CAPÍTULO 54.

DEBATE EN LAS CORTES SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LA REVOLUCIÓN

Las Cortes, que reanudan sus sesiones el 5 de noviembre, deben dilucidar la cuestión de las responsabilidades, tan enredada y oscura por la disputa entre los ministros y el Presidente de la República. Los escaños de socialistas y republicanos de izquierda aparecen vacíos. Tampoco asiste Maura. En cambio, ocupan sus puestos los nacionalistas vascos y los progresistas. Lerroux plantea el debate político. «En los primeros días del pasado mes —dice— un viento de locura criminal paseó por toda la península y culminó en oprobio y en vergüenza, en dolor y en sangre, en algunos lugares de la misma. Pudiera decirse que sorprendió, en la intensidad con que se realizara, a todo el mundo, pero también pudiera decirse que se había realizado la amenaza, que se había cumplido la profecía.»

¿Quiénes son los responsables del estado pasional? Después del desgaste de los Gobiernos de alianza republicano socialista, llegó al poder el partido radical, y contra él se desencadenó violenta campaña y a continuación contra las fuerzas dispuestas a colaborar con el pretexto «de que no se sabía si estaban encauzadas dentro de la República. A esto se llamó dar la batalla al fascismo». Y los socialistas empezaron a preparar la revolución. «Yo moriría satisfecho de haber prestado a mi Patria el servicio de haberos arrancado a vosotros, los monárquicos, todos estos elementos que hoy constituyen la derecha de la República.» «Se nos acusa de fascistas y de haber alterado el espíritu de la República. ¿Qué proyectos se han aprobado contrarios al espíritu y a la letra de la Constitución?» «No habrá modificación de leyes fundamentales, si no es siguiendo el curso prescrito en la misma Constitución.»

«Cumplimos con exactitud lo estipulado por el Estatuto catalán. ¿Por qué entonces el acuerdo desesperado y explosivo de la Generalidad el 6 de octubre? Respecto a Asturias, votamos todos los créditos que se propu­sieron para sostener la industria del carbón y a los obreros. Tales medios han servido para preparar esos crímenes nefandos que nos avergüenzan tanto como nos indignan. Lo mismo en Cataluña que en Asturias, el imperio del poder se ha mantenido. El Gobierno no tiene el propósito de ir a una represión proporcionada a los salvajismos cometidos. Cumplirá la ley sin crueldad, porque ésta es la mayor enemiga de la justicia. Hemos contraído una responsabilidad histórica que nos obliga a vivir prevenidos para que hechos semejantes no puedan repetirse.»

* * *

Firmada por diputados de las minorías radical, cedista, agraria y otros, se lee una propuesta de confianza, que defiende su primer firmante, Gil Robles. Desea éste decir al país el agradecimiento que debe al hombre que se sienta a la cabecera del banco azul, blanco de los más duros ataques del partido socialista, eje del movimiento revolucionario, que compartió responsabilidades de gobierno, imponiendo una política que obligó al apartamiento del partido radical; que, después de haber vivido y medrado dicho partido durante la monarquía y en situaciones de dictadura, se adhirió fervorosamente a la República, no por la República misma, sino por­que entendía que el Poder en sus manos no habría de ser un fin, sino un medio para la realización íntegra de su programa revolucionario.

Como no pudo impedir la formación de este Gobierno, apeló a la violencia, incluso con ayudas del exterior, a fin de someter a España a esa dictadura oprobiosa que ha conocido durante dos semanas una de las regiones españolas. «En cuanto a los partidos republicanos que se solidarizaron con los socialistas y con los rebeldes catalanes, incurrieron en la misma ilegalidad y traición que los promotores del desorden.»

Disconformes con muchas orientaciones doctrinales de la Constitución, queremos su reforma por el camino y los medios que ésta señala. En cuanto al castigo de los culpables, función fundamental y privativa del Consejo de ministros es la de examinar cuándo y en qué condiciones puede proponer el Presidente de la República el ejercicio de la gracia de indulto. «Materia es ésta en la cual yo no quiero entrar. El derecho de indulto, reminiscencia de facultades antiguas de la Corona, no es ya una facultad personal del Jefe del Estado, sino que compete al Gobierno responsable, el cual hace la propuesta en los términos y condiciones que quiere, y trae luego el asunto al Parlamento para que vea si ha sabido o no cumplir con su obligación.»

«Vamos a poner en claro todo lo ocurrido, sea quien sea el culpable y caiga quien caiga. Tan grave ha sido, que nadie puede, en modo alguno, echar un velo sobre responsabilidades, por muy elevadas y por muy significadas que sean. ¡Al pueblo, señor Presidente! ¡A buscar en él apoyo, inspiración y fuerza! Los que creemos en España, los que creemos en el pueblo, los que nos hemos formado, en la democracia sincera, no tenemos miedo ninguno. Su Señoría, viejo luchador, y nosotros, luchadores inexpertos, tenemos una misma finalidad. Si es preciso, ¡a buscar a España! Pero no habrá lugar. Estas Cortes vivirán mucho tiempo.»

El jefe monárquico Goicoechea anticipa que no votará la proposición de confianza: «Cuando parecía natural —dice— que, transcurrido un mes, el presidente del Consejo de Ministros se apresurara a explicar el uso que hizo de los poderes que por la Cámara se le confirieron, nos encontramos con la sorpresa de que se nos reclama un nuevo voto de confianza, sin que acertemos a saber por qué.»

«El señor Gil Robles ha hablado de responsabilidades morales y materiales, pero no ha aludido a las responsabilidades por omisión, y tengo que decir que si yo hubiera contraído aquella en que los señores Samper y los ministros de la Guerra y Marina han incurrido, no podría conciliar el sueño en todo lo que me resta de vida.

»La significación que se ha dado a la gracia del indulto es equivocada, pues las resoluciones del Consejo de ministros quitan libertad a los tribunales y crean una serie de responsabilidades que no sé cómo el Gobierno logrará salvar, convirtiéndose en una especie de Tribunal de Casación que os atraerá la responsabilidad sobre todas las sentencias. Estáis perpetrando un atropello constitucional y legal, pues el delito de traición cae de lleno bajo la competencia de la justicia militar.

»Una de dos: o no hay discrepancia entre el Presidente de la República y el Gobierno, y en ese caso el Gobierno tiene la obligación de cubrir con su responsabilidad la del Presidente; o hay discrepancias, y entonces debéis tener el valor de afrontar la realidad, y presentar una proposición acusándole. Todas las apariencias dan a entender que se pretende favorecer a los más grandes culpables del delito de traición. ¿Cuál es la razón de ese género de predilecciones? ¿Es acaso el hecho de que muchos de los inculpados forman parte de organizaciones secretas, a las cuales pertenecen algunos de los ministros de la República?»

Gil Robles le interrumpe: S. S. no tiene derecho a interpretar así el concepto que del indulto tiene el Gobierno.

Goicoechea concluye: El país anhela que desandéis todo lo andado desde el 14 de abril de 1931.

