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CAPÍTULO XII.LOS PRIMEROS PRESUPUESTOS DE LA REPÚBLICA
La más exacta
pintura de la situación social y económica de España, al cabo de nueve meses
republicanos, la hacían los propios gobernantes. Eduardo Valera Valverde,
gobernador de Córdoba, decía en un informe elevado al Gobierno (9 de enero):
«La situación agrícola es crítica; la de la cuenca minera de Peñarroya,
insostenible.» Los alojamientos decretados por el Ministerio de Trabajo «han
arruinado a muchos labradores y creado el lucrativo oficio de parado, abrazado
rápidamente por los que no han trabajado ni trabajarán nunca». «La
administración municipal, con honrosas excepciones, está en manos de ineptos.»
Por lo que atañe a la capital, «es un desastre». «Las obras municipales,
concebidas sin plan ni concierto, y sin más finalidad que fomentar la vagancia,
aumentar las exigencias o imposiciones de la clase obrera y proteger
determinadas organizaciones.» «Se impone la disposición que obliga al empleo
preferente de los obreros de cada localidad». «Las constantes huelgas
quebrantan la agricultura, la industria y el comercio.» «Terminada la
recolección de aceituna, se hallarán en paro forzoso cerca de 50.000 obreros de
la provincia.» «El comunismo se encuentra cada día más pujante.»
Por su parte,
el gobernador de Sevilla, Vicente Sol, se dirigía al Gobierno (10 de enero),
para decirle: «En Sevilla existe enorme crisis, producida por los
procedimientos demoledores que practican los Sindicatos, limitando de un modo
absurdo el rendimiento de la mano de obra con el pretexto de que se coloquen
más obreros.» La estadística sobre filiación de los obreros en paro daba los
siguientes resultados: «Confederación Nacional del Trabajo, 35.000; Unión de
Sindicatos autónomos, comunistas, 19.500; Unión General de Trabajadores,
socialistas, 3.800., «El número de fincas rústicas es de 121.211, y el de
propietarios, 47.639; pero ahora no quedan ni 10.000 que cultiven sus tierras
directamente, pues las cuatro quintas partes de las tierras en barbecho han
sido arrendadas y dadas en aparcería en pequeños lotes, con lo que se ha
favorecido a miles de colonos; pero, en cambio, impone una reducción en la
utilización de brazos. El porvenir se ofrece lleno de inquietudes.» «El
problema sevillano es de tranquilidad social, y la solución está en establecer
permanentemente la paz.» «Asistirnos a una intensa campaña extremista, de una
violencia inusitada, que los partidos republicanos no pueden ni siquiera
atenuar, y de hecho, en la provincia, se ha roto la cordialidad con el partido
socialista, y se está en plena guerra con él.»
Correspondió
al ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, rubricar los pesimismos de los
gobernadores con unas estadísticas muy detalladas, facilitadas por la
Secretaría de la U. G. T., según las cuales, el número de obreros parados en
España pasaba del medio millón el día 12 de enero. Y la estadística, comentó el
ministro, dista mucho de ser completa, por no estar incluidos los obreros
ajenos a las organizaciones socialistas de la U. G. T. El número de obreros en
paro forzoso afiliado a ésta era de 368.195. La cifra más alta correspondía a
los agricultores, con un total de 132.494, sin contar los no inscritos en la U.
G. T. Seguían en orden de importancia los ramos de edificación, alimentación,
metalurgia y minero. Estas cifras, «verdaderamente terribles», comentó Prieto,
deben hacernos meditar a todos.
Y así era.
Todos meditaban. El ex ministro de Hacienda Juan Ventosa y Calvell hizo su meditación en voz alta en el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid
(16 de enero). El conferenciante demostraba, con gran acopio de datos, el
descenso catastrófico que se había producido desde el comienzo de la
gobernación republicana en todos los aspectos de la economía española: «El
dólar estaba a 9,09 en abril de 1931, hoy está a 11,86 «el Gobierno ha
exportado 10.200.000 libras esterlinas con garantía prendaria, cosa que jamás
ocurrió, y con interés del 3 por 100 sobre su propio dinero; por estos millones
exportados pagamos 20 millones de pesetas al año, o sea, 60.000 pesetas
diarias». «La baja en cuentas corrientes y Cajas de ahorros, comparando el 30
de marzo de 1930 con el 30 de septiembre de 1931, ha sido de 1.425 millones;
las emisiones industriales han descendido en un 25 por 100; los permisos de
construcción en Madrid pasan de 1.198 millones a 674; es decir, ofrecen una
baja de 525 millones; los ingresos por ferrocarriles descienden un 82 por 100;
el número de letras comerciales protestadas en Barcelona en 1930 fue de 26.307,
en 1931 ascendió a 41.028; el empleo de superfosfatos decrece en un 25 por 100;
disminuye el consumo de carne, el consumo de petróleo, las ventas del
comercio.» Y, lo que parecía insólito, bajaba incluso la recaudación por
Lotería y venta de Tabaco, mientras aumentaba el número de pisos
desalquilados», «Mayor desnivel de la balanza económica, aumento de los
tributos, descensos de las reservas metálicas del Banco de España, de oro en
262 millones y de plata en 196, mientras la circulación de billetes crecía en
1.115 millones de pesetas.»
El orador
recordó que la salvaje quema de conventos no se hizo impunemente: «Aquel día
trágico se hallaban en España M. Parker, de la Casa Morgan, y un representante
de la Casa Mendelson. La misma noche salieron de
Madrid y anunciaron que no tendrían trato comercial con nuestra nación.» Lo más
desconsolador para Ventosa era en presencia de esta situación, ver al
Parlamento discutiendo la secularización de cementerios. Y la falta de criterio
o la existencia de cinco o seis diferentes, ante problemas fundamentales. «En
Cataluña el problema del campo no existía, y las relaciones entre propietarios
y braceros eran cordiales. Hoy se cuentan por más de 50.000 las revisiones
solicitadas: de modo que se ha llevado al campo catalán el odio y el encono.»
Ventosa se hacía portavoz —en Madrid y en las principales capitales— de las
quejas y protestas que inútilmente elevaban al Gobierno las entidades
económicas de toda España, alarmadas por la política al uso y por las
repercusiones catastróficas en los intereses nacionales.
* * *
Con esta
situación se enfrentaba el ministro de Hacienda, y como abanderado de la
nivelación presentaba el primer presupuesto de la República. El día 29 de
enero daba a conocer la liquidación definitiva del presupuesto del año 1930 y
otra provisional del año 1931. La primera con un superávit de 53,6 millones y
la segunda con un déficit de 199 millones. «No es desalentador el resultado
—decía—, dadas las dificultades que supone un cambio de régimen, y los gastos
extraordinarios a que la República ha tenido que hacer frente.» El día 3 de
febrero, Carner presentaba a las Cortes un proyecto de reforma tributaria que
afectaba a las contribuciones por territorial, industrial y de comercio,
utilidades, derechos reales, minas y transportes de lujo y del timbre. En
muchos casos, el recargo suponía el 25 por 100. El día 20, el ministro leía a
las Cortes el proyecto de ley del primer presupuesto de la República. Los
gastos se elevaban a 4.461 millones. El último de la Monarquía (1930) sumó
3.681. Los ingresos estaban calculados en 3.960 millones, o sea 225 más que en
1930 y 304 más que en 1931. El déficit inicial era, pues, de 500 millones.
Acusaban baja los capítulos Casa Real —siete millones—, Obligaciones
eclesiásticas, 30; Ejército, 31; Marina, 37, y Marruecos, 39. Registraban alza
los cuerpos colegisladores, 7; Deuda pública, 33; Clases pasivas, 126;
Instrucción pública, 57; Obras públicas, 275; Trabajo, 49; Hacienda, 11, y
Gobernación, 50.
El
presupuesto del Ejército disminuía en 31 millones; pero el de sus clases
pasivas aumentaba en 79. Del presupuesto de Marina desaparecía toda
consignación para la construcción de buques, y del de Obras Públicas, el
capítulo dedicado a construcción de ferrocarriles, de conformidad con el
criterio expuesto por Indalecio Prieto: «ni un kilómetro más de ferrocarril»,
una vez derogado por ley el plan ferroviario de 1926, que comprendía la
construcción de una red de 2.500 kilómetros.
