CAPÍTULO 38.

EL PARLAMENTO CATALÁN SE DECLARA EN REBELDÍA

Las relaciones entre los Gobiernos de Madrid y Cataluña sufrieron la influencia de las modificaciones políticas, consecuencia del resultado electoral de noviembre. La negociación para los traspasos a la Generalidad de los servicios de Radiodifusión, Cultura o delimitación de facultades a los jueces municipales fueron motivo de largas y reñidas batallas parlamen­tarias. El Gobierno de Cataluña estaba exclusivamente en manos de la Esquerra: una «dictadura izquierdista», en frase de Cambó, nada dispuesta a la tolerancia y al diálogo amistoso. Por el contrario, demostraba una predisposición a la violencia y dijérase que anhelaba la ruptura.

El Parlamento catalán aprobó (11 de abril) una ley de contrato de cultivos. La Constitución y el Estatuto reconocían a los poderes autónomos ciertas prerrogativas para legislar en materia civil. Pero la ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes Constituyentes, reservaba al Parlamento español la facultad sobre contratos de cultivos. Y he aquí que ahora los diputados catalanes, al aprobar la presente ley, vulneraban la que votaron en las Constituyentes. La Lliga Catalana se adelantó a protestar contra el acuerdo, considerándolo «como un atropello a la economía de Cataluña, puesto que atenta a los más elementales principios del Derecho contractual y destruye algunas modalidades más características y fecundas del Derecho catalán». Las entidades económicas de Cataluña, y al frente de ellas el Instituto Catalán de San Isidro, alzaron sus voces indignadas contra «el atentado a la vida agrícola catalana». El 24 de abril, diputados de la Lliga, entre ellos Cambó y Ventosa, y de otras minorías, presentaron una proposición incidental para pedir al Gobierno el planteamiento ante el Tribunal de Garantías «de la cuestión de competencia y de anticonstitucionalidad de la ley de cultivos, que significaba un abuso de las facultades y derechos conferidos a la Generalidad». El Consejo de ministros acordó (4 de mayo) la presentación del recurso, previo informe favorable del Consejo de Estado. En el recurso se enumeraban los defectos de la ley y los artículos de la misma, «en oposición con las normas que fijan las respectivas competencias legislativas del Estado y de la región autónoma». «El recurso —afirmó el jefe del Gobierno se ha redactado en términos de gran moderación.»

Sin embargo, desde el principio la Esquerra consideró intolerable el acuerdo del Gobierno y lo rechazó con malas palabras y peores modos. «Este pueblo —decía Companys (12 de mayo) — tiene fuerza suficiente, no sólo para conseguir lo que ha conseguido, sino para no dejarse arrebatar ni una brizna de sus libertades.» Le secundaba con gritos violentos la prensa adicta: «¡Cataluña, en pie!», escribía L'Opinió (6 de mayo). «Dispuesta a defenderse, puede cansarse de granujadas como éstas del señor Cambó contra la autonomía.» Un tono agresivo y beligerante predominaba en la oratoria y en la prosa periodística.

Cambó era el personaje más combatido y vituperado, como autor, según los diarios de la Esquerra, «de la intriga y maniobra de Madrid»... El jefe de la Lliga Catalana replicaba a esta campaña en un discurso pronunciado en el Palau de la Música Catalana (16 de mayo): «Las actuales Cortes han facilitado la implantación del Estatuto más que los Gobiernos de Azaña. Acepto para la Lliga la responsabilidad de haber sido la que sugirió el recurso contra una ley antijurídica y destructora de la iniciativa del pueblo catalán en el campo.» A todo esto ya había  trascendido al resto de España la polémica entablada entre los dos Gobiernos: reaparecía el «fenómeno catalán» con faz agresiva y despertaba hostilidad y animadversión por doquier.

«España —escribía Diario de Barcelona — ve con antipatía invencible todo particularismo dentro del conjunto nacional, y esa antipatía se acusa, no sólo en la política, sino en la industria, en el comercio, en el pueblo todo, que nos hace sentir de la manera que puede los efectos de la misma. No hay más que fijarse en los estragos que está produciendo en la industria catalana la sistemática disminución de las transacciones.» Esto no parecía afectarles lo más mínimo a los diarios y tribunos de la Esquerra, pues lejos de moderar su lenguaje hiriente ganaba en fiebre y virulencia. El consejero Dencás pedía en Granollers (26 de mayo) a los jóvenes del Estat Catalá: «Os recomiendo la máxima disciplina y decisión con vistas a nuestro principal objetivo, que ha de ser la liberación de Cataluña. Que cada uno esté en su puesto y que todo el que sienta el impulso del nacionalismo venga a alistarse en nuestras filas.»

En la Sala de Plenos del Tribunal de Garantías Constitucionales se vio (1 de junio) la cuestión de competencia promovida por el Gobierno de Madrid a la Generalidad, acerca de la ley de Contratos de Cultivos votada por el Parlamento catalán. Representaba a la Generalidad Amadeo Hurtado. Alegó éste que el recurso se interpuso fuera de plazo. El Fiscal de la República, Lorenzo Gallardo, defendió la procedencia del recurso. El Tribunal lo aprobó por 18 votos contra cinco, y en el fallo definitivo, por 13 votos contra 10, se reconocía (8 de junio) que «la ley de Cultivos corresponde a las materias reservadas al Estado español por el artículo 15 de la Constitución. La «legislación social se atribuye al Estado, sin reservas, en la Constitución, y la nueva ley tiene un carácter marcadamente social». En consecuencia, el Tribunal de Garantías «debe declarar y declara nula esta ley y todos los actos de ejecución de la misma». La noticia estalló como una bomba en las huestes nacionalistas. «El Parlamento catalán, que es soberano —escribía L'Opinió —, contestará a España como contestan los pueblos que estiman su dignidad. ¡No somos más que catalanes!» Por su parte, L'Humanitat afirmaba: «No acataremos la decisión.» Fermentaba un espíritu de rebeldía. Organismos de la Esquerra se ofrecían a la Generalidad «para lo que hiciera falta». «El Gobierno de Cataluña —se decía en una nota oficial —ahoga comprensibles impulsos de protesta para que la actitud que haya que adoptar tenga la serenidad de la disciplina y, por tanto, la fuerza y la magnitud que reclama la dignidad de Cataluña.»

