CAPÍTULO 40.

SE DESCUBREN ARSENALES Y ALIJOS DE ARMAS DE LOS SOCIALISTAS

Los socialistas continuaban los preparativos de la insurrección armada con impudicia y escándalo. En la polémica entablada entre los partidarios de respetar al régimen y los detractores de la República parlamentaria, de la que no podía esperarse nada, vencieron estos últimos, guiados por Largo Caballero, el cual, aconsejado por Araquistain, Álvarez del Vayo y Carlos Baráibar, sostenía que el reformismo llevaba al socialismo a una vía muerta, y que la experiencia había demostrado la imposibilidad de realizar el socialismo en un régimen de democracia burguesa. «La República es un accidente —escribía Araquistain al examinar la nueva etapa del socialismo—. Hay que volver a Marx y Engels, no con los labios, sino con la inteligencia y con la voluntad. El socialismo reformista está fracasado. Nos engañamos casi todos y ya es hora de reconocerlo. No ha fracasado el socialismo revolucionario, sino su falsificación. Marx y Engels tenían razón en todo en su teoría de la Historia y del Estado y en su Programa de acción. No fiemos únicamente en la democracia parlamentaria, incluso si alguna vez el socialismo logra una mayoría: si no emplea la violencia, el capitalismo le derrotará en otros frentes con sus formidables armas económicas». Prieto, vacilante, «al fin se puso al lado de los que defendíamos una acción definitiva». Y así se lanzaron los socialistas a cometer el grave error del que muchos se arrepintieron años después.

Los dirigentes de la U. G. T. Besteiro, Saborit y Trifón Gómez se esforzaban para que la organización no se comprometiera en la aventura; pero Largo Caballero los arrolló, diciéndoles que «los trabajadores reclamaban una acción rápida y enérgica, a fin de impedir el golpe de Estado que preparaban las derechas, en cuyo caso serían disueltas las sociedades obreras». Besteiro accedió a redactar con Prieto el programa político para después del triunfo, que los socialistas tenían por indiscutible. Proponía Besteiro la creación de una Cámara Corporativa Consultiva. Por su parte, Prieto incorporó al proyecto la mayor parte de las reformas radicalísimas que figuraban en su discurso del cine Pardiñas. Tan disparatadas parecieron a los representantes de la U. G. T., que se negaron a figurar en la Comisión designada por la Ejecutiva del partido socialista para organizar la revolución. El Comité Supremo quedó formado por Largo Caballero, Enrique de Francisco y Anastasio de Gracia.

Entre unos y otros prepararon el programa a realizar por el Gobierno que saliese de la revolución triunfante. Este programa se mantuvo en secreto cuidadosamente y no se hizo público hasta quince meses después, que lo dio a conocer El Liberal, de Bilbao, periódico de Indalecio 'Prieto. En síntesis, contenía lo siguiente:

1.° Nacionalización de la tierra, que pasaría a ser propiedad estatal, salvo en las regiones del minifundio, o pequeña propiedad, donde seguiría la posesión de los cultivadores directos. Todas las rentas del suelo las percibirían el Estado, los municipios u otras comunidades o corporaciones de carácter público autorizadas por el Estado. En las zonas de los latifundios se procuraría el establecimiento de explotaciones colectivas.

2.° Ritmo acelerado de las obras hidráulicas, y, considerando insuficientes las consignaciones del presupuesto del Estado, se promete hacer uso del ahorro nacional, asegurándole un interés prudencial. Esta operación podría realizarse mediante un consorcio entre el Estado, la entidad federativa de las Cajas de Ahorro y la Banca oficial, quedando en hipoteca las tierras regables.

3.º Paso a la enseñanza superior exclusivamente a los alumnos que hubieran demostrado en la primaria y en la secundaria un grado de capacitación satisfactorio: se crearían escuelas especiales que perfeccionaran los conocimientos técnicos de los obreros y que aumenta­ran su cultura general.

4.º Disolución de todas las Órdenes religiosas e incautación de sus bienes, más la expulsión de los jesuitas del territorio nacional.

5.° Disolución del Ejército, reducción de sus contingentes y reclutamiento de la tropa y la oficialidad en los partidos leales a la República; podrían permanecer en el Ejército quienes hubiesen revelado sin tibieza su adhesión al régimen.

6.° Disolución de la Guardia Civil y reorganización de los institutos armados del Estado sobre las mismas bases democráticas que el Ejército.

7.º Modificación de todos los órganos de la Administración pública, separando a los funcionarios desafectos a la República.

8.° No siendo conveniente de momento realizar en la mayor parte de la industria española modificaciones socializadoras, el programa quedaría reducido a medidas encaminadas al mejoramiento moral y material de los trabajadores, ofreciéndoles los medios de controlar la marcha de aquellas organizaciones industriales a cuyo servicio están adscritos.

9.° Reforma del sistema tributario, acentuando la contribución en las rentas y en las transmisiones hereditarias.

10.° El programa sería implantado rápidamente por decretos, cuyo refrendo se recabaría más tarde de los órganos legislativos que libremente se diera el pueblo. Y estimando que este programa no obtendría el asentimiento de quien ahora desempeña la presidencia de la República, (Alcalá Zamora) procedería a la cesación de éste en sus funciones.

* * *

La tarea más urgente era procurarse armas. Esta gestión, por la gravedad que entrañaba, fue confiada a diputados. La inmunidad parlamentaria resultaba protección valiosa para semejantes empresas. Muchas de estas gestiones se hicieron en París, con agentes de casas de Praga especializadas en la exportación de material ofensivo para todas las revoluciones marxistas del mundo.

