CAPÍTULO 55.

LOS MONÁRQUICOS PIDEN LA DEROGACIÓN DEL ESTATUTO CATALÁN

Los suplicatorios para procesar a Azaña y a Luis Bello son aprobados en la Cámara (28 de noviembre) por 170 votos contra 20 el primero y por 147 contra 20 el segundo. El diputado de la Esquerra, Trabal, proclama la inocencia de Azaña: «Desde Cánovas acá, no ha habido un estadista tan grande.» Monárquicos, tradicionalistas y cedistas abandonan sus escaños para hacer patente su incompatibilidad con el orador.

¿Qué pensaba el Gobierno respecto a Cataluña? ¿Cuál iba a ser el destino del Estatuto? Una comisión de cuatro ministros, Martínez de Velasco, Aizpún, Hidalgo y Anguera de Sojo, de la cual es ponente este último, dictamina:

«Artículo primero. Quedan en suspenso las funciones que el Estatuto de Cataluña atribuye al Parlamento de la Generalidad hasta que por el régimen electoral que oportunamente se determine y dentro de un plazo que no podrá exceder de tres meses, a partir del restablecimiento de las garantías constitucionales, sea íntegramente el que se eligió en noviembre de 1932.—

Artículo segundo. En el período transitorio de que se habla en el artículo anterior asumirá todas las funciones que corresponden al presidente de la Generalidad y su Consejo ejecutivo, un gobernador general que nombrará el Gobierno, con facultad de delegar en todo o en parte las funciones atribuidas a dicho Consejo. —

Artículo tercero. El Gobierno nombrará una Comisión que en el término de quince días estudie los servicios traspasados y valorados y proponga los que durante este régimen provisional deban subsistir, los que deban rectificarse y los que deban revertir al Estado, señalando en cada caso las normas a que deberá sujetarse la ejecución de los acuerdos adoptados.»

Contra este dictamen el monárquico Maura (Honorio), solicita (29 de noviembre) en un voto particular la derogación del Estatuto de Cataluña y de todas las leyes y reglamentos que de él dimanan. «El Gobierno en el momento oportuno someterá a las Cortes el debido proyecto de ley que reglamente el régimen por el que ha de regirse en su día la región catalana».

Concedido el Estatuto y amparándose en sus privilegios, afirma Maura (H.), se inició desde el primer día, pública y cínicamente una labor contra España. El Estatuto no lo quería España ni la mejor y mayor parte de Cataluña. El proyecto presentado por el Gobierno es tan inconstitucional como nuestro voto particular. Si el Estatuto vuelve caerá otra vez en manos de la Esquerra o de la Lliga. El Estatuto debe ser derogado. Después se le consultará al país sobre lo que procede. «Voy a leer dice— un texto de don Antonio Maura, en la discusión de la autonomía de 1907, que tiene un mandato personal para mí. Decía: «¿Queréis la personalidad para jurisdicción, para materia propiamente local? Sin tasa se os reconoce. Vuestra boca es medida. Cuanto más, mejor. ¿Está claro? ¿Queréis personalidad para hacer jirones la inconsútil soberanía de la patria? Nunca; nada. Mientras yo aliente y pueda, jamás logrará un Gobierno sacar una ley que mutile eso. Si yo tengo la fortuna de tener a mis hijos al lado de mi lecho de muerte, yo les diré que servirán más a su patria combatiendo eso que derramando su sangre en la frontera». Y a eso he venido esta tarde: a cumplir con mi obligación.»

A pesar de todo — dice el diputado Armasa, presidente de la Comisión de Estatutos— hay que restablecer la normalidad jurídica en la región catalana. El tradicionalista Bilbao y Eguía afirma que Cataluña por la Constitución tiene derecho al Estatuto y a una autarquía para el cumplimiento de sus fines regionales, siempre que no constituya peligro para la unidad nacional.

Para el monárquico Goicoechea no cabe otra solución que la derogación del Estatuto, «hijo del Pacto de San Sebastián». «Siempre se ha dicho que no era la concesión máxima de la autonomía, sino la parte mínima del separatismo.» Las Cortes conservan facultades para derogar el Estatuto, pero no para decretar una simultaneidad de vigencia de la Constitución del Estatuto y del régimen que establece el proyecto.

