condes de Vallellano y Rodezno, Lequerica, Maeztu, Fuentes Pila,
Bau, Maura (Honorio), Serrano Jover, Fal Conde,
Hernando de Larramendi, Zamanillo y otros. «No creo —afirma Calvo Sotelo— en la
revisión constitucional. Vivimos patológicamente una revolución en fase de
epílogo y de prólogo. La ocasión sería aprovechada por la revolución para
surgir de nuevo. El problema no es de revisión, sino de sustitución.» «El
accidentalismo es geométricamente la primacía de la curva sobre la línea recta.
Esta primacía es en lo político rapidez; en lo espiritual, inelegancia; en lo
moral, mutilación, cuando no claudicación. El accidentalismo si gobierna tiene
que retorcer su corazón. Si no gobierna, ha fracasado.» También son frases de
Calvo Sotelo estas: «La República no es más que un asilo de tránsfugas. No
admito contacto alguno ni con ella ni con ellos. Se han sucedido cincuenta y
cuatro ministros en siete carteras y alguno de esos ministros ha sido nombrado
con el simple propósito de darle una pensión vitalicia.» «Se engañan —afirma
Sáinz Rodríguez — los que creen que Gil Robles va a sacar la restauración de un
recodo de su laberinto.» José F. de Lequerica entiende de este modo la unión de
derechas (A B C, 1 de febrero): «Unión de derechas nacionales con programa
máximo, con decisión para destruir la obra revolucionaria. Permanente,
decidida, sin posibilidades de inteligencia con el enemigo, ni de fugas
estratégicas al día siguiente de la victoria. Con doctrina y propósitos de
largo alcance.»
Por cada
mitin monárquico Acción Popular celebra diez. Gil Robles y sus ministros participan
en los más importantes. «A las críticas que se nos hacen —son palabras del jefe
de la C. E. D. A. en Zaragoza (10 de marzo) — respondemos con un programa.»
«¿Por qué colabora Acción Popular en el Gobierno? Porque siguiendo la táctica
que nos hemos trazado, avanzamos por el único camino viable para convertir la
República en un régimen para todos los españoles. Los republicanos trajeron la
República para su provecho y para atacar desde el Poder a sus enemigos
políticos. Y como no podíamos consentir que se destrozase a España, nos
dijimos: Entremos dentro y transformaremos la República de manera que sea
beneficiosa para todos los españoles.» «Claro es —añadía Gil Robles — que esta
colaboración no va a ser indefinida. No es más que el primer paso para hacernos
cargo del Poder que nos corresponde... Hemos procurado dar a nuestro partido un
sentido gubernamental, que sólo se adquiere con la actuación presente,
demostrando que tenemos el sentimiento de lealtad. Cuando no se nos da
íntegramente lo que deseamos, nos conformamos con una parte, con la esperanza
de obtener el resto más adelante. Pretendemos resolver todos los problemas con
urgencia —reforma constitucional, paro obrero, déficit económico— y hemos
señalado los medios. Si hay quien no se atreve a aplicarlos, que nos dejen el
campo libre para que lo hagamos nosotros.» Ante una gran masa concentrada en el
Hipódromo de Armilla (Granada) (17 de marzo), Giménez Fernández declara: «Si la
República trae como ventaja que seamos hermanos y una equiparación más justa
entre todos, seré republicano toda mi vida. Las leyes harán que por las buenas
o las malas, los sinvergüenzas cumplan como personas decentes.» Y Gil Robles
anuncia en el mismo acto: «En la próxima semana presentaré una proposición para
obligar al Gobierno a movilizar los cien millones del fondo del Centro de
Contratación de Moneda, para dedicarlos a combatir el paro forzoso y la
votaremos y conminaremos a que se realice, pues yo, que he cedido tantas veces
y he corrido el riesgo de que se me llame traidor, esta vez ante el hambre de
mis hermanos no puedo ni debo ceder. España necesita mano firme que no tiemble,
y si vacila, apartaré esa mano para poner la mía.» En tono autoritario se
expresa ante una asamblea del Bloque Agrario en el teatro Bretón de los
Herreros de Salamanca (24 de marzo): «Por vosotros y vuestros ideales no dudaré
en romper todo compromiso y coalición, aunque para ello tenga que ir a la
disolución de Cortes. Si os unís, seréis una fuerza tan arrolladora que después
de lo divino no habrá nada tan fuerte como vosotros. Somos invencibles. España
está en nuestras manos y quien se atreva que presente batalla.»
En menor
escala, también los republicanos de izquierdas salen al terreno de la
propaganda; acusan de fascista y reaccionario al Gobierno, le niegan el título
de republicano, le endosan toda la responsabilidad de los sucesos de Octubre,
de los crímenes de la represión, de la miseria del proletariado, de resucitar
en el campo al señor de horca y cuchillo y de la podredumbre en que se
descompone el régimen. Los socialistas y comunistas permanecen inactivos; la
mayoría de sus líderes están en el exilio, procesados o en la cárcel.