El día 6 de junio la Policía descubrió en un solar de la calle de San Enrique, de la barriada de Cuatro Caminos, de Madrid, un depósito de cajas que contenían 616 pistolas y 80.000 cartuchos. Se practicaron algunas detenciones, entre ellas la del tesorero del Sindicato de Panadería, adscrito a la Casa del Pueblo. Los detenidos declararon que el diputado socialista por Jaén, Juan Lozano Ruiz, les había ordenado el transporte de aquella mercancía. La Policía se presentó en el domicilio del diputado, donde encontró 54 pistolas y 500 cartuchos empaquetados y mucha propaganda subversiva. Fue detenido el diputado y trasladado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y desde aquí pasó a la Cárcel Modelo. «En la batalla que está empeñada —escribía El Socialista—, el descubrimiento de Cuatro Caminos es un incidente de proporciones muy relativas. Guarde bien la Policía esas pistolas. Pero no piense que con ello ha resuelto ningún problema. Las cosas siguen como antes.» La única medida gubernamental fue el establecimiento de la previa censura, «porque algunos periódicos hacen excitaciones a la revolución». Los diputados socialistas pidieron a las Cortes (8 de junio) que no fuese aceptado el suplicatorio para procesar al diputado mientras la Comisión competente no oyera al inculpado, trámite esencial prescrito por la ley de Enjuiciamiento criminal. Se acordó así, y el detenido fue puesto en libertad. .

Dictaminó de nuevo la Comisión (3 de julio) que fuese atendida la solicitud formulada por el Tribunal Supremo para procesar a Lozano. Salió en su defensa Prieto con un largo y atronador discurso, acusando al Tribunal Supremo de haberse excedido en sus atribuciones cuando decretó la detención del diputado y con un estratégico giro se erigió también en defensor de Primo de Rivera, sobre quien pesaban dos suplicatorios: uno, por haberse hecho responsable de la concentración de falangistas en el aeródromo de Estremera —suplicatorio que no prosperó — , y otro, por tenencia ilícita de armas, a causa de haber reconocido como suyas, «en una confesión nítidamente gallarda» —decía Prieto — , las pistolas transportadas por un individuo detenido en la carretera de Chamartín, cuando las llevaba desde la casa de José Antonio a su despacho, con objeto de obtener las licencias correspondientes. No había paridad entre los hechos de ambos diputados; pero a Indalecio Prieto le convenía confundirlos bajo un mismo enjuiciamiento. Alegaba que el delito de su correligionario tenía un carácter político y que los socialistas no podían moverse dentro de la legalidad. «Estamos dispuestos a defendernos, sin reparar en lo que el sacrificio exija.» «Es un caso manifiesto de legítima defensa —afirmaba el diputado socialista Andrés y Manso—, y como tal, podría tener, no ya atenuantes, sino eximentes, en cualquier conciencia honrada. ¡Bien quisiéramos muchos de nosotros delinquir con depósitos de armas!» «El cometido por el señor Lozano —manifestó el presidente del Consejo— es un delito común con finalidades políticas, en el terreno de las hipótesis. Pero ¿es que la licitud de los fines puede justificar la de los medios empleados? ¿Puede sostenerse en el Parlamento español, como doctrina que ha de servir de ejemplo a los demás ciudadanos, que los fines políticos pueden justificar los medios del crimen, los de la tenencia ilícita de armas? «Es notorio —advirtió el diputado radical Rodríguez Pérez— que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que requiere al Congreso para que le dé autorización para procesar a nuestros compañeros señores Lozano y Primo de Rivera. Es notorio, también, que un artículo especial de la Constitución del 76 atribuyó al Tribunal Supremo el derecho a procesar a diputados y senadores.» Recordó entonces Primo de Rivera que «en el penúltimo párrafo del artículo 56 de la Constitución se dice que las Cortes podrán acordar que se suspenda la instrucción sumarial, incluso hasta que termine la investidura parlamentaria del acusado». El presidente de las Cortes invitó a la Cámara para que votara sobre lo que se había discutido. Por 214 votos contra 62 se aprobó el suplicatorio para procesar al diputado Lozano. Primo de Rivera votó en contra. Acto seguido se leyó el dictamen de la Comisión de Suplicatorios. En él se atendía la autorización solicitada por el Tribunal Supremo para procesar a José Antonio Primo de Rivera por tenencia ilícita de armas. Prieto se levantó «para oponerse ahincadamente al dictamen». Las armas que le valían el delito a Primo de Rivera no fueron halladas en su domicilio: las llevaba un individuo por la carretera. «Encuentro justificado —afirmaba el diputado socialista— que el señor Primo de Rivera sea portador de esas armas, por las condiciones un tanto dramáticas en que se desenvuelve su actuación política, notoriamente imprudente.» «El señor Primo de Rivera ha venido a esta Cámara en condiciones excepcionales. Hubiera irrumpido en la vida pública sin llamarse Primo de Rivera, como un muchacho vigoroso, vehemente, de temperamento belicoso si se quiere, y su actuación sería más desembarazada. Le traba la responsabilidad, que yo considero una pesadumbre, de su apellido. Para la política que representa, esta persecu­ción, aunque sea liviana, será una plataforma... Cuando le escuchábamos, semanas atrás, vimos que su política no tiene encaje posible en la realidad; plenamente romántica, teñida de amor patrio, de un españolismo quizá excesivo desde mi punto de vista, que él quiere conducir a soluciones fraternales, amorosas, de una cordialidad que pudiéramos considerar suprahumanas, y, sin embargo, enfoca su principal actividad a la organización de grupos armados propensos a todas las audacias.» «Si la Cámara no quiere dar alas a este fascismo que empieza con rasgos de audacia, pero que puede prender en ciertas imaginaciones en forma muy peligrosa, no conceda el suplicatorio, porque hacer objeto de una persecución judicial al señor Primo de Rivera es crear una aureola en torno a su figura.» «Si con vuestros votos le empujáis a la cárcel, es la propaganda más grande que el señor Primo de Rivera puede hacer, silencioso, desde su celda; infinitamente más provechosa y útil que toda la que puede derivarse de su elocuencia por plazas y coliseos. Eso sería una torpeza política considerable; en ese aspecto está archijustificada la denegación del suplicatorio. Procederíais con mezquindad, que no os agradeceríamos, si por medir con el mismo rasero, y por justificar lo que a mi juicio ha sido un atropello, quisiérais cometer otro más evidente y mayor con el señor Primo de Rivera.» Los cronistas de la sesión, al llegar a este momento, consignan: «Al terminar su discurso el señor Prieto, el diputado señor Primo de Rivera se le acercó y le estrechó la mano.»