* * *

La discusión sobre el régimen provisional de Cataluña, mientras dure la suspensión del Estatuto, es muy viva y en ella participan representantes de todos los grupos políticos. Cataluña —expone Primo de Rivera— «es un problema dificilísimo de sentimientos». «Si nos obstinamos en negar que Cataluña y otras regiones tienen características propias, es porque tácitamente reconocemos que en esas características se justifica la nacionalidad.» «Soy de los que creen que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, razas, pueblos y costumbres en un destino universal.» «Entiendo que cuando una región solicita la autonomía, en vez de inquirir si tiene características propias más o menos marcadas, lo que debemos inquirir es hasta qué punto está arraigada en su espíritu la conciencia de unidad de destino.» «Nosotros, legisladores españoles, lo que tenemos que mantener por encima de todo es la seguridad de que España no se nos va ir entre los dedos: no podemos mantener vivo el Estatuto de Cataluña. Por eso, modestamente pienso votar el voto particular de don Honorio Maura, que preconiza su derogación.» «El Estatuto, una vez aprobado, formaba parte del ordenamiento jurídico nacional: no puede haber artículo del Estatuto capaz de convertirse en un ordenamiento constitu­cional diferente.» Es una equivocación —afirma Cambó— hablar de la rebelión de Cataluña. «Por fortuna para España, el día 6 de octubre hubo la rebelión del presidente y del Gobierno de la Generalidad, secundados por hombres del partido de la Esquerra de Cataluña y de otros que estaban coaligados con ellos, pero no participó en el movimiento la gran masa del pueblo catalán, pues, de ser así, no hubiese quedado resuelto el conflicto con media docena de cañonazos.» «Una subversión, por haber sido esencialmente criminal, síntesis de todas las deslealtades, puede echarse sobre la conciencia y la responsabilidad de sus hombres, pero no puede jamás echarse sobre un pueblo, sobre Cataluña.» «El grito de la Esquerra, más que un grito afirmativo, fue siempre un grito de muera, y este grito de muera iba asociado a mi nombre; en las listas de los que debían ser ejecutados al día siguiente del triunfo, figuraban principalmente mis amigos, y en Barcelona, en la lista, cuyo original conservo, que se encontró en la mesa del señor Dencás, de los veintiocho que debían ser fusilados, cuatro eran amigos del señor Goicoechea y veinte eran individuos de la Lliga, y entre ellos, naturalmente, figuraba yo.» «La inmensa mayoría del pueblo catalán mantiene su fe y su adhesión a la institución autonómica.» «Todo el problema, es saber si aceptamos que hay o no una realidad catalana, con sus características especiales y compatible, no ya con la realidad española, sino con la mayor grandeza de España. Yo os digo que no solamente es compatible, sino que es consubstancial; que yo no comprendo la grandeza de España sin la acentuación de una realidad catalana que aporte al pensamiento general español el esfuerzo de nuestra individualidad.» «La máxima garantía de que no se produzcan jamás hechos como los del 6 de octubre es que en España, después de haber resuelto nuestros problemas interiores —los problemas del santo pan de cada día—, resolvamos los problemas del ideal, porque si no sólo de pan vive el hombre, no sólo de prosperidad material viven los pueblos. Y España ha sido el ejemplo más admirable de esta verdad. La España de las grandes proezas; la España que infundió su espíritu a los continentes; la España que dominó a Europa, que fue la primera potencia continental de Europa era una España miserable, de menos de ocho millones de habitantes, que estaban muriendo de hambre; pero aquella era gente con un ideal que superaba todas las deficiencias de la situación y lo salvaba todo. Si el país no piensa más que en sus problemas domésticos vivirá siempre en plena discordia.

Únicamente volando más allá de lo que está al alcance de las manos podemos llegar a las compensaciones fecundas que evitan el peligro de todas las actitudes extremas.»