El ministro
de Hacienda explicó que se trataba de un presupuesto de transición y
limitación, basado en las leyes que le acompañaban. No consideraba prudente una
reforma de las bases tributarias, que no se improvisa. «Un impuesto sobre la
renta sería catastrófico, porque no tenemos las organizaciones administrativas
ni la organización necesaria para ello.» «Habrá que acudir a una solución
empírica. Las clases contribuyentes deben hacerse cargo de los momentos
actuales, y no oponerse a lo que de ellas se demanda, pues de lo contrario se
producirla una situación difícil económica.» El ministro planteaba el problema
en las Cortes de esta manera: «El Gobierno podía seguir uno de estos dos
caminos: o hacer uno de esos presupuestos corrientes, con cifras que no tienen
realidad, es decir, perpetuar el sistema de la trampa y el enredo, de no
liquidar las cosas, o cumplir con el deber que le imponía su significación de
afrontar cara a cara la situación, que es lo que ha hecho. ¿Y cómo se pagan los
gastos? Con tributos o con deudas. Pero el tributo o la deuda no son cosas
arbitrarias. Uno debe lo que puede, no lo que quiere.» Carner cifraba en 500
millones de pesetas, después de asesoramientos y cálculos, la máxima cantidad
que el Estado podía pretender a título de préstamo de la economía española. «Lo
que no se paga con préstamos —observaba— se paga con tributos. No ha habido
otro remedio que recargarlos.»
Tan pronto
como se hizo público el propósito del ministro de Hacienda de establecer nuevos
recargos tributarios, las clases mercantiles e industriales elevaron un clamor
de protesta: El Círculo de la Unión Mercantil de Madrid se dirigió al ministro,
pidiéndole la retirada del proyecto, «improcedente en un momento de gravísima
crisis que destruye la economía nacional»; la Federación Nacional de Círculos
Mercantiles y Asociaciones Libres de Comerciantes e Industriales elevó un
escrito a las Cortes contra los recargos, «amenaza catastrófica que debilita el
crédito del país, cada día más insolvente y más caracterizado, como signo de
incapacidad de los gobernantes españoles». La Federación Patronal de los Ramos
de la Construcción, de Madrid, en su protesta, decía: «Aterra observar el
estado precario de angustia en que se encuentra nuestra industria, totalmente
paralizada, retraído el capital y las entidades bancarias negándose a aceptar
negociaciones de instrumentos de crédito.» La Agrupación Nacional de Propietarios
de fincas rústicas, las Cámaras de la Propiedad, las entidades patronales, las
Cámaras de la Industria, consignaban su alarma en exposiciones al Gobierno, a
los ministros, a las Cortes, contra los anunciados recargos en un momento en
que el comercio y la industria, sacrificados con pérdidas cuantiosas por las
huelgas, la disminución de tráfico ferroviario y marítimo, las numerosas
liquidaciones de negocios, vivían en constante angustia. Sólo en Madrid, los
dependientes de comercio despedidos sumaban entre ocho y diez mil. A las
protestas escritas sucedieron las asambleas: una de elementos patronales,
mercantiles e industriales (19 de febrero) en Madrid, otra de la Federación
Nacional de Círculos Mercantiles y Asociaciones libres de comerciantes e industriales,
también en Madrid (día 22), en la que se propuso «el cierre de comercios y la
huelga de contribuyentes», y otras de patronos de la construcción (día 23), y
de la Confederación gremial española (día 26). En esta última se acordó pedir a
los Poderes públicos una ley de sindicación forzosa para todos los elementos
integrantes de la producción y distribución de la riqueza.
Este malestar
de las clases mercantiles e industriales lo expusieron ante las Cortes (24 de
febrero) los diputados Marraco y Alba: ambos
estimaron imprudente en las circunstancias conocidas abrumar al país con nuevas
cargas. Los agrarios pidieron la supresión de los aumentos en las
contribuciones territorial e industrial y Derechos reales. «Si atendiese las
peticiones que los diputados me hacen, dijo el ministro de Hacienda, dentro de
dos meses me vería forzado a suspender las operaciones de Tesorería, dejando
sin pagar sus obligaciones.»
Prosiguió el
debate parlamentario y Miguel Maura (día 25) apoyó los proyectos. «Lo que pasa
y todo lo que ha de pasar todavía, sostuvo, es consecuencia de la obra
bochornosa de la Dictadura.» «El remedio está en una reforma tributaria verdad,
que ha de tener por base el impuesto de la renta.» A pesar de todo, el diputado
sostenía que la situación de la Hacienda española era buena, y en esta creencia
le acompañaba el ministro Carner, el cual se declaró optimista hasta el punto
de decir «que España era uno de los países del mundo que se encontraba en
condiciones mejores, más amplias y hermosas, para emprender un camino de
progreso y enriquecimiento». Semejantes alabanzas y optimismos no se
compaginaban con las repetidas y tremendas abominaciones de la Dictadura,
acusada de haber dejado al país arrasado y en bancarrota por los despilfarros y
orgías económicas.
El artículo
que fijaba nuevos tipos de imposición para los tributos quedó aprobado (26 de
febrero) y en sesiones sucesivas los proyectos de reformas tributarias. A
continuación se pasó al estudio de los presupuestos, comenzándose por el de
Guerra (10 de marzo).
Ningún
ministro, como Azaña, demostraba mayor destreza y constancia en el desarrollo
de los planes que se había trazado, para «liquidar un pasado y abrir caminos
para el porvenir». La ley sobre el consorcio de las fábricas militares,
aprobada por las Cortes (20 de febrero), implicaba el cierre de aquéllas, «para
pensar en otra cosa que las mejorase», por estimar que ni en Trubia, ni en
Oviedo, ni en la Pirotecnia de Sevilla «los obreros nada tenían que hacer». Lo
que busco con este proyecto, explicó, es claridad en la administración, dar
libertad de producción a las fábricas y descentralizar servicios, sin salir de
la vigilancia y dirección del Ministerio de la Guerra». Un Consejo de
Administración, con representantes de los ministerios de Hacienda e Industria,
de los obreros y de la industria privada, regiría en lo sucesivo el Consorcio
de fábricas. El Ministerio de la Guerra sería el primer cliente de ellas. Los
cargos técnicos directivos podrían ser desempeñados por ingenieros civiles, y
en igualdad de circunstancias tendrían preferencia los oficiales de Artillería.
«El Consorcio, decía Azaña, podrá hacer una fabricación de guerra
extraordinaria, colosal, si las Cortes quieren armar al país hasta los dientes;
podrá hacer una producción reducida, de iniciación, de construcción de
prototipos, de norma de industria civil, etc.; lo que las Cortes quieran, según
los créditos que voten.»
Una semana
tardó el proyecto en quedar en franquía, y así que lo estuvo (23 de marzo), el
ministro de la Guerra leía a las Cortes otro proyecto de Ley. Disponía el
artículo 1.°: «Los miembros del Estado Mayor General del Ejército en situación
de actividad y asimilados podrán ser puestos, mediante decreto del Gobierno, en
situación de reserva, cuando concurran las circunstancias siguientes: a) llevar
más de seis meses en situación de disponible; b) que durante ese tiempo se haya
provisto algún destino de los correspondientes a su categoría. Art. 2.° - Los
generales y oficiales y sus asimilados que disfruten de las ventajas concedidas
por los decretos de 25 y 29 de abril de 1931 (ley de 16 de septiembre de 1931)
y disposiciones complementarias podrán ser, mediante decreto del Gobierno,
dados de baja, temporal o perpetuamente, en las nóminas que acrediten sus
haberes pasivos, cuando cometan algunos de los actos definidos en el artículo
1.° de la ley de 21 de octubre de 1931. Art. 3.° - Quedan prohibidas las
publicaciones periódicas que por su título, subtítulo, lemas o emblemas u otro
medio cualquiera manifiesten o induzcan a creer que representan la opinión de
todo o parte de los Institutos armados de la República. Se exceptúan de lo
dispuesto en el párrafo anterior las publicaciones técnicas autorizadas por el
ministro de la Guerra o de Marina».
Impugnaron el
proyecto, por anticonstitucional, antijurídico y arbitrario, diputados de
distintos partidos; Fanjul, Ortiz de Solórzano, Royo Villanova, Ossorio y
Gallardo y Maura, e incluso los radicales, por boca de Martínez Barrio, lo
consideraron innecesario. Si Royo Villanova combatía el proyecto por
antiliberal y despótico, a Maura le parecía monstruoso y a Ossorio y Gallardo
una confiscación de la propiedad «que no es sólo la casa o la tierra, sino
también la carrera y la profesión». Todo esto ocurría en la sesión del 1.° de
marzo, y el ministro de la Guerra se encargó de responder a los impugnadores.
