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CAPÍTULO 63.

GIGANTESCOS ALARDES DE MASAS CED1STAS EN CASTILLA Y VALENCIA

 

 

Los grandes planes que anuncia Chapaprieta para restringir los gastos públicos, crean un ambiente de expectación y hasta de esperanza. El ministro da la sensación de hallarse muy seguro de sí mismo. Además, toda promesa de economías hechas por un hacendista es siempre bien acogida, Pues no se piensa en los contratiempos ni en quiénes podrán ser las posibles víctimas de una política de austeridad. El Gobierno se embarca confiado en la aventurada navegación, a todas luces difícil y peligrosa. No parean preocupados los ministros; antes, por el contrario, se muestran dispuestos a cooperar en la patriótica obra de nivelar el presupuesto y de sanear s finanzas, objetivos primordiales de Chapaprieta.

El proyecto de ley de Autorizaciones al Gobierno con la finalidad de restringir los gastos del Estado es dado a conocer a las Cortes (29 de mayo). Los siete primeros artículos abarcan: reorganización de los servicios de los Departamentos ministeriales; supresión de Cajas especiales y de exacciones que no se hallen legalmente establecidas; reducción de los gastos de personal y de material; limitación de los créditos para la reforma agraria y restricción de los gastos de clases pasivas. Chapaprieta expone a la Cámara el pensamiento del Gobierno en materia financiera y económica. El presupuesto para el segundo semestre de 1935 ha sido estudiado con un espíritu de economía y será de liquidación. «Pretendo —dice— que acabemos con todo lo que el Estado tiene de créditos extraordinarios y prorrogados que vinieron del anterior Parlamento.» El proyecto de ley de restricciones es una preparación del presupuesto de 1936. El déficit del correspondiente a 1934, no liquidado todavía, girará alrededor de 750 millones de pesetas. «Casi puedo adelantar que al liquidar el presupuesto de 1935 el déficit quedará por bajo de los 500 millones.» El plan del ministerio de Hacienda, «efusiva y cordialmente aceptado por los compañeros de Gabinetes, se desarrollará en tres fases: una de preparación, que será todo el ejercicio de 1935, otra de transformación del presupuesto, que será en 1936, y una tercera, la del año 1937, de perfeccionamiento y nivelación». «Y hasta tengo la íntima esperanza de alcanzar la suspirada nivelación acaso a fines de 1936, jamás conocida, como no nos remontemos a los primeros años del siglo.»

¿Cómo se podrá conseguir tan prodigioso evento? En primer lugar, haciendo uso del recurso legítimo de las conversiones voluntarias, rebajando los tipos elevados de interés y con una política de revalorización de la riqueza. «Capítulo muy esencial en las economías será la transformación de clases pasivas, y aun cuando no puedo cometer la imprudencia de decir hoy a la Cámara a cuánto ascenderán en total aquéllas, desde luego adelanto que se podrán cifrar en centenares de millones de pesetas.» Respecto a los ingresos, «me propongo no recargar los tributos, lo que no quiere decir que no haya de hacer una revisión de los mismos, para colocar las distintas tributaciones en un plan de igualdad y de justicia». El ministro de Hacienda aparecía ante la Asamblea como un mago llegado del país de las maravillas.

«Tengo una gran complacencia en decir que los latidos que llegan hasta el Ministerio de Hacienda me permiten asegurar que se inicia una corriente de capitales nacionales y extranjeros que nos podrían traer la solución a casi todos nuestros problemas. En lo que respecta a la rehabilitación de España, no debe haber diferencia. En política económica no veo que los Gobiernos de izquierdas hayan tenido una política distinta a los de centro y derecha.»