Para el diputado por Oviedo Melquíades Álvarez, las notas de los partidos republicanos rompiendo con las instituciones republicanas equivalían a fomentar y justificar la revolución. Después de esto, en adelante, ¿se podrá llamar a consulta a esos hombres? El movimiento ha representado de un lado el propósito de desmembrar la Patria, y de otro el infame deseo de destruir la sociedad y con ella todo lo que representa la más alta espiritualidad de la vida. «Por si no fuera bastante para execrar esta revolución, hay que decir que en su desarrollo se cometieron crímenes de tal ferocidad que con sólo recordarlos el sentimiento de piedad se ahuyenta de las almas más generosas y clementes.»

«Nunca he sido enemigo sistemático de la revolución. En la Historia hubo algunas que pueden calificarse de santas. La revolución es legítima contra un poder que atropella arbitrariamente los derechos y libertades de los ciudadanos. Y el director de ese movimiento revolucionario debe situarse al frente para encauzarlo. Yo dirigí la revolución de 1917 y mientras fui director no se cometió el más pequeño desliz de carácter delictivo. Y declaré que cualquier delito común sería denunciado por mí en la Policía.» (El orador es interrumpido con ironías y sarcasmos.)

«En la aplicación de penas no debe haber desigualdad. Hay hombres que se han manchado con toda clase de crímenes. Desgraciadamente para ellos, los Tribunales pedirán la pena de muerte y estoy seguro de que con gran dolor de todos, que somos hombres piadosos, el Gobierno tendrá que ejecutarlas. El derramar sangre cuesta muchas lágrimas e inquietudes, pero, por encima de la sensibilidad está el interés de España. Thiers, el hombrecillo que fue la befa de sus contemporáneos, cuando presenció los horrores de la Commune de París, en 1870, fusiló en nombre de la República y produjo millares de víctimas. Con aquellos fusilamientos salvó la República, las instituciones y mantuvo el orden. Que los delitos no queden impunes: al cumplir la ley se sirven los intereses de la República y de España.»

La mayor expresión de confianza al Gobierno en estos momentos, afirma Cambó, es callar sin indicarle el camino que debe seguir. Creo equivocado agravar las penas impuestas por las leyes. Ganivet veía a los españoles duros en la aplicación de la justicia, pero inclinados inmediatamente a la piedad. Lo procedente es hacer más eficaz el procedimiento de urgencia y extender el campo de los delitos sometidos al mismo. «Yo pediría a todos los señores diputados que nos comprometiéramos a que el día en que se discuta la reforma constitucional se establezca en ella un precepto que dificulte la concesión de la amnistía en España para los delitos que se llaman políticos y sociales, cuando vayan acompañados de las manifestaciones máximas de delincuencia. Para esos delitos no hay más pena eficaz que la pena de muerte, porque todas las demás vienen canceladas a los pocos meses por una amnistía, y todos deseamos que la pena de muerte se aplique lo menos posible. Recordad, señores diputados, y señores del Gobierno, que en menos de cuatro años se han dado tres amnistías generales. La última revolución, quizás la más grave de cuantas se han producido en Europa en lo que va de siglo, coincide con una profunda crisis espiritual. Si en España no se crea un clima espiritual que asfixie el espíritu de revuelta y de indisciplina de los españoles, España no se librará de los grandes males que la aquejan; y el único remedio espiritual que puede curarnos de esa indisciplina social, es la floración intensa de un patriotismo afirmativo, porque en España pasan los años y los siglos con afirmaciones de patriotismo negativo. Ha de llegar el momento en que el patriotismo español sea amor a España y conciencia de los grandes destinos que puede España cumplir. No ha sido en momentos normales cuando ha renacido el patriotismo, sino en las grandes crisis. Nos estamos desangrando estúpida e irracionalmente, sin necesidad. Tenemos desfavorable la balanza comercial, porque queremos; en España tenemos paro forzoso, porque queremos; el Gobierno podría resolver plenamente estos problemas con muy poco dinero. España no tiene política exterior y debe tenerla. Hoy España tiene muy poco que pedir y puede ofrecer más que nunca. Para resolver esos problemas, se necesita atención, esfuerzo y espíritu de continuidad.»

El disgusto y la decepción de las derechas monárquicas por el cariz impunista de la política gubernamental, agravado por la presencia en el Gobierno de ministros a quienes consideraban responsables por omisión en los sucesos de Octubre se acentúa en la sesión siguiente (6 de noviembre). Los tradicionalistas, declara el conde de Rodezno, «no votaremos la confianza, porque nos lo impide nuestra posición adversa al régimen». El discurso de más dura crítica y oposición lo pronuncia Calvo Sotelo. Coincide con Cambó en que los sucesos revolucionarios recientes son los más graves registrados en la Historia de España desde el siglo XIX a nuestros días. «Creo, añade, que, desde principios del siglo XIX acá, en país alguno se ha producido conmoción tan violenta, tan grave por toda clase de motivos. En el caso español han actuado conjuntamente el fermento separatista y el fermento marxista... Esto es lo que da, a la reciente tragedia española una gravedad insólita, superior a todo lo imaginable.» «En las responsabilidades por todo esto y por lo concerniente al período preparatorio de la revolución hay dos, bien definidas: la del Gobierno Samper y la del partido socialista.»

«La responsabilidad del Gobierno Samper, políticamente hablando, me parece indudable... Por la debilidad con que actuó al frente de los destinos del país, ha provocado el clima propicio para que estallase el movimiento revolucionario.» «¿Qué decir de las responsabilidades que alcanzan al ministro de la Guerra, señor Hidalgo? Para Calvo Sotelo las ha contraído de dos tipos: personal, por las actividades particulares como accionista principal de la Editorial Zenit, consagrada a la difusión de literatura comunista: el catálogo de sus publicaciones comprende series enteras dedicadas a exaltar la lucha de clases y a encumbrar episodios revolucionarios de raíz anarquista. Como ministro de la Guerra, recuerda destituciones de mandos militares, hasta el punto de «abandonar a España en manos de la Divina Providencia», y el pacto con los revolucionarios, como lo prueba el telegrama de López Ochoa a los jefes de columnas.» «El pacto fue incumplido, pero lo que yo censuro es que haya existido un convenio entre el representante del Poder Público y una facción que había cometido los crímenes más villanos.»

«Jamás Gobierno alguno, señor Lerroux, logró la suma de adhesiones y de fervores que Su Señoría a partir del 5 de octubre. El entusiasmo de ayer se ha trocado en desesperanza. El Gobierno ha sucumbido ante presiones externas, de las que se debe hablar aquí con entera claridad.»

«Los elementos revolucionarios se están rehaciendo espiritual y moralmente a marcha vertiginosa, y es que se sienten apoyados y protegidos por algo o por alguien que no es fácil definir; por un fluido magnético que sopla de no sé qué alturas invisibles.»