A juicio del presidente de la Comisión, señor Pellicena, el diputado socialista había deformado las cosas. La Comisión se limitaba a preguntar: «¿Cree la Cámara que los diputados pueden tener depósitos de armas en su casa?» «No hay paridad entre los dos casos aquí tratados. Pero ¿qué más quisieran los socialistas que la Cámara denegara el suplicatorio del señor Primo de Rivera? ¡Si es lo que estaban esperando! Sus señorías, que dicen que no emplearán esto como argumento, lo han empleado ya en sus periódicos y en sus mítines.»

Primo de Rivera, después de dar las gracias a Prieto, «que en muchas ocasiones por el camino de actitudes estéticas de la mejor clase llega a una profunda y auténtica emoción humana», agregó: «Yo no soy ni un sentimental ni un romántico, ni un hombre combativo, ni siquiera un hombre valeroso: tengo estrictamente la dosis de valor que hace falta para evitar la indignidad, ni más, ni menos. No tengo, ni poco ni mucho, la vocación combatiente, ni la tendencia al romanticismo. Al romanticismo menos que nada.» «Lo mismo que el señor Prieto llega a la emoción por el camino de la elegancia, se puede llegar al entusiasmo y al amor por el camino de la inteligencia.» «Yo le aseguro al señor Prieto que si fuera un defensor acérrimo, hasta por la violencia, de un orden social existente, me habría ahorrado la molestia de salir a la calle, porque me ha correspondido la suerte de estar inserto en uno de los mejores puestos de ese orden social. Lo que pasa es que sentimos que hay latente en España, y reclama cada vez con más insistencia que se la saque a luz, una revolución que tiene dos venas: la vena de una justicia social profunda, que no hay más remedio que implantar, y la vena de un sentido tradicional profundo, de un tuétano tradicional español que tal vez no reside donde piensan muchos, y que es necesario a toda costa rejuvenecer.» «Yo no pensé ni por un instante que estas cosas se tuviesen que sostener por la violencia, y la prueba es que mis primeras actuaciones fueron completamente pacíficas. Empecé a editar un periódico, se iniciaron contra nosotros agresiones, cada día más cruentas, que movieron a represalias. Pero estas represalias vinieron mucho después. La gente nos echa encima todos los atributos de fascismo, sin ver que nosotros sólo hemos asumido del fascismo aquellas esencias de valor permanente que también habéis asumido vosotros, los que se llaman hombres del bienio: un sentido del Estado que imponéis enérgicamente.» «Ruego a la Cámara que haga lo que tenga a bien: si no deniega el suplicatorio me resignaré a ir ante el Tribunal y a que éste me condene y a pasarme una grata y profunda temporada en la cárcel, que ya conozco, donde se pasan horas de soledad y meditación muy difíciles de lograr en otra parte.» Puesto a votación el dictamen, se aprobó la concesión del suplicatorio por 137 votos contra 65. Entre los que votaron en contra, con socialistas y republicanos de izquierda, figuraban monárquicos y tradicionalistas.

* * *

A pesar de la correcta disputa entre los dos jefes en el Parlamento, que haría creer en la posibilidad del diálogo, la lucha de socialistas y falangistas era a muerte. Por eso los elogios que José Antonio dedicó al líder socialista los consideraron extremosos ciertos jefes de choque de Falange, preocupados por el endurecimiento de la lucha. Uno de los más destacados hombres de acción, el médico don Manuel Groizard, cuando iba con su esposa fue tiroteado desde un «taxi» (1.° de julio). El doctor resultó herido de dos balazos. Como represalia, un grupo de falangistas asaltó un Centro socialista en Cuatro Caminos. La policía practicó al día siguiente un registro en los locales de Falange de la calle de Marqués de Riscal y se incautó de armas y municiones. Ochenta afiliados que se encontraban en el edificio, entre ellos el propio José Antonio, el jefe de milicias Arredondo, varios jefes de centurias y otros directivos quedaron detenidos. Para hacer patente el disgusto por el discurso parlamentario, Juan Antonio Ansaldo propuso a varios jefes una irrupción en el despacho de la Jefatura en ocasión de hallarse reunidos los triunviros, para expresarles «el descontento profundo que la conducta «apaciguadora» de José Antonio producía en las fuerzas de la Falange, exigiéndole un cambio total de línea de acción o la inmediata dimisión del principal responsable». Esta exteriorización de indisciplina no se realizó. Pocos días después Ansaldo era expulsado de Falange. La notificación llevaba la firma de los triunviros.

La preparación de las milicias socialistas se hacía con aparatoso alar­de: lucían camisas rojas, se ejercitaban en instrucción de tiro, ensayaban desfiles marciales, apercibiéndose para la insurrección, que se juzgaba inmediata. Mil jóvenes movilizados acamparon en San Martín de la Vega (8 de julio), con pertrechos y aspecto de tropa en campaña. Decía El Socialista (10 de julio): «Iban uniformados, alineados, en firme formación militar, en alto los puños, impacientes por apretar el fusil. La plaza está erizada de puños en alto... La iglesia soberbia ha quedado envuelta en un anillo de hierro... En el ánimo de los oyentes un poso de odio imposible de borrar sin una violencia ejemplar y decidida, sin una operación quirúrgica.»