Opípara ración de optimismo y de júbilo, denomina Calvo Sotelo el discurso del ministro. «Durante los cuatro años de República, hemos conocido un presupuesto de doce meses, otro de nueve, dos semestral y cinco prórrogas trimestrales. Ningún país de Europa presenta una situación comparable. Hace un año propuse la concesión de plenos poderes al Gobierno para resolver el problema económico. El proyecto fue torpedeado. Se nombró una Comisión para estudiar las economías que convenía hacer. Nada hemos sabido de ella; ahora nos presentan un presupuesto cuyo cifrado desconocemos. En cuanto al futuro, ¿quién asegura al ministro y a sus compañeros que seguirán en el Gobierno, no en 1937, sino el año próximo? Problema más inmediato es el monetario; la política de intervención que se ha seguido es muy onerosa y ha creado una situación difícil, debido al déficit de la balanza de pagos, que se puede evaluar en mil millones de pesetas. ¿Cuál es el remedio para este mal? Capital extranjero no vendrá mientras España no ofrezca garantías de paz y de orden.» España vive una verdadera guerra civil larvada y el mañana es una incógnita pavorosa que no la despejará el Gobierno. Además, tendría que garantizar a ese dinero el retorno, cosa harto problemática. En cuanto a la estabilización de la peseta, ¿cómo va a estabilizar España su moneda, cuando vive en inestabilidad todo el mundo. La peseta no recobrará nunca una gran parte de su actual devaluación.»

Un presupuesto —afirma Ventosa— representa la traducción de una política, y sin definir ésta resulta inútil la pretensión de hacer un presupuesto. Las ilusiones y esperanzas del ministro de Hacienda son irrealizables. El Gobierno debe asegurar el orden público y el ministro de Hacienda ganar la confianza en la normalidad financiera del país, sin lo cual ni la estabilidad monetaria ni el derecho de decidir en el problema moneta­rio podrán conseguirse. Con las observaciones de otros diputados y el anuncio del ministro de Hacienda de la próxima presentación a las Cortes de una serie de proyectos, de un Presupuesto y de una colección de leyes complementarias, finaliza la primera fase de la operación hacendística, médula de la política del Gobierno. Comienzan a discutirse las obligaciones generales del Estado, en relación con el presupuesto.

A propósito de la regulación de los servicios de Orden Público, Justicia y Enseñanza de Cataluña, el tradicionalista Comín denuncia injerencias de la Generalidad, encaminadas a menoscabar la autoridad y prestigio de la enseñanza en castellano, tanto en la Universidad como en Escuelas normales y primarias. Deduce el diputado que el Estatuto ha sido utilizado para disminuir cuanto tiene carácter español. A juicio del regionalista Trías de Bes, el uso del bilingüismo, cuando no hay reticencias, se puede solucionar noblemente. «Al hablar en catalán y explicar en catalán —dice— siempre lo hacemos en un idioma español.» El diputado Maeztu exclama: «¡Su señoría, sí!»

Se ha experimentado hasta el extremo límite la imposibilidad de gobernar si no es apoyándose en leyes de excepción. Los días de normalidad constitucional en la República se cuentan con los dedos. De nuevo el Gobierno solicita de las Cortes (6 de junio) una prórroga de treinta días del estado de alarma y prevención en catorce provincias. Es la octava prórroga. El Gobierno, afirma el diputado de Unión Republicana Pascual Leone, no puede mantener la normalidad sin vulnerar violentamente la ley de Orden Público, con olvido de la Constitución. Ahora se dice que el Gobierno prepara una lista de oradores a quienes se les prohibirá hablar en público. Las leyes son del pueblo y no es lícito utilizarlas contra él. El Gobierno —replica el ministro de la Gobernación— no hace más que interpretar la voluntad del pueblo y servirlo. «Por el bien público deben continuar suspendidas las garantías constitucionales en este momento. La paz material no basta. Hace falta también que en la nación reine un espíritu de conciliación y de templanza. En los mítines de un lado y de otro impera la violencia de palabra y las provocaciones» «No se puede comparar a unos y otros —interrumpe Calvo Sotelo—, porque nosotros estuvimos al lado del Gobierno el 6 de Octubre.» Varios diputados protestan, llamándole «dictador». Calvo Sotelo: «Tendremos que ser, como sigáis así, dictadores de vuestra cobardía.» Barcia: «Cobardía la de sus señorías en estos momentos.»

«El estado de excitación moral que domina al país — afirma el ministro de la Gobernación— aconseja no dejar la vía libre a los derechos y garantías constitucionales.» «He llamado cobardes, explica Calvo Sotelo, a los hombres que el día de la promulgación de la Constitución votaban la ley de Defensa de la República, y a su amparo se cometían crímenes monstruosos. La continuada suspensión de garantías significa que la Constitución es inviable.»