En un acto público celebrado en Vendrell (11 de junio), el presidente de la Generalidad calificó el fallo del Tribunal de «acto de agresión..., táctica metódica contra Cataluña, que obliga a todos a agruparse alrededor de nuestro Parlamento y a defender su prestigio, si es preciso, con la sangre de nuestras venas. Tal vez os diga: Hermanos, ¡seguidme! Y toda Cataluña se levantará.» El consejero de Cultura, Gassol, fue más lejos: «Tendréis que acudir de nuevo a Barcelona esgrimiendo las hoces.» En L'Humanitat, Rovira Virgili examinaba las posibilidades de resistencia frente al Poder central: «Cataluña disfruta de posiciones políticas que la hacen inexpugnable. Es mucho más fuerte que en el año 1640, cuando la guerra dels segadors, y que en 1714, cuando la sublevación contra Felipe V.»

El disgusto e indignación de la Esquerra se patentizaría de una manera expresiva y airada. Se eligió para hacerlo ostensible el día en que el Parlamento catalán (12 de junio) «iba a dar la debida respuesta al Gobierno de España», según nota difundida por periódicos y radios. Una muchedumbre llenó el Parque de la Ciudadela, enardecida por la fogosa y arrebatada oratoria de varios consejeros de la Generalidad. El ambiente olía a pólvora. Sonaba lúgubre y martilleante el «¡Mori Cambó!».

La aprobación del recurso del Gobierno por el Tribunal de Garantías se presentaba como incalificable e insidioso ataque contra el pueblo catalán. De esta manera se pretendía justificar una rebeldía gestada y sostenida por una constante propaganda antiespañola. Dicha rebeldía consideraba llegado el momento para romper los diques y derramarse impetuosa y alborotada.

«Al llegar al Parlamento el Presidente de la Generalidad, que llevaba en su automóvil la bandera tricolor y la catalana, consintió sin protesta que el público destrozase la bandera tricolor y dejase la catalana. Dos días después se dio por la Generalidad orden de que al llegar los diputados de la Esquerra con los diputados vascos no ondease la bandera de la República en ningún edificio público, sino solamente las banderas catalana y vasca.» (Goicoechea en su discurso ante las Cortes: 25 de junio de 1934.)

Un solo diputado de la Lliga, Abadal, asistía a la «histórica sesión» del Parlamento catalán. El consejero de Justicia, señor Lluhí, leyó un proyecto de ley sobre Contrato de Cultivos idéntico al recusado por el Tribunal de Garantías, con un artículo adicional que concedía a la ley carácter retroactivo para regir desde el día de su primitiva promulgación. Al terminar la lectura, los diputados, puestos en pie, sancionaron la ley con interminables vítores y aplausos. «El Gobierno catalán —afirmó Companys— no tolerará que se modifique ni un solo concepto, ni una sola coma.» Y añadió: «La política de conciliación nos está dando malos resultados. Esto no puede continuar: nuestra paciencia se agota. Mereceríamos ser llamados indignos y traidores si lo consintiéramos y que nuestro nombre quedara escrito con ludibrio en la historia de la patria... Se nos plantea el problema de si las libertades de Cataluña deben estar en peligro porque se haya apoderado de la política de la República todo lo viejo y lo podrido que había en la vida española.» Abadal, «patriarca de la catalanidad», según lo calificó Cambó, pudo decir, alzando su voz sobre los gritos y denuestos de los demás diputados, que «para tener derecho el Gobierno catalán, en lo futuro, en sus protestas contra posibles injerencias del Estado en el campo de la autonomía, debiera empezar por acatar y cumplir la sentencia del Tribunal de Garantías». Los insultos, con preferencia el de «¡traidor!», caían sobre el orador como granizo.

Cincuenta y un diputados, puestos en pie, aprobaron la nueva ley. En la calle, millares de personas con banderas y pancartas que ostentaban letreros —desafíos e injurias—, informada por altavoces de cuanto sucedía en el Parlamento, entonaban Els Segadors.

El mismo día y a la misma hora de ocurrir los hechos relatados, el diputado Santaló, en nombre de las minorías de la Esquerra, federal y de la Unió Socialista, leía en Madrid a las Cortes una declaración para manifestar su queja por las «agresiones perpetradas contra la autonomía de Cataluña», por los ataques inferidos al Parlamento catalán, unidos «a la desconfianza reñida con una actitud de cordial colaboración». En consecuencia, «nos ausentamos de estos escaños». El jefe del Gobierno replicó que ejercitar un recurso legal no causa agravio a nadie, ni significa persecución a ninguna entidad y menos a una región. «¿Por qué la Esquerra, con su silencio, demostró su aquiescencia tácita con el recurso entablado? Porque no podía considerar agravio que el Gobierno utilizara un recurso que la ley le concede.» Insistió Samper en demostrar lo improcedente e injusto de la actitud de los catalanes, sin ser oído por éstos, pues abandonaron la Cámara apenas Santaló leyó su declaración. «¿Es que se puede llegar al rompimiento sin que haya precedido ninguna gestión para el arreglo?», preguntaba Samper. «¿Han formulado sus quejas y cuitas? ¿Pueden decir que hayan sido desatendidos alguna vez?» A los que acusaban al Gobierno por su tendencia regresiva, el presidente les interrogaba: «¿Qué leyes sociales ha derogado?» «Cataluña agregó no reñirá con el Gobierno español, porque éste está dispuesto a respetar profundamente la ley y a tener con Cataluña el trato efusivo y amoroso que merece.»