El debate se prolonga (6 de diciembre) con la intervención del republicano Izquierdo Jiménez, de Albiñana, monárquico independiente. De nuevo Goicoechea insiste que en la Lliga están los apóstoles y en la Esquerra los discípulos. Textos de nombres tan notorios como Durán y Ventosa y Prat de la Riba lo demuestran. En su libro La nacionalidad catalana, Prat de la Riba decía: «España no es nuestra patria, sino una asociación de varias patrias... El Estado es una entidad artificial que se hace y deshace por voluntad de los hombres.» Consecuente con este principio, Durán y Ventosa deducía: «A toda nacionalidad corresponde un Estado y Cataluña es una nacionalidad; ni siquiera admitimos como posible el estado federal, porque la federación es un sistema hasta ahora imaginado para unir diferentes Estados bajo una nacionalidad, pero no para unir diferentes nacionalidades bajo un solo Estado.» Lo más que llegaba a admitir era una confederación de Estados; es decir, el mismo ideal de confederación de los pueblos ibéricos expuesto por Maciá. En su trayectoria política Cambó ha sido regionalista primero, nacionalista en 1916. Si se reúne una Conferencia Internacional —declaró en una ocasión —, España enviará sus representantes y Cataluña los suyos. Palabras suyas son también estas, pronunciadas en 1930: «Trabajaré siempre por la Monarquía, y si ésta faltase por su restauración.» Con ese contraste entre una nacionalidad sojuzgada y una nacionalidad sojuzgadora, ¿qué ideales comunes queréis que se elaboren y forjen en España? Con la suposición de que el Estado, es decir, España, no es más que una entidad artificial, ¿cómo es posible inspirar hacia ella sentimientos de adhesión y cariño? No; España ha de ser, para que tenga ideales, lo primero una nacionalidad, una asociación libre de hombres que marchen a la realización de un designio, no una galera en que remen juntos unos forzados, sin otro lazo de unión que el castigo recibido en común.» «No se trata de que deje de reconocerse la indudable responsabilidad histórica de Cataluña; pero las vergüenzas, las desobediencias, las burlas de que España y la unidad nacional han sido objeto desde que el Estatuto de Cataluña se promulgó, esas no pueden volver a repetirse.»

«Yo no tengo nada que rectificar al señor Prat de la Riba —responde Cambó—; la rectificación suprema de sus ideas está en un documento que escribió pocas semanas antes de morir, el Manifiesto por la España grande, que conocen muchos de los que me escuchan». «Es cierto que he gobernado con el Rey —prosigue—, pero siempre le dije que no tenía sentimientos monárquicos.» «Mientras una necesidad inexorable no impusiera un cambio de régimen, entendía yo que servirle era servir a España. No he variado de criterio, porque no hipoteco a un régimen la vida y el porvenir de España.» «En el programa del partido centrista, que fundamos en 1931, no se hacía declaración de fe monárquica, no obstante lo cual, se sumó el señor Goicoechea. En el mundo han terminado las revoluciones políticas; las revoluciones son mucho más hondas. Nadie puede decir, ni calcular siquiera, lo que significaría hoy un nuevo cambio de régimen en España.» «Es preciso que nadie pretenda acaparar el patriotismo español, y cuando venga alguien que con sus actos haya servido a España en el exterior y en el interior, como la he servido yo, entonces le permitiré que me formule una pregunta, previa presentación del certificado de los servicios que efectivamente haya prestado a España.» «El Estatuto aún puede sernos útil, aunque tenga que ser objeto de modificaciones, cosa que he sido el primero en proclamar en Cataluña.» «Naciones o regiones, si han de vivir subordinadas a un conjunto más amplio, más grande, ¿qué más da? Siempre que las relaciones fueran incondicionales, intensas, deberíamos bendecirlas y darnos por satisfechos de que existieran.»

Interviene Gil Robles: «Si todas las regiones españolas —dice— tienen una personalidad característica definida, quizás ninguna como la región catalana.» «Pero cuando el nacionalismo se abroga personalidad de Estado soberano, entonces tengo que establecer un valladar entre regionalismo —perfectamente admisible— y nacionalismo, para mí, desde un punto de vista español, absolutamente inaceptable.»

«El Estatuto Catalán, otorgado por las Cortes en un momento de pasión, parece concebido por los peores enemigos de la autonomía de Cataluña. Conceder una ley autonómica sin dejar a salvo las conveniencias y las necesidades del Estado nacional, como no las dejó el Estatuto, y entregar todas esas facultades de golpe y sin ensayo, en un momento de exaltación pasional, a una región que no había disfrutado del beneficio de esa autonomía, era ponerla en las manos de los más audaces, que harían de esa autonomía un elemento de destrucción de la propia Cataluña y de la patria española.» «El Estatuto de Cataluña es un acto unilateral de la soberanía del Estado.» «Cuando de esas facultades se ha hecho transitoriamente un mal uso, el Estado puede retirar esas facultades que dejó en manos de la región autónoma y ejercitarlas por sus propios órganos y fijar el día y momento en que las devolverá a la región autónoma.» «Por eso nos limitamos hoy a pedir que la autonomía quede en suspenso hasta que el Parlamento español vea de qué modo y en qué proporciones puede devolverla a Cataluña».