En un clima
de inseguridad, el Gobierno; y en especial los ministros de la C. E. D. A., se
esfuerzan por realizar una obra legislativa que patentice su paso por el Poder
y dé cumplimiento a lo prometido. El ministro de la Gobernación, Vaquero, lee a
las Cortes (6 de febrero) un proyecto de ley de Prensa, para acabar con el
régimen de censura permanente desde la instauración de la República. Los
periódicos, sin excepciones, acogen el proyecto con hostilidad, y todavía con
mayor encono el dictamen de la Comisión parlamentaria, pues afirman que con él
la función de la Prensa y sus derechos quedan al arbitrio y conveniencia del
Gobierno: aumenta las responsabilidades de la Prensa y los procedimientos para
exigirlas; establece la censura previa como recurso normal. Tan unánime y
violenta es la repulsa, que el Gobierno acuerda en Consejo de ministros retirar
el proyecto para reformarlo. A la lista de los periódicos suspendidos como
consecuencia de los sucesos de Octubre hay que añadir Heraldo de Madrid y El Pueblo, que sustituye a El Socialista. Se les sanciona por
sus excitaciones a la subversión. En virtud de un proyecto de ley aprobado en
las Cortes (14 de marzo) por 225 votos, el precio de los periódicos diarios se
eleva de diez a quince céntimos.
* * *
La batalla
más recia se riñe en torno a los proyectos del ministro de Agricultura, Giménez
Fernández, que acentúa en ellos su tendencia socializante, siempre dentro de
las doctrinas de las Encíclicas, lo cual constituye piedra de escándalo para
muchos correligionarios y no pocos agrarios y monárquicos, adversarios del
«bolchevique blanco», como denominan al ministro y catedrático por sus audaces
ideas sobre la propiedad.
La Ley de
Arrendamientos rústicos avanza penosamente y obliga al ministro a una
intervención incesante en defensa del proyecto. Igual sucede con el dictamen
de la Comisión de Agricultura sobre la ley de autorizaciones para la resolución
del problema planteado en el mercado del trigo por el stock de unas 600.000
toneladas de cereal al que es necesario dar salida. Propone el ministro que una
gran empresa controlada por el Estado y con un plan de licitación se encargue
de vender el trigo. «No tengo miedo a las grandes empresas cuando hay un
Parlamento donde cada cual puede decir lo que le venga en gana y hacer las
fiscalizaciones.» En vista del retraso en la discusión de la Ley de
Arrendamientos rústicos y como apremia resolver el problema de los yunteros de
Badajoz, el ministro presenta un proyecto de ley sobre incremento de áreas de
pequeño cultivo, que la Comisión de Agricultura dictamina «no es admisible ni
por su orientación, ni por su oportunidad». El ponente es el cedista Azpeitia.
La ley
promulgada (27 de febrero) para la resolución del problema planteado en el
mercado de trigos, autoriza al ministro de Agricultura para bonificar al tipo
máximo del 9 por 100 anual, englobados intereses y gastos, las retenciones
voluntarias de trigo que hasta el límite de 600.000 toneladas ofrezcan las
Asociaciones agrícolas o los particulares. El mercado será regulado por un
órgano estatal, comprador al precio de tasa, regulador de la siembra y de las
importaciones. Como numerario se utilizará la diferencia en el precio del maíz
importado, el canon de una peseta por 100 kilos en todas las operaciones de
compra-venta de trigo y el capital privado que pueda obtenerse mediante
concurso público.
Las Cortes
en sesiones diurnas y nocturnas simultanean la discusión de la Ley de
Arrendamientos con otra del ministro de Agricultura sobre regulación del empleo
y mercado de alcoholes y con las bases para el proyecto de ley municipal
presentado por el ministro de la Gobernación. Otro proyecto leído por el
ministro de Agricultura (28 de febrero) trata de regular y estabilizar la
producción azucarera. La ley de Arrendamientos rústicos es aprobada (14 de
marzo), por 189 votos contra 38.
Terminada la
votación, el tradicionalista Domínguez Arévalo anuncia que su minoría ha votado
en contra de la ley, porque además de considerar algunos de sus artículos
perturbadores ha sabido con asombro que en Consejo de ministros celebrado por
la mañana bajo la presidencia del Jefe del Estado se ha acordado una cosa tan
insólita como la presentación de otro proyecto con modificaciones a la ley que
acaba de aprobarse. También los regionalistas catalanes, dice Ventosa, «estiman
perturbadora la ley, por no estar conformes en lo esencial con nuestro régimen
jurídico ni con el económico.» La Unión Republicana cree, y así lo manifiesta
el diputado Lara, que el proyecto primitivo del ministro de Agricultura ha sido
deformado. Por el contrario, tanto Gil Robles como el ministro Giménez
Fernández sostienen que la ley no ha sufrido modificación esencial, y que con
ella se presta al orden jurídico y a España un gran servicio. «Como todas las
obras humanas —afirma Lerroux—, tiene defectos, que a nuestro juicio es
necesario rectificar. Pero vamos a esperar a que sea promulgada para estudiar
las convenientes reformas.» La declaración del jefe del Gobierno corrobora la
decisión del Consejo de ministros de rectificar los fallos de la ley. ¿Cuáles
son estos? Sin duda, los expuestos por el diputado Del Río, amigo íntimo del
Presidente de la República, en un discurso después de la votación (14 de
marzo); la prohibición de acceso a la propiedad de los arrendatarios y la
negación de las mejoras prometidas a éstos; la falta de seguridad al cultivador
sobre la tierra mediante la prórroga indefinida del contrato, principio básico
en el proyecto del ministro. No obstante lo cual, a Giménez Fernández «la ley
le satisface plenamente», si bien «he de confesar paladinamente que en ciertos aspectos
hubiera sido para mí más deseable que estuviese redactada tal como yo la
pensé», aunque «ninguna de las modificaciones introducidas afecta, lo declaro
solemnemente, a ninguno de los puntos fundamentales».