En prueba de que la conjura estaba preparada en todos sus detalles, el jefe de la minoría nacionalista vasca, Aguirre, se levantó para decir: «Por órdenes que tenemos, nos solidarizamos enteramente con Cataluña, representada en la Generalidad catalana, y esta minoría cesa en sus funciones, retirándose del Parlamento.» Adoptaba esta actitud «por dar ejemplo de solidaridad delante de los pueblos, lo mismo de Valencia, mañana, que de Galicia, pasado, en los afanes autonómicos». Todo parecía incomprensible al diputado de la Lliga señor Ventosa. Motivos de agravio en el proceder del Gobierno no los había. La sentencia había sido dictada por el único Tribunal competente. «Si la retirada de la Esquerra no es una maniobra, hay una diferencia entre su actitud de antes comparada con la de hoy, y esta diferencia no obedece a consideraciones de carácter autonomista, sino de otro orden, político, ajenas por completo al interés general de Cataluña.» «No comprendo cómo se puede velar por el prestigio de la Constitución desacatando uno de los órganos esenciales de ella, votado incluso por la Esquerra.» En respuesta a ciertas insinuaciones aviesas sobre la animosidad de las Cortes contra el Estatuto, Ventosa declaró: «Desde que estoy aquí no he oído a partido ni a diputado alguno palabras que impliquen un propósito de vulnerarlo.»

La minoría socialista estaba también al lado de la Esquerra. La culpa de lo sucedido, al decir de Prieto, era «de un Gobierno sin dirección». La interposición del recurso, «acto voluntario, era extraordinariamente grave». «El fallo del Tribunal de Garantías, una sentencia política.» «No sabemos hasta dónde podremos responder de seguir permaneciendo aquí, dada la magnitud de la ofensiva entablada por el Gobierno contra el partido socialista. Las manifestaciones que ha hecho la Esquerra catalana las suscribimos: nos solidarizamos con ella en sus quejas; son también las nuestras. Pende solamente de un hilo, quizá muy tenue, el que además de solidarizarnos con sus quejas nos solidaricemos con su actitud.»

El partido de Izquierda Republicana, por la voz de Barcia, «se unía cordialmente y sin reservas a todas las manifestaciones hechas por la Esquerra». La maniobra tomaba amplio vuelo y uno tras otro se hacían presentes todos los que estaban en el secreto de lo que se tramaba.

El presidente del Gobierno formulaba unas preguntas que quedarían sin respuesta: «¿Ha utilizado el Gobierno un derecho legítimo? ¿Vive la minoría socialista dentro de las leyes de la República? ¿Qué quejas tiene la Generalidad del Gobierno? ¿Qué requerimientos ha hecho que no hayan sido atendidos?»

* * *

Diputados de la Esquerra y nacionalistas vascos salieron juntos y con no poco estruendo hacia Barcelona, en donde se les recibió como a héroes. Desde la primera estación catalana enviaron al presidente de la Generalidad el siguiente mensaje: «Al pisar tierras de Cataluña saludamos en usted a la patria recobrada por la defensa de la dignidad.» Los ánimos habían sido caldeados con prosa llameante: «Se acercan las horas decisivas, que pueden ser graves», decía L'Humanitat. «España no ha podido gobernar contra Cataluña», afirmaba L'Opinió. En las pancartas exhibidas en los andenes de la estación se hacían invitaciones a sostener los derechos de Cataluña por la fuerza. Ante el Palacio de la Generalidad la muchedumbre reclamó la presencia de los diputados. Hablaron desde el balcón Casanova, Santaló, Gassol, el diputado vasco Monzón, «para lamentar más que nunca que tengamos que entendernos en la lengua de los hombres que no saben entendernos». Al final, Companys: «Cuando digo que por defender las libertades de Cataluña estoy dispuesto a jugarme la vida, no hago uso de un latiguillo, sino que expreso una realidad.»

El encendimiento nacionalista crecía, exacerbado por los interesados en darle auge, para, a la vez, encauzar la excitación en organizaciones aptas para la guerra que profetizaban los fanáticos. Una impresión exacta del ambiente de Cataluña se saca de las confesiones hechas por el consejero de Sanidad, doctor Dencás, a la vez consejero interino de Gobernación, por enfermedad del titular, Selvás. Dencás describe así el proceso de la rebeldía catalana, a raíz de la promulgación de la ley de Contratos de Cultivos: «A la vista de la resistencia pasiva que se encontraba en Madrid para el traspaso de servicios, la Esquerra y los partidos afines adoptábamos actitudes heroicas y de tipo revolucionario.» «Intentábamos organizar unas juventudes armadas, precisamente para traducir en hechos prácticos los clamores de heroísmo y de actitudes rebeldes, en el caso de que Madrid pretendiera retrasar el normal traspaso de aquella serie de cosas que nos habían sido reconocidas.» «¿Por qué queríamos preparar y organizar militarmente las juventudes?», preguntaba Dencás. Y respondía: «Para implantar y hacer factible aquella revolución que todos los dirigentes en los actos y mítines predicaban a nuestro pueblo.» Cada vez que en los Consejos del Gobierno de Cataluña se planteaba la cuestión de las desavenencias con Madrid, Dencás formulaba la misma proposición: «Y si creéis que pueden llegar unos momentos en que sean necesarias luchas armadas y violentas, ¿por qué el Gobierno no destina unos millones a preparar esa acción revolucionaria?» Sobrevino el choque con motivo de la ley sobre Contrato de Cultivos. «¿Cuáles fueron las directrices que se me dieron cuando ocupé la Consejería de Gobernación? Se me dieron unas órdenes muy concretas. Dado el estado de tirantez, y ante la posibilidad que podía presentarse de ser atacados en nuestra dignidad por el poder de España, era necesario preparar nuestra casa para la resistencia armada... No habían pasado cuarenta y ocho horas desde mi llegada a la Consejería de Gobernación, cuando me fue hecha por el Gobierno de Cataluña la indicación de que enviara a buscar una alta personalidad de la política española, para que viniera a colaborar con nosotros en un incipiente Comité militar revolucionario. Aquel señor que apresuradamente vino de España para ponerse en contacto con nosotros a ayudarnos a preparar la revolución era el señor Esplá, de suficiente significación política por los cargos que había ocupado y por sus relaciones. Y el señor Esplá asistió y presidió muchas de aquellas reuniones, a las cuales asistían unos cuantos militares de Barcelona; entre ellos, el señor Pérez Farras. Comenzamos a trabajar. ¿Para organizar qué?