«En pleno estado de guerra se difunde una prensa clandestina, que ataca con prosa soez al Gobierno y a sus representantes. Los atracos, los crímenes sociales y el pistolerismo se encuentran a la orden del día; se habla de inminentes huelgas con entera naturalidad. ¿Por qué se tolera la cotización descarada entre los revolucionarios con cuotas extraordinarias para indemnizar a todos los que hayan sufrido daño como consecuencia de la revolución social? ¿El Gobierno no tiene poder para impedir que se levante frente a él otro poder clandestino e ilegal?

»E1 poder de intimidación, en los momentos de graves conmociones sociales sólo se logra con la justicia —éste es el primer don de todo Go­bierno—, pero también con la energía, que nunca será cruel si la ampara la ley. ¿Quién pide en España crueldad? Nadie, en absoluto. Que no haya crueldad para los criminales, pero que tampoco haya crueldad para los veintidós millones de españoles expuestos a sufrir otro asalto trágico.»

«Todavía —prosigue el diputado— no han ido a Oviedo ni el jefe del Gobierno ni el presidente de la República. Los heridos, traídos de Asturias a Madrid, no han recibido el homenaje del Jefe del Estado. Comportamiento bien distinto al que siguió el año 1932, cuando le faltó tiempo para honrar y recompensar a los que defendieron a la República, a los dos días de fracasar la revolución de Sanjurjo.»

«El partido socialista —dice Calvo Sotelo— tiene la responsabilidad directa de este movimiento, agravada por los siguientes motivos:

»Primero.—El partido socialista, que votó esta Constitución, se lanza contra ella para establecer una dictadura que va, no sólo contra la República, sino contra el régimen social y económico. Segundo motivo.—Su táctica discrepa de la de todos los partidos socialistas solventes de Europa, puesto que ninguno patrocina la lucha de clases en forma violenta. Tercer motivo.—A los dos años de haber luchado los socialistas contra la revolución desencadenada por la C. N. T. y la F. A. I., dicen un buen día que es compromiso suyo ir a la revolución social porque la lucha de clases es inseparable del marxismo.

«Debemos sentar el principio con todas sus consecuencias: hay que suprimir la lucha de clases. Como hecho y como propaganda. El morbo que lleva al país a estas luchas feroces no está sólo en los partidos; hay que buscarlo, además, en los cuerpos legales de la misma República.

»La Constitución republicana agoniza con esa tristeza íntima de todas las senectudes, porque «no tienen un mañana». ¿Qué frutos ha producido la Constitución? El dolor, la huelga, el separatismo, el marxismo, la destrucción, la anarquía, la lucha de clases que está agostando poco a poco la vida de España. Además, el viejo espíritu republicano español estaba imbuido de un espíritu antimilitarista. Pero la vida es maestra: y esta República, que no puede ser nunca presidida por un militar, ha sido salvada ahora por unos cuantos generales, jefes, oficiales y soldados. Y al hablar de generales conste que tengo presentes no solamente aquellos que se hallan en la inteligencia y en la gratitud de todos, sino también a algún otro que, como el general Franco, no por haber carecido de responsabilidad oficial en su puesto de mentor y asesor del ministro de la Guerra, dejó de contraer una responsabilidad moral enorme en momentos tan graves, que hoy la Patria le agradece con la máxima gratitud.»

«Es preciso afirmar la necesidad de que España cuente con un Ejército poderoso y devolver la satisfacción moral y la dignidad espiritual a los mandos de ese Ejército; es preciso, en una palabra, que consideremos que el honor del Ejército es el mismo honor de España El Ejército es mucho más que el brazo, es la columna vertebral, y si se quiebra, si se dobla, si cruje, se quiebra, se dobla y cruje España.»

Calvo Sotelo califica de inconstitucional la forma como se han preparado los indultos, tanto por la intervención personal del Presidente de la República como por la intromisión en los Tribunales para hacer una selección de expedientes y delitos. «Vosotros —afirma— habéis establecido un criterio sin precedentes en el Derecho Penal español, que es el examen conjunto de las sentencias a muerte dictadas en delitos distintos. ¿Os dais cuenta, señores del Gobierno, del precedente que habéis establecido al indultar un delito que une la rebelión militar a la alta traición equiparándolos a delitos comunes cometidos por la turbamulta revolucionaria?

»De los veintitrés condenados a penas de muerte, veintiuno han sido indultados y dos ejecutados; de éstos uno cometió un delito social-militar: arrojó una bomba contra un camión de guardias civiles; varios resultaron muertos; el otro, vulgar atracador, al huir disparó y mató a un agente de la autoridad. ¡Ah!, pero entre los indultados hay reos del delito de rebelión militar y alta traición. Indultando a Pérez Farrás habéis cometido un crimen al ejecutar a esos dos desgraciados.

»¿Qué más queda del espíritu de las Constituyentes? Queda la cúspide del Estado, y yo digo que si hay cuarenta y nueve diputados que asocien su firma a la mía, aquí se presentará una petición de discusión para acusar por responsabilidades políticas y criminales al Jefe del Estado, que ha infringido la Constitución y ha pisoteado el espíritu representado por esta Cámara.

»Es inútil que aquí intentemos amenguar la categoría de los hechos. El 6 de octubre es una fecha de densidad histórica tan inconmensurable como la del 14 de abril. El 14 de abril se hundió un régimen; el 6 de octubre no ha perecido un régimen, porque todavía se tiene en pie, pero ha perecido todo un sistema político estatal.»

Gil Robles se levanta para desvanecer la fuerte impresión que el discurso de Calvo Sotelo ha producido. «En la proposición de confianza, em­pieza diciendo, queda muy clara la necesidad de ir a una depuración de responsabilidades por acción u omisión, directas o indirectas, actuales o anteriores, en la preparación, desarrollo y consecuencias del movimiento revolucionario. Respecto a la tramitación de los indultos, el jefe del Gobierno ha de ofrecer al del Estado en propuesta razonada los motivos en los cuales funda la procedencia o improcedencia del uso del derecho de gracia, y es lógico que tiene que examinar, no a instancia, pero sí para su conocimiento, todos aquellos antecedentes, en que fundamentar una resolución que de otro modo sería caprichosa y no amoldada a los supremos intereses por que un Gobierno tiene en todo momento que velar. En cuanto a la comparecencia de determinados reos ante el Tribunal Supremo de Garantías, es obligada «por las leyes constitucionales y el Estatuto», que yo no voté y contra las que elevé la voz en el Parlamento, pero que se han convertido en una legalidad a la que hay que atenerse.» «Pero cuando el Gobierno no ha podido liquidar aún el proceso revolucionario, cuando quedan todavía núcleos rebeldes que es necesario aplastar, ¡ah!, entonces yo no me apunto un éxito oratorio, yo, lo que hago, es poner mi persona, mi partido, mi misma ideología al lado del Gobierno aunque se desgaste y se destruya, porque el espíritu de partido no lo pongo sobre España, sino debajo de ella para servirla.»

El orador recuerda que el año 1921 insinuaciones muy elevadas en la esfera del Gobierno obligaron a los Bancos a dar una suma superior a 40.000 duros para que se edificara la Casa del Pueblo de Mieres. «¿Es que no sabemos —pregunta— la fecha —época de la Dictadura de Primo de Rivera— en que se cedió al Sindicato Minero de Mieres de Asturias para su explotación la mina de San Vicente?»

