CAPÍTULO XVII.

BATALLA EN TORNO AL ESTATUTO CATALÁN

 

Desvanecida la polvareda que levantó el debate político, continuó la discusión del Estatuto su penosa marcha. El artículo VI quedó aprobado (20 de julio) por 135 votos contra 72. Prosiguieron los laboriosos cabildeos entre gobernantes y diputados de la Esquerra en busca de fórmulas conciliatorias. La cuestión de la enseñanza se presentaba muy espinosa, y siendo grande el empeño del Gobierno por arbitrar un arreglo, no lograba sus deseos. Tampoco había armonía en el seno de la Comisión dictaminadora. Su presidente, Luis Bello, proponía a las Cortes (21 de julio) que así como se aprobó la cooficialidad del idioma, de igual manera debía aceptarse la de la enseñanza. Los radicales, y en su nombre hablaba Guerra del Río, coincidían con los catalanistas cuando éstos pedían «dos Universidades, dos Instintos y dos escuelas». Y de paso enteró a la Cámara de lo que se hacía en Cataluña, sin esperar la aprobación del Estatuto: Maciá, el 7 de abril del año anterior, se había dirigido a un grupo de catedráticos encomendándoles la organización de la Universidad catalana a la vez que eran destituidos los decanos. En Barcelona —añadió— los catedráticos dan la clase en catalán y al final preguntan a los alumnos si han entendido la lección para traducírsela al que no haya comprendido. No existe un propósito de noble bilingüismo; de lo que se trata —decía el orador— es de ahogar a la enseñanza del Estado español, y esto no se puede tolerar.

La petición hecha por Royo Villanova de que la Universidad de Barcelona dependiese del Estado en las mismas condiciones que la Universidad de Madrid, fue desechada por 148 votos contra 67, a pesar de haberla apoyado muchos radicales. Pugnaba la minoría catalana por arrancar el artículo VII con atribución a la Generalidad de la enseñanza en todos los grados y órdenes, y la validez en todo el territorio de la República de los certificados de estudios expedidos por los centros de enseñanza de la Generalidad, y la Comisión luchaba por retener unas parcelas donde prevaleciera la autoridad del Estado, con arreglo a una enmienda redactada por Francisco Barnés. Enemigo de todo particularismo político, Ortega y Gasset se mostró (27 de julio) partidario de una descentralización administrativa en lo referente a enseñanza, y contrario a la Universidad bilingüe. «Lo que no se puede hacer —decía— es dejar como a los gallos a los idiomas, luchando en la Universidad única. ¿Cómo va a ser la Universidad bilingüe si el Estado no lo es? Lo que no puede hacer el Estado es abandonar su lengua en ninguno de los órdenes, y menos en el universitario. Y lo que se proponen los catalanes con este artículo es mermar las facultades del Estado».

Barnés se creyó en el caso de explicar cómo podría crearse la Uni­versidad y su desenvolvimiento, pero a los catalanes no les convencían sus explicaciones, y por boca del diputado de la Esquerra Lluhí declararon que no aceptaban su enmienda. Menudearon los votos particulares de las oposiciones, favorables a las dos enseñanzas, la del Estado y la de la Generalidad, en la región autónoma, pero no obtuvieron éxito. Unamuno presentó una propuesta (2 de agosto) redactada en los siguientes términos: «Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los centros de España. La Generalidad de Cataluña podrá, sin embargo, organizar enseñanzas en su lengua regional, pero el Estado mantendrá también en Cataluña las instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la República». Unamuno se lamentaba de que los diputados distraídos por mil atenciones no reparasen en la importancia del tema. «Si se les preguntara: ¿Qué hay que votar?, nadie sabría responder concretamente. En estas condiciones la tarea es inútil.» «A nadie se le debe dar lo que pide, sino lo que le convenga. No he de repetir lo que siempre dije sobre las lenguas; éstas no se rigen por leyes: crecen, se desarrollan, viven y mueren sin que se les imponga pauta. Creo, por tanto, que se incurre en un grave error al persistir en la aprobación de estos preceptos en un momento en que a la Cámara domina, más que otra cosa, la más completa confusión. El Gobierno no puede hacerlo así porque sí, tenga los compromisos que tuviere. El país no puede suscribir compromisos que no ha contraído.»