Portela, avisa que suspenderá los mítines cuando prevea que van a ser motivo de alteraciones del orden y sólo autorizará los que no ofrezcan peligro. Acusa a Calvo Sotelo de buscar la dictadura por todos los caminos incluso los del desorden. Nueva intervención de Barcia para rechazar los calificativos de traidores y cobardes. Continuos alborotos. Prodigalidad de insultos de unos bancos a otros y disertaciones sobre la actitud de las izquierdas el 6 de octubre. Copiosa lluvia de invectivas, réplicas y disquisiciones retrospectivas hasta el agotamiento. Insistencia de Calvo Sotelo en sus denuncias. La Dictadura —dice— reconoció el hecho sindical y profesional del obrerismo, pero no pactó con el marxismo. Llaneza, Cordero, González Peña, Largo Caballero y otros jefes socialistas convivieron con la Dictadura. Hay que extirpar el marxismo, porque de lo contrario éste acabará con España. «Por muchos millones que arbitréis para remediar el paro obrero, como no garanticéis la seguridad social, haciendo que no sea posible asesinar de noche a un patrono, por haber despedido a un obrero revolucionario, como ocurrió ayer, o permitáis que se lance por la calle de Muntaner, en Barcelona, a toda carrera un tranvía incendiado, hecho ocurrido hace tres noches; mientras no logréis asegurar la tranquilidad no habréis conseguido nada.» «Vosotros, exclama, dirigiéndose a las izquierdas, os entregáis a la propaganda entre las masas obreras buscando público para vuestros auditorios. En definitiva, vais a repetir las jornadas del año 30: vais a proporcionar un éxito a esas fuerzas para que luego os aplasten y después pasen por España, si no hay españoles que sepan impedido.»

El regionalista Ventosa afirma: «Mientras la opinión pública esté di­vidida en dos bandos enemigos irreconciliables, ni con estados de excepción ni sin ellos será posible un régimen de normalidad en España. La normalidad de los espíritus será el preludio de una normalidad material. Por 127 votos contra 25 se autoriza al Gobierno para prorrogar el estado de alarma.

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La Cámara consagra varias sesiones, tarde y noche, al proyecto de ley de Autorizaciones para resolver el problema planteado por el excedente de trigo, debido a las desorbitadas importaciones hechas por Marcelino Domingo, siendo éste ministro de Agricultura, y por la prohibición decretada por la Generalidad a la entrada de trigos castellanos en Cataluña. Se trata de autorizar al ministro para retirar temporalmente del mercado, por sí o delegando en un Banco oficial y en condiciones que se fijen, hasta 4.00.000 toneladas de trigo procedente de la cosecha de 1934; para bonificar a tipo máximo de 9 por 100 anual, englobados intereses y gastos, las retenciones voluntarias de trigo procedentes de aquella cosecha. El proyecto de Ley queda aprobado.

Simultáneo a este debate se desarrolla otro sobre medidas para remediar al paro, mediante primas a la construcción de obras públicas, exenciones de impuestos del Estado y arbitrios municipales y provinciales por veinte años, ayudas a particulares y sociedades inmobiliarias que se dediquen a construir casas de renta comenzando la edificación antes del 31 de diciembre de 1935 para terminarlas, el 31 de diciembre de 1936, como fecha tope. Los créditos autorizados en los presupuestos del segundo semestre de 1935 y en 1936, para combatir el paro, importarán como máximo doscientos millones de pesetas. Si los parados se aproximan, según el diputado radical Basilio Álvarez, a un millón, resulta exigua aquella cifra para luchar con éxito contra la calamidad. Diputados de Unión Republicana, cedistas, radicales, monárquicos, tradicionalistas, independientes coinciden en reconocer insuficientes los créditos. Aquí, exclama el cedista Madariaga, nos limitamos a criticar, pero nadie aporta una idea de provecho.