La discusión prosigue (7 de diciembre). Trabal, de la Esquerra, afirma: «El Estatuto es una ley que está en la plenitud de vigencia y en suspenso por hechos fatales, pero corresponde al Gobierno ponerlo con la máxima urgencia en ejercicio, a fin de normalizar la situación, pues en Cataluña, según el orador, hay más de siete mil detenidos, si bien el ministro de Estado reduce esa cifra a dos mil.» Insiste Royo Villanova en pedir la revisión. Lerroux expone el criterio del Gobierno (11 de diciembre) en un discurso vacilante, dubitativo, propio de quien no puede discrepar de sus aliados y que por otro lado teme disgustar a los amigos de ayer y adversarios de hoy. «Para mí —dice— no puede haber mayor satisfacción que la de coincidir con aquellos hombres que, con otra visión del problema, mantienen como yo la necesidad de la autonomía para Cataluña.» Caben fórmulas de armonía; pero en una cosa el Gobierno no podrá ceder sus derechos; en nombrar el representante que haya de sustituir al presidente de la Generalidad y en elegir el momento en que vuelva a regir el Estatuto. «Yo mantengo la necesidad de que se cree en Cataluña un órgano supletorio del que ha desaparecido por la subversión, en los términos que el artículo 2.° del proyecto de ley establece, y que en cuanto a lo demás se reconozca potestad al Gobierno para convocar al cuerpo electoral de Cataluña, para que elija su nuevo Parlamento. Resucitará en Cataluña el sentimiento español, y en esa esperanza de convivencia debemos huir de medidas de hostilidad.»

Todo lo que no sea derogar el Estatuto y empezar a edificarlo de nuevo, manifiesta Maura (H.), será un crimen de lesa patria. El Gobierno no da un paso efectivo en contra de la rebelión que sigue latente en toda España. La propuesta de Maura es rechazada por 134 votos contra 32.

Quiero que conste —afirma Primo de Rivera— una reprobación terminante de lo que acaba de hacer la Cámara. «Ni el más recalcitrante puede sostener que con arreglo a la Constitución no podemos derogar el Estatuto. La Constitución nos confiere sin límites la facultad de legislar y las leyes alcanzan su justificación de normas superiores en el orden jerárquico del derecho. Nosotros no pedimos castigo, mortificación o vejación para Cataluña, sino que reputamos elemental prudencia política no entregar un arma tan fuerte como el Estatuto a una región en que no sabemos suficientemente arraigado el sentido de unidad nacional. El pueblo catalán presenta una faz de melancolía de vencido, que no promete, ni mucho menos, una adhesión a la unidad hispana. No crea el presidente del Consejo que el pueblo catalán va a cambiar de representantes cuando de nuevo los elija. El Gobierno sigue la táctica, que ya va siendo en él habitual, de de­morar los problemas hasta que se pudren, hasta que son reemplazados por la angustia de otros problemas nuevos que se nos imponen con la realidad de su presencia. Esto no es más que una dilación; dentro de algún tiempo tendremos otra vez resucitado el Estatuto. Habéis votado contra la petición de que el Estatuto se derogue. Os habéis retorcido el corazón una vez más; pero habrá un día en que España, defraudada y exasperada, entre en este salón a retorcernos a todos el pescuezo.»

Desechada la propuesta de Maura (H.), el debate sobre Cataluña, lejos de decrecer o extinguirse, se reanima con vivas polémicas entre Gil Robles, Cambó, Goicoechea, Trías de Bes, Trabal, Calderón, Royo Villanova. Mediante la presentación de enmiendas tratan algunos diputados de buscar una fórmula que obtenga el favor de la mayoría. El radical Guerra del Río en unión de Gil Robles defiende cuatro enmiendas con leves modificaciones al primitivo proyecto de la Comisión ministerial. La fórmula prevé no sólo la suspensión del Estatuto hasta que el Gobierno y las Cortes lo acuerden, sino también la manera gradual del restablecimiento, según lo aconsejen las circunstancias políticas. Con el nombramiento de un delegado para el ejercicio total o parcial en Cataluña de las funciones no atribuidas a la Generalidad, se trata de corregir el error del Estatuto de poner en una sola mano la presidencia de la Generalidad y la representación del Estado en Cataluña.