«El señor Unamuno antepone su pasión al respeto que debieran inspirarle las aspiraciones de Cataluña» —replicó Ventura Gassol, delegado de Cultura de la Generalidad, que en un discurso de exaltación lírica y patriótica, después de cantar las excelencias que prometía la autonomía a Cataluña y a los otros pueblos de la República, enumeró lo hecho por la Generalidad en el terreno de la cultura, y el vasto programa para el futuro. «Yo —afirmó—, que he predicado la cordialidad, mejor aún, la inteligencia he oído con tristeza cómo no se quiere armonizar cosa tan universal como la cultura, y por eso propendo hacia el radicalismo, porque espero que un día Cataluña tendrá todas aquellas libertades y facultades que ha ido conquistando, como las tendrán Galicia, Euzkadi, Aragón y Valencia, lo cual constituye la meta de mis ilusiones, porque representa la única solución que puede modernizar la República española, una República federal en la cual el único peso muerto está constituido por ciertos intelectuales que han coincidido, por un sarcasmo de la suerte, con los monárquicos, con la Iglesia y con los defensores de March.»

«El señor Gassol entiende que España es una federación de pueblos, y yo entiendo que es una nación», exclamó Royo Villanova al responder a ciertas alusiones. El diputado castellano creía que la algarada de los catalanes carecía de motivos lógicos, y que bastaría nombrar capitán general de Cataluña al general Barrera para que no pasara nada. Tan seguro estaba de lo artificial del alboroto separatista. Para definir oficialmente la posición de la minoría nacionalista catalana, habló su jefe, Companys. «El triunfo doctoral de la Esquerra —dijo— significó la fe puesta en la República. Hoy Cataluña es el más firme sostén del régimen.» La autonomía era, por otra parte, una promesa de los hombres más destacados de la República, conocedores del problema catalán y dispuestos a las soluciones más halagüeñas. «Pero la discusión del Estatuto nos apena. ¿Para esto se quería conocer la opinión de Cataluña, cuyos electores, en un 90 por 100, votaron el Estatuto?« A raíz del plebiscito «una persona bien significada y muy elevada por cierto —alusión a Alcalá Zamora— lo calificó de mesurado, discreto y prudente». «Ese Estatuto ha descendido tanto, que puede llegar un día en que a Cataluña no le interese.» «El dictamen de la Comisión no nos satisface, ni puede satisfacernos, y yo os digo que nada ganáis con eso, ni nadie saldrá beneficioso. No niego que existe un estado sentimental en gran parte del pueblo contrario al Estatuto; pero también digo que a ello no son ajenos los elementos monárquicos, triturados el 14 de abril, y que esgrimen este problema para combatir a la República. La minoría catalana, ante esta situación, se abstendrá de votar el dictamen y seguirá luchando dentro de la Constitución para que a nuestros centros docentes se les dé el rango que merecen.» La noticia de la abstención contrarió amargamente a los gubernamentales.

Ninguno de los que habían intervenido para justificar la Universidad única bilingüe había convencido a Sánchez Román, según dijo éste al explicar su voto. «Por lo demás —agregó—, todos sabemos cómo interpretan hoy mismo el bilingüismo en la Universidad de Barcelona: tres cuartos de hora en catalán y uno en castellano; o cinco días en catalán y uno en castellano.» «El propósito de los catalanes de dirigir desde su Universidad la cultura catalana y desarrollarla es inaceptable si se reconoce, como afirmó el presidente del Consejo, que no existe más cultura que la española.» «Para mí una Universidad catalana con alientos políticos que la sacaran fuera de su propio cometido significaría algo funesto para el porvenir de España.» Concedida esa Universidad, nadie podría restituirla al Estado, porque «conozco de lo que es capaz el sentimentalismo escolar, tenga o no razón en momento dado». «Tener en cuenta que los catalanes consideran la Universidad bilingüe como el tránsito adecuado para lograr la Universidad catalana.»

Los agrarios veían en el artículo sobre enseñanza, tal como lo presentaba la Comisión, «un medio para desespañolizar a Cataluña», según dijo Gil Robles al exponer el criterio de su minoría. Esta votaría en contra porque el dictamen no garantizaba libertad de enseñanza, ni respondía a sus íntimas convicciones.