Con esta son cuatro las veces —afirma el ministro de Trabajo (4 de junio) — que la Cámara se ocupa de un proyecto contra el paro forzoso. Todos fueron combatidos por insuficientes, diciéndose que la solución estaba en los principios marxistas. Se exagera el número de parados, que deben de ser 500.000 o menos, pero aumentan de manera constante. Las causas de paro son de tipo económico. Aparte de las obras comprendidas en el proyecto hay otras de iniciativa privada, entre ellas las de cuatro inmobiliarias, dispuestas a invertir solamente en Madrid varios millones de pesetas. El ministro calcula que el proyecto representará hasta finales de 1936 una movilización de unos cuatrocientos millones de pesetas. Otras medidas de Gobierno permitirán la movilización de cifra parecida. «Ningún otro proyecto se ha presentado nunca que represente un conjunto de medidas tan eficaces y de tanto alcance como éste.» Se aprueba el dictamen.

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La ley de Imprenta, discutida con tanta fogosidad en las primeras sesiones de junio, queda en vía muerta para dar paso a otros proyectos, especialmente el de paro, y a los presupuestos del segundo semestre de 1935, cuya aprobación urge. Los votos particulares y enmiendas al dictamen de la Comisión sobre la ley de Imprenta tienen poco éxito. La atacan desde todos los sectores. El tradicionalista Tejera afirma: «La República o es la Constitución o no es nada. La Constitución garantiza en el artículo 34 la libre emisión del pensamiento. Este dictamen es un instrumento de tiranía contra la libertad. Cuatro años de República y apenas ha habido dos meses de libertad; que se quite la República y nos dejen la libertad.» Se distinguen en la impugnación de la ley los diputados González López, Recaséns Siches, Pascual Leone y Fernández Labandera. Los vocales de la Comisión encargados de su defensa, no demuestran celo ni entusiasmo. Puestos a discusión los presupuestos, todos los demás asuntos quedan aletargados. Y la ley de Imprenta arrinconada en el desván de los trastos inútiles.

En sesiones dobles, diurnas y nocturnas, se examinan los presupuestos. Las discusiones son serias y los diputados que en ellas participan demuestran conocimiento de lo que tratan. Es una de las pocas veces en que el Parlamento parece recuperar la conciencia de su misión y de su autoridad. Cuando se termina el estudio de gastos e ingresos de cada Departamento, se discute el articulado de la ley, hasta dar cima a la labor (29 de junio). «Jamás una Comisión de Presupuestos —afirma Barcia— dio las facilidades que ha dado la actual para dictaminar y discutirlos.» Calvo Sotelo enjuicia la obra con estas palabras: «Es el peor presupuesto de estos últimos años.»

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Inesperadamente surge un nombre ya clásico en la República, como sinónimo de excesos y violencias de un poder abusivo: Casas Viejas. En la audiencia de Cádiz se ve la revisión de las sentencias del capitán Rojas, que al frente de los guardias de Asalto reprimió aquel motín con singular dureza, obedeciendo las órdenes del entonces ministro de la Gobernación, Casares, y el de la Guerra, Azaña. Llamados a declarar, comparecen los dos gobernantes, y también lo hace el capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba, que se ratifica en las declaraciones hechas durante el proceso, según las cuales Azaña ordenó que la represión fuese enérgica, sin prisioneros ni heridos, que siempre resultan inocentes, y «los tiros a la barriga». Azaña niega que diera semejante orden. En el fallo no se aprecian al capitán Rojas eximentes y se le condena a lo mismo que la vez anterior, o sea, por catorce homicidios a siete años cada uno, apreciándose sólo tres delitos equivalentes a veintiún años de reclusión.