En la sesión
siguiente (15 de marzo) la discusión del dictamen relativo al proyecto de ley
sobre incremento de áreas del pequeño cultivo pone de manifiesto las
discrepancias doctrinales de muchos cedistas con el
criterio del ministro, al entender la Comisión, por boca del diputado Azpeitia
que no es el momento más propicio para una ley de esta índole de carácter
coactivo, que establece en realidad un arrendamiento forzoso», por lo cual, y
«visto que no resuelve la situación, rogamos al ministro de Agricultura que nos
dé otra fórmula que conduzca al mismo fin». La Comisión, replica Giménez
Fernández, «no se ha percatado de la naturaleza y alcance del proyecto». «Si
por socialismo se entiende todo aquel sistema que trata de la reforma de la
sociedad, no la que piden los que no han hallado el mundo organizado a su gusto
para vivir ellos bien, sino la que desean los que, al ver que las cosas están
mal, quieren que se organicen mejor, yo soy socialista.» «¿Cómo vamos a esperar
el resultado de la ley de Arrendamientos, si todavía no ha empezado a regir y
no sabemos cómo se plantearán los asuntos, ni cuál será la confianza que van a
tener los propietarios, después de todas las cosas que se han dicho aquí?»
En la
votación de una enmienda del radical Álvarez Mendizábal, que sostiene el
criterio del ministro, se pone en evidencia el desacuerdo de la minoría cedista ante los proyectos agrícolas. Consigue la enmienda
115 votos contra 82. La mitad de éstos son de correligionarios del ministro de
Agricultura. Los adversarios más declarados a los proyectos de Giménez
Fernández se encuentran en las propias filas de la C. E. D. A.
* * *
A las pocas
semanas de dominada la revolución de Octubre estimó el Gobierno necesario
esclarecer cómo habían sido provistos de armamento los rebeldes, en particular
los mineros asturianos, y el procedimiento de que se habían valido para
adquirir del Consorcio de Industrias Militares, dependiente del Ministerio de
la Guerra, las armas transportadas por el buque «Turquesa», una parte de cuyo
cargamento fue desembarcado en San Esteban de Pravia. Con dicha finalidad la
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo designó al juez Alarcón, con plenitud de
poderes para instruir el sumario o sumarios que fuese menester. Tres meses
duraron las diligencias, minuciosas y extensas, pues llegó a declarar incluso
el Presidente de la República. Cuando el juez da por conclusos tres sumarios,
estos se componen de más de tres mil folios, con un peso de ochenta kilos. Uno
de los sumarios se refiere al contrato que dio origen al embarque de armamento
en el «Turquesa»; otro, por la introducción de armas por el puerto de Bilbao, y
el tercero por el hallazgo de explosivos en una finca de la provincia de
Huelva.
Desde que el
testimonio del juez es presentado a las Cortes (15 de febrero), los periódicos
de derechas dan a entender que habrá revelaciones sensacionales y crean un
ambiente de gran expectación. Los intentos de los abogados de Azaña para
impedir que el sumario vaya a las Cortes, cuando su verdadero destino debe ser
el Tribunal de Garantías, contribuyen a acrecentar la curiosidad. ¿Por qué
Azaña no quiere verse acusado ante el Parlamento? El ex ministro Nicolau
D'Olwer se dirige al presidente de la Cámara y «se solidariza con las
responsabilidades que se intenten exigir a Azaña». Los ex ministros Albornoz,
Domingo, Giral, Zulueta, Barnés, Viduales y Franchy Roca «se solidarizan voluntaria y honrosamente con Azaña y su gestión en el
Gobierno y con Casares Quiroga». En nombre de Azaña gestiona Barcia cerca del
presidente de las Cortes, para que a aquél no se le tase el tiempo. El
presidente acepta la condición. La sesión se abre (20 de marzo) con los escaños
y tribunas llenas. Tres son las propuestas de acusación contra Azaña y Casares
Quiroga: una encabezada por el cedista Moutas y
noventa y tres firmas; la segunda de diputados monárquicos y tradicionalistas,
con Goicoechea al frente; la tercera de Esteban Bilbao, con firmas de
monárquicos y tradicionalistas. Las tres acusaciones coinciden en lo
fundamental: concesión de auxilio a los generales, jefes y oficiales
portugueses emigrados con motivo de la fracasada sublevación de 1931;
negociaciones con Horacio Echevarrieta, a fin de facilitar armamento a dichos
emigrados para futuras subversiones, y que también sirve para la revolución
asturiana; desembarco en Bilbao de armamento transportado por el barco alemán «Rolanseck» y traslado de las armas hasta la frontera
portuguesa para los conspiradores, con conocimiento y ayuda de Casares Quiroga;
hallazgo de bombas en una finca de García de Leániz,
en la provincia de Huelva, procedentes del aeródromo de Los Alcázares. Estas
bombas fueron utilizadas por los revolucionarios portugueses y sus explosiones
causaron muchas víctimas. Los acusadores creen que el testimonio del juez
contiene no meros indicios, sino auténticos elementos probatorios de la
existencia de un delito para comprometer la paz o la independencia del Estado
según define el artículo 134 del Código Penal y, en su defecto, el 136. Los
discursos de los acusadores decepcionan. Las tan esperadas pruebas de la
participación de Azaña en el suministro de armas a los revolucionarios de
Octubre no aparecen. Sus conexiones con los conspiradores portugueses tampoco
ofrecen la gravedad denunciada.