Terminaba la discusión sin que el ministro de Instrucción ni los socialistas hubiesen expuesto su parecer en asunto de tanta trascendencia. ¿Por qué callan?, preguntó el diputado Santiago Alba. ¿Por qué callaba Azaña y ocultaba el criterio del Gobierno? Están obligados a hablar, añadió Alba, quien preveía el efecto que produciría en el país la conducta de estas Cortes al votar frívola y ligeramente el artículo.

De visible mala gana el jefe del Gobierno, tan directamente aludido, hubo de intervenir, y en tono despectivo dijo dirigiéndose a Santiago Alba: «El Gobierno no tiene interés en que su Señoría vote el dictamen». «Eso es una impertinencia» —contestó el diputado—. Y Miguel Maura apostilló: «Con argumentos de esa clase sobran las oposiciones». «Quiero decir — aclaró Azaña— que no tenemos la pretensión de imponer que se vote este dictamen. Aquí no hay dos partes litigantes: una la minoría catalana y otra el resto de las Cortes. Aquí hay unos diputados y unos partidos que se esfuerzan por buscar una solución a un problema político.» «Ahora los señeros catalanes no están conformes con el dictamen. Yo lo deploro: pero así como antes no era un obstáculo que otras cosas les gustaran para que fuesen aceptadas por el Gobierno y votadas por la mayoría, ahora el que, a ellos no les guste tampoco puede constituir un obstáculo para que lo aceptemos y votemos.» Azaña entendía que era un error cercenar atributos de la autonomía, pero el Gobierno había dicho «que daría los pasos necesarios para que el mayor número de republicanos pudieran adherirse a la solución del Estatuto». Dirigióse a los catalanes: «Cuando se haya votado todo el Estatuto debéis mirar no lo que os falta para llegar a la cumbre de vuestras aspiraciones, sino la enorme pendiente que hemos ascendido», porque además «detenernos sería el fracaso de la República y de España entera en el nuevo camino». Circunscribiéndose al artículo séptimo, motivo de la polémica, el orador expuso: «Podrán establecerse dos Universidades o una con Patronato, pero el Gobierno no pretende hacer una concesión para siempre, sino para mientras unas Cortes no la deroguen u otro Gobierno no la derogue o el mismo Gobierno proponga a las Cortes su supresión si la Universidad fracasa». «Nuestros más vivos deseos de gobernantes es llevar al país, no la alarma, sino la tranquilidad y el convencimiento de que se hace una obra útil para toda España.»

La explicación dada por Azaña aumentó la confusión. Ya nadie sabía a ciencia cierta cuál era el criterio ni los verdaderos propósitos del Gobierno. «¿Se va a permitir —preguntaba Alba— que se hagan unos ensayos, y si fracasan, el Estado salga al paso para remediarlo? Pues tampoco eso figura en el dictamen. Permítame su Señoría —terminó el diputado— un consejo: en Filosofía y en Historia tiene derecho a ser estoico; pero a lo que no tiene derecho en política es a parecer un cínico».

Así acabó la discusión y el artículo quedó aprobado por 129 votos contra 64. De haberse opuesto los radicales, el Gobierno hubiese sido derrotado. Pero prefirieron ausentarse, y de este modo salvaron al Gobierno del percance. Los catalanes se abstuvieron, y con ellos el ministro de Hacienda, Carnes.

El artículo octavo se refería al orden público: comenzó a discutirse el 3 de agosto y quedó aprobado en la sesión siguiente por 130 votos contra 59, con muy corta oposición, resumida en varios votos particulares.

Se puso a discusión y fue aprobado (9 de agosto) el artículo noveno, segundo del capítulo sobre el orden público. Un voto particular de Royo Villanova no prosperó.

Las sesiones transcurrían muy desanimadas. La ilusión del Gobierno de contar con una adhesión en las Cortes que refrendaran casi por aclamación el Estatuto como obra nacional se había desvanecido. Apenas una cuarta parte de los sufragios de la Cámara apoyaban el proyecto. Por eso éste salía a tirones. «El Estatuto Catalán constituye una dificultad muy considerable, declaraba Indalecio Prieto. La protesta tiene una base fuerte, efectiva e indudable. El problema aparece enconadísimo».