Para organizar el ejército catalán y un plan de defensa de la frontera, a fin de impedir el paso de las tropas españolas que pudiesen ser enviadas contra Cataluña. Y, dentro de Barcelona, estudiamos la preparación de la resistencia armada y todos aquellos asuntos de índole revolucionaria susceptibles de darnos la victoria.»

«Aquel Comité elaboró una serie de planes. A un respetable militar, cuyo nombre no diré, se le encomendó el proyecto de defensa de la frontera catalana, y el cálculo de efectivos necesarios, no sólo en hombres, sino en armamento. Se fijaron los efectivos en 4.000 soldados, armados de fusiles «Mauser» y de sesenta o setenta ametralladoras de sistema modernísimo. Estos efectivos se consideraban suficientes para contener durante semanas, o días —tiempo suficiente para ver qué cariz tomaría la revolución en toda España—, a los batallones, milicias o ejércitos que el Gobierno de Madrid lanzase contra Cataluña sublevada.» A1 mismo tiempo que este Comité, era designada una ponencia (de la cual formaba yo parte) —decía Dencás—, junto con otro militar. A ella se le encomendó el estudio del plan ofensivo de Barcelona y de todas las ciudades catalanas. ¿Cuáles debían ser los objetivos inmediatos? ¿Cuáles los lugares que deberíamos mantener a la defensiva? ¿Qué papel cabía asignar a cada una de las villas y ciudades catalanas? A la vista de estos proyectos y con los asesoramientos de los técnicos, se formularon varias conclusiones: una, hacer un reclutamiento de voluntarios para cubrir un cupo de 8.000 hombres: 4.000 para las fronteras catalanas y 4.000 para la ciudad de Barcelona. Otra conclusión recomendaba la adquisición de material ofensivo: cañones, ametralladoras y fusiles... Estas conclusiones las entregué al Gobierno de Cataluña. Comenzó inmediatamente el alistamiento de los 8.000 voluntarios. Respecto al armamento, formulé la debida propuesta al Gobierno de la Generalidad, y un diputado de Esquerra Republicana, el señor Ventosa y Roig, salió con dirección a Bélgica para negociar la compra de ametralladoras y fusiles.»

Más adelante conoceremos el resultado de estas gestiones y de otras de igual índole. Disuelto el Somatén por decreto, se procedió a la recogida de armas. «Se comprobó la existencia —afirma Dencás— de 20.000 fusiles en Cataluña. Sin embargo, la recogida sólo proporcionó armas inservibles de todos los modelos: unos 1.000 «Winchesters», 1.600 ó 1.700 «Remingtons» y 300 cargadores de «Mausers». Junto con esto, 3.000 ó 4.000 pistolas de diversas marcas. Aquellas armas, en las cuales cifrábamos nuestras esperanzas, podían servir para una acción inicial, pero no para hacer la revolución.»

Era pues evidente la preocupación bélica del Gobierno de la Generalidad y su afán por armarse de prisa, con vistas a una próxima resistencia frente a España, considerada como desenlace fatal de una política que deliberadamente conducía a la ruptura.

Samper reunió a los jefes de las minorías parlamentarias (13 de junio) para informarles de las gestiones en favor de una solución de concordia en el conflicto con el Gobierno catalán. Coincidieron los reunidos, con excepción de Goicoechea, en que el planteamiento del problema en las Cortes lo agravaría, envenenándolo. Sólo en dos casos debería el Gobierno dar estado parlamentario a la cuestión: para someter a la aprobación de las Cortes los actos que hubiese realizado o para solicitar poderes extraordinarios con vistas a determinadas medidas. El presidente anhelaba a todo trance la negociación por la vía amistosa; pero sus propó­sitos no encontraban acogida en la Generalidad. El Boletín Oficial de la Generalidad había publicado (15 de junio) la segunda ley de Contrato de Cultivos aprobada por el Parlamento catalán y las excitaciones a las actitudes desesperadas no cesaban. «Patriotas —escribía Nosaltres Sols (25 de junio)—: preparaos para la hora inevitable de la guerra contra España. Se impone la lucha sangrienta.» «¡A las armas por la República Catalana!», gritaba La Nació Catalana (27 de junio).

«Es necesario que el país sepa, sin otras demoras —reclamó Calvo Sotelo en las Cortes (21 de junio) —, lo que el Poder central piensa y cuenta hacer frente al estado subversivo de insurrección jurídico-política en que se ha colocado la Generalidad.» Respondió Samper: «Cuando el Gobierno ha aplazado la discusión será porque tiene motivos patrióticos para ello.» Pero ya no se dilataría la espera. En efecto, en la sesión del 25 de junio, el jefe del Gobierno abordó el asunto. Con todo detalle explicó lo sucedido y dio su diagnóstico: se trataba de un problema jurídico. Por eso el Gobierno «no ha sentido la preocupación de hacer sentir su poder, sino la de ejercitarlo dignamente». Tratándose de un problema de Derecho, la cuestión estribaba en saber cómo se cumpliría la sentencia del Tribunal de Garantías: «Primero, considerando nula la ley de Cultivos votada por el Parlamento catalán; segundo, obligando a esta apreciación a todos los órganos dependientes de la Administración central; tercero, amparando en su derecho a cuantos reclamen contra esa ley, y cuarto, exigiendo responsabilidad a todos los órganos administrativos o tribunales judiciales del territorio nacional que intenten aplicarla.» Todo esto, ¿desde cuándo? «El Gobierno —decía Samper— no tiene prisa; porque no tenerla es contribuir a la solución». «La región autónoma —decía Goicoechea—, representada por la Generalidad, se ha colocado desde el primer momento en actitud de rebeldía contra la sentencia.» La Generalidad se prepara para la resistencia y «convierte sus edificios en fortalezas inexpugnables». El Gobierno no podrá hacer efectiva la sentencia, «porque los Juzgados y Tribunales catalanes sólo reciben órdenes por conducto del poder de la Ge­neralidad... y ejecutar una ley declarada inconstitucional es arrebatar al Parlamento facultades que le competen». Pedía el diputado la inmediata recuperación de los servicios de Orden público y terminaba así: «O se abandona la sentencia del Tribunal de Garantías, en cuyo caso virtualmente se habrá reconocido la independencia de Cataluña, o, por el contrario, será menester restablecer la autoridad del Estado español apelando a las medidas que sean necesarias.» «La situación de Cataluña es delicada — dijo el ministro de Marina— y los remedios preconizados por el señor Goicoechea los menos apropiados.» Para Cambó, el problema era de carácter político: un conflicto entre el Gobierno de la Generalidad y el de la República, que en todas sus actuaciones ha estado dentro de la ley. «Hay que evitar —añadía— que el problema se convierta en sentimental; porque entonces los espíritus se conturban y los cerebros no reflexionan.» «Cataluña es un pueblo casi morbosamente sentimental: los conflictos no se producen, allí jamás por interés; siempre se han producido por sentimiento.» «Las sentencias del Tribunal de Garantías deben, ser cumplidas, porque su incumplimiento destruye la Constitución y el Estatuto.» El deber del Gobierno —opinaban Gil Robles y Martínez de Velasco— es mantener la sentencia y cumplirla. «Piense el jefe del Gobierno —manifestaba el jefe de la C. E. D. A.— si la dignidad del Estado español le permite establecer diálogos de potencia a potencia con un poder regional que se ha colocado fuera del orden jurídico establecido en la República.»