Defiende la enmienda Guerra del Río (13 de diciembre) y Cambó, por su parte, se muestra partidario del dictamen primitivo. El líder regionalista no emplea el tono amistoso y conciliador de sus intervenciones anteriores: ahora su oratoria es áspera y agresiva. «Se nos propone —dice— restablecer el imperio de lo arbitrario. Para ir a la revisión del Estatuto habría que ir antes a un referéndum, y la mayoría en esta votación sería aplastante. Con la nueva fórmula se plantea otra vez el problema de Cataluña. Caerán regímenes, desaparecerán partidos y el problema catalán subsistirá.»

Gil Robles cree que Cambó pone exceso de pasión en sus palabras, lo cual lo atribuye al deseo de atraerse a las masas desviadas hacia otros partidos. «Sea S. S. fiel al destino español de su catalanismo nacional y nos hallará con los brazos abiertos.» Goicoechea exclama: «Yo he traducido las palabras pronunciadas por el señor Cambó en este sentido: Caerán Gobiernos y regímenes y nosotros seguiremos explotando el problema de Cataluña ante el poder central.» El monárquico Sáinz Rodríguez (14 de diciembre) entiende que la disciplina de los partidos obligó a que se aceptase un Estatuto contrario a la conciencia de la mayoría de los diputados. «En este problema admitimos que las determinaciones del pueblo catalán se adopten mediante plebiscito y, en cambio, las respuestas del resto de España sean tomadas por determinaciones de los partidos.»

«Catalanismo y nacionalismo no son términos sinónimos, como no lo son tampoco catalanismo y autonomismo. Alguien ha dicho con razón que el catalanismo no es una forma, sino una substancia. El autonomismo, en cambio, es un programa, un sistema de organización, cosa, por lo tanto, variable y sujeta a las conveniencias del momento y a las mudanzas de los tiempos.» «Me atrevo a pedir que para resolver de una vez el problema catalán, no se haga de él problema de partido ni de régimen y que los hombres que lo han utilizado como bandera rompan de una manera definitiva con el equívoco, porque somos muchos los que conocemos y amamos la cultura catalana, incorporada a la gran historia internacional de España.»

La enmienda de Gil Robles y Guerra del Río queda aprobada, con disgusto de los catalanes, incluso de los moderados. Hallar una fórmula que los complaciera era imposible, máxime cuando sentían recobradas sus energías y el Gobierno se mostraba cada vez más inseguro de su victoria y más dispuesto a capitular que a resistir.

El Consejo de ministros designa (27 de diciembre) gobernador general de Cataluña a Manuel Pórtela Valladares, conocedor de la región por haber sido gobernador de Barcelona en tiempos de Canalejas (1910) y de García Prieto (1923). Supo entonces barajar la suerte y alternar el ejercicio de la autoridad con habilidades y astucias.

Pórtela nació en Fonsagrada (Lugo) en 1866; diputado en varias legislaturas, fue designado ministro de Fomento (y no llegó a tomar posesión) del Gobierno García Prieto que derribó el golpe de Estado de Primo de Rivera. Vizconde de Brías por su matrimonio con una dama catalana de gran fortuna. Masón de graduación superior. Alto, flaco, pálido y espectral, con una cabellera, tan abundante, plateada y ondulada que le daba aspecto de mago o de faquir. «El error, la culpa y la responsabilidad del nombramiento de Pórtela —dice Lerroux— fueron exclusivamente míos.» Lo consideraba «hábil, enérgico, activo, conocedor de los problemas sociales y de los especiales de Cataluña». Lerroux lo calla, pero alguien situado en las alturas se acordaba de Pórtela y preveía su destino: el presidente de la República. Pórtela toma posesión de su cargo (10 de enero de 1935) en el palacio de la Generalidad, en presencia del general Batet.

* * *

Entre tantos asuntos graves que acaparan la actividad del Gobierno, la cuestión económica había sido preterida. El ministro de Hacienda, Marraco, presenta los presupuestos a las Cortes (23 de noviembre). Reconoce su imperfección, pues se han confeccionado sin los necesarios estudios previos. El déficit inicial será de unos 300 millones. En los ocho primeros meses del año acusan baja: Aduanas, azúcares, alcoholes, timbre, tabacos, utilidades, industrial, participación del Estado en los beneficios del Banco de España, petróleos, cuotas militares, loterías, etc.