Otras concentraciones fueron suspendidas por órdenes del Ministro de la Gobernación. Pero la disposición del partido socialista de hacer por encima de todo su revolución se reiteró en una declaración del Comité Nacional de la U. G. T. (1 de agosto), dominado por Largo Caballero y sus partidarios, en la que se enjuiciaba la política radical con estas palabras: «Jamás, ni aun en las peores épocas de la Monarquía se ha conocido divorcio mayor entre lo que el pueblo trabajador necesita y reclama con legítimo derecho y la obra que los gobiernos vienen realizando desde el 14 de septiembre de 1933. De trescientos quince días de Gobierno lerrouxista, doscientos veintidós ha estado el país sometido a un régimen de prevención o alarma. De los noventa y tres días de normalidad constitución, sesenta corresponden al período electoral.» Después de enumerar los atropellos contra las organizaciones obreras, terminaba: «Contra un régimen de terror blanco como el actual no sirven protestas platónicas. Por ello este Comité se limita a declarar que está dispuesto a procurar que la clase trabajadora organizada que representa, realice el supremo esfuerzo para dar término con el régimen de excepción que vive la clase obrera y recomienda a ésta la más estrecha unión para fines concretos y definitivos.»

Las instituciones republicanas no significaban ni suponían nada para los socialistas ni tampoco para los republicanos izquierdistas que se habían situado fuera del régimen. «La República —escribía El Socialista (14 de agosto) — ha dejado de inspirarnos respeto. No nos interesa sino en la medida que de ella recibimos daño y, por consecuencia, en la medida que necesitamos hacerla resistencia. El desencanto sería terrible si no tuviéramos esperanzas nuevas, ambiciones más altas con las cuales llenar nuestro ánimo y empujar nuestro esfuerzo... Para nosotros la República está perdida ya.»

La articulación del movimiento que se preparaba no sería completa, si no se lograba la unión con los otros partidos revolucionarios, sobre todo con el comunista, siempre dispuesto para la revuelta, de la que esperaba salir beneficiado. La Juventud Socialista dio los primeros pasos hacia esa unión: en realidad de la observación de sus propagandas y de sus lecturas resultaba difícil distinguir dónde acababa el socialismo y dónde empezaba el comunismo. «Fue la Juventud Socialista, se dice en la Historia oficial del partido comunista en España el factor determinante en la radicalización del partido socialista, que hizo posible el entendimiento con el partido comunista.» La primera vez que se patentizó esta inteligencia fue con ocasión del entierro de Joaquín del Grado (29 de agosto), miembro del Comité Central Comunista, muerto en una colisión con falangistas en la barriada de Cuatro Caminos de Madrid. Convocadas para asistir al acto, acudieron las juventudes socialistas y comunistas, uniformadas con camisas rojas, y con banderas de la hoz y el martillo. «Se marcó el paso, refería El Socialista, se llevaron banderas, se alzó el puño y se cantó La Internacional, a pesar de las órdenes contrarias del Gobierno.» Algunos de los propósitos revolucionarios están reflejados en los siguientes textos de Renovación órgano de la Federación de Juventudes Socialistas: «La revolución proletaria significa la destrucción total de las fuerzas de Asalto. No la eliminación de jefes y soldados sospechosos, sino la destrucción total, el aniquilamiento y la aplicación de Tribunales a todos los individuos del Cuerpo, a fin de que por medio de juicio sumarísimo respondan de su actuación dentro del estado burgués. Muchas sentencias habrá que firmar. Estamos seguros de que antes y después los jóvenes socialistas estarán dispuestos con entusiasmo a darles cumplimiento.»

El pleno del Comité Central del partido comunista (12 de junio) dirigió un llamamiento al Comité Ejecutivo del partido socialista, proponiéndole pactar una tregua política para estudiar la formación del Frente Único. El partido socialista, convencido de la situación de inferioridad que significaría la aceptación total del pacto respondió con una contrapropuesta en favor de las Alianzas Obreras, de las cuales quedarían excluidos los campesinos. En la reunión plenaria del Comité Central del partido comunista, celebrada los días 11 y 12 de septiembre, se dio la conformidad. «En la vida del partido comunista el pleno de septiembre de 1934 es un jalón histórico. Al ingresar en las Alianzas, el partido se proponía establecer una corriente de unidad y de contactos permanentes con los trabajadores socialistas y ugetistas y convertir esas Alianzas en órganos actuantes de Frente Único.» En su informe ante el Pleno, el camarada José Díaz declaraba: «El partido comunista va a las Alianzas con el propósito de convencer a los trabajadores socialistas de la indispensable necesidad para el triunfo de la revolución, de organizar los Comités de fábrica, de campesinos y de la creación de los soviets».

Aunque Largo Caballero buscó con insistencia el entendimiento con los sindicalistas, no existe prueba de que llegara a un acuerdo con dicha organización ni de que ésta participara como tal en la preparación de la revuelta. Cuantas promesas recibió la C. N. T. no modificaron su trayectoria ni su táctica. Según declara Ángel Pestaña, el líder capacitado e influyente del sindicalismo, éste atravesaba el año 1934 una crisis interna y declinaba rápidamente. «Cada día se debilita más.» Su número de afiliados, que en junio de 1932 alcanzó la cifra de un millón doscientos mil, había decrecido mucho. «Las zonas donde la C. N. T. conserva más influencia son Zaragoza, Logroño y parte de su provincia; Andalucía, con exclusión de Huelva, y alguna otra capital. En Levante está muy disemi­nada esta influencia. No hay una sola población completa donde persista la influencia de la C. N. T., si se exceptúa algún pueblo aislado. La ha per­dido por completo en Castilla. En Galicia es dudosa. No así en Asturias. Pues si la ha perdido en Gijón, la conserva en La Felguera y otros pueblos. La que tenía en Bilbao ha quedado reducida a la mínima expresión. Y en Guipúzcoa y Navarra, igualmente. Por lo que afecta a Cataluña, la influencia de la C. N. T. como organismo de clase es nula; sin embargo, se le escucha. Pero no es por respeto; es por temor. En Cataluña, y más particularmente en Barcelona, los elementos que pertenecen a la C. N. T. se imponen a la clase trabajadora por la fuerza». El sindicalismo perdura como teoría que interpreta la acción sindical en todas las actividades de la vida. Pero su espíritu apolítico se conservaba en sus dirigentes y en las masas íntegro y sin claudicaciones.