Firmada por diputados monárquicos — Goicoechea en primer término se presenta a las Cortes (24 de junio) una proposición no de ley a la vista de la sentencia de Cádiz para reclamar al Ministerio de Justicia el sumario instruido con motivo del proceso, a fin de revisar las órdenes de quienes, ejercían función ministerial reglamentariamente comunicadas, según el veredicto del Tribunal del Jurado, para contrastar su responsabilidad, y para que los diputados con conocimiento de causa ejerciten el derecho de acusación que les confiere el artículo 120 del Reglamento. Goicoechea evoca el capítulo ignominioso que sepultaba al Régimen en vergüenza, fango y lágrimas, según la frase de Martínez Barrio, el cual declara ahora que nunca pensó «que de las altas direcciones del Gobierno de Azaña salieran órdenes que pudieran poner el epílogo de crueldad que en Casas Viejas, para dolor de España y mal de la República, se produjo en aquella ocasión». «Vaya S. S. por otros caminos —añade Martínez Barrio— para buscar elementos de acusación, si cree que los hay, contra el señor Azaña.» El ministro de Justicia, Casanueva, tampoco se presta a facilitar el propósito de los diputados monárquicos. «Mientras a mí no me conste que la sentencia es firme —dice—, ni un papel, ni un documento del sumario vendrá aquí con mi consentimiento.» Goicoechea insiste en recordar las acusaciones formuladas en las Cortes contra Azaña y Casares Quiroga por diputados republicanos al discutirse los sucesos, y de tal modo solivianta a Martínez Barrio y a los componentes de su minoría, que el Presidente se ve y se desea por aplacar el alboroto. «Es profundamente grotesco —exclama aquél— el espectáculo. Alguien diría que esto no es una Cámara, sino un circo de acróbatas. Mantengamos todos la dignidad del Parlamento. No es posible entrar por el capítulo de las amenazas y los intentos de agresión.» «El ministro de Justicia, afirma Goicoechea, da la negativa a todos los que pretenden que se deduzcan las responsabilidades penales que fluyen del sumario por el proceso de Casas Viejas: Lasciate ogni speranza. No hay posibilidades de que nunca se llegue a abrir el proceso ante el Tribunal de Garantías mediante el ejercicio por el Parlamento de su correspondiente acción acusatoria. Y eso, permítame el señor ministro de Justicia que le diga, no corresponde exactamente a los compromisos que contrajimos juntos en las vísperas de la campaña electoral del 19 de noviembre.» La proposición es rechazada.

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Continúan los Consejos de guerra, pero las sentencias no producen impresión ni dejan huella, convencidos los jefes y las masas revolucionarias de que está próxima la liquidación de las condenas con indulto y premio para los sentenciados. Los informes de los fiscales, publicados por algunos periódicos, evocan los espantosos crímenes. Los de Moreda (10 de mayo), que serán sancionados con cinco condenas a reclusión perpetua y diez a catorce años. La matanza en el cementerio de Turón —tal vez el capítulo más ignominioso y espeluznante del octubre rojo—, donde fueron vilmente asesinados el ingeniero Rafael del Riego diez religiosos y dos oficiales de Carabineros. Cuatro sentencias de muerte dicta el Consejo (18 de junio), más treinta y cinco reclusiones perpetuas, siete de doce años de prisión y dos de diez años. Los asesinatos perpetrados en Tarazona de la Mancha (Albacete) son castigados (27 de junio) con cinco penas de muerte y treinta condenas a veinte años de prisión; los cometidos en Matallana de Torio (León), con dos penas de muerte y siete reclusiones perpetuas. Ninguno de los condenados a última pena será ejecutado. En casi todos los casos, los jefes que integran los Tribunales reciben anónimos amenazadores de muerte, con el fin de quebrantar su ánimo y forzarles a la benevolencia. Cuando se celebra el Consejo contra los asesinos de Turón, los mineros promueven una huelga de solidaridad con los procesados. Delegados del Socorro Rojo Internacional asisten a los Consejos para confortar con su presencia a los reos, y hojas clandestinas y la Prensa comunista extranjera exalta a los culpables a la categoría de héroes.

Los consejeros de la Generalidad salen de Madrid (23 de junio) para cumplir condena en los penales de Cartagena y Puerto de Santa María. Reciben incontables testimonios de adhesión.

Sentencias y encierro en cárceles son rasgos aparentes de una revolución derrotada. La realidad es que el espíritu de insurrección permanece íntegro, con sus raíces vivas, inflamado de cólera y dispuesto para el próximo asalto. El alarde de Mestalla los ha ensoberbecido. Piensan y repiten que toda España es Valencia. Masas innúmeras esperan la orden para lanzarse a la conquista del Poder. Desde los muros, los carteles gritan amnistía. Los mítines son concentraciones de enardecidos contra el Gobierno «fascista y monarquizante». «Así eran —comenta El Debate— los mítines que precedieron al estallido de Octubre.» En Barcelona los sindicalistas que no pueden contener su impaciencia, queman a diario tranvías y autobuses y vuelve a imperar la tiranía de las pistolas. El Gobierno declara el estado de guerra en la capital y en la provincia (29 de junio) y los ministros de la Guerra y de Gobernación vuelan a la Ciudad Condal para estudiar sobre el terreno «la lucha contra los que preparan crímenes en la sombra y contra los que mediante cobro de cantidades se prestan a realizarlos».