«Los artículos 1.° y 3.° de la ley son —dijo— , el desenvolvimiento legal de un
concepto político de lo que debe ser la función del Ejército, ya internamente
dentro de la jerarquía militar, ya externamente en la relación del Ejército con
la vida pública nacional». En cuanto al artículo que se refiere a los
periódicos militares, «éstos eran órganos del Ejército, de la época en que éste
se mezclaba en la política, y tenía todos los órganos de acción de un partido,
y entre ellos, periódicos». «La aparición de la Prensa periódica militar es una
señal de decadencia política de España. De ella se han servido innumerables
ministros de la Guerra como instrumento de política personal o de partido». «El
artículo 3.° de la ley acaba con un ejemplo intolerable de infracción de los
principios inmutables de la disciplina militar y de la misión del Ejército en
el país». Azaña interrumpió su catilinaria contra la Prensa militar para decir:
«Estoy muy satisfecho de mi gestión en el Ministerio de la Guerra, ¿sabéis por
qué? Porque ya nadie habla del Ejército en España. ¡Nadie! ¡Qué cosa tan
particular! ¡Y lleva España un siglo en que la mayor parte de sus
preocupaciones políticas giran sobre el pivote militar! Esta situación ha
desaparecido; pero la contraria también; porque es cierto, del Ejército no
habla nadie, pero el Ejército tampoco habla. Cada cual en su sitio».
Con los otros
artículos del proyecto se pretendía, según el ministro de la Guerra, «buscar
una selección cada vez más rigurosa, un cedazo cada vez más espeso, más denso,
para que a las altas jerarquías de la milicia no puedan llegar sino hombres
rayanos con lo excepcional, dentro de su profesión». «Y aún tengo el propósito
de traer otra ley modificando la de Bases de 1918, a fin de poder dar de baja
en el servicio a personas descalificadas por el Alto Mando Superior de la
Guerra, medida absolutamente indispensable para los fines de saneamiento del
mando.» «¿Qué Ejército queréis tener?», preguntaba Azaña a los diputados. ¿Un
Ejército que cueste dinero y no sirva para la guerra, o un Ejército que sirva
para la guerra en las condiciones en que España pueda entrar en una guerra?
Pues según lo que queráis, así haremos.» En cuanto al artículo 2.° del
proyecto, decía el ministro que a la ley de Retiros se acogieron todos los que
quisieron, y «la inmensa mayoría de los retirados observan una actitud
correcta». «Pero hay unos cuantos, no sé el número —50, 100, 200— que, por lo
visto, no están contentos o se han arrepentido de haberse retirado, o esperan
catástrofes que no se han producido, y ejercen una acción constante o intermitente
en contra de la República... Y yo me he echado la cuenta de que la República,
que es pobre, no puede permitirse el lujo de costear la vida de sus enemigos.
Esto puede que no sea una cosa jurídica, pero es de un sentido común tan
fulgurante que me deslumbra». Antes hablaba el señor Maura de cinco mil
familias que iban a estar angustiadas pensando en la aplicación de este
artículo. ¡Admirable! ¿Qué cosa mejor que la presión de estas familias sobre
sus respectivos padres para que se estén quietos? En suma, este artículo,
recayente sobre los oficiales retirados, no es ni más ni menos grave que
cualquier otra sanción que se pueda imponer con arreglo a la ley de Defensa de
la República». El proyecto de ley quedó aprobado por 170 votos contra 32. Se
abstuvieron radicales, progresistas y federales. Votaron en contra agrarios y vasconavarros.
Pocos días
después (10 de marzo), la discusión del presupuesto de la Guerra permitía a
Azaña una larga explicación de lo ya hecho y de sus proyectos en el
Ministerio. «Es el primer presupuesto de la Guerra, dijo, que se presenta en
las Cortes españolas con arreglo a la ley de Contabilidad». «Es un presupuesto
de transición». «Se ha dicho aquí que la retirada voluntaria de 10.000 ó 12.000 jefes y oficiales del Ejército no había producido
ventaja alguna, porque lo que antes gravaba al contribuyente en el presupuesto
de Guerra, grava ahora en las clases pasivas». Azaña respondió que no era
exacto, pues ateniéndose a los cálculos de técnicos y actuarios de las
Compañías de Seguros, la diferencia a favor del Tesoro que suponía la Ley de
Retiros se cifraba en 650 millones de pesetas cuando hubiese fallecido el
último retirado. «Y la razón no es ningún misterio; es que los jefes y
oficiales que se retiran ya no ascienden más, ni perciben gratificaciones de
mando, ni de filas, ni de ninguna otra clase». Las reducciones conseguidas en
el presupuesto, según Azaña, suponían 79.154.000 pesetas, sin contar lo de los
retirados; pero ese ahorro había sido mermado en 17 millones de pesetas,
dedicados a aumentar el haber del soldado en cuarenta céntimos diarios. «Se ha
dicho, prosiguió el ministro, que España está indefensa porque antes había 16
divisiones y ahora no hay más que ocho. La resultante militar de la potencia de
un país viene del número de hombres que ese país pueda dar en un contingente,
dividido por el número de hombres que las unidades tácticas elementales deban
tener con arreglo a la técnica: quiere esto decir, que no es argumento
lamentarse de la desaparición de esos 11.000 oficiales de las filas del
Ejército activo, suponiendo que pudieran hacer falta para una movilización,
porque, de ocurrir esto, harían falta muchísimos más. Se ha dicho que
necesitamos una oficialidad de complemento. Evidente. Cuando la comisión de
guerra haya despachado los proyectos que tiene en deliberación, traeré a las
Cortes el más trascendental, el más importante de los que aquí he presentado:
el de reclutamiento de la oficialidad del Ejército, en el cual voy a variar de
arriba abajo y a hacer una revolución en el sistema de reclutamiento de la
oficialidad; sé que va a levantar tempestades y protestas; pero tengo la
convicción personal, política y profesional, de que es un acto de salvación del
porvenir del Ejército; y después si las Cortes votan este proyecto, traeré el
de reclutamiento de la oficialidad de complemento, que es otra cosa distinta y
la Cámara tendrá que afrontar un problema sumamente grave.» «Siendo obligatorio
para el simple soldado, cuando le corresponde por su edad o por su suerte ir al
cuartel, aprender la instrucción tiene que ser obligatorio para la clase media
que se educa en las Universidades, en los Establecimientos del Estado o que
siguen una carrera de este de otro orden; tiene que ser obligatorio, digo,
formar parte de la oficialidad de complemento y alistarse y adquirir los
conocimientos indispensables para cuando la nación lo necesite ir a la guerra,
no en calidad de simple soldado, sino para prestar los servicios a que por su
preparación intelectual y moral está obligado a dar a la Patria cuando la
Patria se lo exija.»
«Hay, añadía
el ministro, otro problema por resolver: el problema de la Aviación militar...
No encuentro manera de resolverlo. Porque los aparatos cuestan muchísimos
millones y sostener el servicio, si ha de ser eficaz y ha de estar vivo, cuesta
mucho dinero. Por otra parte, sin Aviación militar estamos en absoluta
indefensión, porque las otras naciones con quienes España pudiera estar en
conflicto tienen poderosa Aviación. España en este particular está poco menos
que en mantillas.»
«Yo creo dos
cosas: en primer lugar, que España no puede permanecer indefensa; España es un
país pacífico, pero nadie es dueño de su paz, ni siquiera la Sociedad de
Naciones puede sernos a nosotros una garantía de la paz —la experiencia lo
prueba—, y España tiene que estar en condiciones tales, que en caso de
conflicto, que no está en el horizonte, pero que es posible, pueda al menos
hacer respetar su propia paz, porque los conflictos nos alcanzarán o no, según
dónde tenga su centro tempestuoso, y pudiera darse el caso de que no fuésemos
libres de permanecer en paz, y, entonces, o nos veríamos en el caso de
entregarnos atados de pies y manos al que más inmediata acción tuviera sobre
nosotros, o tendríamos que colocarnos en la situación triste de dejarnos despojar
de alguna parte de la tierra nacional, lamentándonos ante el destino, pero, en
realidad, culpándonos a nosotros mismos en el fondo de nuestra conciencia por
no haber sido previsores para el día de mañana.» «La orientación útil será la
de reducir cuanto sea posible el servicio en filas, llevar los soldados al
campamento o al cuartel a recibir una instrucción lo más breve posible y
devolverlos a la vida civil. Para llevar esto a cabo hay que hacer que los
jóvenes lleguen al cuartel o al campamento con una preparación que les alivie
del trabajo y del tiempo y reduzca su propio sacrificio y el del Tesoro. Será
menester que organicemos sobre bases útiles, claras, no militaristas, sino
civiles y deportivas, la preparación de la juventud antes de ir al cuartel.»