El ejército de la revolución era ya innúmero como las arenas del desierto. La dificultad estribaba en buscar los fusiles y pistolas para armar a las legiones. Los socialistas, como se ha dicho, se movían dentro y fuera de España por conseguirlas. Indalecio Prieto, que era uno de los que con más tenacidad y diligencia se dedicaba a esta misión, entró en negociación con un financiero bilbaíno, propietario de minas y antiguo e incondicional amigo del diputado socialista. Se llamaba Horacio Echevarrieta. En 1921 ganó mucha popularidad por su intervención en el rescate de españoles, prisioneros en el desastre de Annual, pues el financiero era amigo del cabecilla Abd-el-Krim, que tenía bajo su poder a los cautivos. Echevarrieta mantenía desde hacía años relación comercial con un grupo de políticos portugueses apodado los Budas, deseoso de adquirir armas y municiones para la revolución que fraguaba. Figuraban al frente Bernardino Machado y Alfonso Costa. Su propósito era derribar a Oliveira Salazar. Los principales dirigentes de esta conspiración se llamaban Alexandrino Mouras Pinto, Alfonso de Castro Moraes y Dos Santos. La República española había creado el ambiente ideal para sus planes. Azaña les protegía con largueza. Se entendía con ellos por mediación de su confidente, Martín Luis Guzmán, gerente de El Sol, y de su secretario particular, Juan José Domenchina. En diciembre de 1932, Azaña consignaba en sus Memorias: «Si el asunto político de Portugal se me arreglara tan bien como éste (el contrato para la construcción de barcos concertado con Méjico), daría por buenas todas las pesadumbres que caen sobre mí y podría presentarme ante mi país a manifestarle cuáles son los jalones de una gran política». Los conspiradores ofrecían a cambio del apoyo una alianza con Portugal el día de su triunfo y a Echevarrieta concesiones ventajosas y privilegios económicos. Pedían al financiero un préstamo de medio millón de pesetas, y aquél se avenía a otorgárselo siempre que el Estado le pagase unas cantidades que le adeudaba. Tan impacientes se mostraban los portugueses por obtener el dinero, que intercedieron cerca de Azaña, rogándole saldase el Estado su deuda con Echevarrieta. «Por la noche (enero de 1933), refiere Azaña, vino Alfonso Costa con el coronel Poppe y Guzmán. Trataban a Costa como presidente del futuro Gobierno portugués. Larga conversación en francés, aunque ambos hablan y entienden el castellano. No quieren nada con los «hombres de negocios». Lo que se haga, que sea por orden mía y por hacerme a mí un servicio; esta cuestión es de política internacional. Retuve a Guzmán para darles instrucciones y que vea a «don H» lo antes posible, a fin de poner en claro este importante asunto. Después de comer salí con Lola a tomar el sol. Cuando me dirigía a la escalera llegó Guzmán. Ha visto a «don H». Está pronto a dar su tributo sin condiciones. Le parece bien que sea el Comité Supremo (el qué representa Costa) quien lo acepte, y en mi presencia o con mi intervención, como ellos quieran».

A partir de este momento, el financiero pasó al Consorcio de Industrias Militares diversos encargos de armas, con destino a Abisinia. Los inconvenientes opuestos por el Consorcio fueron prontamente zanjados por la intervención de Azaña, a la sazón presidente del Consejo y ministro de la Guerra. El verdadero destinatario de este armamento eran los portugueses exiliados en España y Francia, dedicados a constituir depósitos de armas para la revolución en perspectiva. Pero andaban muy escasos de dinero y Echevarrieta a su vez había pagado la mayor parte de las compras con letras aceptadas, que al vencimiento dejó impagadas.

El Consorcio recuperó el armamento y lo almacenó en el castillo de San Sebastián de Cádiz, donde se encontraba en 1934, cuando los socialistas, que llevaban muy adelantados los preparativos para la insurrección, se pusieron en relación con los portugueses y con Echevarrieta, proponiéndoles la adquisición de las armas guardadas en el mencionado castillo y los explosivos de un arsenal propiedad del financiero.

Los principales mediadores en esta negociación fueron los diputados socialistas Prieto, Negrín, González Peña y Amador Fernández, este último tesorero de la mina de San Vicente en Asturias, administrada por el Sindicato Minero. Por parte de los portugueses figuraba como elemento responsable un francés llamado Souvie, a cuyo nombre se haría la operación. Se convino el traspaso de la mercancía bélica a los socialistas a mediados de mayo, y desde aquel momento se dedicaron éstos a buscar el modo de trasladarlas a Cataluña y a Asturias. Prieto se encargó de ofrecer una parte de ellas a la Generalidad, pero la gestión no tuvo éxito.

Entonces los socialistas aplicaron su actividad a trasladar el armamento a Asturias y a Vizcaya. En el mes de junio llegaron a Cádiz el capitán de la Marina mercante Manuel Atejada y el maquinista Jenaro Álvarez, procedentes de Gijón. Acogidos por varios socialistas gaditanos y auxiliados por ellos, comenzaron las gestiones para adquirir un barco de cabotaje que, según decían, pensaban dedicar al suministro de aceite para los pósitos marítimos. En pocos días lograron sus deseos. El armador de Cádiz don José León Carranza les ofreció uno de 180 toneladas, matriculado antes en San Sebastián con el nombre de Mamelena II. El armador tenía solicitado el cambio de aquél nombre por el de Turquesa. Se convino la entrega del precio, que eran 70.000 pesetas, en tres veces, encargándose de ello el contable de la mina de San Vicente de Asturias, el cual recibiría el dinero del tesorero del Sindicato minero y diputado Ama­dor Fernández.

Una vez ultimada la compra del barco, sacar las armas custodiadas en el castillo de San Sebastián no fue cosa difícil, tan pronto como su antiguo dueño, Echevarrieta, se manifestó dispuesto a pagarlas. Figuraban como compradores el francés Jean León Souvie y el portugués Alfonso de Castro. El Consorcio de Industrias Militares dio su consentimiento (23 de agosto). Llegaron procedentes de Gijón los tripulantes que se iban a hacer cargo del barco y el 5 de septiembre en camiones militares y con la ayuda de soldados del parque de Cádiz se procedió al embarque del cargamento, que se componía de 329 bultos, con un peso de 18.216 kilos, según la factura de exportación . Poco después, el Turquesa emprendía viaje rumbo a Burdeos, según constaba en el despacho de embarque del delegado marítimo.