Barcelona no es una excepción. La criminalidad y el terrorismo político y social reverdecen en Zaragoza, Sevilla, Madrid, Málaga, Bilbao, Lérida. En Badajoz es asesinado (10 de junio) el diputado socialista Pedro Rubio Heredia por el secretario municipal Regino Valencia, exasperado por un artículo del diputado en el semanario La Verdad Social. Sin embargo, es en la Ciudad Condal donde el recrudecimiento de la actividad criminal es más intenso. Actúa de gobernador general, con carácter de interino, desde que Pórtela hubo de dejar el cargo, Juan Pich Pon, amigo íntimo y satélite de Lerroux, desde los tiempos de hegemonía radical en el Ayuntamiento. Distribuye los cargos con tan descarada parcialidad entre sus correligionarios, que regionalistas y cedistas protestan contra el injusto reparto.

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Ante el auge de la marea roja, cedistas y radicales se disponen a responder al desafío con las mismas armas y en el mismo terreno en que son provocados. ¿Acaso duda alguien de que son capaces de movilizar masas en proporciones todavía más gigantescas? Afianzarán la alianza, cerrarán las filas, hasta formar un bloque granítico e invulnerable. El primer acto tiene por escenario la monumental Salamanca (23 de junio), engalanada y radiante. Salamanca es el foco más poderoso de la irradiación cedista. El Ayuntamiento rinde homenaje a los salmantinos Gil Robles y Casanueva, declarados hijos predilectos de la ciudad. Para asociarse al homenaje acuden el presidente del Consejo, los ministros de Obras Públicas y de Comercio e Industria y el de Gobernación, que asiste, de paso, a la entrega de una bandera a la Guardia Civil. Tras el desfile militar que presencian el Presidente y los ministros desde el balcón del Ayuntamiento, se celebra «un banquete monstruo», según adjetivan los periódicos, de cuatro mil comensales. La hora de los brindis es esperada con expectación, porque se supone que los discursos encerrarán el tuétano de la jornada. Gil Robles dice: «Estamos reunidos en un Gobierno de hombres de política distinta, de posición doctrinal diferente, de origen político vario, pues a nadie se le pidió que renunciase a sus ideales ni a sus programas. Hubiera sido una ofensa. Se trató sólo de salvar lo fundamental, la civilización, y porque hemos visto en la República que el pueblo se dio el medio de salvar a España, nos unimos en un abrazo cordial.» «Por encima de todo seguiremos con la vista fija en el ideal supremo que nos ha congregado aquí, y que es la consagración de una táctica política, de una realidad o de un resultado.»

Lerroux se expresa de este modo: «¿Qué sacrificio le he pedido yo al señor Gil Robles, ni cuál ha sido el que él me ha pedido a mí? Únicamente una compenetración para salvar a España. Yo nada he cedido. Él tampoco. En el terreno de la lealtad no le doy ventaja a nadie.» «Yo prefiero una República regida por derechas a una Monarquía gobernada por izquierdas. La República perdió toda su significación después de las perturbaciones políticas. He de decir que soy hombre de izquierda, amante de mi patria, y si es necesario encauzar el progreso de los tiempos con un ritmo acelerado hacia hombres de la derecha, lo haré, si fuera preciso y si ello significa bien para mi Patria.» «Yo os juro sobre el altar sagrado de los muertos de ayer que no abandonaré esta coalición establecida entre los elementos aquí reunidos, si ellos me siguen prestando esa solidaridad Hemos estado unidos ayer, lo estamos hoy y lo estaremos mañana dando cara a la ola revolucionaria.»

Los actos de Salamanca alientan y satisfacen plenamente a radicales y cedistas. Serán memorables, porque han servido de ocasión para robustecer una alianza que compromete y ata a los dos partidos con vínculos de solidez inquebrantable.