«Se cometió un error que ha seguido cometiéndose después: el de creer que el partido socialista obraba de buena fe y que por captación podría obtenerse algo de él. Es el mismo error en que incurrió la República. El partido socialista ha recibido auxilios y protecciones de Gobiernos parlamentarios monárquicos, de Gobiernos dictatoriales monárquicos y de Gobiernos republicanos. Y cuando ha ocurrido eso, y esta realidad nadie puede negarla, cuando ese partido, preparando la revolución desde Poder desencadenó el movimiento subversivo más criminal que se ha cometido en España, entonces hay quien se vuelve contra un Gobierno que tiene veinte días de vida, nacido en el fragor del combate, para decirle: ¡Tú eres responsable de todos los errores del pasado y del presente...!»

«El indulto afirma es una facultad que corresponde exclusivamente al Consejo de Ministros. Si el Gobierno no cree oportuno poner en conocimiento del Jefe del Estado el caso, ni aquél ni ninguna autoridad puede intervenir. ¡Queda sentada la tesis! ¿Es que se pretende que yo siga por el camino que tantos españoles apetecen, de interpretar los indicios que se deriven de las notas oficiosas? No puedo hacerlo.»

«Mi interés es el interés de España. Y si en pleno período revolucionario, con la sublevación por dominar, planteo una cuestión previa, para examinar si el Jefe del Estado ha cumplido o no con su deber, me convierto en un revolucionario dentro del Gobierno...

»La visión seductora del Estado futuro propugnado por Calvo Sotelo no la comparto, porque me atengo a la realidad.» Pero eso no quiere decir que haya renunciado al programa revisionista. «La Constitución vigente tiene vicios substanciales con los cuales no podemos transigir», pero mi deber de ciudadano me dice que «mientras esa ley este en vigor ha de respetarse, aunque dentro de las vías legales se procure su modificación. Es la única táctica posible».

«Está en crisis —dice— aquel viejo concepto liberal que cimentaba sobre el individuo todo el edificio político y social.» Pero temo que «antes de ensayarse con plena eficacia, este también en decadencia el principio contrario, que apartando al individuo, quiere construirlo todo sobre el Estado». «No sé si lo que defiendo es o no tradicionalismo, pero los principios no son doctrinas estancadas en ninguna organización política, sino arrancados del alma misma nacional, y el ponerles etiqueta está por encima de las pequeñeces del partido.»

Todavía no ha llegado el momento de la coincidencia de fuerzas para la construcción de un nuevo Estado. «Tenemos que contentarnos con la colaboración del partido radical, en cuyas filas he encontrado un apoyo y una coincidencia que nunca creí alcanzar.» «Nos separan abismos doctrinales, pero nos une un mismo amor a España.» Por todo ello, reitera su apoyo al Gobierno, «que no es un Gobierno de partido, sino una agrupación circunstancial de hombres que trabajan por el bien de la patria».

La mayoría puesta en pie le aclama. Guerra del Río, ex ministro radical, declara: «La vieja guardia republicana empieza a rendirse. La C. E. D. A. ha quedado absolutamente deslindada del fascismo. No cabe declaración más terminante. Gil Robles ha prestado un gran servicio a la República, porque el discurso de Calvo Sotelo llegó a producir un enorme efecto en la Cámara...» «Gracias a Dios —comenta el ministro de Justicia Aizpún que estaba en la Cámara Gil Robles. De lo contrario, pudo haberse producido un derrumbamiento.»

* * *

«Lerroux —manifiesta José Antonio Primo de Rivera—, ha dejado abandonada una bandera intacta» que él y sus amigos recogen del suelo. «El Gobierno que preside don Alejandro Lerroux se encontró en una de esas encrucijadas históricas desde donde arrancan para una patria el camino de la grandeza y el camino de la vulgaridad. Hubo una ocasión decisiva en aquella mañana del 7 de octubre en que todos apoyamos al Gobierno para que lanzase a España por el camino de la grandeza y este es el momento en que tememos que el Gobierno esté desperdiciando una magnífica ocasión histórica...» «Nadie se juega nunca la vida por un bien material. Cuando se arriesga una vida cómoda, cuando se arriesgan unas ventajas económicas es cuando se siente uno lleno de un fervor místico por una religión, por una patria, por una honra o por un sentido nuevo de la sociedad en que se vive. Por eso los mineros de Asturias han sido fuertes y peligrosos.»

«Frente al estallido de una revolución llena de ímpetu místico, ¿qué podía ofrecer el Estado español? ¿Pero es que el Estado español cree en algo? ¿Y la sociedad española? Decidme si la sociedad española tenía el sentido de estar al servicio de unas normas de validez permanente que la justificaran en una actitud enérgica y de defensa. A España la ha salvado ese genio heroico y militar, que una vez más ahora, como siempre, ha devuelto a España su unidad y su tranquilidad.

»El mayor error del Gobierno es que concede más importancia a los horrores de Asturias, que ya no tienen más que un valor anecdótico, que a lo sucedido en Cataluña, que ha sido gravísimo. Hemos visto condenado a muerte a un pistolero e indultado a un oficial que se alzó contra la unidad de España, mandó disparar a sus tropas y mató a otro oficial del Ejército español y a varios soldados. El señor Pérez Farrás es masón y por eso se ha salvado.»

«Si vosotros —dice, dirigiéndose a los diputados de la C. E. D. A.— representáis algo hondo y espiritual, es decir, lo contrario de la masonería, veremos cómo explicáis en las próximas propagandas electorales vuestra complicidad en este crimen.» «Dentro de muy poco, estará todo poco más o menos como estaba; la estructura social y política que ha quebrado seguirá en pie y no se habrá logrado nada, y la vena heroica y militar que nos ha salvado volverá a enterrarse, por si otra vez tiene que salvarnos de milagro. Las ocasiones desperdiciadas han sido las que abrieron siempre camino a las revoluciones nacionales; porque se ha desperdiciado el 7 de octubre, es muy posible que venga la revolución nacional en cuyas filas me alisto.»

Los nacionalistas vascos se abstendrán de votar, declara su jefe Aguirre, pero si tal abstención se entiende como falta de solidaridad con el Gobierno ante el anuncio de inminentes desórdenes, votarán la confianza.

Termina el debate con unas palabras de Lerroux. Califica el discurso de Calvo Sotelo como «el más demagógico que ha podido pronunciar hombre de responsabilidad y talento». No quiero hurtarme, dice, ni siquiera a las insidias. «A mí no me rebaja ni me desautoriza que el señor Goicoechea suponga que el señor Gil Robles es presidente adjunto. ¿Por qué? Porque es muy posible que si este Gobierno se consume rápidamente al enfrentarse contra la revolución, sea Gil Robles quien tenga que sustituirme en este puesto y entonces yo seré el presidente adjunto.» «Vamos a dilucidar inmediatamente todo género de responsabilidades, las de conjunto y las individuales.»