Censuraba Maura al Gobierno por no haber evitado el conflicto por medio de la negociación cuando era tiempo. «Las gentes de España contemplan cómo una región puede impunemente sublevarse y rebelarse contra el Estado. Tal rebeldía me parece inadmisible. ¿Con qué medios cuenta el Estado para que la ley se cumpla?» «Tan lejos hay que estar del terreno de la violencia como del de la claudicación, que sería acabar con el Estado.» «Su señoría no puede ni debe dialogar con la Generalidad.» Para la minoría radical-demócrata, representada por el señor Lara, tampoco había otra solución que la de aplicar la ley. Resueltamente al lado de los rebeldes catalanes estaba el partido socialista. Indalecio Prieto lo explicaba así: «Tenemos la sospecha intuitiva de que este conflicto va a adquirir proporciones verdaderamente gigantescas... El pleito inicial era interno y específicamente catalán. El Gobierno, coaccionado o sugestionado por el señor Cambó, decidió intervenir, presentando el recurso, y un pleito que no interesa a España lo convirtió en un problema político.» «Frente al fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, Cataluña, por los órganos que políticamente le representan, tiene razón.» «Todas las fuerzas que cooperaron con entusiasmo y espíritu de sacrificio a la instauración de la República sienten hoy una solidaridad magnífica con quienes en Cataluña defienden lo que estiman sustancial de su libertad regional.» «Vosotros, alocadamente, nos echasteis fuera del régimen; ahora echáis también a Cataluña. Que no nos encontremos todos fuera.» «Tened por seguro que si vosotros llegáis a pelear en términos que yo no quisiera ver registrados en la Historia con Cataluña, Cataluña no estará sola, porque con ella estará el proletariado español.» Intervino Azaña: «Cataluña —afirmó— no protesta contra España, no se separa moral ni materialmente de España; contra lo que protesta Cataluña, y hace bien en protestar, porque cumple una obligación republicana, es contra la política del Gobierno.» «No estamos dispuestos a consentir que el problema de un Gobierno inepto con otra institución constitucional, como es la Generalidad, se convierta en un problema catalán. Y así como Cataluña es el último bastión que le queda a la República, el poder autónomo de Cataluña es el último poder republicano que queda en pie en España.» «Nosotros tenemos resuelta la opción y caerá sobre S. S. y sobre quien le acompañe en esa obra toda la responsabilidad de la inmensa desdicha que se avecina sobre España.» Pero ¿a qué obra se refería Azaña? Y, en definitiva, ¿quién era el autor de la obra? Lo descubría Cambó con estas palabras: «Su Señoría lamenta que el Gobierno haya acudido al Tribunal de Garantías ejercitando un recurso. El Gobierno ha procedido así porque S. S. creó el Tribunal de Garantías cuando disponía en las Constituyentes de una mayoría fiel, fidelísima y vibrante, atribuyéndole la función de dirimir los problemas de competencia entre el poder regional y el poder central. De manera que si de algo ha de protestar S. S. es de sus propios actos.»

El presidente del Consejo cerró el debate con unas afirmaciones muy concretas: el recurso se promovió en los comienzos de mayo y nadie pro­testó ni en Cataluña ni en Madrid; la interposición de recurso es de la exclusiva responsabilidad del Gobierno de la República, consciente de su deber para que fuese respetada la competencia que corresponde a las Cortes de la República; el conflicto lo promovió el Parlamento catalán al votar de nuevo una ley anulada por el Tribunal de Garantías, y el Gobierno ha buscado los asesoramientos técnicos necesarios para intentar una solución.