Lerroux explica su presencia en Salamanca de esta manera: «Había llegado a formularme esta conclusión: para que la República se equilibre y dure, necesita pasar de la triste experiencia demagógica de sus dos años con Azaña a la experiencia de otros dos años de gobierno templado y moderado que faciliten más tarde el de Gabinetes de centro, equilibrados y progresivos. La segunda experiencia pide que el Poder vaya a manos de la C. E. D. A. Que vaya y en él pierda ese partido rigideces doctrinarias, adquiera ductibilidad, se homogeneice más, acabe de organizarse y se vincule a la República, por muy de la derecha que sea. Después, el péndulo recobrará su marcha sincrónica.»

En apariencia la fortaleza del Gobierno se ha endurecido hasta hacerse granítica. Pero la grandiosa demostración de Salamanca es sólo el preámbulo de un alarde de masas, jamás conocido en España, que va a ser la respuesta al desafío de los revolucionarios en Mestalla.

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Respuesta por partida doble (30 de junio). Por la mañana en Medina del Campo y por la tarde en Valencia. En las inmediaciones del Castillo de la Mota y bajo un sol ardoroso y cegador se congrega una multitud imponente, llegada en trenes especiales y cientos de autobuses y coches de las provincias castellanas y leonesas, y hasta de Galicia, Vascongadas y Aragón.

Banderas y letreros flotan sobre el océano humano. «Asturias por el Jefe», reza uno de los carteles; «Salamanca pide todo el Poder para el Jefe», dice otro. Y por este estilo los demás. Después de la misa, el presidente de la J. A. P. de Valladolid lee los diecinueve puntos del programa y los nombres de los sacrificados por el ideal. A continuación se celebra el mitin. Varios oradores, entre ellos el ministro de Justicia, preceden al Jefe. Dice Casanueva: «En las próximas elecciones hay que vencer, hay que lograr la mayoría absoluta, porque si somos vencidos, ¡ay de nosotros y de todo lo nuestro; de las personas, de las propiedades y de los más caros ideales!» El entusiasmo de las gentes raya en frenesí al adelantarse Gil Robles para dirigirles la palabra: «Hace diez meses — recuerda— decía en Covadonga que era necesario preparar nuestro partido para una empresa genuinamente nacional. Por eso, cuando las circunstancias exigieron mi participación personal en el Gobierno, quise que ésta fuera, a toda costa, un símbolo. Hubo insensatos que creyeron que yo pedía la cartera de Guerra para preparar el Ejército para un golpe de Estado. ¡Qué falta de conocimiento de lo que es el Ejército y de lo que es nuestro partido! ¡Que yo quería ir al Ministerio de la Guerra para dar un golpe de Estado! ¿Qué necesidad tenía yo del Ejército para triunfar? Aunque hubiera sido tan criminal que lo pretendiera, y aunque el Ejército hubiera olvidado sus deberes para seguirme, ¿qué necesidad había de eso? De la ley no nos separaremos. Fuimos al Poder para imponer la ley a quienes quieran salirse de ella y para decir que dentro de la ley tenemos nuestra fuerza. ¿Quién duda de que con nosotros está España? No necesitamos más ayuda que la de los ciudadanos con la papeleta electoral en la mano. Si alguien es tan insensato que no lo crea, que intente la aventura de comparecer ante el pueblo y de ir a las elecciones; a ellas iremos nosotros para dar una batalla definitiva, que será la victoria de la ciudadanía y de la razón. Nosotros surgimos en pleno movimiento revolucionario, en él vencimos y ahora nos compete la obra de reconstrucción nacional, viendo cuáles son los materiales aprovechables de este inmenso derribo en que han convertido a España y yendo a la realización de nuestro programa, que ha de concretarse en la reforma de la Constitución, ofrecimiento que hemos de cumplir, pase lo que pase y se oponga quien se oponga.»

«Pido fe en un ideal que no puede desaparecer para defender el espíritu religioso, esencia de la vida nacional; fe en los que mandan y dirigen, justificando las posturas y actos que las circunstancias les obligan a adoptar, pues las cosas se ven de distinto modo desde el Poder que fuera de él. Exijo disciplina y obediencia a los jefes, que deben ser relevados cuando pierdan la confianza, pero que mientras tanto tienen el deber de exigir aquella obediencia.»