«Yo no puedo —dice el ministro— asegurarme contra las revoluciones.» Combaten los presupuestos Chapaprieta y Vidal y Guardiola, que calculan el déficit en mil millones, y Amado, que recuerda «la petición hecha en una de sus primeras intervenciones por Calvo Sotelo, de una concesión de plenos poderes para poner en orden la economía». Esto es lo que también pide Gil Robles: «La experiencia demuestra que el Parlamento no hace economías. Hay que arrancar transitoriamente al poder legislativo esta facultad de hacer los presupuestos. En la Constitución hay un artículo, el 61, que autoriza al Gobierno a dictar decretos-leyes siempre que no impliquen aumento de gastos. Estos plenos poderes son necesarios para acometer a fondo una reforma de las instituciones económicas.» Se aplaza la discusión para que el Gobierno y las minorías estudien la propuesta, que ha sorprendido a todos. Gil Robles explica a la Prensa su proyecto: se encomendará a una comisión de técnicos, muy reducida, para que en el plazo de tres meses presente unos auténticos presupuestos.

En el Gobierno la iniciativa produce divergencias; los periódicos izquierdistas la califican de tentativa de golpe de Estado y Chapaprieta pide que antes de la concesión de plenos poderes se haga una rigurosa revisión de gastos. El ministro de Hacienda propone que la Comisión en lugar de técnicos sea integrada por cuatro diputados, uno de ellos el presidente de la Comisión de Presupuestos. La oposición al proyecto aumenta. Y en la discusión queda al descubierto el desbarajuste económico reinante. El ministro de Hacienda afirma que el verdadero déficit será de 564.880.527 pesetas. Chapaprieta, lo asciende a 742 millones. El presupuesto — argumenta Calvo Sotelo— «tendrá como mínimo un déficit de setecientos millones de pesetas, sin que se advierta el menor propósito de enmienda de los males pasados.» En realidad —agrega—, «los plenos poderes se piden para el Gobierno que ocupe el banco azul en el primer trimestre de 1935, sin que nadie pueda prever quién será el gobernante que tendrá que hacerse cargo de ellos». Lo que nosotros queremos —afirma Gil Robles— es que se haga una reorganización a fondo de toda la máquina del Estado, reforma que producirá una baja que se reflejará en el Presupuesto. Para ello, yo le brindo al ministro de Hacienda todas las facilidades. Y añade: «La coalición de partidos que representa el Gobierno es absoluta y totalmente inconmovible, y de ella se han de esperar días de paz y de prosperidad para la patria.» «¿Qué Gobierno hará uso de los plenos poderes? A mí no me importa: a lo que aspiro es a darle al Gobierno, sea cual fuere, los medios necesarios para llegar a una nivelación.»

La propuesta de Gil Robles se considera como proposición de ley, pero a fin de dar tiempo a la Comisión para su trabajo, el ministro de Hacienda lee a la Cámara (14 de diciembre) un proyecto de ley sobre prórroga trimestral del presupuesto. Pero son tantos y tan fuertes los ataques a la concesión de plenos poderes que Gil Robles retira el proyecto, «que no era mío, sino del Gobierno» (22 de diciembre).

La unión de cedistas y radicales es cada día más estrecha, y de ello hacen gala sus jefes. El acercamiento espiritual de los radicales a los elementos de la C. E. D. A. es un hecho digno de atención, comenta el Conde de Romanones en un artículo en A B C (28 de noviembre). «Digno de atención el fenómeno curioso de ver cómo los radicales aplaudían los discursos que pronunciaban los agrarios populares, que no recataban su pensamiento y que desarrollaban sus teorías, que tienen como base los prin­cipios de la democracia cristiana. Así, pues, no son los cedistas los que se compenetran con los radicales, sino viceversa»... «No he conocido un parlamento más sometido a la voluntad de un solo hombre como lo está el actual; es este el mayor elogio que se puede hacer de un político. ¿Quién es éste? No es necesario nombrarlo. No puede confundirse con ningún otro.» En efecto, en la memoria de todos estaba un nombre: Gil Robles. Si la vieja guardia republicana, como dice Guerra del Río, comienza a rendirse también la C. E. D. A. se ve obligada a hacer concesiones.