El barco llegó a las nueve de la noche (10 de septiembre) a la altura de San Esteban de Pravia (Asturias), aproximándose a unas dos millas de la costa. El capitán encendió en cubierta una luz roja, señal convenida, y recibió respuesta con los destellos de una linterna. Dos horas después se acercaban tres motoras, iniciándose acto seguido el transbordo de la mercancía del Turquesa. En total se descargaron unas ochenta cajas: las motoras, partieron hacia la desembocadura del río Nalón, deteniéndose en el sitio conocido por Puente de Muro, donde esperaban varios coches y tres camionetas de la Diputación de Oviedo. Algunos hombres allí apostados se apresuraron a trasladar el cargamento desde las embarcaciones a las camionetas: dos de éstas partieron raudas con la mercancía, pero la tercera no pudo arrancar por avería en la dirección. Trataban de repararla los mecánicos, cuando se presentaron unos carabineros atraídos por el insólito rebullicio a hora tan desusada. Al acercarse aquéllos, varios de los hombres huyeron y la fuga acrecentó la sospecha de los vigilantes. Repararon que muchas de las cajas ostentaban esta inscripción: Djibouti, (tránsito). Cartuchos para máuser. Fabricado en 1932 y embalado en 1934.» Procedían de la Fábrica de Toledo.

Las sorpresas se sucedían. La Guardia Civil de Muros de Nalón había sido avisada y avanzaba hacia la playa: observó unos coches que circulaban de manera anormal y al dirigirse hacia ellos sonaron unos disparos. Se dispusieron a responder los guardias, pero los automóviles se detuvieron y sus ocupantes hicieron señas de que se entregaban: eran un hermano del diputado González Peña, el alcalde de Pola de Siero, Inocencio Burgos y tres afiliados socialistas.

Una más detenida exploración del cargamento de la camioneta y de algunas cajas y fardos que se encontraban en el suelo permitieron apreciar toda la importancia del alijo, que se componía en su mayor parte de cartuchos para máuser, 1.600 cartuchos por caja con un total de 116.000. Figuraba también entre el material aprehendido pistolas, revólveres y cargadores.

Informado el Gobernador de Oviedo, Fernando Blanco, de lo que sucedía, dispuso una rigurosa vigilancia de las carreteras. Pronto se supo que durante toda la noche y madrugada se había advertido una circulación tan intensa como extraña. En uno de los coches detenidos viajaban los diputados socialistas Ramón González Peña, Amador Fernández, un práctico del puerto de San Esteban de Pravia y tres personas más, todos armados de pistolas. Se supo de la presencia en Asturias de los diputados socialistas Prieto, Negrín y Teodomiro Menéndez, que desde el mes de agosto hicieron varias visitas a aquel puerto.

Acerca del paradero de las armas desembarcadas se averiguó que parte de las transportadas por las dos camionetas fueron escondidas en casas de dirigentes socialistas, en las cuevas llamadas de Alfoz y Sobrefurado, cerca de Palomar, concejo de Ribera de Arriba, y en el pueblo de Valduno, donde un socialista llamado Cornelio Fernández, antiguo sacristán, ayudado por un hermano, ocultó las armas en su casa, contigua a la iglesia.

La noticia del alijo conmovió a España, pues confirmaba el formidable asalto que preparaba la revolución. El Gobierno anunció medidas de rigor ejemplar contra los complicados. Designó juez especial al magistrado de la Audiencia de Oviedo, don Jesús García Obeso, encomendó el esclarecimiento de los hechos, con jurisdicción para toda España, al magistrado del Supremo y fiscal de la República, don Salvador Alarcón, y confió al general de Estado Mayor don Joaquín Fanjul la misión de investigar la actuación del Consorcio de Industrias Militares.

La policía detuvo en Oviedo al vicepresidente de la Diputación, Valentín Álvarez, al secretario del Sindicato Minero, Belarmino Tomás, y a los mecánicos y marinos que intervinieron en las operaciones de transporte. Despojó de sus atribuciones para los efectos de orden público a los alcaldes asturianos socialistas de la cuenca minera. En Madrid fueron procesados e ingresaron en prisión el financiero Echevarrieta y los por­tugueses que habían participado en la compra-venta de las armas.

El descubrimiento del alijo era importante y sobre todo revelador de la existencia de un contrabando de mucho volumen. Todavía duraba la indagación por lo de San Esteban de Pravia cuando la policía, al practicar un registro en la Casa del Pueblo de Madrid, clausurada desde el día 8, a raíz de la última huelga general, encontró un arsenal. Como eran incontables las dependencias, secretaría y sótanos, amén de teatro, salones y café, el registro se prolongó durante varios días; cada jornada rendía abundante cosecha de armamento de toda clase: docenas de fusiles, revólveres, fusiles ametralladoras, porras de goma, centenares de peines de Máuser, 107 cajas de cartuchos, 37 cajas de bombas de mano, cartuchos de dinamita, ampollas de ácido prúsico y materias químicas para la fabricación de explosivos, La Casa del Pueblo estaba convertida en un polvorín y los hallazgos de armas de cada día superaban en cantidad al precedente.

La policía detuvo al presidente de la Junta administrativa de la Casa del Pueblo, Wenceslao Carrillo, y a los directivos Agapito García Atadell, Pascual Tomás y Rafael Henche. Otros se escabulleron y no fueron habidos.