Los
discursos de Moutas, Goicoechea y Bilbao no descubren la trama de una intriga
tenebrosa y profunda, capaz de poner en peligro la seguridad del Estado. Sólo
revelan manejos y trapacerías, que no merecían la solemnidad del aparato
parlamentario montado como picota para exponer al acusado a la vergüenza
pública.
Azaña se
levanta engreído y con gesto soberbio a responder a sus impugnadores,
complacido «de la posición singular que muy honrosamente para mí me habéis
regalado en este asunto». El primer chispazo fue el descubrimiento de un alijo
de material de guerra en una playa asturiana. Por la procedencia del material y
por el contrato de que ese material había sido objeto se acreditó que aquello
era una acción de Azaña para armar a la revolución. Como el material procedía
del Consorcio de Industrias Militares y habían sido objeto de un contrato (que
Gil Robles calificó de criminal) celebrado por Echevarrieta con el Consorcio
siendo Azaña ministro de la Guerra, se vino a dar por cierta su complicidad. El
acusado explica minuciosamente su gestión ministerial, sus relaciones con el
Consorcio, entidad creada para fabricar y exportar material de guerra español y
con Horacio Echevarrieta, que tenía varios contratos con el Estado, entre ellos
uno de fusiles concertado en noviembre de 1933, cuando Azaña no era ministro de
la Guerra. Las armas y el material bélico que salieron de las respectivas
fábricas, consignadas a nombre de Echevarrieta en Cádiz, no fueron recogidas
por éste y quedaron abandonadas en los muelles. En agosto de 1934, siendo
Samper jefe del Gobierno, aparece un personaje nuevo, llamado León Soubié, que nadie sabe de dónde viene, quién le manda, de
dónde procede su dinero, para quién compra. Y este Soubié paga al Consorcio ciento ochenta y tantas mil pesetas por la mayor parte del
material depositado en el castillo de San Sebastián de Cádiz, y que se compone
de 500 fusiles máuser, 24 ametralladoras, 3.000 bombas y 300.000 cartuchos de
fusil. ¿Por qué se entrega el material y por orden de quién? El gerente del
Consorcio se ocupa personalmente del rápido despacho de la licencia de
exportación de la Dirección de Aduanas. «Creo —dice Azaña— que en el sumario
que tenéis delante hay momentos en que uno quiere creer que la República se ha
dispuesto a hacerse el harakiri. De los tres sumarios —afirma el orador—, solamente
en el primero el fiscal se dirige a mí. En los otros dos, ni me nombra.» El
orador censura el procedimiento que se ha seguido hasta elevar el testimonio a
las Cortes, y cree que el juez ha cometido una transgresión legal.
De las
propuestas de acusaciones, la única que le concierne a Azaña es la que se
refiere al socorro a los exiliados portugueses. «Jamás he negado que los
hubiera asistido.» El subsidio se ordenó desde el Ministerio de la Guerra,
procedía de fondos reservados y se vino a gastar en ello alrededor de cuarenta
mil pesetas. «El envío se hizo públicamente por las oficinas del Ministerio, a
través de los generales de las Divisiones.» «Cuando he socorrido con fondos de
libre disposición a unos emigrados políticos, no he hecho más que continuar una
costumbre tradicional en España y Portugal, que data de más de un siglo y ha
sido objeto de negociaciones diplomáticas y de disposiciones legales del
Gobierno español.» «¿Se puede llamar a esto malversación?» Dirigiéndose al
ministro de Trabajo, Anguera de Sojo, le interroga: «¿Mi colaborador de hace
año y medio, tan íntimamente compenetrado con mi pensamiento y mi acción
política, puede creer que yo soy un malversador?»
«Si de todo
esto se quiere deducir una supuesta política de agresión a Portugal, es al que
acusa a quien le incumbe probar que hubo siquiera indicio de semejante convenio
político. En aquel entonces Lerroux era ministro de Estado y Rocha, el actual
ministro, embajador en Portugal. ¿Tienen noticia ni sospecha de que el Gobierno
tuviera algún convenio con los revolucionarios de Portugal para promover allí
un movimiento? Es un dogma español y desde luego republicano que la
independencia del pueblo portugués es una cosa sagrada para nosotros. Todo el
mundo se da cuenta de lo que acontece: una contienda política en la que
imprudentemente se ha mezclado un interés internacional. Todo esto no es más
que saña. Entre unos y otros vais a acabar por conferirme una representación
que nunca había soñado. Si esa política continúa y lográis poner a veinte mil
atmósferas el sentimiento popular republicano, llegará un día en que otra riada
como aquella memorable se lleve por delante muchas más cosas de las que
vosotros, con vuestra presencia en el Gobierno, representáis, y entonces
nosotros no tendríamos autoridad para interponernos como elemento de moderación
y de freno.»