* * *

Liquidado el asunto en las Cortes, continuó discutiéndose entre basti­dores. Hervían las confabulaciones e intrigas. Socialistas y republicanos de izquierda juzgaban la ocasión muy propicia para derribar a Samper y tal vez para disolver las Cortes. La presión ejercida por los partidos de derechas era grande, y el Consejo de ministros (26 de junio) adoptó el acuerdo de «considerar nula la ley de Cultivos votada por el Parlamento catalán el 12 de junio, por estar comprendida por razón de identidad en el fallo anulatorio de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Garantías Constitucionales». Los acuerdos del Consejo, articulados en un proyecto de ley, fueron leídos por el presidente del Gobierno a las Cortes (27 de junio). En él se facultaba al Gobierno «para legislar por decreto, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución, en la parte que se refiere a la adopción de las disposiciones conducentes a la efectividad de la delimitación y regulación de competencias entre el Estado y la región autónoma, a fin de que el Parlamento catalán y el Gobierno de la Generalidad puedan elaborar, promulgar y publicar una nueva ley de Contrato de Cultivos con sujeción estricta a los preceptos de la Constitución y del Estatuto». La fórmula causó sorpresa a unos y estupor a otros. Azaña la calificó de «verdadero golpe de Estado». Aplicados los acuerdos del Consejo de ministros, el proyecto de ley sobraba. Y si con los plenos poderes se trataba de arbitrar otras medidas excepcionales, ¿cuáles iban a ser éstas? Los jefes de la C. E. D. A. y agrarios proclamaron su disconformidad, por considerar el proyecto una claudicación del Estado ante la Generalidad. Y sin los votos de sus minorías, cualquier propósito por sacarlo adelante sería inútil: la minoría monárquica estaba decidida a pedir el quorum para su aprobación. «No hay fórmula ante la rebeldía», afirmaba El Debate (2 de julio). «Lo que el Gobierno propone —escribía A B C— es algo peor que una dejación: es un abandono del prestigio y efectividad de la soberanía del Estado.» La Lliga Catalana organizó en su región una serie de actos públicos, más de setenta en un sólo día (3 de julio), en Barcelona, para explicar las razones de su oposición a la política de la Generalidad en la ley de Cultivos.

Viéndose Samper desasistido para la empresa, optó por sustituir los plenos poderes por un voto de confianza, «para que el Gobierno resuelva el conflicto planteado en Cataluña ajustándose estrictamente a los preceptos de la Constitución», con el acuerdo complementario de dar por terminado el período de sesiones. Firmaban la proposición diputados radicales, cedistas y agrarios, y la defendió el diputado Orozco (4 de julio). «La propuesta —apuntó Chapaprieta— produce una situación extraña, porque van a aquedar sin resolver problemas de mucho interés nacional.» «La suspensión de sesiones —explicó Samper obedece a una iniciativa de la Cámara, con la que el Gobierno está conforme. Existe visible cansancio en los diputados, un sinnúmero de cuestiones de orden económico requieren estudio y el Gobierno no puede atenderlas con el celo que quisiera, porque su vida está constantemente sometida, no sólo a las reclamaciones y exigencias del Parlamento, sino a estos vaivenes de la política que hacen imposible que un Gobierno pueda ser útil, puesto que ha de dedicar la mayor parte del tiempo a detener los empujes de quienes intentan derribarlo.» Todo cuanto sucedía relacionado con los recursos le parecía anormal a Calvo Sotelo: vacilaciones, rectificaciones, avances y retrocesos del Gobierno, «mientras la rebeldía de la Generalidad va en aumento». «Hace pocos días, el señor Prieto aludía a un capitán que manda las fuerzas de Asalto a las órdenes directas del Estado en Barcelona y denunciaba que a este capitán se le invitó a que cumpliera las órdenes directas que le dictase el general Franco, a quien el Gobierno pensaba poner, para resistir la actitud de la Generalidad, al frente de las tropas de Cataluña. Esa delación gravísima ha quedado en pie, sin que el Gobierno la haya desmentido o confirmado. Y ¿cuál es la situación del general Batet, al frente hoy de las guarniciones de Cataluña?», preguntaba el orador. «Además, se da el contrasentido, verdadero crimen político, de que el Estado se halle representado en una región autónoma por el propio jefe supremo de la Administración local de este región, a quien se le otorga un mandato irrevocable. Y si se levanta, como ahora, contra el Estado, éste tiene que seguir confiándole su representación...» «Por todo ello, el Gobierno lleva viviendo más de veinte días de marasmo letal, de quietud inhibitoria en lo que concierne al restablecimiento del Derecho frente a las demasías de la Generalidad. Esta rebeldía preocupa a las Cancillerías europeas. En las vacilaciones del Gobierno no veo más que el reflejo, la estela, la repercusión, el rastro y los efectos de las veleidades con que los vientos soplan en las atalayas más altas del Estado español.» «El Gobierno no ha dado un solo paso para ejecutar la sentencia, ni nos ha dicho de qué medios se valdrá para ejecutarla. Por lo cual no podemos otorgarle la con­fianza que pide, y nos abstenemos.» Tampoco merecía confianza a los socialistas, «ni en este problema ni en ningún otro de los que pueden plantearse», según declaró Indalecio Prieto. El jefe del Gobierno insistió en que el fallo del Tribunal de Garantías sería respetado. «Hemos encerrado el problema dentro de la órbita jurídica, y dentro de ella aspiramos a resolverlo. La fuerza no debe nombrarse por quien la posee.» «Esperamos de Cataluña que reconozca el derecho con que se ha producido el Estado español: que reconozca el derecho que asiste al Tribunal de Garantías, y entonces, cumplido ese deber, el Estado reconocerá todos los derechos que asisten a Cataluña para legislar dentro de la órbita de su exclusiva competencia.» Respecto al proyecto de ley de plenos poderes, si las circunstancias lo exigiesen sería sometido «en ésa u otra forma a la Diputación permanente de las Cortes». El Conde de Rodezno anunciaba que los tradicionalistas no otorgarían la confianza, y tampoco la Lliga Catalana, afirmó Ventosa, «por ignorar qué pretendía el Gobierno», ni la votarían los radicales-demócratas de Martínez Barrio.