Terminó Azaña: «Cuando uno hereda una pesadumbre, aunque sea de gloria, está
obligado a soportarla con dignidad y con valor, y no sirve que queramos
nosotros oponernos a lo que la Historia nos impone a los españoles de cualquier
partido político que seamos, porque todos tenemos la obligación de hacer una
política nacional dentro de nuestras diferencias de partido.»
Ninguno de
los otros ministros al hacer la defensa del presupuesto correspondiente a su
cartera demostró la preparación ni más estudiados propósitos que el ministro de
la Guerra.
* * *
El
presupuesto de Trabajo se aprobó el día 11 de marzo, y el de Marina el día 15;
el titular de este último, Giral, declaró que se había limitado a «mantener las
unidades existentes, a no construir nuevos buques y a continuar las obras
comenzadas; y si bien había muchos obreros afectados por la crisis de la
construcción naval, y la situación en El Ferrol era gravísima, y cierta la
amenaza del hambre, dichos obreros no dependían propiamente del Estado, sino de
la Constructora Naval, y no hay otra solución al problema «que encargar más
construcciones a dicha Compañía, cosa que impide el propósito nivelador del
presupuesto». El día 16 quedó aprobado el presupuesto de Gobernación, con la
promesa por parte del jefe del Gobierno de dejar a todos los funcionarios como
estaban cuando advino la República, la esperanza de mejorar sus sueldos y el
propósito de reducir el personal de la administración en general, con excepción
del ramo de Hacienda.
El
presupuesto de Obras Públicas (17 de marzo) motivó grandes discusiones, porque
su ministro, Indalecio Prieto, lo había confeccionado «no con criterio de
ministro de Obras Públicas, sino de ministro de Hacienda», y para hacer
economías cercenó los sueldos de los empleados administrativos y de los obreros
del Cuerpo de torreros de faros, hizo «una limpia general de gratificaciones»,
y profetizó una crisis catastrófica para los ferrocarriles. Tan convencido
estaba, que no vaciló en decir: «Los nuevos ferrocarriles serán la ruina de
España. La crisis, como en Inglaterra, obedece a la competencia del automóvil y
al descenso de tráfico, consecuencia de la disminución de las industrias de
exportación». A juicio del ministro, la ventaja del automóvil sobre el ferrocarril
consistía principalmente «en que aquél puede cargar la mercancía directamente
en el centro de producción, llevándola al almacén del lugar del consumo». Los
ferrocarriles planteaban al país un problema económico, insoluble, y su actitud
se concretaba en estas palabras: «Ni un kilómetro más de nuevos ferrocarriles,
pues estando en crisis el sistema ferroviario, resulta improcedente permitir la
continuación de la sangría de dinero en obras en periodo de realización, en
cuyo final nadie cree». Como un diputado insinuara que restringiendo los
grandes emolumentos de los Consejos de Administración de las Compañías podrían
lograrse grandes economías, Prieto contestó que «tales cifras no suponían nada,
ni tenían importancia: el Consejo de la Compañía del Norte representa
doscientas mil pesetas». Sin aprobar la conducta de los anteriores Gobiernos,
el ministro de Obras Públicas reconocía «que los anticipos concedidos a las
Empresas tenían su fundamento, pues todos ellos se hicieron a base de la
reversión, pero al llegar la hora del rescate, por falta de mejoras, el
material estaba inservible». Si este era el criterio riguroso del ministro de
Obras Públicas con respecto a los ferrocarriles, no era más benévolo respecto a
carreteras: el presupuesto para su conservación lo rebajaba en ocho millones y
medio de pesetas. En cambio concedía preferencia a las obras hidráulicas.
Consecuencia
del criterio sustentado por el ministro de Obras Públicas fue la paralización
de las obras del ferrocarril Zamora-Orense, y en el acto (20 de marzo)
sobrevino una huelga general planteada por la Casa del Pueblo en la citada
capital gallega, la dimisión del Ayuntamiento en pleno, más el estallido de un
petardo colocado a la puerta del Palacio Episcopal. El día 21 los obreros de
Puebla de Sanabria (Zamora) secundaron la huelga y en Orense se organizó una
manifestación de protesta, que trató de disolver la Guardia Civil, cruzándose
disparos, a consecuencia de los cuales tuba un muerto y varios heridos. Las
autoridades y fuerzas vivas de las provincias gallegas acordaron dimitir sus
cargos, y el movimiento huelguístico se propagó a Pontevedra y a Santiago de
Compostela, con caracteres graves. Por su parte, los diputados gallegos
interpelaron al Gobierno (día 23) sobre los sucesos de Orense, haciéndole al
Gobernador civil responsable. Por fin, una Comisión de fuerzas representativas
gallegas negoció con el ministerio de Obras Públicas una fórmula, en virtud de
la cual se arbitrarían los créditos necesarios para continuar las obras del
ferrocarril durante tres meses hasta la presentación a las Cortes del plan
definitivo.
En la sesión
del 22 de marzo quedó aprobado el presupuesto de Justicia. Las obligaciones
eclesiásticas a extinguir quedaban en 29.457.427 pesetas de las 66.984.509 que
figuraron en 1931. Al discutirse el presupuesto de Instrucción Pública, el
ministro, Fernando de los Ríos, manifestó que hubo de reducirlo cuatro veces,
«la última con verdadero dolor, por haber tenido que estrangular partidas que
representaban ilusiones de toda mi vida». «Al advenimiento de la República,
dijo, tenía España 35.716 escuelas, y se han creado 8.000, de las cuales 6.800
ya están funcionando. Quedaban otras 8.000 en proyecto, y el total de escuelas
necesarias en toda España se elevaba a 20.000, lo cual representaría un gasto
de unos cincuenta millones de pesetas al año. Los sueldos de los maestros que
en el presupuesto de 1931 sumaban 5.890.000 pesetas, se elevarían al año
siguiente a 38.283.000 pesetas.
El ministro
justificó las partidas consignadas para misiones pedagógicas,
Institutos-Escuelas, Centro de Estudios Hispano-Americanos, Teatro Lírico y
Junta de Ampliación de Estudios y las 400.000 dedicadas para la Fundación
Nacional de Investigaciones Científicas. «Es algo — afirmó—que se está haciendo
en todos los países, por ser una necesidad. Inglaterra y Estados Unidos dedican
fabulosas sumas para su sostenimiento. Su conexión con la protección a la
industria lo hace indispensable».
Los
presupuestos de Hacienda y de Colonias fueron aprobados el día 25 de marzo, y
el día 28 comenzó a discutirse el de Agricultura, cuyo titular, Marcelino
Domingo, hizo su defensa, y explanó sus proyectos para el futuro, con repetidas
referencias a Rusia, de la que copió un «Consejo de organización de la economía
nacional», encargado de preparar un «plan decenal» a semejanza de los planes quinquenales
del Gobierno soviético y cuyo programa se basaría en tres postulados: mejora de
producción agrícola, conquista de mercados nuevos y arancel equitativo. Con el
plan decenal se proponía el ministro de Agricultura «crear una nueva mística:
la de la Economía, o sea el ideal de dar una nueva organización económica a
España». «Vivimos, añadía, horas de lirismo, pero, ¡ay! de los pueblos que no
las viven». Todo lo cual con vistas al futuro, pues tocante al presente, el
ministro se veía obligado a «simplificar servicios, suprimir cajas especiales
que perturban la contabilidad, reducir el número de campos de experimentación;
o sea, a imponer austeridad, unidad de servicios, disciplina y eficacia».