Termina así:
«En un pueblo de mi conocimiento, Tenebrosa de los Caballeros, dividido por dos
bandos políticos irreconciliables, había uno de estos hombres que llaman
saludadores, a quienes el vulgo atribuye la extraña virtud de conocer la rabia
de los perros y de prevenir en los hombres los efectos de la mordedura. Hubo
un cambio político: nombraron nuevo alcalde y el primer decreto suyo fue
obligar al saludador a que declarase rabiosos a todos los perros del bando
contrario. En esta República de los Caballeros que el señor Lerroux conoce tan
bien, el saludador ha sido el juez señor Alarcón y el alcalde el propio señor
Lerroux». Los republicanos de izquierda aplauden enardecidos mientras la
mayoría protesta indignada.
El discurso
ha durado tres horas. A réplicas y aclaraciones se dedican una sesión nocturna
y toda la siguiente (21 de marzo). El ex ministro de la Guerra, Hidalgo,
puntualiza cuál fue su comportamiento con los emigrados portugueses. Samper,
que se abstendrá de votar la proposición, por ser vocal del Tribunal de
Garantías, afirma que Azaña continúa «con la inveterada costumbre de confundir
el régimen con sus intereses políticos». Casares Quiroga, para quien no puede
haber recompensa mayor que ver su nombre «estampado en el pedestal que estáis
levantando a la figura de don Manuel Azaña», defiende la licitud del traslado
de las armas desembarcadas en Bilbao del transporte alemán «Rosanleck»,
consignadas a Echevarrieta, que fueron a parar a la casa de un emigrado
portugués en Madrid, y distribuidas a los revolucionarios madrileños, en
octubre de 1934. Y aunque endosa la responsabilidad plena a la Dirección
General de Seguridad, no consigue probar su inculpabilidad en este escándalo.
El ministro de Trabajo, Anguera de Sojo, declara que sirvió con lealtad en el
Gobierno de Azaña, sin perder su propia personalidad, sin pertenecer al partido
de Acción Republicana, ni a ningún otro grupo afín, ni faltar a sus deberes de
conciencia.
Demuestra el
ministro de Justicia, Aizpún, que el procedimiento
que se ha seguido es el legal, sin transgresión alguna, y que el juez Alarcón
ha hecho lo que tenía que hacer. Los primeros firmantes de las propuestas de
acusación, Moutas, Goicoechea y Bilbao, reiteran con prolijidad sus denuncias
contra Azaña, fundándose en los testimonios de los sumarios. «El debate —afirma
Goicoechea— ya no es un proceso político, sino un debate judicial para
averiguar si los acusados han incurrido o no en la responsabilidades criminales
determinadas en los escritos de la acusación.» A juicio de los nacionalistas
vascos, según Landáburu, los hechos denunciados no
tienen carácter delictivo. La opinión de la Lliga Catalana queda expuesta por Ventosa de esta manera: «Nos abstendremos de votar
estas proposiciones, porque, jurídicamente, estimamos que después de haberse
votado la ley de Amnistía, y dentro del criterio que ha de prevalecer en las
acusaciones formuladas por el Parlamento, no pueden dar lugar a la acusación.»
El trabajo de la Comisión que se nombre será nulo. Se polarizará la política
española alrededor de este problema y su influencia será perturbadora.
«Procuremos no envenenar aún más el ambiente de guerra civil en que vive
España. Nuestra actitud no puede aparecer, en modo alguno, como de solidaridad
con el señor Azaña, ni como aprobación de sus actos.»
Para Unión
Republicana, dice Lara, no hay indicios o elementos de juicio bastantes de
culpabilidad contra ningún ex ministro de la República. «Lo mejor que hoy
podría ocurrirle al señor Azaña sería que le acusara el Parlamento: así
resultaría glorificado.»
Tenemos
—afirma Miguel Maura— el convencimiento pleno y firmísimo de que no hay el
menor motivo para acusar como responsable de delitos específicos a nadie. «Con
esta persecución estáis logrando que todo lo que en España hay de opinión
republicana se polarice en torno a Azaña. Yo soy el primero en lamentarlo,
porque soy adversario suyo.» Este es un proceso político —exclama Martínez
Barrio— y, por ello, «proclamo mi solidaridad con el señor Azaña, culpado de
faltas que no ha cometido, señalado a la vindicta pública por la pasión, y
haciéndolo así preparáis la posibilidad de mejores días». Tampoco la Esquerra
Catalana, anuncia Ferret, votará las proposiciones
acusatorias. Primo de Rivera dice: «Este debate pone de manifiesto que el
Estado español no existe. Si existiera, a los cuatro o seis días del 6 de
octubre, el Estado español, considerando a don Manuel Azaña representante de un
sentido opuesto o incompatible con el propio Estado, le hubiera hecho fusilar
por un piquete. Es muy posible que hubiese cometido una injusticia penal, pero
es evidente que hubiese servido una justicia histórica. La justicia histórica
se administra así. Se nos dijo que el señor Azaña estaba ligado, a través del
asunto del alijo, con la rebelión de Asturias. Se incoa el sumario y produce el
resultado asombroso de que no encarta al señor Azaña, y en cambio descubre
ciertos actos de allá por el año 1932, que ponían a España en peligro de que
declarase una guerra. Si me preguntan si el señor Azaña favoreció una rebelión
en Portugal, diré que no, y aunque de los tres mil folios del sumario se
demuestre que sí, juraré que no, y todos los diputados tendremos que jurar que
no, porque no se ha visto en el mundo que en una Cámara legislativa se lance al
público de Europa esto de que el Gobierno español ha estado maquinando en 1932
o en 1933 contra la seguridad de un Estado vecino.»