* * *

En la otra vertiente, la que daba a la calle, el Estatuto levantaba tempestades de indignación, de protestas, tanto en el lado catalán, como en el opuesto. En los mítines y conferencias el tema de la autonomía era obligado y blanco preferido para los ataques contra el Gobierno. Los propios ministros participaban en la propaganda. El Estatuto dividía a los partidos, a las clases sociales, a las regiones y en definitiva impulsaba a los españoles unos contra otros, con apasionamiento cada día más fuerte. Ante la actitud contraria al Estatuto del diputado Algora se escindieron los socialistas aragoneses y ochenta organizaciones de la U. G. T. se solidarizaron con el disidente. Los médicos titulares de Cataluña se separaron de la Asociación Nacional. En Barcelona las asociaciones nacionalistas apelaban a toda suerte de procedimientos ofensivos o molestos para España. En el Centro de Dependientes de Comercio se celebró (20 de julio) un acto de homenaje a Galicia en la persona de los diputados Otero Pedrayo y Castelao, «huéspedes de honor de la nación catalana.» Rovira Virgili expuso en dicho acto cuál sería la futura estructuración de España: «La Península quedará dividida en cuatro grandes nacionalidades: Portugal y Galicia, el País Vasco, Castilla y la República mediterránea». «Hay que formar —añadía— la alianza del mar contra Castilla, que representa el sentimiento hegemónico y opresor.» En nombre de los separatistas vascos, un orador llamado Duñabeitia habló en vascuence, y a continuación dio una versión de su discurso en catalán, «pues se sentiría avergonzado si tuviera que hacerlo en castellano para entenderse con gallegos y catalanes». Los «huéspedes de honor» se expresaron en gallego y dijeron que los ideales de libertad de Galicia eran idénticos a los de Cataluña.

La propaganda antiespañola se proyectaba también hacia el extranjero: la «Unión Catalanista» lanzaba un manifiesto en varios idiomas, dirigido principalmente a la Sociedad de Naciones de Ginebra y a la «Unión Internationale des Associations pour la S. de N.» implorando el apoyo de éstas y otras entidades, a fin de que Cataluña no continuase sometida contra su voluntad a la dominación que le impuso la Monarquía de los Borbones», y de que el Gobierno de la República española cumpliese la promesa hecha «cuando se proclamó la República catalana de reconocer a ésta la personalidad estatal, conviniendo con el Gobierno de Cataluña las condiciones de un Estatuto». Hasta de los menores detalles se extraían substancia política: en un anuncio insertado en los diarios de Barcelona se convocaba a concurso para cubrir la plaza de subdirector de la Banda Municipal; una de las condiciones decía: «los aspirantes habrán de saber y hablar y escribir el catalán correctamente».

Del otro lado, quien se distinguió por sus duros ataques contra el Estatuto, y más concretamente contra el Gobierno, fue Melquiades Alvarez. Recorría España en una intensa campaña predicando hostilidad a los gobernantes. Del conjunto de actos destacó el mitin de Oviedo (24 de julio), tanto por la masa de concurrentes como por la energía del orador, que sentó los siguientes principios: «Las formas de Gobierno son transitorias y precarias»; «no somos partido de derechas, pero reconocemos la autoridad y fuerza de éstas»; «no prometemos al país lo que no hemos de realizar»; «la revolución no existió; hubo un acto comicial contra la Dictadura, asociada a las responsabilidades del régimen monárquico»; «la Constitución es contradictoria, ineficaz e impracticable»; «el Estado debe amparar y proteger todas las creencias: y lo triste del caso —dijo— es que este problema que se llama religioso hemos podido resolverlo satisfactoria y definitivamente, sin menoscabo de los derechos del Estado y aprovechándonos del espíritu propicio de la alta autoridad pontifical que representa a la Iglesia. Jamás estuvo ésta tan dispuesta a reconocer el derecho del Estado Español». «La propiedad en España ha perdido el 43 por 100 de su valor»; «la República ha envejecido cien años»; «las Cortes, divorciadas del país, no responden a sus anhelos; pensar que las Cortes se disuelvan por su voluntad es delirar; el Poder sólo se puede ejercer con decoro». Melquiades Alvarez terminó con estas palabras: «Nosotros somos burgueses que no participan de los egoísmos y de las codicias de la burguesía clásica: no retrocederemos ante ninguna reforma, por radical y atrevida que parezca. Yo nací en las capas más humildes del pueblo. Y tengo orgullo en decir que mi familia fue familia de trabajadores, y he de invocar a la fortuna que sacándome de ese hogar humilde me ha ennoblecido y elevado».