Al ponerse a
discusión el día 29 el presupuesto de Marruecos, el diputado radical-socialista
Joaquín Pérez Madrigal, que se distinguía en las Cortes por sus audaces
interrupciones y agresiones verbales, entendía conveniente la implantación de
un servicio de policía integrado por soldados profesionales de la Península e
indígenas, que sustituyesen a las fuerzas del Ejército. Esto dio ocasión al
ministro de la Guerra para exponer su pensamiento respecto a Marruecos, donde
desde la implantación de la República se planteaban serios problemas de diversa
índole. Se comenzó por nombrar Alto Comisario civil al diplomático López
Ferrer, y como consecuencia se procedió a cambiar «unos hábitos, unas
costumbres, unos procedimientos de administración por otros». El presupuesto
militar de Marruecos, de 174 millones de pesetas, ha sido rebajado — dijo — en
40 millones, merced a podas y economías «disolviendo unidades militares,
reduciendo el contingente del Tercio y reorganizando servicios». Las cuatro
circunscripciones militares quedaron reducidas a dos; se redujeron los
contingentes militares peninsulares, «y todavía se reducirán más cuando se
construya la carretera de Melilla a Tetuán». Se ha disminuido el efectivo del
Tercio, «fuerza que en tiempo de paz no es lo más conveniente para la
tranquilidad y para la seguridad de la disciplina». Además, «la situación del
Tercio «no es satisfactoria». «Propósitos míos —añadió el ministro—: reducir el
Tercio, tropa carísima, a lo estrictamente indispensable; suprimir totalmente
la tropa peninsular de servicio obligatorio: las tropas peninsulares que deba
haber en Marruecos serán enteramente voluntarias». Respecto del carácter de la
política general del Gobierno «allí —exclamó— no se ha hecho más que guerra y
es hora de hacer la paz, por medio de embalses, trabajos de sanidad, escuelas y
urbanización de ciudades y explotación del campo». «Lo que nosotros podemos
hacer en Marruecos, manteniendo unos compromisos internacionales de los que no
nos conviene desligarnos, es civilizar al país; ofrecer al concierto europeo un
leal y eficaz cumplimiento de nuestras obligaciones de nación mandataria».
En la sesión
del día 30 pidió el diputado Abilio Calderón la inclusión en el capítulo de
clases pasivas de una partida destinada a satisfacer los dos tercios de los
sueldos percibidos por los eclesiásticos. Apoyaron la petición, reconociéndola
de estricta justicia y humanitaria, Maura, Alba Ossorio y Gallardo, pero la
rechazó de plano el ministro de Justicia, Albornoz, para quien «la estampa del
cura rural y su miseria era tan falsa tomo la de la hermana de la Caridad». Fue
denegado el voto por 144 votos contra 58.
Por fin la
Cámara aprobó en votación definitiva (31 de marzo) los presupuestos del Estado
para 1932, después de un extenso discurso del ministro de Hacienda, en el que
reconoció que el «presupuesto no había satisfecho ni a los diputados ni a los
partidos, ni a los ministros, ni al orador, pero no esto es —añadió— porque la
República ha venido para exigir sacrificios a todos».
Aludido
repetidas veces, durante la discusión del presupuesto, José Calvo Sotelo, a
quien se le hacía responsable de enormes despilfarros, por su actuación como
ministro de Hacienda con la Dictadura, en carta a Carner (9 de abril) resumió
así su opinión sobre el primer presupuesto de la República: «El nuevo
presupuesto no es de transición, como se dice, es de desastre. En sus entrañas
hay un déficit latente de 200 millones como mínimo. No incluye los 50 millones
que se piden para reforma agraria; ni los 20 ó 50 que
se concederán para nuevos ferrocarriles (a medida de las huelgas generales que
cada comarca organice, así se «orienta» la política ferroviaria actual); ni los
nueve de la Casa Real; ni 30 de Culto y Clero; ¡y a pesar de todo excede en más
de trescientos millones al último presupuesto monárquico! Los pagos líquidos de
1930 (último ejercicio monárquico) importaron 3.681 millones; los de 1931
(primero republicano) 3.855, o sea 174 más. Y los de 1932 (excluyendo 400 de
atrasos, casas baratas y subvenciones a las redes ferroviarias) ascienden a
4.061 o sea 380 más. Que el país sepa que la República eleva el gasto anual en
380 millones, sin perjuicio de agraviarnos a los hombres de la Dictadura con el
mote de despilfarradores, y a pesar de reducir las consignaciones de reparación
de carreteras y suprimir la de construcciones navales y casi anular las de
fomento agrario y otras substanciales».
El anuncio de
nuevos recargos tributarios coincidía con una propensión por parte de
socialistas y republicanos a acumular cargos y sinecuras, lo cual dio origen a
sátiras y criticas mordaces de escritores, comediógrafos, oradores políticos y
caricaturistas, a cuenta de lo que gráficamente se denominaba «enchufismo».
Circulaban listas con los nombres de los aprovechados, pletóricos de empleos y
gratificaciones y con las cifras, producto de sus múltiples y enjundiosas
actividades. En un folleto muy divulgado se daba la relación de los personajes con
el cortejo de cargos que desempeñaban, y en otro libro el mismo autor descubría
las sumas acumuladas por algunas minorías: los 90 diputados radicales percibían
125.000 pesetas al mes, los 115 diputados socialistas totalizaban 738.363
pesetas mensuales, es decir 6.420, cada uno. Los 55 diputados
radicales-socialistas, 378.487, a razón de 6.185 por cabeza. Los 27 de Acción
Republicana 278.481, a 9.943 respectivamente por unidad. Los 41 de la Esquerra
Catalana, 476.000 a 11.609. En total, entre los cinco grupos mencionados
extraían del presupuesto 24 millones de pesetas anuales.
Las alusiones
y ataques contra los «enchufistas» obtenían siempre mucho éxito de público,
pues éste, en cierto modo, se sentía burlado al saber que los más fieros
demoledores de antaño, parecía les había faltado tiempo para ingresar en la
aborrecida clase burguesa.
La minoría
radical socialista se impuso una tarea moralizadora mediante una propuesta para
que se hicieran públicos los cargos desempeñados por los diputados. Esta
relación fue leída en una sesión nocturna (17 de marzo) y publicada por el Diario
de las Cortes. Los diputados que intervinieron en la discusión planteada
con este motivo, lo hicieron o bien para exculparse de la multiplicidad de
cargos o para decir, como el iniciador de la campaña fiscalizadora, Galarza,
que no había motivo para las insidias propaladas, «pues todo ello sólo lo
inspiraba un propósito difamador». «Por todo el oro del mundo —dijo Azaña
obligado a terciar en el debate— no hubiese querido que esta sesión se hubiera
celebrado en los términos en que ha tenido lugar, porque nada es más peligroso
que persiguiendo un propósito honesto, como el que se ha perseguido en la
tramitación de este asunto, acabe por despistar a la propia Cámara y la hagan
entrar en un terreno en que no parece sino que comparece ante sí misma como
acusada». «Bien está lo que se ha hecho, porque ya no tiene remedio, pero si
todos hubieseis tenido mi temperamento habríamos contestado a esa campaña con
un desprecio invulnerable, porque contra la difamación, contra la injuria,
contra la insidia, no hay nada mejor que un imperforable desdén». La posición en la que se pedía «que los diputados que ejerzan más de
un cargo público opten por uno sólo de ellos» pasó a dictamen de la Comisión de
Incompatibilidades, con lo cual se dio por rehabilitado el «enchufismo».
Esta campaña
tuvo su efecto en las masas que se consideraban engañadas por quienes ayer
tronaban contra las corruptelas políticas para incurrir en ellas tan pronto
como se lo permitió un cambio de situación; muchos actos de propaganda eran
perturbados con vociferaciones y silbidos o suspendidos cuando las cosas tomaban
mal cariz. Entre constantes escándalos se celebraron mítines organizados por
los radicales-socialistas de Salamanca y Béjar (29 de febrero); por Acción
Republicana, en Alicante y en Cuenca. El tumulto fue tan enorme en Denia (6 de
marzo), que los organizadores optaron por la suspensión del acto. En Arjona se
llegó a más: un mitin radical fue disuelto a tiros y a pedradas. Ante horizonte
tan sombrío, el ministro de Justicia, Albornoz, pedía en un mitin celebrado en
Burgos que la discusión fuera noble y leal. «Hay que discutir —decía— serena,
razonada y científicamente lo que debe ser el Estado, la autoridad, el orden,
la justicia, las reformas jurídicas políticas y social: hay que discutir todo
con un espíritu y un sentido modernos». Por su parte, el ministro de
Agricultura, Marcelino Domingo, en una conferencia en el teatro María Guerrero,
de Madrid (11 de marzo), afirmaba: «La violencia es lícita en la oposición
cuando existe en el poder; pero cuando en el Poder existe la ley, la violencia
es una posición extremadamente reaccionaria». Los socialistas trataban de
bienquistarse con los alborotadores a fuerza de promesas. «Espada —decía el
diputado Amós Sabrás en Santander (13 de marzo)— necesita trabajar
intensivamente varios años para poder implantar en su suelo el socialismo
evolutivo que va al comunismo estatal, para establecer luego el libertario,
sueño dorado de todos los hombres que han sufrido mucho». Las promesas servían
de poco. En Sevilla la fuerza pública desalojaba el teatro del Duque (día 27) y
los oradores Bruno Alonso y Margarita Nelken se refugiaban en los camerinos.