El Gobierno obtiene la confianza por 233 votos en favor y ninguno en contra. Se han abstenido los monárquicos y los tradicionalistas.

* * *

La discusión de los sucesos de Asturias no ha terminado. En la sesión siguiente (7 de noviembre), el diputado cedista asturiano y alcalde de Oviedo durante la Dictadura, Fernández Ladreda, vuelve sobre el tema. Es un testigo de calidad, por haber vivido la tragedia en la capital de Asturias. Hace un relato dramático y palpitante de lo sucedido. Cuenta cómo se preparó el movimiento y se permitió el armamento de los mineros por dejación de las autoridades regionales e indiferencia del Gobierno. Describe a los cabecillas, autores del desorden y los momentos más dramáticos, aquellos en que la región estaba en poder de los malhechores. El relato de los asesinatos de ingenieros y sacerdotes encoleriza a la mayoría, que puesta en pie apostrofa a los verdugos. «Asturias —concluye — pide justicia. No consentirá que sobre sus ruinas se levante la bandera del impunismo».

Aludido y acusado por varios diputados el ministro de la Guerra, Hidalgo, se defiende. Su relación con la «Editorial Zenit» se remonta a 1928 y se redujo a recomendar el descuento de unas letras en favor de un amigo interesado en el negocio. Al constituirse la editorial en Sociedad Anónima, fue presidente de su Consejo de Administración por poco tiempo. En la actualidad es sólo acreedor de la entidad. El Consorcio de Industrias Militares va a ser disuelto. El coronel de la Fábrica de Armas está sometido a sumaria. Asturias no estuvo desguarnecida, pero sí falta de mandos. Ante la notoria reducción de las guarniciones peninsulares hubo que recurrir a fuerzas del Ejército de África. «No era la primera vez que esto se hacía, porque ya el señor Azaña las trajo el 10 de agosto.» «El general Franco, en el orden espiritual, fue mi asesor; López Ochoa condujo al Ejército a la victoria y libró a Oviedo del asedio y Yagüe al frente de los soldados de África coronó la victoria.»

Otros oradores, Moutas, Fuentes Pila, Serrano Jover, enjuician los sucesos desde diversos puntos de vista. Acusado el ministro de Estado, Samper, jefe del Gobierno hasta las vísperas de la revolución, como responsable de no haber previsto y abortado el movimiento, desea puntualizar los hechos. Apenas inicia su discurso se ve interrumpido en un constante asalto por monárquicos y cedistas. A Samper, de buena fibra parlamentaria, diestro en la réplica, documentado, sus adversarios no le sorprenden desapercibido. «El Gobierno —dice— estaba constituido por trece ministros, y, sin embargo, sólo se nos acusa a los señores Rocha, Hidalgo y a mí.» «Un movimiento revolucionario no puede producirse más que mediante el concurso, por lo menos, de estas tres circunstancias: una causa psicológica, una acumulación de fuerzas materiales y una ocasión propicia.» «El partido socialista, con motivo del advenimiento de la República, adquirió un predominio superior al que le correspondía: en primer término, porque gozó de un trato de favor durante la Dictadura que le permitió organizarse adecuadamente, mientras los demás partidos políticos eran perseguidos; en segundo lugar, porque obtuvo una participación en las candidaturas de las Cortes Constituyentes desproporcionada a sus fuerzas, merced a su habilidad para inmiscuirse en las organizaciones republicanas. Y, por último, porque en cuanto alcanzó una participación en el Poder no se dedicó a servir los intereses de la Patria, sino a organizar sus fortalezas y sus unidades de combate, ocupando dentro de la República una posición privilegiada.» El día 17 de Septiembre dice El Socialista: «Con el Gobierno del señor Lerroux entra España en una fase revolucionaria. Queramos o no, el proceso de la revolución española se acelera desde ahora.» El día 28 de septiembre, Largo Caballero declara en el semanario Renovación: «Nos hallamos en una etapa de la revolución social. El capitalismo ha dado de sí todo lo que podía. Estamos a las puertas de una acción de tal naturaleza que conduzca al proletariado a la revolución social.» Y el mismo día 28 de septiembre El Socialista escribe: «El partido socialista es la vanguardia revolucionaria del proletariado organizado. Los sindicatos tienen el deber histórico de preparar su defensa, que no es otra que la revolución. La revolución no puede tener por objeto al capitalismo, sino destruirlo.» «Por otra parte, surge otro conflicto, que tampoco el Gobierna provoca: el de Cataluña. La Generalidad de Cataluña estaba acostumbrada a vivir en plena arbitrariedad desde el advenimiento de la República.» «Si en el mes de junio el Gobierno se hubiera incautado del orden público, la situación en Cataluña hubiera sido peor, porque entonces se trataba de la Esquerra catalana, pero fácilmente se hubiera incorporado a ella una gran parte del pueblo catalán.» «Cuando llega el momento de defenderse contra un movimiento revolucionario, el Estado español es invencible, aunque se unan socialistas y comunistas y sindicalistas y todos los elementos enemigos del orden público; el Estado es invencible cuando pone en uso todos los resortes de su poder, pero el Estado español es débil respecta a las medidas de previsión.» «En resumen, no creo haber suscitado el movimiento revolucionario; no podría llegar a tanto mi poder; obedece a causas lejanas en las que yo no he tenido intervención. Tampoco ha habido imprevisión, porque se han adoptado las medidas ordinarias y corrientes, aun cuando en Asturias la revolución haya rebasado el grado de esas medidas. Sin embargo, justo o injusto, yo me someto a vuestro fallo y acato de antemano vuestra deliberación, con la seguridad de que de mis labios no ha de salir una queja. Prefiero el ostracismo a la caridad.» «Hace falta que en España creemos una zona templada de convivencia para todos los hombres de bien, para todos los hombres de buena voluntad, cualquiera que sea el partido a que pertenezcan.» «Me preocupa también la suerte de las propias masas socialistas; no se puede hacer desaparecer un partido; ese partido existe y ojalá encuentre hombres que recojan esas masas y la dirijan y encaminen por procedimientos evolutivos.»

«La irresponsabilidad en España —afirma Goicoechea al replicar al ministro de Estado— hace mucho tiempo que ha mudado de sitio. La irresponsabilidad legal sigue en las cumbres; pero la irresponsabilidad moral está en los consejeros.» La Cámara debe manifestar su incompatibilidad con aquellos diputados socialistas que no condenen los sucesos de Asturias y debe declarar que el Gobierno del señor Samper es responsable, por negligencia de los sucesos desarrollados. Estos dos deseos figuran en una proposición de la minoría de Renovación Española que Goicoechea defiende. Reproduce sus ataques al Gobierno Samper, acusándole de falta de energía y de claudicación constante. ¿Qué criterio —pregunta— tiene el Gobierno de esas organizaciones secretas en la Marina y el Ejército, organizaciones a que el señor Rocha pertenece? Creemos que la responsabilidad más grave que podemos arrastrar sería nuestra infidelidad a las conclusiones del voto popular del 19 de noviembre.