Entre gritos de ¡Muera el Estatuto! Miguel Maura afirmaba en Valencia (24 de julio): «El Estatuto se da a un partido separatista y no a Cataluña. Hay que defender a los españoles no catalanes que viven en Cataluña».

El pueblo de Madrid exteriorizó su protesta en un mitin celebrado en la Plaza de toros (27 de julio). Treinta mil personas concurrieron al acto organizado por las entidades mercantiles, y el comercio en pleno se adhirió con el cierre de los establecimientos. También en este mitin Royo Villanova fue quien dio la tónica con su irreductible oposición al Estatuto: «Estad seguros —dijo— de que no se aprobará. Sólo por la fuerza perderá España su soberanía y Madrid su capitalidad. Muchos siglos y mucha sangre costó hacer la unidad nacional y muchos siglos y mucha sangre costará deshacerla». Y antes, al elogiar a Madrid, «crisol donde se funden todos los deseos y anhelos del alma nacional», advirtió que en «este Madrid tan calumniado los que menos mandan son los madrileños». «A Madrid —decía — se le llama sede del poder opresor, y el diputado recordaba: «El ministro de Hacienda es un catalán y el de Agricultura también, y lo es el de Estado y el director de Industria y el de Comercio. Si los catalanes se quejan del Poder central, deben quejarse de sus paisanos».

En las conclusiones se pedía la renovación y modificación de la Junta de aranceles, la dimisión de los que regían en aquel momento, la organización de un plebiscito nacional para conocer el pensamiento de España sobre el Estatuto. Se reclamaba asimismo un inmenso plan de industrialización de todo el país y otras cosas más, conducentes a anular la hegemonía industrial de Cataluña y a perjudicarla en sus intereses más vitales.

Este mitin y el disgusto por la forma en que estaba redactado el artículo sobre enseñanza, provocaron efervescencia en los sectores del catalanismo. «El mitin de Madrid —exclamó Maciá ha sido contra Cataluña. Se ve que en Madrid lo que les preocupa es perder todo aquello que desde un punto de vista material puede sustraerles la implantación del Estatuto. Se confirma —añadió — que persiste entre los madrileños la mentalidad heredada de la dominación austríaca y borbónica que quiso ahogar todas las iniciativas de los otros pueblos. Cataluña obtendrá sus libertades forzosamente.» Ante un numeroso grupo de profesores y alumnos y en representación del presidente de la Generalidad, el diputado Puig y Ferrater se expresó así (1 de agosto): «Las simpatías de los catalanes van hacia Francia, y de ella nos separan los Pirineos menos, con ser tan altos, que las llanuras castellanas nos alejan de Madrid. Madrid es el símbolo de la opresión, mientras Francia es el país de la libertad y de la cultura y hacia ella van las miradas y los amores de Cataluña».