Sorprendió la presencia en la Cámara de Gil Robles, a quien se le su­ponía en viaje de boda. Empezó por ratificar la posición regionalista de su partido y de respeto para las autonomías regionales. «Las difíciles circunstancias presentes son hijas de claudicaciones anteriores.» «¿Es que no nos acordamos que en el primer acto de rebeldía de la Generalidad, poco después de proclamada la República, se apresuraron a marchar a Barcelona nada menos que tres ministros para tratar con los poderes rebeldes? ¿Es que no se han hecho concesiones a la Generalidad cuantas veces el señor Azaña necesitaba en las Constituyentes unos cuantos votos de la Esquerra para mantenerse en el Poder? ¿Es que en los momentos actuales persistiría la rebeldía de la Generalidad si no tuviera la evidencia de que cuenta con cómplices y encubridores en partidos que aquí tienen representación?» Se alzaron fuertes voces de protesta. «¡Farsantes! ¡Canallas!», gritó el diputado socialista Tirado. El diputado cedista Oriol de la Puerta se abalanzó sobre él. Los socialistas se levantaron unánimes, en actitud agresiva: algunos, entre ellos Prieto, esgrimían pistolas. Los diputados de las minorías derechistas se incorporaron, dispuestos a con­tender. El vocerío era grande; se decían las más recias palabras, injurias y retos. El presidente, también en pie, alzaba sus brazos y reclamaba orden. Pero cuando vio la inutilidad de sus esfuerzos, dejó el salón de sesiones, convertido en campo de Agramante, donde los buenos oficios de unos diputados lograron impedir que los bandos llegaran a las manos. Al cabo de diez minutos remitió el estrépito y renació la calma. El presidente, restituido a su puesto, pidió a los diputados respeto mutuo en nombre de la dignidad del Parlamento. «He visto esgrimir pistolas... Esto no es posible tolerarlo...» Hubo explicaciones recíprocas y Gil Robles pudo continuar su discurso. «Nosotros no nos prestamos a la maniobra de derribar a este Gobierno para trasladar a la Generalidad el centro político de las actividades de la República.» El Gobierno tendría el apoyo de la C. E. D. A. Por el contrario, no contaría con el de Maura.

La proposición incidental obtuvo 192 votos a favor y 62 en contra. «Mejor que un voto de confianza —decía Calvo Sotelo— es un voto de desconfianza, toda vez que se niegan los amplios poderes y se fijan taxa­tivamente las normas a que ha de ajustarse el Gobierno en su trato con la región autónoma.» Quedaron suspendidas las sesiones de Cortes. La Gaceta había publicado (1 de julio) el proyecto de presupuesto para el segundo semestre: 4.680.006.000 pesetas sumaban los gastos y 4.653.000.000 los ingresos. De esta última cantidad, 538 millones correspondían a emisiones de Deuda. El déficit inicial se cifraba en 566 millones. Las Cortes habían aprobado también el proyecto de ley para remediar el paro obrero.

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Samper, libre de las asechanzas parlamentarias, gozaría de mayor agilidad de movimientos para negociar un arreglo del problema catalán. La Generalidad parecía irreductible. «La jurisdicción del Estado español acaba en el Ebro», afirmaba L'Opinió (5 de julio). Companys repetía que de la ley de Cultivos no se modificaría ni una tilde. El Consejo de la Generalidad aprobaba en una sesión (10 de julio) treinta artículos del reglamento para la aplicación de la ley. Los rabassaires, sin esperar más, se incautaban de las cosechas. Las excitaciones a la resistencia no faltaban ningún día en los periódicos. Por debajo de este paisaje fosco y hostil, circulaban unas corrientes amables, en forma de negociaciones para el traspaso de servicios. El de la Contribución Territorial se cedió el 12 de julio.

Los republicanos de izquierda, en connivencia con los hombres de la Generalidad, persistían en sus intentos por desalojar del régimen a los cedistas, a quienes conceptuaban indeseables por peligrosos y buscaban la complicidad del Presidente de la República, tratando de asociarle a la maniobra y de rendirle a fuerza de halagos y promesas. Como no lo consiguieran, los rectores de la Generalidad decidieron, seguir otros rumbos. «Si la ley de Cultivos —escribía el diario de Companys, La Publicitat (8 de julio) — contiene algún error que se pueda enmendar dignamente, se debe estudiar sin pasión el problema jurídico hasta encontrar la solución de Derecho que proceda.» Era el primer movimiento de repliegue. Como mensajeros de la Generalidad, el consejero de Justicia, Lluhí, y don Amadeo Hurtado, se entrevistaron: aquél, con el jefe del Gobierno, y el segundo, con el Presidente de la República. Y esos contactos dieron como resultado un oficio apaciguador de Samper al Presidente de la Generalidad (15 de julio). Se confiaba al celo de Companys, como representante del Estado en la región autónoma, «la misión de invitar a la Generalidad para que se abstenga de aplicar la ley de Cultivos mientras no se acomode fielmente a las disposiciones de la Constitución y del Estatuto». La respuesta no se hizo esperar (18 de julio) en la forma convenida: «El Gobierno de la Generalidad ha visto con satisfacción el tono de cordialidad del oficio, así como que éste haya sido tramitado por mediación del honorable presidente de la Generalidad, como representante del Estado en Cataluña, y ha tomado el acuerdo de extremar la atención y solicitud al confeccionar el reglamento que ha de regir la ley de Cultivos y ha de permitir aplicarla y garantizar que se adapte fielmente a las leyes básicas de la República.

Bastó el intercambio de estas notas para variar, en apariencia, el panorama. El Consejo de ministros acordó «ver con agrado los buenos propósitos que se deducían del documento de la Generalidad», y, por su parte, Companys declaró al ministro de Obras Públicas, a la llegada de éste a Barcelona para tratar del traspaso de los servicios portuarios, que «se habían disipado los malentendidos y la solución sería fácil». Todas estas manifestaciones, corteses y conciliadoras, eran superficiales y engañosas. El nacionalismo vehemente y desaforado avanzaba como una lava volcánica.

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Cualquier asunto se aprovechaba para fomentar la turbulencia callejera y la agitación contra España. Un gentío vociferante que entonaba Els Segadors se apiñaba en la mañana del 16 de julio ante la Cárcel Modelo de Barcelona para protestar contra las detenciones del abogado Camilo Bofill y de José Aymá, director, éste, de La Nació Catalana, procesados como autores de unos artículos injuriosos para el Gobierno de la República y la Magistratura. En unas hojas repartidas a los congregados, decían aquéllos: «Deseamos salir a la calle para matar. Lo esperamos con impaciencia, porque sabemos que inexorablemente esa hora ha de llegar. Somos separatistas. Queremos la República catalana.»