Se pasaba de un descubrimiento a otro sin interrupción; en la madrugada del día 20 de septiembre, la Guardia Civil del puesto de la Moncloa detenía en las cercanías de la Ciudad Universitaria un camión cargado de fusiles ametralladoras, lanzallamas, 54 cajas de cargadores para pistolas-ametralladoras alemanas, 34 cajas de peines para ametralladoras, 5 fusiles contra carros blindados y otros elementos ofensivos. La sorpresa se produjo en el momento en que las armas eran descargadas. Los mecánicos y sus acompañantes intentaron resistir a la Guardia Civil, pero fueron detenidos, con excepción de dos. A uno de los apresados, Francisco Ordóñez Peña, estudiante y secretario de la F. U. E., se le ocuparon documentos referentes a la próxima revolución. Entre ellos una Circular a las Juventudes Socialistas, invitándolas a estar preparadas «para los momentos gravísimos que se avecinan», y con instrucciones respecto al funcionamiento de las Milicias, «que han de tener una base terrorista». Otros documentos eran instrucciones para los combates en la calle, utilización de las armas, procedimientos para improvisar el blindaje de coches y camiones, normas para las tácticas defensivas y ofensivas y consignas para las actuaciones rápidas y violentas en el primer momento contra los parques de Artillería, Dirección General de Seguridad, cuarteles, aeródromos... «Hay que acorazar el corazón —se recomendaba—, contra la sensibilidad de causar víctimas inocentes.»

Con razón podía decir Samper (20 de septiembre) que el Gobierno se encontraba en presencia de uno de los más grandes movimientos subversivos organizado en el país, con toda dase de pertrechos. Casi a la vez que se publicaba esta declaración, la policía descubría en una villa llamada Florencia, de la Ciudad Lineal, donde vivía el exdiputado socialista y alcalde de Puente Genil, Gabriel Morón, un laboratorio para fabricar bombas y se incautaba de cincuenta kilos de dinamita y botellas con ácido.

En un hotel de la Colonia socialista de la Ciudad Jardín, habitado por el chófer, Fulgencio Ayala, también la policía hallaba un depósito de granadas de fusil, dos morteros, cajas de bombas de mano y cartuchos, paquetes de dinamita, y en el domicilio de un aviador portugués llamado Meneses, encontraba 300 bombas de mano fabricadas en Oviedo en 1932. Una nota oficial advertía que muchas de las armas encontradas procedían de las ventas hechas por el Consorcio de Industrias Militares al señor Echevarrieta, en mayo de 1932.

Los hallazgos no se circunscribían a Madrid. Surgían como por ensalmo en todas partes: cajas de cartuchos en el expreso de Santander; bombas y cartuchos en la Casa del Pueblo de Turón; fardos con pistolas en Alicante; 90 bombas y 9.000 balines en la bodega del concejal socialista Ramón Somoza, en Monforte de Lemos (Lugo); unas planchas blindadas en Cádiz remitidas desde Sevilla a Horacio Echevarrieta, para blindar cuatro tractores; pistolas y bombas en Cuenca, Orense...

Fueron detenidos otros directivos de los Sindicatos de la Casa del Pueblo y nuevos portugueses complicados y el abogado Manuel Pastor Florit, sobrino del ex-ministro Ossorio y Gallardo, en estrecha relación con los organizadores de la insurrección, según se deducía de los documentos encontrados. Día y noche la policía incansable continuaba los registros, sin excluir el Ateneo. Su presidente, Femando de los Ríos, protestó contra el atropello, con el propósito de conmover «a la conciencia del mundo intelectual». Los jueces procesan y ordenan el ingreso en prisión de muchos complicados. El Fiscal de la República solicita la disolución de la Casa del Pueblo y de todas las organizaciones afectas a ella, por considerarlas ilícitas, en vista de su probada actuación subversiva. El día 24 de septiembre llega al estuario de la Gironda el Turquesa, para reparar averías. Como no lleva la documentación en regla, es intervenido por las autoridades francesas.

Aparte de estas actividades clandestinas, los socialistas aprovechan todas las ocasiones que se les presenta para hacer alarde de su fuerza e intimidar a la opinión, convenciéndola de que su acción será irresistible. En respuesta a una Asamblea de Acción Popular convocada en Covadonga (10 de septiembre), decretan la huelga general en Asturias, donde son omnipotentes.

Para protestar contra un decreto del ministro de la Gobernación que prohibía la actuación de los menores de edad en la política, las Juventudes Marxistas Unificadas se congregan en el estadio metropolitano, en la noche del 14 de septiembre, a la luz de los reflectores cedidos por el Ministerio de la Guerra. Fueron arengadas por oradores socialistas y comunistas. El tema de los discursos es único: se acerca el momento decisivo de asaltar el poder. Hay que permanecer alerta, dispuestos a enfrentarse con lo que sobrevenga. Un clamor inmenso, frenético y ensordecedor de himnos, vítores y aplausos acogió el desfile de millares de jóvenes de los dos sexos, uniformados y arrogantes, detrás de las banderas rojas. El espectáculo daba a quienes lo contemplaban una sensación de plenitud, de triunfo en la mano. Allí estaba el poderoso ejército de la revolución y nada ni nadie podría contra él.

Los confabulados para el próximo estallido culminaron sus maquinaciones con un gran proyecto muy malicioso, pues pretendían comprometer al propio Gobierno, poniéndole en trance difícil y sin salida. Se trataba de rendir un homenaje nacional a los capitanes Galán y García Hernández, fusilados como promotores de la insurrección en Jaca en 1930. Sus restos serían trasladados el día 15 de septiembre desde el cementerio de Huesca, donde reposaban, a Madrid, para ser enterrados en la plaza de la Independencia, bajo el arco de la Puerta de Alcalá, en tanto se erigía un monumento en la prolongación de la Castellana. Un Comité integrado por representantes de los partidos marxistas y republicanos de izquierda quedó encargado de preparar el acto, revistiéndole de la máxima grandiosidad dentro de un fragor revolucionario. ¿Se atrevería el Gobierno a oponerse a tan sospechoso homenaje a los «mártires de la República»? Si tuvo aquél alguna vacilación no la reflejó. Únicamente expuso su deseo de acomodar la fecha del acto a los compromisos adquiridos con anterioridad. Y en prueba de su buen deseo, el ministro de la Guerra anunció (1 de septiembre) que la Junta Superior de Órdenes Militares había informado favorablemente el expediente de juicio contradictorio para concesión de la Laureada de San Fernando al capitán de Infantería Fermín Galán por hechos realizados en África anteriores a 1924. Saltaba a la vista cómo se había forzado el procedimiento para tal concesión. Se declaró el Gobierno dispuesto «a dar las máximas facilidades para la ejecución de las obras, y el tributo de honores a los restos de los mártires», y el Presidente de la República improvisó un viaje a Jaca (4 de septiembre) para depositar coronas de flores en las tumbas de los oficiales. Hubo otras promesas: las Cortes figurarían en el cortejo del traslado de los restos, siempre que los organizadores variasen la fecha señalada. «Ningún héroe, ningún genio, ninguna gloria de España alcanzó nunca homenaje semejante como el que se proyecta a los rebeldes de Jaca», comentó A B C (12 de septiembre). La Comisión, intransigente, se negó a cualquiera alteración del programa redactado.