Samper se limita a decir: «Yo, señor Goicoechea, tendré sobre mí todas las responsabilidades que quiera; pero S. S. ha hablado como el que carece de toda responsabilidad. Todo lo que se levanta contra mí es hojarasca y palabrería.» El ministro de Marina, Rocha, exclama: «Le han engañado al señor Goicoechea los que le han hablado de determinadas asociaciones. No hay nada de signos raros ni de señales misteriosas. No se deje sugestionar por esas cosas que me recuerda, lo que pasaba con los republicanos hace tiempo: que todos los males se los atribuían al Clero.»

La Cámara dedica la primera parte de la siguiente sesión (9 de noviembre) a rendir un homenaje a la memoria del diputado tradicionalista Oreja Elósegui, asesinado en Mondragón. Representantes de todas las minorías presentes se asocian con palabras emocionadas. Gil Robles refiere: «Dos días antes de morir, Marcelino Oreja me envió como recuerdo un crucifijo. En la peana hay escritas unas palabras de perdón a sus enemigos. ¡Parece que adivinaba lo que le iba a ocurrir! No puedo en estos momentos condenar ni maldecir a nadie. Están las palabras de Marcelino Oreja, que es la mejor corona de su memoria y un recuerdo imperecedero para mí.»

El suplicatorio para procesar al diputado Largo Caballero se aprueba por unanimidad y la discusión sobre los sucesos de Octubre prosigue a cargo de nuevos oradores; Roa de la Vega, cedista, diputado por León; Manglano, tradicionalista; Rodríguez de Viguri, que enjuicia la situación del Ejército y al responderle el ministro de la Guerra, explica que no tiene prejuicio alguno contra el coronel Varela. Éste acaba de terminar el curso de coroneles y sin tardar mucho se le concederá un mando. El debate concluye con un discurso acusatorio y explosivo del doctor Albiñana contra las organizaciones marxistas y separatistas, doliéndose a la par «de ver juntos en el banco azul a católicos y masones».

El proyecto de reglamento de la Cámara y otro sobre tenencia ilícita de armas están sometidos a la discusión de los diputados, destacándose en el examen del segundo Primo de Rivera. Sigilosamente y sin que su presencia dé motivo a ningún incidente, ocupan sus escaños Martínez Barrio y Miguel Maura.

El debate sobre los sucesos de Asturias se reproduce (14 de noviembre) con una interpelación del tradicionalista Lamamié de Clairac y otra del cedista Madariaga sobre abandono e indefensión de los Sindicatos católicos. «El terrible drama, dice este último, es que los obreros no pueden trabajar si no están asociados a organizaciones marxistas.»

Sin previo aviso, siete diputados de la Esquerra ocupan sus escaños (15 de noviembre) y al ser descubiertos se promueve una escandalosa algarabía de protesta. Uno de los recién llegados, Ventosa Roig, intenta hablar y varios diputados se lo impiden: «No pueden hablar esos señores aquí.» Calvo Sotelo: «Que digan si son españoles o antiespañoles.» Guerra del Río: «Tienen perfecto derecho a hablar, como cualquiera.» Un diputado: «Como cualquiera, no.» Primo de Rivera: «Lo primero es que hablen de la revolución de Cataluña, y, si no, que no hablen de nada.» El Presidente: «Vamos a oír primero a estos señores.» Ventosa Roig: «Señor Presidente, atendiendo al requerimiento de S. S., debo hacer constar, en primer término, que no veo con qué derecho vienen aquí estos señores a preguntar si somos o no españoles.»

Interviene Gil Robles, para censurar a los diputados catalanes por su audacia al presentarse, sin previamente haber dado «lo que era obligado a su dignidad individual y de partido, una definición de su conducta, para que supiéramos todos los que estamos aquí si podíamos dignamente convivir con ellos». «Creo —añade— que interpreto el sentir de muchos diputados si, dirigiéndome al señor Presidente de la Cámara, le digo que no podemos, de ninguna manera, admitir diálogos con quienes se han colocado fuera de la Constitución.»

«La minoría y el partido de Esquerra Catalana —responde Ventosa Roig— jamás han hecho declaración alguna de antiespañolismo, sino todo lo contrario. Buena prueba de ello está en que, incluso con relación a los hechos que aquí se han comentado, niego de una manera absoluta que se hayan proferido gritos de «¡Muera España!» ni en Barcelona ni en ningún sitio. No somos antiespañoles; somos federales.»

El diputado Serra y Moret, de la «Unió Socialista de Catalunya», afirma que el movimiento quedó aislado y sofocado, porque la inmensa mayoría del pueblo no se adhirió a él. «Las responsabilidades no pueden alcanzarnos a quienes estábamos ignorantes de lo que iba a ocurrir; deben concretarse en los que tomaron parte en el movimiento.»

Todas estas explicaciones se producen entre continuos alborotos. A fin de apaciguar los ánimos, el Presidente propone y la Cámara acepta cinco minutos de silencio, «como corresponde a la dignidad en momentos como este». «Yo quisiera —exclama Gil Robles— que procurásemos dejar liquidado este incidente cuanto antes. Creo que a ello han contribuido las palabras del señor Serra Moret, porque con todas las deficiencias justificadas en buena parte por la dificultad del momento, hay algo positivo en sus manifestaciones.»

Se leen unas proposiciones incidentales de Renovación Española y otra de la C. E. D. A. Conforme a la primera la Cámara debe manifestar su incompatibilidad con aquellos diputados socialistas que no condenen los sucesos de Asturias «y declarar que el Gobierno de Samper es responsable por negligencia de los sucesos desarrollados». La segunda menos radical, ofrece a los ministros desahuciados una oportunidad para que abandonen el Gobierno sin escándalo. Está redactada en estos términos: «Las Cortes, en vista de los hechos puestos de relieve en el debate promovido por el señor Fernández Ladreda, acuerdan: Primero. —Declarar la incompatibilidad moral de la Cámara con los diputados que hayan tenido parte por acción o inducción en el movimiento revolucionario. Segundo. —Encarecer al Gobierno la necesidad de que con la máxima urgencia se proceda a una investigación a fondo de las cuentas y actividades de los diversos organismos sindicales, procediendo a la inmediata disolución de todos aquellos que hayan tenido alguna participación directa o indirecta en el movimiento subversivo. Tercero.—Proceder a la inmediata incautación de los fondos de Sindicatos y asociaciones que se han disuelto, aplicándolos a reconstruir las regiones devastadas por el movimiento.»

La proposición —dice Gil Robles— recoge un deseo de justicia que ha logrado fundir en un mismo sentimiento a diversos sectores de la Cámara. «Con independencia de la actuación de los Tribunales hay un orden de responsabilidades de índole política que corresponde al Parlamento, y nadie puede dudar de que algunas de esas responsabilidades afectan a miembros del Gobierno. ¿Fatalidad? ¿Mala suerte? Son heridas mortales que no tienen remedio. No implica esta actitud resolución contra ningún ministro. Es un problema de disciplina y de conveniencia del propio partido radical que debe resolverlo la delicadeza de los interesados». «Entendemos que nuestra colaboración con el partido radical, ahora y en lo futuro, es absolutamente necesaria y, firmes en esa posición patriótica, nos mantenemos en la misma lealtad que en los primeros momentos.»