A poco de iniciarse la vista de la causa (21 de julio), hubo de ser suspendida ante la irrupción de un tropel de jóvenes, aleccionados para producir desorden y libertar a los procesados, cosa que hubiesen logrado de no impedirlo la Guardia Civil. La causa contra José Aymá se vio a puerta cerrada (24 de julio) y fallada con una condena a tres años, ocho meses y veintiún días de prisión. También a puerta cerrada se vio (26 de julio) la causa contra el abogado Bofill. Grupos de nacionalistas estacionados en los alrededores intentaron asaltar el Palacio de Justicia, y al fracasar en su propósito, le prendieron fuego por tres puntos a la vez. Las llamas fueron dominadas con rapidez. El presidente del Tribunal ordenó la detención del abogado defensor, José María Xammar, por el lenguaje agresivo e injurioso empleado al dirigirse a los magistrados.

Sólo para cubrir las apariencias ante el Gobierno de Madrid, la Generalidad simulaba ocuparse de rectificar el reglamento de la aplicación de la ley de Cultivos. Quienes estaban en el secreto sabían que no existían semejantes modificaciones. El diputado regionalista Vidal y Guardiola decía: «El reglamento está redactado de acuerdo con la ley, y, por lo tanto, se opera con un texto anticonstitucional.» «Siendo la ley del 14 de junio reproducción de la anterior, anulada por el Tribunal de Garantías —afirmaba la Lliga Catalana en una nota—, no se le puede atribuir vigor y eficacia sin infringir la Constitución y el Estatuto. El reglamento contiene los vicios esenciales de la ley.» «La sentencia debe ser respetada —escribía Anguera de Sojo, ex fiscal de la República—; sin lo cual no hay solución dentro de un régimen jurídico.» «De todo el país —decía La Vanguardia (9 de agosto) — nos llegan noticias de que no existen ni autoridad ni ley y la abominable sensación que se experimenta en nuestras comarcas agrícolas es de que se pueda impunemente faltar a todos los tratos y atropellar todos los derechos, porque eso de respetarlos es una pura antigualla del país de los tontos.» El Instituto Agrícola Catalán, institución centenaria, con más de 40.000 asociados, decidió organizar una demostración en Madrid para expresar ante los Poderes públicos el malestar de las clases agrícolas y su indignación por los desafueros y desmanes que se producían en las cuatro provincias catalanas. Pedía el Instituto, en un manifiesto, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Garantías, la reversión al Gobierno central de los servicios de Orden Público, para evitar «el peligroso monopolio» de uso de armas, de que gozaban los afiliados al partido gubernamental. Reclamaban también «que la Administración de Justicia no esté intervenida por determinado partido político».

Companys se limitaba a repetir: «La ley de Cultivos responde al convencimiento de que el Parlamento catalán puede legislar, y al sentido izquierdista de la política de nuestro Gobierno». Los diputados de la Generalidad Martín Esteve y Gassol llegaron a Madrid portadores del proyecto de reglamento modificado para aplicación de la ley de Cultivos. Samper, siempre náufrago, se agarraba a lo primero que alcanzaban sus manos. «Tengo la impresión —dijo— de que por parte de la Generalidad existe buen deseo de aceptar.» Entretanto, en Barcelona se reproducían las manifestaciones contra los magistrados, a la salida de la cárcel del escritor Granier Barrera, que había cumplido dos meses de encierro por injurias al jefe del Gobierno. Ninguno de los miembros del Tribunal de Urgencia que lo condenó, destacaba L'Humanitat, «tenía apellido catalán».

Prueba de la política agresiva predominante era la orden del Gobierno de la Generalidad prohibiendo la entrada de trigo en Cataluña, a fin de mantener la tasa. «La Generalidad —comentaba A B C— ha comenzado a separar su economía y a cerrar su mercado a los productos españoles.»

En el mes de agosto (día 25) llegó a Madrid el consejero de Gobernación de la Generalidad, José Dencás. Visitó al ministro Salazar Alonso para tratar de cuestiones de orden público, y ante el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, a quien le habló largamente de su amor a España y al orden, se expresó de este modo: «Los elementos del Estat Catalá, que desesperados habían llegado a ser separatistas con la Monarquía, sentían hoy con la República el mismo amor a España que el resto de los españoles». Al terminar su conversación, «sacó de su cartera un oficio con un membrete que decía: «Gobern de la Generalitat de Catalunya» y en cuyo contenido se pedía autorización correspondiente para adquirir veinticuatro ametralladoras al Consorcio de Industrias Militares y dos ametralladoras más a una fábrica particular. El temor de que esas armas, encargadas para ir contra una revuelta de la F. A. I., pudieran tener otro destino bien distinto, hizo que ese oficio quedase en ese cajón de las mesas de los ministros donde duermen el sueño eterno las peticiones absurdas».

Dencás insistía. Algunos días después entregaba al ministro de la Gobernación, con la pretensión de que éste la recomendara al ministro de la Guerra, una solicitud en la que reiteraba su petición de ametralladoras, y además «me honro —añadía— en solicitar de V. E. una nueva autorización para adquirir en la fábrica que en Eibar posee don Bonifacio Echevarría 180 fusiles ametralladores, marca «Star», de la misma calidad de los que actualmente destina a las compañías de Asalto en toda España para su servicio, al objeto de destinarlas a cada compañía de las doce que integran el referido Cuerpo de Seguridad en Cataluña. Me permito insistir — terminaba— con todo respeto a V. E. la urgencia de la entrega de las mencionadas ametralladoras, así como lo antes posible dé V. E. las oportunas órdenes para autorizar la adquisición de los subfusiles». Tampoco en esta ocasión fue atendido, por ser demasiado conocidas sus intenciones.

El ministro de la Gobernación supo, por confidencias, que la Generalidad poseía estaciones radiotelegráficas. Un servicio especial de escucha comprobó la existencia de cuatro estaciones, por lo menos, y probablemente de una móvil. Una de aquéllas estaba emplazada en el edificio de la Consejería de la Gobernación. Los servicios descubrieron otra emisora en San Sebastián. Transmitían en francés.

CAPÍTULO 39.

LOS AYUNTAMIENTOS VASCOS DESOBEDECEN AL GOBIERNO