Al margen de las notas hiperbólicas de los organizadores sobre la grandiosidad del acontecimiento, circulaban rumores sobre las verdaderas intenciones de los promotores del homenaje. Se les atribuía el propósito, una vez concentrada en Madrid una masa ingente de revolucionarios de toda España, en el momento de hallarse el Presidente de la República y el Gobierno en la Plaza de la Independencia, de hacer allí mismo una proclamación cruenta o incruenta, según las circunstancias, de una República socialista. Llegaron a oídos del Gobierno tan siniestros propósitos y Samper advirtió que la discrepancia de cualquier partido republicano sobre la fecha del homenaje impondría su aplazamiento, pues «todos los partidos republicanos debían mostrarse identificados en la veneración a los héroes republicanos». ¡Bizarra argucia, sabiendo que el jefe del Gobierno contaba de antemano con la discrepancia de los radicales! Fundándose en falta de unanimidad, el ministro de la Gobernación ordenó (15 de septiembre) desmontar las tribunas alzadas por el Ayuntamiento, la suspensión de las obras de apertura de la tumba bajo el Arco de la Plaza de la Independencia y el aplazamiento del homenaje, acuerdo sancionado en Consejo de ministros, pues «amparándose en la ceremonia se pretendía un movimiento cuyas consecuencias no eran fáciles de prever». La Junta Organizadora respondió a la orden de suspensión declarándose dispuesta a continuar los trabajos en contra del Gobierno, «indigno de figurar en dicha ceremonia».

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El programa prerrevolucionario incluía el mantenimiento permanente de la agitación social que además de sembrar la inquietud descompusiera más y más las defensas de la sociedad. Durante los meses de julio, agosto y septiembre las huelgas se contaron por centenares y no hubo ciudad ni población de alguna importancia que se viese libre de la plaga. «El movimiento del mes de octubre fue precedido por más de 700 huelgas, algunas de colosal envergadura, realizadas bajo el signo de la unidad». «Se dejó adrede manos libres a las Juventudes Socialistas a fin de que, con absoluta irresponsabilidad, cometieran toda clase de desmanes, que, al impulso de frenético entusiasmo, resultaban dañosos para la finalidad perseguida. Nadie ponía coto a la acción desaforada de las Juventudes Socialistas, quienes, sin contar con nadie, provocaban huelgas generales en Madrid, no dándose cuenta de que frustraban la huelga general, clave del movimiento proyectado, pues no se puede someter a una gran ciudad a ensayos de esta naturaleza». La lista de crímenes políticos o sociales en dicho período es muy extensa. En Hernani fue muerto a tiros el general Fernando Berenguer.

Asesinato por venganza, ejecutado por el hermano de un anarquista condenado años atrás por un Consejo de guerra presidido por la víctima; en Almería cayó asesinado el patrono Cristóbal Puerta; en Cullera el ex alcalde Juan Llopis, en Alozaina (Málaga) el oficial mayor del Ayuntamiento dio muerte a tiros al abogado Gutiérrez Navarro y al Presidente de la Comisión Gestora, Miguel Rubio. Fueron también víctimas de atentados: en Madrid, el patrono panadero Juan José González; en Cuernavaca, el juez don Manuel Martínez Alcaina; en Toledo, el industrial Félix Moraleda, dueño de un café-bar en la plaza de Zocodover, muerto por un camarero; en Barcelona, el fabricante Juan Minguella; en Lagota (Zaragoza), el párroco, Rafael Calvo, sufrió un atentado del que quedó gravemente herido, y su madre, muerta; en Córdoba, el gerente de los talleres de cristalería Pueyo y Compañía; en Tivenys (Tarragona), el secretario del Ayuntamiento, José Piñal; en Portugalete, el jefe de la Guardia Municipal, Guillermo Curiel; en Castilblanco (Badajoz), el propietario Vicente Sanz; en Madrid, el tipógrafo Bienvenido Tapia y el industrial francés George Machatand; el tranviario Bernardo González, que no secundó la huelga del día 8 y el patrono panadero Bernardo González. También sufrió un atentado el subgobernador del Banco de España, Pedro Pan Gómez, del que salió ileso. Fueron asaltadas ocho sucursales de Bancos, muchas fábricas, especialmente en Cataluña, cortijos en varias provincias; en una del término de Torremolinos resultaron muertos los dueños y heridos tres familiares; la Central de Ferrocarriles Catalanes en Barcelona, las oficinas de la Arrendataria de Tabacos, en Sevilla; el Ayuntamiento de Navaluenga (Ávila); el convento de Agustinos de Sos (Zaragoza). Se derrumbaban los negocios. En un día (6 de agosto), cerraban doce fábricas de la Unión Industrial Algodonera de Cataluña y 4.000 hombres quedaban en la calle. Ningún mes se vio libre del inevitable repertorio de explosiones terroríficas. Tumultuosas manifestaciones marxistas-comunistas, con su cortejo de tiros y detenciones, eran sucesos endémicos, incorporados a la vida cotidiana, como un mal sin remedio.

CAPÍTULO 41.

DIMITE SAMPER Y LERROUX FORMA GOBIERNO