A Samper le irrita la manera cómo se pretende arrojarle del Gobierno. Se considera víctima de una injusticia. Ausente Lerroux del banco azul, se siente impelido a actuar de defensor. «Si se exige mi dimisión ha de ser mediante proposición y acuerdo de la Cámara. Mi dimisión voluntaria equivaldría al reconocimiento implícito de una culpa. ¿No se solidarizó la minoría radical con la conducta de mi Gobierno? Espero que se serenen los espíritus y se imponga la razón.»

Los radicales votarán la proposición, anuncia Guerra del Río, haciendo la salvedad de que la incompatibilidad moral a que se alude no puede alcanzar más que a los condenados por Tribunales. Los diputados de la Lliga Catalana —dice Ventosa— no entrarán en la cuestión y se abstendrán. La proposición de la C. E. D. A. se aprueba por 161 votos contra 13. Los monárquicos han votado a favor.

Samper e Hidalgo salen del Gobierno. En muy pocas horas y de muy fácil manera se resuelve la crisis. Lerroux se encarga (16 de noviembre) de la cartera de Guerra y Rocha, ministro de Marina, de la de Estado. «Me considero —declara Samper— víctima de una maniobra en cuyo fondo palpitan intenciones y propósitos ajenos a los sucesos de Octubre. No solicité formar en el Gobierno; fue Lerroux quien decidió mi nombramiento.» En resumidas cuentas, la crisis es una manifestación ostentosa promovida por la C. E. D. A., con la que trata de justificarse ante los correligionarios, indignados por la que califican de táctica impunista. Parva satisfacción a unas exigencias que no quedarán contentas con tan ridícula farsa. En el proceso de responsabilidades, el Tribunal de Garantías Constitucionales se declara competente para juzgar a los consejeros de la Generalidad que delinquieron.

* * *

Al debate sobre los sucesos de Asturias sucede el debate político (16 de noviembre). Lo plantea Miguel Maura. Nadie le aventajará —son sus primeras palabras— en condenar los sucesos revolucionarios. De ahí pasa a analizar la política de la C. E. D. A. desde sus orígenes y achaca a Gil Robles el propósito de acabar con toda la obra de la República. Las clases conservadoras deben hacer una política de convivencia que no sea de debilidad ni de claudicación con el partido socialista, cuyo número de afiliados, según estadística de la Dirección General de Seguridad en 1934, es de 1.444.474, más 1.577.547 de otras organizaciones obreras, frente a 549.946 afiliados de derechas. Cifras —a todas luces erróneas— que producen risas y abucheos. Existe además —añade—, una masa neutra, que al movilizarse decide en las elecciones. «Don Antonio Maura en 1910 en un discurso en Molinar de Carranza decía: «El poder político que se asiente sobre uno de los extremos, cualquiera que sea, podrá dar un día el grito salvaje de la victoria sobre sus enemigos, pero deberá apercibirse para la resignación al día siguiente, porque no tendrá paz ni durará.» «De modo que es un problema de coexistencia y tolerancia, que significa comprender cada cual que tiene frente a sí alguien que con el mismo derecho opina lo contrario y concibe de contraria manera la felicidad pública.» «Habéis triunfado en las urnas, hace un año. ¿Qué ha pasado en este tiempo? El triunfo ha sido clamoroso, como es posible que no se vuelva a repetir en la Historia de España en mucho tiempo. Ahora bien: una República democrática, apoyada tan sólo en las fuerzas esencialmente conservadores y teniendo enfrente la pugna, el odio, la lucha de todos los sectores que no son conservadores socialmente, no es una República ni se puede llamar una República; será cualquier cosa, menos eso.»

Martínez Barrio explica su separación del partido radical cuando éste pactó con las fuerzas de Gil Robles no incorporadas a la República. A Acción Popular siempre le ha pedido claridad en su proceder. Ha condenado los movimientos revolucionarios y siendo poder aplicó la ley a los que se desmandaron y apelaron a la violencia. La actitud de la Generalidad le merece el juicio más adverso, y cuando quiso hacerlo público, la censura se lo prohibió. «Jamás he simpatizado con movimientos contrarios a la unidad de la patria que defendí toda mi vida.» Pregunta: «¿Va a cumplir Acción Popular con actos desde el Gobierno lo que no se ha decidido a hacer en una declaración? Los vencidos de ayer son los vencedores de hoy; pero nadie cuente con tener en su mano apresada, de modo definitivo, la victoria. Los vencedores de hoy pueden ser los vencidos de mañana. Me sublevo contra la idea de que mi país esté siempre sometido a esta alternativa dolorosa y trágica; quiero verle, por el contrario, en una zona de normalidad, de convivencia política y social que permita a cada uno, desde el ángulo político en que se halle colocado, defender conjuntamente sus intereses y los de la nación.»

Gil Robles contesta a sus impugnadores. El período revolucionario —dice, dirigiéndose a Maura— comenzó en las Constituyentes. Entonces el jefe de la minoría conservadora opinaba que sólo con la disolución se restablecería la normalidad. Las diatribas de Maura contra aquellas Cortes y contra Azaña son memorables. Pedía la colaboración de la C. E. D. A., considerándola fuerza afín, y en las elecciones no puso inconveniente en que sus candidatos figurasen con los de Acción Popular e incluso con monárquicos. Por ser nuestro republicanismo sospechoso y ante una posibilidad de inteligencia con el partido radical, Martínez Barrio recabó su libertad de acción. Pero en unas resonantes declaraciones a Blanco y Negro, encontraba lógica una concentración gubernamental de agrarios, radicales, regionalistas y populistas presidida por Lerroux. Cambió de criterio y deseó la disolución de las Cortes, con el propósito de robustecer el nuevo partido que había creado con su escisión. «Y cuando el Jefe del Estado, respondiendo al significado de las elecciones de noviembre, a nosotros, dispuestos a entrar con toda lealtad por el camino de la legalidad y servir a la República, nos da participación en el Gobierno, en ese instante se desencadena la revolución y se hacen públicas las notas de SS. SS. en las que rompen toda solidaridad con las instituciones del Estado y dan aliento a los revoltosos.»

«¿Acaso no estuvo en nuestras manos, con una política de intransigencia, hacer imposible la vida de ningún otro Gobierno? ¿No estaba en nuestras manos agotar las prerrogativas constitucionales del Presidente de la República para hacer que viniera aquí una Cámara con las mismas fuerzas de derechas que ahora se sientan en estos escaños? Sin embargo, no hemos querido hacer eso, porque nuestro propósito no era perturbar ni destruir, sino salvar del naufragio todo aquello que pudiéramos.» «Nuestro espíritu constructivo y nuestro deseo de justicia social se plasmarán en proyectos y seguiremos nuestro camino con toda la lealtad que ha merecido los aplausos de muchos republicanos.»