El diputado de Unión Republicana, Alonso Rodríguez, exalta en la Cámara (14 de diciembre) la memoria de los capitanes Galán y García Hernández, «mártires de la revolución», con motivo de cumplirse el cuarto aniversario de su fusilamiento. Solicita que se suspenda la sesión durante cinco minutos. Diputados de las minorías republicanas se adhieren al homenaje. Lamamié de Clairac, tradicionalista, expresa su respeto por los oficiales que dieron la vida por un ideal, pero no se suma, porque significaría congraciarse con la rebeldía. Va adelante la sesión, cuando penetra el cedista Salmón. Justifica la ausencia de su minoría, reunida en asamblea de estudio. «Galán y García Hernández —exclama—, simbolizan a la República, según lo entienden los republicanos y por ello la minoría de la C. E. D. A., sin olvidar sus diferencias ideológicas, se adhiere al homenaje a estos dos españoles ilustres, porque su deseo es servir al régimen republicano y de esta manera a España.» «No nos quedaba otra cosa que ver — comenta A B C (15 de diciembre) —. La C. E. D. A. y los agrarios sumándose al tributo, no de respeto, sino de loa y exaltación a la memoria de los capitanes sublevados en Jaca. Dura era la prueba, pero la C. E. D. A. no dudó en aceptarla.» Gil Robles contesta al comentario con una carta al director de A B C (16 de diciembre). «La C. E. D. A. —dice— ha tenido, tiene y tendrá una ideología radicalmente incompatible con la ideología y actuación revolucionaria de los capitanes fusilados en Jaca.» Repudia la violencia en unos y en otros. Propugna la política de actuación legal, «que pronto dará sus resultados prácticos.»

Gil Robles está convencido del triunfo de su táctica, mientras los mo­nárquicos desconfían en absoluto de ella. Creo, declara el jefe de la C.E.D.A. a La Vanguardia (21 de noviembre) «que están maduras las cosas para iniciar una evolución política cuyo alcance limitará la realidad». Sus contradictores le reprochan que para conseguir mezquinos resultados se ve obligado a sacrificar cosas fundamentales, borrar su historial monárquico, mutilar su significación y sucumbir a componendas. «No comparto —manifiesta Calvo Sotelo en A B C (11 de noviembre) — la teoría del «retorcimiento del corazón». Creo que se puede ir a todas partes, a la meta máxima desde luego, y nosotros llegaremos, sin necesidad de ocultar y menos de amputar una convicción profunda.» «Creo —añade— que España necesita una larga dieta parlamentaria precedida de una o dos apelaciones al plebiscito, para que resuelva en régimen de democracia directa algunos problemas previos que tienen enfrentado al país. Después, mando único, parlamento corporativo y referéndum periódico para ratificar o no los poderes estatales.»

No hay otro camino que el elegido por la C. E. D. A., insiste Gil Robles. A los agentes electorales de la organización, reunidos en asamblea (15 de diciembre) les dice: «Se nos acusa de que actuamos con masones. Para realizar la obra que necesita España no desprecio a nadie. La caída de la C. E. D. A. sería la de todas las derechas.» Algunos días después (22 de diciembre), en una conferencia en el domicilio de Acción Popular, concreta: «Las finalidades del bloque ministerial son: hacer imposible la revolución social, acometer los problemas de reorganización nacional y reforma de la Constitución.» A estas palabras ha precedido una explicación de por qué no exigió el poder en noviembre, a raíz del triunfo electoral. Sólo había dos caminos, el legal o el de la fuerza. «Carecíamos de mayoría suficiente para constituir un Gobierno estable. Por el camino de la violencia no podíamos ir. Nosotros queremos un Ejército fuerte, vigoroso, pero apartado de la política. Su reconstrucción debe ser obra de coalición de los partidos. No es que haya que reorganizar el Ejército, es que hay que hacerlo. He adquirido el convencimiento de que somos la única fuerza capaz de salvar a España.»

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El jefe del Gobierno realiza un viaje por Andalucía. Coincide su llegada a Sevilla con el aterrizaje en dicha ciudad del dirigible alemán «Graf Zeppelín», y acompañado por el doctor Eckener, promotor de estos viajes, vuela durante dos horas sobre la capital andaluza. Sus correligionarios le obsequian con un banquete de 1.800 cubiertos en el «Hotel Andalucía Palace» (16 de diciembre). Su brindis lo dedica por entero a las relaciones del partido radical con la C. E. D. A., «partido digno y honrado que no hará traición a la República». Del ministro de Agricultura afirma que sus postulados figuran en el programa del partido radical. «Queremos —añade — convivir con nuestros aliados: si gobiernan les prestaremos colaboración leal. Nunca será motivo de ruptura la diferencia religiosa. Lo que nos interesa es la legalidad republicana.»