Entre muchos catalanes empezaba a extenderse la duda de si el Go­bierno de Maciá convenía o no a Cataluña y si significaba o no un peligro para el futuro. Sobre este tema discurría en «La Veu de Catalunya» (29 de junio) Durán y Ventosa, uno de los más conspicuos personajes de la Lliga Regionalista. «Maciá —decía— ha cometido una falta muy grave que le convierte en el verdadero responsable de la situación difícil en que hoy se encuentra Cataluña: En sus manos estuvo dar a Cataluña una plena autonomía y por su culpas no queda otro remedio que seguir este amargo regateo a que va quedando reducida la discusión del Estatuto.» «En el momento de triunfo —añadía—, Maciá pudo implantar el proyecto de Estatuto de Autonomía de 1919 que él había suscrito y que llevaba además las firmas de los señores Lerroux, Largo Caballero y Domingo.» Era ya tarde para rectificar. El mito Maciá empezaba a disolverse en el ácido de las polémicas. La desilusión ocasionaba las primeras víctimas. El diputado catalán Dolcet se separaba de la Esquerra, y en una nota proclamaba (27 de julio) que la política de la Esquerra «era dictatorial, antiliberal y antidemocrática». «La gran equivocación de Maciá y de sus satélites — agregaba— es creer que representan a Cataluña». La división en el seno de la Esquerra crecía a medida que se debilitaba su poder y se cuarteaba el edificio levantado sobre arena movediza. Luz, que se titulaba «diario de la República», enjuiciaba (5 de agosto) la falta de diputados a las sesiones y la fundamentaba «en la inhabilidad con que han sido enfocados los problemas básicos del régimen». La situación se agravaba rápidamente «por la carencia de fervor, de adhesión y de fe de la mayoría respecto a la labor del Gobierno). Están a punto de agotarse —decía— «las posibilidades del emplazamiento que este Gobierno ha dado a los problemas nacionales y en la cuestión del Estatuto de Cataluña se observa mejor que en otra alguna tal agotamiento». El periódico recogía la opinión muy extendida de la disolución de las Cortes «para dar oportunidad a la opinión pública a que se decante y concrete en torno a cuestiones de primera magnitud, dando un viraje en la política republicana para buscar los temas capaces de reunir la adhesión positiva y entusiasta del país y de completar la fusión del pueblo español con su Estado». De síntoma grave se podía calificar un escrito que la Asociación Profesional de Estudiantes de Medicina (F. U. E.) dirigió (5 de agosto) al Presidente de la Cámara para que comunicase al Parlamento «su disconformidad por la solución dada al problema de la Enseñanza que planteó el Estatuto de Cataluña».

Sobre si Ortega y Gasset (José) había rebajado el cupo de atribuciones correspondientes a la región, cosa que le reprochaba Luis Bello, contestó aquél en Luz (8 de agosto) que consideraba «en total incompatibilidad sus ideas autonomistas con el lamentable federalismo de casino suburbano que circulaba por España, y que antes y ahora él se oponía «a la concesión de una prima al nacionalismo».

El 9 de agosto la nave del Estatuto, con grandes brechas por las que penetraba el agua, avanzaba con tal lentitud y con tan serias dificultades, que muy pocos creían que pudiera llegar a puerto. Pero su fracaso sería también el del Gobierno, e incluso el de la República, según Azaña. En estas circunstancias sólo algo inesperado e imprevisible podía sacar al Go­bierno y al Estatuto del proceloso mar en que se hundían.

* * *

Paralela a la discusión del Estatuto seguía la del proyecto de Reforma Agraria. En el mes de julio comenzó a ser estudiada la Base II. El ministro de Agricultura se dirigió a las oposiciones, y concretamente a la minoría agraria, la más interesada en la ley, para solicitar su colaboración, con la promesa por parte de la Comisión dictaminadora de un trato benévolo, pues el ministro quería que la reforma pudiera presentarse «como ejecutoria del régimen». Creyeron de buena fe los agrarios lo que se les decía, y se dispusieron a participar como colaboradores en el examen y redacción de la ley. Pero su asombro no tuvo límites cuando vieron que todas sus enmiendas a la Base II eran rechazadas sistemáticamente. Cosa inexplicable para el jefe de los agrarios, Martínez de Velasco: «el espíritu de transigencia y de concordia que se nos ofreció —decía—, no aparece por ninguna parte». La explicación era fácil: los ministros socialistas habían ordenado que ciertas bases impuestas por el Comité del partido se mantuvieran íntegras y sobraban los buenos oficios y las efusiones del ministro de Agricultura. La base II quedó aprobada (6 de julio) por 117 votos contra 60. Las Bases III y IV se aprobaron sin oposición. Se refería una a la constitución del Instituto de Reforma Agraria y la otra a las comunidades de campesinos.