Ocho días antes, José Antonio Balbontín decía a los obreros congregados en el Stadium de la Exposición Iberoamericana de Sevilla: «En los
meses que llevamos de República hemos tenido más muertos y deportados que en
los ocho años de dictadura borbónica. Es necesario hacer la revolución social».
No salían
mejor libradas las fuerzas de derechas en su propaganda, si bien era notorio
que sus actos, pese a la indefensión en que les dejaban las autoridades,
encontraban el asentimiento de masas cada día mejor dispuestas a la actuación y
a la defensa. En la plaza de toros de Granada (29 de febrero) los sindicalistas
interrumpían a tiros y pedradas un mitin de Acción Nacional en el que
intervenía Gil Robles. Éste declaraba en otro acto público celebrado (13 de
marzo) en Carrión de los Condes: «A mí me han suspendido ya treinta y siete mitines, pero con esto no se solucionan los problemas
planteados por un mal gobierno: en la capital de España hay 60.000 obreros
parados y cada día aumentan en unos 500, porque nadie construye». El doctor
Albiñana, recién salido de la cárcel, donde estuvo encerrado siete meses,
anunciaba en un acto celebrado en el teatro de la Comedia, de Madrid (27 de
marzo), la creación, bajo su jefatura, del partido nacionalista con este lema:
«Religión, Patria y Monarquía». «Somos monárquicos —dijo—, pero no sin rey;
somos monárquicos, pero para nosotros no existe cuestión dinástica. Si los
carlistas, únicos defensores de la tradición con las armas, volvieran a
empuñarías para igual defensa, contarían con nosotros.» Y acusaba a la Masonería
de ser la gran causante de cuanto sucedía en España. Tras de noventa días de
confinamiento en Novia de Suarna, se levantó la
sanción que sobre él pesaba a Esteban Bilbao, sin que jamás se le dijeran los
motivos para tal castigo.
El arisco
novelista Pío Baroja, que hasta entonces había asistido como mero observador al
espectáculo republicano, limitándose a poner algunos escolios con adjetivos
gruesos a la obra de los gobernantes, pronunció en Villena (5 de febrero) una
conferencia sobre «El relativismo en la política y en la moral» y expresó sus
ideas sobre la República y el parlamentarismo con estas palabras: «Hay mucha
gente que se asombra de que la mayoría de los españoles independientes seamos
más enemigos de la Monarquía que entusiastas de la República. La cosa no es
extraordinaria, porque la Monarquía ha sido torpe, y la República, por ahora,
no es tampoco muy hábil. La República como institución para producir entusiasmo
viene un poco a destiempo; es una fórmula un poco usada y manoseada. Es como la
novia a la que espera su prometido años y años y llega pasada, sin el aire de
juventud y frescura de otros tiempos. El principal instrumento de la República
es el parlamentarismo. Cada cincuenta mil personas envían un representante al
Parlamento, y la suma de esos representantes es la opinión íntegra del país.
Esto, como sistema mágico, puede tener algún valor, como sistema racional, muy
poco o ninguno. Se podría argumentar diciendo que el procedimiento es
arbitrario, pero el resultado valioso; pero no hay tal.»
«El Congreso,
en este momento, no representa la masa social española. Si la representara,
sería un conglomerado desgarrado de opiniones contrarias, de rencores y de
furias. El Congreso actual es más bien apacible y mediocre, es una creación
artificiosa y falsa. No puede ser otra cosa. Parece que está hecho pensando no
en el país, sino en la cubicación del Palacio del Congreso de la Carrera de San
Jerónimo. Está hecho también con la idea preconcebida de dar una impresión de
que España es un país en su mayor parte socialista, lo que es falso. El
Parlamento español, como quizá la mayoría de los Parlamentos, no sólo no
representa la masa social, sino que, además de esto, no interesa.
«Los hombres
de la República actual tienen una actitud un tanto parecida a los hombres de la
Dictadura. Estamos haciendo una maravilla —nos dicen estos políticos, como
aquellos generales—, y todo el que no se entusiasme con nuestra obra es un
canalla y un mal español. Nosotros, la mayoría, que no estamos dentro de la
política, esperamos y deseamos que los políticos lo hagan bien; pero es difícil
creer que lo torpe es hábil y lo desgraciado es afortunado. Este Congreso, con
sus sabios leguleyos, ha dado a los españoles una serie de fórmulas que nadie
apetece. Ha asegurado que somos una República de trabajadores, a pesar de que
cada español sospecha que somos un país donde abundan los vagos; ha dado el
voto a la mujer, el divorcio y la secularización de los cementerios. Todo esto,
la verdad, nos interesa tan poco, que a la mayoría nos deja indiferentes».
«Con la
Constitución integra pasa lo mismo. Nadie cree en ella. En España se han hecho
ya trece Constituciones después de la Constitución de Cádiz, y se harán
catorce, y dieciséis, y todas serán muy perfectas, pero no influirán en la
vida. Todas esas son reformas en el papel, pero no en la realidad. Nuestros
republicanos, unidos a los socialistas, han amenazado y no han dado; han dicho
que van a hacer y no han hecho nada, con lo cual han conseguido que los
capitalistas estén asustados y los obreros exasperados. Respecto a represiones
y violencias, los meses que llevamos de República han producido más muertos en
las calles de las ciudades que cuarenta años de Monarquía».
La propaganda escrita sufría más impedimentos y trabas que la oral. Se había constituido (19 de febrero) una Liga Defensora de la Prensa; en ella participaban catorce directores de diarios madrileños y contaba además con la adhesión de centenares de publicaciones de toda España. Cuantas gestiones realizó la Liga en favor de los diarios suspendidos fueron nulas. Tampoco pudo evitar los excesos de los gobernadores, incansables en la imposición de multas, recogida de ediciones y procesos contra los directores de los periódicos no gratos. Hasta el día 24 de marzo, como hemos dicho, no se autorizó la reaparición de El Debate, que fue celebrada con un banquete, al que asistieron mil trescientos amigos del periódico. Los síntomas
de la debilidad republicana cada día eran más claros. El partido progresista,
reunido en asamblea nacional en Madrid (29 de febrero), recibía la dimisión
del Comité Nacional, y el directivo doctor Juarros hacía saber que «salvo
contadas excepciones, nadie había contribuido económicamente, ni prestada
colaboración al desenvolvimiento del partido.» De más gravedad parecía la
crisis planteada en Barcelona, donde la Esquerra era derrotada en el
Ayuntamiento (15 de marzo) por 25 votos contra 24, al ponerse a votación el
proyecto de presupuesto. La Esquerra hizo saber en una nota «que abandonaba el
gobierno de la ciudad y la responsabilidad del mando a las minorías que le
habían derrotado». La crisis evidenciaba el descenso de la fiebre que había llevado
al Gobierno de Cataluña a un grupo de hombres agrupados circunstancialmente en
torno a Maciá. «La opinión barcelonesa —escribía un periódico de abolengo
republicano— repudia a los concejales de la Esquerra, por entender que carecen
de las más elementales condiciones para regir a la ciudad». La crisis tuvo su
repercusión en la Generalidad con la dimisión del consejero radical Giralt. En
el partido radical socialista fermentaban las disensiones. El ministro de
Agricultura anunciaba (2 de abril) que, en cumplimiento de lo acordado en el
Congreso del partido, celebrado en Murcia, habían sido expulsados los diputados
Botella y Ortega y Gasset (Eduardo), por indisciplinados. Este acuerdo, a
juicio del ministro, evidenciaba la madurez del partido.
Los síntomas
de la debilidad republicana eran, como decíamos, patentes, pero el jefe del
Gobierno, ante la Asamblea del partido, en el teatro María Guerrero, de Madrid
(28 de marzo), expresaba su completa satisfacción porque Acción Republicana,
que sólo era una promesa hacía un año, se había convertido en una organización
robusta y desde el poder «había demostrado poseer una capacidad como partido
para medirse con las dificultades de la República». Anticipó las ideas
fundamentales que pondría en práctica Acción Republicana si un día su gran
crecimiento «les imponía el temible honor de dirigir la gobernación de la
República». «Gobernar —añadió— es difícil y penoso, pero hay que prepararse
para ello, porque España no será ya un país sin problemas; y no lo será en el
orden interior ni en el exterior. España tendrá que huir en lo porvenir de
espectáculos como el 1914, cuando tuvo que refugiarse en la neutralidad, no por
voluntad propia, sino por la impotencia física y moral del país. Yo no soy un
aventurero en la política, yo no predico el imperialismo ni la guerra, pero
creo que no podría soportar al frente del Gobierno de mi país una situación en
la cual, andando el mundo en guerra, España tuviese que doblar las manos y no
poder ni siquiera defender la libertad de no hacer la guerra».