* * *

La cordialidad y entendimiento entre los integrantes del Gobierno es sólo aparente, y motivo para efusiones oratorias. La alianza no reposa en cimientos firmes, ni es sincera. Se resquebraja a cada paso. Muchos incidentes lo prueban. Inesperadamente el diputado cedista y catedrático Jesús Pabón, al discutir el presupuesto de Instrucción Pública (21 de diciembre) censura violentamente la obra del titular. «Su labor es un desastre —afirma —, sobre todo en lo que se refiere a creación de Institutos para sustituir la enseñanza religiosa. El ministro no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo a los grupos de derechas.» Los ataques se suceden: el tradicionalista Toledo y la cedista Bohigas acumulan cargos contra Villalobos. «He cumplido —responde el acusado— estrictamente el deber constitucional. Se quiere boicotear a los ministros que defienden lealmente a la República. Si Acción Popular ha entrado en el régimen para hacer esto, más hubiera valido que permaneciera fuera.» Le aplauden no sólo los republicanos de izquierda, sino también muchos radicales. Momento difícil para la C. E. D. A. Gil Robles lejos de mediar para buscar una solución de arreglo, se suma a los detractores de la labor del ministro, negándole su confianza, «porque no ha sabido cumplir sus compromisos y, en cambio, ha ido a buscar el aplauso de las minorías que cooperaron en la revolución». La réplica de Villalobos es inmediata y contundente: «Yo no soy de los que se aferran a los cargos. Me basta una indicación para saber lo que tengo que hacer.» La intervención apaciguadora de Lerroux es inútil: «Los rozamientos en Gobiernos de coalición no tienen importancia.» Para Villalobos, que se considera ofendido y postergado, sí la tiene. Y al día siguiente abandona el Ministerio y se marcha a Salamanca. Le sustituye (27 de diciembre) otro correligionario de Melquíades Álvarez, valenciano, catedrático de Derecho Civil y jurisconsulto, Joaquín Dualde, de sesenta años.

Las Cortes aprueban suplicatorios para procesar a varios diputados socialistas, prorrogan otro mes el estado de guerra y eligen a Fernando Gasset, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales por 190 votos. El tradicionalista Víctor Pradera obtiene 37. Aprueban la concesión de un crédito de sesenta millones de pesetas para reconstrucción y reparación de daños en Asturias y el ascenso a tenientes generales de los generales Batet y López Ochoa por méritos contraídos en las jornadas de Octubre.

Los diputados monárquicos promueven debate sobre los abusos en la aplicación de la censura, que se excede en suprimir incluso calificativos de elogio a los jefes militares que se distinguieron en la lucha contra la revolución. En torno a la situación de Asturias, sorprende la dimisión del comandante Doval (7 de diciembre) en pleno desarrollo de sus planes para desarmar a los mineros. La dimisión obedece a discrepancias con el director de Seguridad y con el gobernador general de Asturias. Doval vuelve a África, a disposición del Alto Comisario. El hecho más importante en relación con los sucesos de Octubre es la puesta en libertad (28 de diciembre) de Azaña y Luis Bello, al declarar la Sala Según da del Tribunal Supremo no haber lugar al procesamiento, por disipación de indicios por los que se les acusaba. Azaña sale del buque «Sánchez Barcaíztegui» y se traslada a casa de la actriz Margarita Xirgu, en Badalona. Bello se dirige a Madrid. El ministro de Justicia, Aizpún, explica la resolución de la Sala, como consecuencia «de la lentitud con que se ha llevado el trámite para la aprobación del proyecto de ley de reforma del Tribunal Supremo», a lo que no es ajeno el Presidente de la República, por su preponderancia sobre cuatro de los magistrados de aquella Sala. «El país advierte que, dominada la revolución —comenta Giménez Fernández —, sin embargo, los revolucionarios aparecen como vencedores.»

CAPÍTULO 56.

SE CONSTITUYE EL BLOQUE NACIONAL BAJO LA JEFATURA DE CALVO SOTELO