«Todo lo que
está en juego aquí es una controversia política. Los procesos de
responsabilidades son un desatino y acaban siempre ensalzando al que tratan de
perseguir. ¿Cree nadie que si Azaña es un valor en la política española van a
anularle en el supuesto más que lejano de que haya Tribunal que le condene por
esta absurda acusación sobre el artículo 134 del Código Penal, traído por los
pelos? A los sistemas políticos hay que enjuiciarlos en su conjunto y la más
grave acusación que puede lanzarse contra Azaña es haber malogrado la gran
oportunidad que brindó el 14 de abril para hacer sencillamente la inaplazable y
necesaria revolución española que ya vamos camino de escamotear. En vez de
hacerlo, nos metisteis en esta especie de balsa sin salida, donde nos vamos
pudriendo poco a poco, hasta que se abra otra revolución por otro lado.» «Esta
sí que es nuestra culpa política, la que os debía inhabilitar: ahora vuestros
enemigos os van a acusar de una majadería que representa el peligro de dos años
de prisión; os van a llevar al Tribunal de Garantías para que os absuelva y os
devuelva la virginidad para que intentéis la revolución otra vez. Y así nos pasaremos
la existencia entre la charca y la parrilla, hasta que llegue de veras algún
Sansón a hundir el templo con sus columnas y con todo lo que tiene de malo y
todo lo que puede tener de bueno.»
El
tradicionalista Domínguez Arévalo cree que debió de formularse una única
acusación que englobase a todo el Gobierno provisional de la República. Gil
Robles puntualiza que la iniciativa de este proceso no es de Acción Popular.
«Nosotros encontramos empezado este asunto, sin intervención de nuestro partido
en el planteamiento inicial, que fue en un terreno estrictamente jurídico, del
que lo ha desbordado Azaña para llevarlo al terreno político. Votaremos la
propuesta que hemos formulado, porque tenemos el convencimiento de que existen
figuras de delito perfectamente dibujadas en la actuación judicial. No hay
planteado sólo un problema de política interior, sino internacional, y por eso
se debe llegar al total esclarecimiento.» ¿Que el señor Azaña con esto va a
resultar favorecido? Si la justicia así lo exige ¿qué más podemos pedir sino
que la justicia resplandezca? Que España sepa a qué atenerse. «Por eso votaremos
la proposición, para que se vaya a la Comisión parlamentaria, para que se
ejercite la acción ante el Tribunal de Garantías, para que después de investigar
diga su fallo. Si vivimos en una democracia, la ley es igual para todos.» El
jefe del Gobierno cierra el debate: «Creo que el mayor servicio que el Gobierno
puede prestarle al señor Azaña consiste en facilitar la posibilidad de que se
defienda ante un Tribunal libre de pasiones. Nada satisfará más mi espíritu
republicano y mi patriotismo como un fallo absolutorio, aunque comparta el
criterio de los que le consideran responsable. La República necesita de todos,
y los hombres que han gobernado, reconstituyendo su personalidad, conservando
como conservan su talento, pueden prestar en el porvenir eminentes servicios al
país. El Gobierno —y hablo también como jefe del partido radical— va a votar la
toma en consideración de la propuesta. Pero no es un acto de hostilidad ni de
persecución, sino el deseo de proporcionar al señor Azaña medios de
justificarse y de ocasión para acusarnos.»
Al retirar
monárquicos y tradicionalistas sus propuestas queda únicamente la del cedista Moutas, que es aprobada por 194 votos contra 49. La
Comisión de veintiún diputados encargada de dictaminar queda constituida en la
sesión siguiente.
La acusación
contra Azaña no ha sido el proceso del régimen que esperaban muchos. Las
pruebas alegadas carecieron de aquella claridad y contundencia que exigían la
acusación; los discursos no fueron catilinarias que destruyen al adversario.
Los enemigos de Azaña no tendrían nuevos motivos para aborrecerlo, y en cambio
sus amigos descubrían en su defensa nuevas razones para admirarlo. La
animosidad de las derechas contra el personaje más calificado de la República
se disipaba en salvas de pólvora.
* * *
Un asunto de
la más alta gravedad y transcendencia asoma en el horizonte: el Tribunal
Supremo acuerda por un voto de mayoría mostrarse favorable al indulto de
González Peña, jefe máximo de la insurrección de Asturias. El indulto
significará la ratificación del criterio impunista imperante desde el primer momento en el Gobierno. ¿Se avendrá la C. E. D. A. a
respaldar en esta solemne ocasión una conducta que disgusta e indigna a la masa
de afiliados? La opinión está a la expectativa de lo que va a ocurrir. Gil
Robles, en un discurso pronunciado en La Coruña (24 de marzo), dice que para la
liquidación del movimiento revolucionario «hace falta justicia sin venganza,
sin espíritu sanguinario; justicia que no obligue a llegar a la falta de
imperio de la ley». «No pedimos —añade— derramamiento de sangre, pero tampoco
podemos ser cómplices o coautores de desigualdades injustas en la aplicación
de las sentencias.»
Se
interpretan estas palabras en el sentido de que la C. E. D. A. ha llegado al
límite de las transigencias, y que sus ministros no votarán el indulto. Como,
por otra parte, es cosa admitida que los radicales, estimulados por el
Presidente de la República, se opondrán al cumplimiento de la sentencia, se
tiene por cierta e irremediable la crisis.