La
preponderancia de Azaña preocupaba a ciertos republicanos que veían al político
deslizándose por los caminos de un excesivo poder personal que podía acabar en
el despotismo. No acertaban a distinguir el fin que Azaña perseguía y
censuraban su falta de escrúpulos en arbitrar los medios para lograrlo. Ossorio
y Gallardo, con el título «El caso inquietante de don Manuel Azaña» escribía: «¿Dictador?
¿Tirano? Hemos manejado con demasiada imprecisión estas palabras. Por ser «el
caso Azaña, bastante complejo y por llevar en su entraña gérmenes de salvación
y microbios mortíferos, merece examen pausado y glosa serena. Hoy no es el
señor Araña un cultivador del poder personal. Vive en contacto con el
Parlamento... Huye de lo espectacular y rimbombante, tan característico de
todos los dictadores, discute llanamente, de vez en cuando se deja convencer.
Su preocupación de la eficacia del mando le hace unas veces olvidar la ley y
otras quebrantar su propia ley. Si O'Donnell no hubiera dicho aquello de no
morir de empacho de legalidad, Azaña lo habría inventado. El honesto desenfado
con que procrea leyes legítimas, mas no jurídicas; la rapidez con que pide y
logra del Parlamento facultades para erigir su criterio o el de sus
colaboradores en normas obligatorias; el desdén que no disimula hacia los modos
de derecho, hacen del Jefe del Gobierno algo más respetable y peligroso que un
dictador: el doctrinario de la arbitrariedad... España lo necesita hoy y según
las trazas, lo necesitará mucho tiempo. Mas por lo mismo que sus cualidades son
tan excelentes, hácese en él archidañosa la tendencia al poder abusivo, porque no le impone airadamente, sino que
convence a las gentes de su conveniencia. Cuando alguien le interpela sobre la
injusticia de una determinación, se contenta con responder. «El Estado la
necesitaba». Y aplauden la subversiva, la anárquica tesis, todos los que ayer
clamaban por la vindicación de la libertad, y hasta hay quien dice: yo no
odiaba la Dictadura, sino al dictador». ¡Pues eso es la simiente fascista! Su
evolución aparece luego fatal, irreprimible. El Estado se halla por encima del
Derecho individual, porque la Nación es el Estado. Pronto seguirá el ciclo
abominable. El Estado es el Gobierno, el Gobierno es un Partido. El Partido es
su jefe. Luis XIV se paseará entre nosotros sin plumas, encajes ni espadín,
sino tocado de un flexible y con gesto de campechano. Es así de arriesgada la
política de don Manuel Azaña. Hoy la traza él; mañana será él su prisionero.»
La Prensa antigubernamental jaleó mucho el descubrimiento hecho por Ossorio de
las apetencias dictatoriales de Azaña. Este se sintió injuriado por el artículo
y llamó personalmente a los directores amigos de los diarios madrileños para
rogarles que contestasen al escrito que consideraba malintencionado.
* * *
De creer a
los oradores que intervinieron en el IV Congreso Nacional del partido
comunista, celebrado en Sevilla (18 de marzo), el crecimiento de dicho partido
era constante. La asamblea se reunió en el pabellón de los Estados Unidos del
parque de María Luisa. De la Memoria leída resultaba que concurrían al Congreso
201 delegados que representaban a 8.547 afiliados: 20 delegados de juventudes,
en nombre de 3.570 afiliados, y 55 delegados de fábricas y organizaciones que
representaban a más de 90.000 obreros y campesinos. La tirada de Mundo
Obrero se cifraba en 35.000, número a todas luces exagerado. La presidencia
de honor del Congreso la componían: Stalin, Molotov, Vorochilov, Manuilsky, Pinaniski, Tahelmann, Marty, Berneto, Pascual y Másmaro. El
secretario del Congreso, Bullejos, informó durante
dos sesiones de cinco horas cada una sobre la situación política de España y
tareas inmediatas del partido. «El movimiento revolucionario iniciado el 14 de
abril, decía, ha perdido su carácter ofensivo para transformarse en defensivo
contra los ataques de las castas financieras, influyentes en el Gobierno. La C.
N. T. actuaba en connivencia con la burguesía, desde el pacto de San Sebastián,
que entregó el proletariado a la dirección de sus más encarnizados enemigos».
«El proletariado, traicionado y cercado de enemigos, no tenía más defensor ni
refugio que el comunismo». En la sesión de clausura (23 de marzo), se hizo
pública la petición de ingreso en el partido del Bloque Obrero y Campesino, que
mantenía en disidencia al comunismo catalán.
De
conformidad con el acuerdo de la Sección Ibérica de la Kornminter,
se acordó crear puntos de apoyo para la organización de masas en forma de
Comités de fábricas, de huelguistas, de campesinos y soldados y para la
expansión del Socorro Rojo Internacional. Con intención de participar en este
Congreso comunista se trasladó a Sevilla Ramón Casanellas,
uno de los asesinos del jefe del partido conservador Eduardo Dato, hecho
ocurrido en 1921. Casanellas regresó a España al
instaurarse la República, y había participado, pocos días antes de emprender su
viaje hacia Sevilla, en un mitin celebrado en el teatro Maravillas de Madrid.
En la madrugada del 18 de marzo fue detenido en Carmona cuando, en compañía de
una comunista francesa, María Luisa Mitchell y de otros seis compañeros se
trasladaba a Sevilla. Casanellas y la delegada fueron
conducidos a Madrid y el día 22 puestos en la frontera francesa, si bien el
ministro de Justicia advirtió que no se le expulsaba por su participación en el
asesinato de Dato, sino por ser un extranjero indeseable, pues había perdido la
nacionalidad española al ingresar en el Ejército ruso.
El jefe del
Gobierno leyó a las Cortes (11 de marzo) un proyecto de ley declarando en
suspenso todos los procedimientos judiciales seguidos contra la incautación de
bienes por parte del Estado pertenecientes a la Compañía de Jesús. Los jueces y
Tribunales debían remitir testimonio de las actuaciones practicadas al
Presidente del Patronato administrador de dichos bienes. De esta manera se
sustraían los litigios a la jurisdicción competente para someterlos a la de la
Administración por otros procedimientos.
La promesa de
exigir responsabilidades por el golpe de Estado de 1923 estaba latente y era
recordada con frecuencia. El Pleno de la Comisión parlamentaria entregó el
dictamen el día 9 de marzo a la Mesa de la Cámara. La propuesta, en su parte
dispositiva, decía así: «Las Cortes constituyentes declaran culpables como
auxiliares necesarios del delito de alta traición que, como fórmula jurídica
resumió todos los del acta acusatoria formulada contra el que fue Rey de España
don Alfonso de Borbón, al presidente y generales del primer Directorio militar,
llamado provisional, Leopoldo Saro Marín, José Cavalcanti y Padierna y Federico Berenguer Fusté; al ministro de
la Guerra, Luis Aizpuru y Mondéjar, y al capitán general de la primera región,
Diego Muñoz Cobo, que desempeñaban esos cargos el 13 de septiembre de 1923; al
presidente y vocales del segundo Directorio militar, nombrado definitivo, Adolfo Vallespinosa y Vior,
Antonio Magaz y Pers, Francisco Gómez Jordana, Luis
Hermosa y Kith, Luis Navarro y Alonso de Celada,
Dalmiro Rodríguez Pedré, Mario Muslera y Planes,
Antonio Mayandía Gómez y Francisco Ruiz del Portal,
y a cuantos desempeñaron el cargo de ministro de los Gobiernos presididos por
el general Primo de Rivera desde diciembre de 1925 a 28 de enero de 1930:
Severiano Martínez Anido, José María Yanguas Messía, Galo Ponte Escartín, Honorio
Cornejo Carvajal, José Calvo Sotelo, Eduardo Callejo de la Cuesta, Rafael
Benjumea Burín, Julio Ardanaz y Crespo, Eduardo Aunós Pérez, Mateo García de los Reyes, Sebastián Castedo
Palero y Francisco Moreno Zuleta. Entendiendo que la solemne declaración que el
Tribunal soberano del país pronunció en 24 de noviembre de 1931 contra el ex
Rey, considerándolo fuera de la ley y privándole de la paz jurídica, es
equivalente a la más grave penalidad, a pesar de ser igual la responsabilidad
contraída por el autor principal y sus auxiliares necesarios; sin embargo,
conscientes de la alta misión que las Cortes nos han conferido, estimamos que
debe tratarse desigualmente a los que se encuentran en desiguales
circunstancias, y por ello, procede imponer a los antes declarados culpables la
pena de veinte años de confinamiento, considerándose, por lo excepcional del
caso, que la inhabilitación que el confinamiento lleva consigo ha de ser absoluta
y perpetua».