La Comisión decidió la suspensión de la Base V del dictamen por haberla refundido con la III, y el día 13 se puso a discusión la VI, que se refería a las expropiaciones; el nudo gordiano de la Reforma. Han presentado, dijo el presidente, cuatro votos particulares y 70 enmiendas. (El océano me parece poco, exclamó, en comparación del mar de papel que hemos de atravesar para llegar al puerto.» En la sesión del día 15 el diputado radical Álvarez Mendizábal, en un voto particular, pedía se señalasen como tierras susceptibles de expropiación las pertenecientes a las iglesias, Comunidades religiosas y Corporaciones, Asociaciones y fundaciones de carácter confesional o civil afectadas por las leyes desamortizadoras de 1885 y complementarias, que no cumplieran un fin social. Sobre las medidas que se debían aplicar para la expropiación de las tierras de señorío y la interpretación de varios apartados del artículo se consumieron dos sesiones sin que prevaleciera ningún criterio. Por otra parte, los socialistas, inspiradores y redactores de la Base tan discutida, no accedían a ninguna modificación en el texto. Los socialistas tomaban para las expropiaciones la unidad «propietario» y no la unidad «finca» y pedían la acumulación de todas las tierras de un mismo dueño, aunque estuvieran repartidas por distintas provincias, para expropiarles aquella porción que excediese de los límites fijados. La expropiación afectaría también a tierras llevadas en arrendamiento durante más de doce años. Los radicales, agrarios y diputados de otros grupos pedían que la expropiación se circunscribiera siempre a una sola finca. Derrotados los socialistas en la Comisión parlamentaria, modificaron su propuesta en el sentido de limitar la expropiación a las tierras de un mismo propietario en un término municipal. Entre rectificaciones y retoques el proyecto de ley agraria se había atascado, y el ministro de Agricultura invitó a los socialistas a una avenencia con los otros miembros de la Comisión parlamentaria. Y como no consiguiera nada, Azaña se creyó obligado a intervenir «decisivamente, para que no injertasen los socialistas una enmienda en el proyecto que era un disparate. Fernando (de los Ríos) está despechado por eso...» Y al día siguiente, Azaña escribía: «Esta mañana me comunicó Fernando que los socialistas se conformaban. Lo que pretendían destruía totalmente el crédito territorial. Fernando, que no conoce esto, se puso muy rabiosillo cuando ayer le llamé para decirle que me oponía a sus propósitos. Lucio Martínez (socialista) ha venido cortésmente a preguntarme qué quería yo que hiciese. Le he dicho que procedan a su gusto: votar en contra o abstenerse, con tal que la enmienda no prospere, pues la rechazarán todos los republicanos».

Sobre los daños y perturbaciones que produciría a la economía nacional la aprobación de la Base VI, tal como la presentaban los socialistas, habían argumentado hasta el agotamiento diputados agrarios y de grupos republicanos, sin que sus palabras merecieran atención ni respeto. Un mes largo había transcurrido en la discusión de la citada Base y ésta seguía estacionada cuando decidió intervenir el jefe del Gobierno para sacarla del marasmo.

* * *

Sin esperar a la aprobación de la Reforma Agraria, los aparceros y «rabassaires» se sublevaron en Cataluña. Muchos retenían la integridad de la cosecha, sin entregar a los propietarios la cantidad convenida en los contratos. Agentes de la Esquerra propagaban por el campo que con la República, los contratos de aparcería eran nulos mientras no se hiciera una revisión de los mismos. Ahí estaba la verdadera raíz y origen de la perturbación. El gobernador de Barcelona, Moles, repetía que no estaba dispuesto a consentir abusos, pero lo cierto era que la situación no se modificaba. Todavía ocurría más; muchos alcaldes y jueces, reunidos en San Sadurní de Noya (13 de julio), decidieron suspender la tramitación de denuncias de los propietarios y no hacer efectivas las multas impuestas por el Gobernador a los aparceros y «rabasaires» por incumplimiento de contrato, lo cual equivalía a garantizar impunidad a los rebeldes.