A continuación la Cámara concede suplicatorio para procesar por jurisdicción militar al diputado socialista Teodomiro Menéndez (20 de noviembre), aprueba su nuevo Reglamento interior y prosigue el debate sobre Asturias. Martínez Barrio en su discurso de rectificación quiere fijar posiciones para el porvenir. El estado de guerra debe cesar. «Hay —dice— muchos miles de presos en las cárceles. ¿No es hora de que se ponga término a las detenciones, de todos aquellos contra quienes no resulta indicio alguno de criminalidad?» «Aplicad las leyes y aplicadlas con rapidez y hasta, si es vuestro deseo, con severidad, pero aplicadlas sobre aquellos hombres y sobre aquellas cabezas que resulten implicadas.»

Gil Robles, que en realidad, dirige este debate y la vida de la Cámara, exclama: «Los procesos se instruyen con celeridad. Llevamos dos semanas tratando de asuntos políticos; es hora de ir a una labor más fecunda. Está esperando el presupuesto y el paro demanda urgente solución. Busquemos soluciones a tantos problemas.»

No es fácil que se cumplan los deseos gubernamentales de consagrarse por entero a las tareas constructivas; múltiples obstáculos interceptan el camino. El diputado de la Unión Republicana, De las Casas, pide al Gobierno (21 de noviembre) se esclarezca lo sucedido al periodista Luis Sirval. Según el diputado, el periodista fue asesinado por un oficial del Tercio el 21 de octubre. A juicio del ministro de Estado, un oficial es incapaz de cometer un hecho como el denunciado. Se instruirá sumaria y las responsabilidades serán exigidas.

Comienza a discutirse el dictamen de la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de ley de protección a yunteros y pequeños propietarios. Consta de cinco artículos. Por el primero se permite a los yunteros, esto es, a los ocupantes de las fincas en virtud de las autorizaciones concedidas por Peña Novo, gobernador general de Extremadura en el Gobierno de Azaña, que continúen en su disfrute, pudiendo sembrar sobre rastrojo durante el año agrícola que terminará el 31 de julio de 1935. Se beneficiarán únicamente aquellos que hayan cumplido sus obligaciones. Los propietarios percibirán sus rentas garantizadas por el Instituto de Reforma Agraria. El artículo segundo exceptúa de esta prórroga las tierras no susceptibles por su calidad, de resiembro y enumera los recursos que se pueden presentar. También se exceptúan las tierras que se den en arriendo voluntario, de menos de diez hectáreas. Los otros capítulos señalan las garantías para los propietarios, al no permitir que la posesión sirva de título para el derecho de retracto, y los procedimientos para el desalojamiento de las fincas al término de la ocupación.

En este proyecto —explica el ministro de Agricultura, Giménez Fernández— se apunta una tesis sobre el uso de la propiedad, «que puede estimarse avanzada frente a otros criterios, que yo respeto». Todas las reformas intentadas en Extremadura han fracasado, porque mientras en Andalucía el obrero lo que quiere es un buen jornal, en Extremadura desea tierra propia, porque tienen un concepto familiar de la propiedad. «Yo aspiraba a que esta distribución de la tierra la hicieran los propietarios por propio convencimiento. Aspiraba a eso. Pero hasta aquí es lo cierto que por los peligros que supone el régimen caótico de arriendos que existe, los propietarios no se atreven a iniciar estas empresas de división de la propiedad.» «Aquí vendrá una ley de Arrendamientos en que se darán garantías a los propietarios que establezcan el sistema de aparcería, pero que jamás puedan ser privados de la propiedad, y por este sistema de aparcería irá poco a poco mejorando la situación del obrero. También vendrá pronto un proyecto de acceso a la propiedad. Los asentamientos pueden fracasar, pero la división de la tierra para que una familia de labradores pueda cumplir su misión, y con el tiempo adquirir la tierra en propiedad, eso no puede fracasar. Tengo que decirlo, que en virtud de esta obra necesaria de reforma agraria, aunque muchos, que hoy tienen mucho, se queden con algo menos, todos deben tener algo.» «Como toda propiedad tiene que basarse sobre el concepto de que los bienes se nos han dado como medio para subvenir a la naturaleza humana, el uso de los bienes que excede de lo preciso para cubrir estas necesidades para que la propiedad fue creada puede ser abusivo, y lo es, ciertamente, cuando éste coincide con un estado de extrema necesidad de otros hermanos nuestros.» «No hay que olvidar que, además del desarme material, hace falta el desarme moral, y no hay desarme moral si se sigue en el plan de una sociedad egoísta que no se preocupa más que de la satisfacción de las propias necesidades, sin tener una palabra de solidaridad y de paz con los desvalidos.»

Giménez Fernández, que se ha distinguido como el más avanzado en política social entre los diputados de la C. E. D. A., expone abiertamente su criterio sobre legitimidad, uso y abuso de la propiedad, en términos hasta ahora inauditos en el campo de las derechas. Fundamenta sus tesis en encíclicas y textos de santos padres. Le aplauden los radicales y los diputados de Martínez Barrio con más brío que sus correligionarios. El ex ministro progresista Cirilo del Río defiende los proyectos, mientras los agrarios se declaran contrarios a los mismos. De «antieconómicos y anti­agronómicos» los califica Álvarez Lara. Al socialismo —afirma Royo Villanova— no se le desarma con reformas sociales. «Es muy lamentable —exclama el independiente Daza— que la política calamitosa de Marcelino Domingo sea continuada por un ministro de la C. E. D. A. Con el trabuco de la ley se va a atracar al propietario, desposeyéndole de sus bienes.» La resiembra preconizada por el ministro de Agricultura —dice el regionalista Florensa— es un disparate. Hay que cultivar con arreglo a la técnica y a los conocimientos del buen agricultor. El tradicionalista Lamamié de Clairac afirma que si con el proyecto se quiere sancionar una injusticia, es inútil que se invoque como razón la situación de los yunteros; la injusticia prevalecerá. El monárquico Serrano Jover expone: «Nosotros no podemos aprobar este proyecto por razones de técnica agrícola, sociales, políticas y jurídicas.» El ministro de Agricultura contesta (27 de noviembre) a todos sus impugnadores. «Tengo la teoría —afirma— de que el Poder público no puede desconocer el derecho de propiedad, pero sí puede reglamentar su uso con arreglo a las necesidades del bien común, doctrina que creo no me recusará nadie en esta Cámara, cada uno desde su punto de vista, y afirmo categóricamente que quien crea que esto es contrario a alguno de los principios que profeso, me lo diga, porque con textos le demostraré que el Poder público en todo caso tiene derecho a reglamentar el uso de la propiedad en función del bien común, doctrina de los pensadores de mi escuela, que no creo que nadie podrá desconocer.» «Iré a la intensificación, no de cultivos, sino de la reforma agraria en Extremadura, enviando número bastante de ingenieros para que se resuelva en este año el problema.» Y la Cámara comienza la discusión del articulado del proyecto.

CAPÍTULO 55.

LOS MONÁRQUICOS PIDEN LA DEROGACIÓN DEL ESTATUTO CATALÁN