* * *
El proyecto
de ley de veintiuna bases para la reforma agraria se hizo público el 16 de
marzo. Se esperaba que pondría fin a un estado de confusión caótica,
consecuencia de más de doscientos decretos, órdenes y circulares, y centenares
o millares de notas aclaratorias sobre Jurados mixtos, alojamientos, laboreo
forzoso, prohibición de trabajar fuera del término municipal, dimanadas de los
ministerios de Agricultura, Trabajo y Justicia. Era el tercer proyecto
elaborado sobre el mismo problema, que ya afrontó el Gobierno Provisional, y
una «Comisión Técnica Agraria», autora de unas «Bases de la Reforma Agraria,
para remediar el paro obrero y campesino». El último proyecto había sido
redactado por la Comisión parlamentaria.
Otro proyecto
de ley sobre creación de Delegaciones Provinciales de Trabajo se publicó el 19
de marzo y quedó aprobado el 5 de mayo. El artículo primero decía: «Como
dependencia del ministerio de Trabajo y Previsión se organizará en cada
provincia, con residencia en la capital, una Delegación Provincial de Trabajo a
cargo de un delegado, que será en la respectiva demarcación el jefe superior
inmediato de todos los servicios de la Administración, encomendada al
mencionado departamento ministerial y cuya dirección e inspección ejercerá, con
sujeción a los reglamentos especiales correspondientes». A los delegados de
Trabajo se les confería la representación del Ministerio en las provincias, con
autoridad superior para resolver los conflictos del trabajo, debiendo las demás
autoridades prestarles la asistencia y concurso que solicitaren de ellas para
su actuación. La organización y el predominio socialista se robustecía con este
proyecto, en virtud del cual el partido contaría en el futuro con sucursales
sostenidas con dinero del presupuesto nacional y una profusa burocracia, mejor
situada y retribuida que la de los cuerpos del Estado, con sueldos de ingreso
de 12.000 pesetas y quinquenios. Por estos días pretendió ingresar en el
partido socialista mediante la correspondiente solicitud, el ex presidente del
Tribunal Supremo de Guerra y Marina, teniente general Ricardo Burguete. La
Junta de la Agrupación Socialista madrileña, en su sesión del 19 de mano,
denegó la solicitud por unanimidad.
Pero de todos
los proyectos del Gobierno ninguno interesaba y a la vez apasionaba más que el
Estatuto de Cataluña. Los partidos catalanes se mostraban impacientes e
irritados por las dilaciones de la Comisión a la que se le había encomendado
presentar el dictamen a la Cámara. Por fin, las Cortes, tras de aprobar el
dictamen del proyecto de ley de asociaciones profesionales (5 de abril) y el
proyecto de ley de obras hidráulicas (8 de abril), oyeron la lectura, este
mismo día, del dictamen de la Comisión, que presidía Luis Bello. El título más
espinoso cuya elaboración había opuesto mayores dificultades para la Comisión,
era el IV, relativo a la Hacienda de la Generalidad. En nombre de la minoría
catalana, los diputados Lluhí y Xiráu se abstuvieron de firmar el dictamen, fundándose en éste cercenaba en unos
títulos y adulteraba en otros el Estatuto de Cataluña aprobado en plebiscito
por el pueblo catalán.
* * *
Alcalá Zamora
emprendió (27 de marzo) su segundo viaje presidencial. Esta vez hacia la región
murciana, Baleares y Levante. Le acompañaban los ministros de Obras Públicas y
Marina. Asistió en Murcia a recepciones, recorrió la Huerta, presidió una
cabalgata y unos juegos florales, de los que fue mantenedor Miguel de Unamuno;
visitó la Iglesia de Jesús, todo lo cual componía el programa de su primera
jornada. Al día siguiente asistió a la inauguración de las obras del pantano de
Camarillas, en la provincia de Albacete, y por la tarde se trasladó a
Cartagena, donde obtuvo calurosa acogida. El festejo principal fue aquí también
una fiesta literaria: el poeta premiado, Luis de Tapia, y el mantenedor, el
ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, cuyo discurso versó sobre el tema «Libertad,
legalidad, obra». El número más importante fue la visita al arsenal militar y a
los astilleros de la Sociedad Constructora, en cuyas gradas estaban los
destructores «Almirante Valdés», «Almirante Miranda»y «Almirante Antequera». El consejero delegado de la Compañía, Juan Tomás
Gandarias, dirigió un saludo al Presidente, y éste expresó su pena, porque
«habiendo dominado —dijo—todos los horizontes de la ambición, yo que lo he sido
todo, no he podido realizar lo que fue ilusión de mi vida: ser ministro de
Marina. Pero hoy he vuelto a mis buenos tiempos, porque en la unidad del poder
he encontrado esta especialización de la Marina..., Por la noche embarcó rumbo
a Palma de Mallorca, y el día 2 presenció las pruebas de una boya de salvamento
para submarinos. A continuación visitó Mahón e Ibiza. En la bahía de Palma
embarrancaron en plenas maniobras dos destructores, que tras de no pocos afanes
fueron puestos a flote. El Presidente de la República emprendió (5 de abril)
viaje a Valencia, donde le esperaba un espeso programa de recepciones y
agasajos, más la inauguración de las obras del pantano de Benajaber,
que en adelante se denominaría de Blasco Ibáñez. En Valencia le aguardaba el
jefe del Gobierno, huésped del Ayuntamiento de la ciudad. Azaña, en el banquete
celebrado en su honor (4 de abril), se manifestó efusivo y optimista como pocas
veces. «Peligrosos sois los valencianos, dijo, porque a un hombre que pasa por
frío como yo, le contagiáis ese ardimiento de vuestro sol y de la calentura
política que os abrasa». «Debo deciros — añadió— y os lo fio por mi autoridad
de gobernante y por mi lealtad de español, que ningún peligro amenaza a la
República, ninguno de ningún orden que sea».
Algunos días
después, el diputado y poeta Luis de Tapia, que había figurado en el cortejo de
Alcalá Zamora, en unas declaraciones a la Prensa hispanoamericana afirmó que
«parte de las dotaciones de la escuadra procedió de forma irrespetuosa hacia el
Presidente de la República». Concretando más dijo que los oficiales de un
destructor se negaron a tomar parte en una revista naval y amarraron su buque
en un muelle, hecho que quiso castigar el ministro de Marina, Giral; pero no
pudo hacerlo porque aparentemente y dentro de los reglamentos podía amarrarse
el barco al estar averiado, que es lo que se alegó. Agregó que muchos
oficiales, para evitar el saludo a Alcalá Zamora, a su paso se escondían detrás
de los cañones». El ministro de Marina confirmó en unas declaraciones la
veracidad de estos incidentes. Había advertido que la base de Mahón no estaba
engalanada, como procedía, dada la categoría del personaje que la visitaba.
Supo que en Cartagena varios marinos ocupantes de una platea adoptaron una
actitud despectiva. Pudo advertir que en la sala de lecturas de la marinería,
de la base de Mahón, los periódicos predominantes eran de republicanismo muy
tibio o más bien opuestos al régimen. Al hacer éste la observación en presencia
del Presidente al Jefe de la Base, contestó que las suscripciones a los
periódicos costaban muy caras. Era cierto que la escuadra salió de Cartagena
con cinco unidades y regresó a Valencia con una, pues las restantes se quedaron
averiadas en Baleares. Por todo lo cual el ministro había ordenado la apertura
de un expediente para aclarar lo sucedido, y apenas llegado a Madrid, su
primera medida fue la destitución del jefe de la base naval de Mahón.
CRISIS, PARO, HUELGAS, ATENTADOS Y BOMBAS
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