No debe
haber crisis —afirma El Debate en un editorial muy comentado (27 de
marzo) —. «De nuevo, escribe, amenaza quedar incumplida la justicia con todos
los quebrantos consiguientes para la ejemplaridad, para la autoridad y para la
fuerza del Estado. Porque se ventila el indulto del jefe principal de la
revolución asturiana...» «Algunos delincuentes han sido ajusticiados; y quizás
no lo sea, en cambio, uno de los que llevan sobre sí la responsabilidad de
tantos saqueos, asesinatos y robos.» Sin embargo, la crisis hay que evitarla
por todos los medios. Si no ocurre así, «al mal gravísimo que es el indulto, se
añadiría en nuestro sentir otro mal aún más grave. La dimisión se interpretaría
como un triunfo de los revolucionarios: se vanagloriarían éstos de haber
logrado disociar el bloque gubernamental, contra el que precisamente se
levantaron, se considerarían con garantías de impunidad para la próxima, y
cundiría esa impresión de inestabilidad tan propicia a todas las aventuras. Por
tanto, es necesario sacrificarse una vez más, pero este sacrificio ha de tener
un límite. Las cosas no pueden continuar como hasta ahora. El desgaste es
tremendo, la iniciativa gubernamental es nula, la obra de gobierno irrisoria».
El
editorial, dice Gil Robles en carta a Lerroux, «no responde a mi pensamiento y
nada tengo que ver con él». Poco después lo acreditará con hechos. Al comenzar
el Consejo de ministros (29 de marzo), Lerroux plantea el tema de los indultos.
El ministro de Justicia, Aizpún, entiende que la
política de lenidad alienta a la revolución, y que tal estímulo culminaría con
el indulto a González Peña. Para el de Agricultura, Giménez Fernández, el
indulto convertirá al delincuente en héroe y la sociedad se considerará con
razón desamparada. El agrario Cid y el liberal-demócrata Dualde son partidarios de la ejecución de la sentencia para ejemplaridad social.
Lerroux considera que la ejecución podría parecer acto cruel, pues «ya ha
pasado mucho tiempo». Ha decidido someter el asunto a votación. Con el jefe del
Gobierno se pronuncian en favor del indulto los ministros Vaquero, Abad Conde, Marraco, Rocha, Jalón y Orozco. Votan en contra Aizpún, Anguera de Sojo, Giménez Fernández, Cid y Dualde. «Colectivamente —escribe Lerroux —, la
responsabilidad fue del Gobierno. Políticamente la responsabilidad fue del
partido radical. Personalmente, la responsabilidad fue mía.» En el acto se
suspende el Consejo y Lerroux se traslada al Palacio Nacional, para poner a la
firma del Presidente el indulto de González Peña y, como consecuencia, el de
otros condenados a muerte, en total veinte, entre ellos el diputado Teodomiro
Menéndez. En virtud de otro decreto, se nombra jefe del Cuarto Militar al
general Batet. Al salir al despacho, Lerroux declara que ha presentado al jefe
del Estado la dimisión del Gobierno.
* * *
Abierto el
período de consultas, los jefes de los grupos que participaron en el fenecido
Gobierno aconsejan la formación de otro análogo, autoritario, con mayoría
parlamentaria, dispuesto —según Gil Robles— «a liquidar la revolución». Los
representantes de los partidos izquierdistas piden gobiernos de concentración
republicana que ofrezca garantías jurídicas y el «restablecimiento de la
leyes», en frase de Sánchez Román. Disolución de Cortes quiere el representante
de la Esquerra, Santaló, y los socialistas, en nota
facilitada por Fernando de los Ríos, reclaman «una era de aquietamiento de
rencores y ejercicio de derechos institucionales, de paz civil, imposible con
partidos que tengan por signos la crueldad y por norma de actividad un afán
persecutorio». En consecuencia, aconsejan «un Gobierno de amplia concentración
republicana, que ofrezca posibilidades de libre actuación legal». El partido
socialista con esta declaración sale del ostracismo en que se había encerrado
después de su derrota en octubre de 1934, lo cual significa que ve aclararse el
horizonte. Azaña se excusa de acudir a Palacio. Es un presunto delincuente y
considera obligado imponerse voluntario silencio.
Como
resultado del complejo repertorio de consultas, Alcalá Zamora encarga a Lerroux
(30 de marzo) la formación de un Gobierno de concentración. ¿A quién recurrir
para este menester, sino a sus aliados del anterior Gabinete? Pero en esta
ocasión tanto Gil Robles como Martínez de Velasco ponen como condición previa
para el diálogo la aceptación de la proporcionalidad en el reparto de carteras.
El jefe de la C. E. D. A. concreta que una de las cinco que a su entender le
corresponden debe ser la de Guerra. Vista la imposibilidad de constituir un
Gobierno tal como desea Alcalá Zamora, Lerroux declina los poderes. Pero el
Presidente de la República no se da por vencido, y le reitera el encargo,
sugiriéndole que incorpore a Maura y aún a Chapaprieta,
sin representación parlamentaria propia, pero con mucha influencia. El
resultado es idéntico, porque los jefes de los grupos aliados consideran que la
vuelta de un Gobierno como el anterior sería un desprestigio para quienes
promovieron la crisis. Entonces, el Presidente de la República confía el
encargo a Martínez de Velasco (2 de abril), con la misma consigna; un Gobierno
de concentración. Tropieza el mandatario en los mismos escollos que su
antecesor, al solicitar la colaboración de la C. E. D. A., y al insistir el
jefe de ésta en la petición de cinco carteras, la de Guerra como indiscutible,
y la de Gobernación en calidad de complemento indispensable, Martínez de
Velasco descubre la particularidad del encargo: negativa absoluta de la cartera
de Guerra a la C. E. D. A. Gil Robles interrumpe la conversación. En este caso,
el Gobierno que se forme no contará con su apoyo en las Cortes.