Los propietarios agricultores, reunidos en asamblea en el Instituto Agrícola Catalán, de Barcelona, exponen al Gobierno los abusos de que son víctimas, la situación anárquica de la comarca catalana y le piden el cumplimiento de las disposiciones legales; que los Tribunales resuelvan sobre los contratos en vigor y sanciones para los ladrones de cosechas. Reclaman también «el castigo de los inductores de la rebeldía, aunque tuviesen inmunidad parlamentaria o fueran funcionarios públicos.» El Gobernador, para imponer la ley, envió fuerzas de la Guardia Civil a la comarca de Villafranca del Panadés y a otros términos. En el acto los «rabasaires» declararon la huelga general en Villafranca (día 29) y al día siguiente en San Sadurní de Noya y provocaron disturbios en varios pueblos, donde los huelguistas se dedicaron a incendiar las cosechas.

El pleito de estos arrendatarios movilizó autoridades, comisiones y llegó hasta las Cortes. Resultado de múltiples gestiones fue la creación de dos Jurados mixtos de la propiedad rústica en Villafranca del Panadés y en Igualada, con plenitud de atribuciones. Desde este momento el Gobernador de Barcelona calificó de correcta la actitud de los «rabasaires» y Companys la consideró «ejemplar»: «En efecto —explicaba el Diario de Barce­lona (4 de agosto)—, desde hace días los «rabassaires» en algunas comarcas imponen el reparto de la cosecha en la proporción que creen conveniente, si es que no se la quedan totalmente. Impiden a los propietarios que se acerquen a los campos e imponen la justicia por su mano, poniendo en práctica lo que públicamente les han aconsejado sus dirigentes, dándoles la seguridad de que nada les habrá de pasar. La Guardia Civil ha observado una actitud pasiva, permitiendo la correcta expoliación de los propietarios y acatando el nuevo poder de los «rabassaires». El Gobernador ordenó poco después que los guardias abandonaran el campo y se retirasen a sus cuarteles. La noticia fue dada a conocer desde pizarras colocadas en las plazas de los pueblos».

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Las Cortes discutieron durante el mes de julio un dictamen de anulación del Decreto de 6 de abril de 1925, que autorizaba la modificación y prórroga del contrato del Estado con la Compañía Trasantlántica, y examinaron un proyecto de ley de reclutamiento y ascensos de la oficialidad del Ejército, que motivó incongruentes y virulentas censuras a los militares, unas veces del comandante sindicalista Jiménez y otras del diputado radical-socialista Pérez Madrigal. Los diputados Fanjul, Peire y Fernández Castillejo lo combatieron con ponderada crítica, por estimado perjudicial para el Ejército. Las Cortes se ocuparon también de la situación de los deportados sindicalistas en Villa Cisneros, sin que el ministro de la Gobernación «pudiera fijar la fecha de su regreso». Por unanimidad aprobaron los diputados una elevación de las tarifas ferroviarias en un 3 por 100.

El diputado radical Manuel Marraco hubo de dimitir la vicepresi­dencia segunda de la Cámara, porque en polémica con un diputado azañista escribió lo siguiente: «Algún día hemos de hacer el cómputo de lo que cada partido extrae a la nación por mano de sus diputados. Y aparecerá, con la brutalidad de los números, que por exactos no admiten réplica, que la conducta de la mayoría ministerial, haciéndose el sordo para no interrumpir la colecta, es ni más ni menos que indecente».

Entristeció a los españoles la pérdida del crucero «Blas de Lezo», cuando, con otras unidades de la Escuadra, realizaba maniobras en las cercanías de Finisterre (II de julio). El crucero tocó en los bajos denominados Centoya, y se le abrió una vía de agua. Puesto a flote por un remolcador, no pudo ser varado en la playa y se hundió rápidamente. La tripulación fue salvada.

El barco, construido en el Ferrol en 1923, desplazaba 4.725 toneladas. Lo mandaba el capitán de Navío Antonio Gutián, hermano del almirante jefe de la Escuadra de operaciones, Alvaro. Pocos días después, por decreto del ministro de Marina, se autorizaba a los almirantes, generales, jefes, oficiales, asimilados y auxiliares de todos los cuerpos de la Armada el derecho a solicitar el pase a la situación de segunda reserva o retiro.

El jefe del Estado huyó del calor madrileño y se refugió en el palacio de La Granja. Proyectaba para más adelante pasar unas semanas de reposo en Santander y San Sebastián.