Martínez de
Velasco visita al Presidente de la República para decirle su derrota. Pero
Alcalá Zamora no se rinde y reitera el encargo (2 de abril) al jefe agrario
para formar «un Gobierno netamente republicano con las asistencias que logre,
aun cuando ello suponga la eliminación de la C. E. D. A.». Conmigo —le dice
Lerroux, al escuchar la peregrina propuesta— no cuente. Martínez de Velasco se
consideró definitivamente fracasado. Es el quinto día de crisis, y no se ve
salida al embrollo político. Se hace necesaria una solución de urgencia, Alcalá
Zamora discurre que para ganar tiempo constituya Lerroux un Gobierno de
circunstancias. Con suspender las Cortes, tendrá asegurada la vida durante un
mes, plazo suficiente para aquietar los ánimos y normalizar las cosas. En
efecto, renovado el encargo al jefe radical, éste improvisa al sexto día de
crisis (3 de abril) un Ministerio de «técnicos y especialistas». «Me resultó
por falta de tiempo, apenas un Gobierno para celebrar las fiestas de
aniversario de la República». La lista de los ministros es la siguiente:
Presidencia, Lerroux. Estado, Juan José Rocha. Justicia, Vicente Cantos
Figuerola. Guerra, general de División Carlos Masquelet.
Marina, vicealmirante de la Armada Francisco Javier Salas. Hacienda, Alfredo
Zavala. Gobernación, Manuel Pórtela. Instrucción Pública, Ramón Prieto Bances.
Obras Públicas, Rafael Guerra del Río. Trabajo, Eloy Vaquero. Agricultura, Juan
José Benayas. Industria y Comercio, Manuel Marraco.
Comunicaciones, César Jalón.
El general Masquelet, de la Academia de Ingenieros, ha sido secretario
del Consejo Superior de Guerra y jefe del Estado Mayor Central; el
vicealmirante Salas, era jefe del Estado Mayor Central de la Armada. Tiene 64
años. Zabala, ministro de Hacienda, abogado del Estado, desempeña el Gobierno
del Banco de España. Prieto Bances, antiguo monárquico, en la actualidad del
partido de Melquíades Álvarez, catedrático de Historia del Derecho de la
Universidad de Oviedo, subsecretario del Ministerio de Instrucción con
Villalobos, era Comisario General de Enseñanza en Cataluña. Benayas, amigo del
Presidente de la República, fue subdirector jurídico del Instituto de Reforma
Agraria. Ocho ministros —Masquelet, Salas, Zabala,
Pórtela, Benayas, Prieto Bances, Marraco y Jalón— no
son diputados.
Para la
Prensa revolucionaria el nuevo Gobierno significa la ruptura de la coalición.
«La C. E. D. A. lo ha querido —comenta El Sol (5 de abril) —. Desde su
triunfo electoral ha practicado una política sinuosa, agresiva, rencorosa,
antipática y estéril. Sus acercamientos a la República han sido seguidos de
exigencias remuneradoras. La nación nada tiene que agradecerle, porque nada que
cae fuera de la órbita de su partido le interesa ni poco ni mucho.» La Prensa
monárquica proclama el fracaso de la táctica cedista.
Gil Robles ha perdido estérilmente el tiempo, escribe A B C (5 de abril): «En
noviembre de 1933 debió pedir el Poder: era lo lógico; era lo de moral
política; era, asimismo, de derecho consuetudinario en todos los Estados de
sistema parlamentario, para que el desengaño inmediato hubiera encaminado sus
pasos, ahorrándole desgastes.» «Lo ocurrido — escribe Informaciones— es el
fracaso de una política de atracción al régimen de grandes masas de españoles
honrados.» El Debate (3 de abril) afirma que la C. E. D. A., «no ha encontrado
modo decoroso de participar en el Gobierno». «De todas partes han surgido voces
que pedían ver en el Gabinete un reflejo de la Cámara. Pero el grupo más
numeroso de ésta, el que lleva cuarenta votos de ventaja sobre el que más de
cerca le sigue, a ése ni se le ofrece la Jefatura, ni se le atribuye tampoco en
número ni en importancia los puestos que le corresponden, y cuando él no pasa
por tales restricciones se le deja del todo y se llama a otra puerta... Nada
pidió — de momento, ni se quejó porque no se le diera—; no derribó gobiernos ni
obstruyó leyes, sino que dio apoyo y sostuvo a los de la situación. Todo eso
ven los españoles en el grupo parlamentario que acaudilla Gil Robles. Ninguno
acertará a explicarse el trato que recibe.»
Estas
endechas del portavoz de la C. E. D. A. van dirigidas al Presidente de la
República, receloso siempre y obstinado en cerrarle a Gil Robles y a los suyos
la entrada en el recinto republicano. Los vientos de las alturas no eran
favorables a la C. E. D. A.
CAPÍTULO
59
HACIA
UNA COALICIÓN ELECTORAL DE TODAS LAS IZQUIERDAS
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