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A quien dude de que España entera está con la C. E. D. A., Gil Robles le ofrece un asiento en el avión para que se traslade con él a Valencia, donde le aguarda un espectáculo inenarrablc. El estadio de Mestalla y la Plaza de Toros, abarrotados de correligionarios agobiados por un calor asfixiante.

Una vez más la Derecha Regional Valenciana demuestra la maestría para movilizar muchedumbres a despecho de los sabotajes y agresiones de los enemigos interesados en malograr el éxito. Primero en la Plaza de Toros y después en Mestalla, Gil Robles es aclamado como caudillo victorioso a los gritos de «¡Jefe!, ¡Jefe!, ¡Jefe!» Le preceden en la tribuna los ministros Salmón, Aizpún y Lucia. Dice éste: «El Alcázar regio con sus camarillas era la cámara ardiente de la autoridad. De los sacrificios del pueblo sólo se aprovechaban cuatro capitalistas. Jamás se pudo encontrar una generación como ésta, tan dispuesta a la revolución de las almas. ¿Quién nos iba a decir que antes de tres años íbamos a organizar estas manifestaciones como jamás se conocieron en España? Tengo fe inquebrantable en el porvenir de mi patria y digo que si me dais una democracia, yo os daré un pueblo de prestigio y de vida.» Gil Robles se expresa en estos términos: «El poder, cuando se ejerce noble y honradamente, dignifica, y vosotros lo corroboráis con vuestra presencia. Mi discurso en Salamanca ha desagradado a fuerzas afines, que lo han calificado de intolerable. ¿Por qué? Os confieso por mi honor que allí no hubo claudicación ni renuncia. Cuanto se pactó quedó bien claramente especificado. Para llegar a ese pacto nada nos hemos pedido mutuamente. Nos hubiéramos inferido una grave ofensa. Cada partido con su programa. Nosotros, siguiendo con la táctica de siempre. Nuestro programa en el orden social comprende: imperio de la ley y profunda reforma, llevando a la vida pública un sentido social no para arruinar a los ricos, sino para elevar a los pobres. Por querer hacer esto, hay quienes nos motejan y llaman socialistas vergonzantes. He oído decir a ciertas clases conservadoras que si les merman sus privilegios les da igual que seamos nosotros o los socialistas quienes lo hagan. Los que tal cosa dicen llamándose derechas, deben pensar que el socialismo arrebata por la fuerza y nosotros lo que queremos es una mejor y más justa distribución de la riqueza, no en nombre de un partido, sino en el de una doctrina que es esencia de la doctrina de la Iglesia, que se realizará con prudencia para no destruir la economía, pero que hay que hacerla, porque la sociedad que no lo haga por las buenas, lo hará el día de mañana por las malas. Que piensen que en España la revolución encontró el terreno preparado porque había un ansia de justicia social que era necesario satisfacer. El vacío lo repugna la naturaleza: o lo llenamos de amor, o lo llenamos de odio; o de reforma cristiana o de revolución.»

La respuesta al alarde de las izquierdas ha sido categórica y plebiscitaria. La C. E. D. A. se enorgullece de poseer el aval incondicional del pueblo. La Prensa de derechas encomia la grandiosidad del acto, y la de izquierdas trata de menospreciarlo, dando a entender que la concentración se ha logrado a fuerza de dádivas y soborno de voluntades. Como el diario monárquico La Voz de Valencia dijera que los monárquicos habían contribuido al esplendor de los actos, Luis Lucia recabó para la Derecha Regional Valenciana, «organización dentro de la República», la «exclusiva del éxito». «En la hora del triunfo es muy fácil subirse en las traseras del carro de la victoria.»

Con los actos de Salamanca, Medina del Campo y Valencia la C. E. D. A. llega al cénit de su pujanza y esplendor. Nunca se ha considerado más fuerte y más dueña de los destinos de España. Convencido Gil Robles del poder formidable de su partido, cree que si se presenta la ocasión de decidir la suerte política de España por medio de votos, la C. E. D. A. arrollará con ímpetu irresistible cuantos obstáculos se opongan a su marcha.

Los radicales no quieren ser menos que sus enemigos ni que sus aliados, y congregan sus huestes en el estadio de Mestalla (7 de julio). De nuevo abarrota el campo una multitud de setenta mil personas residuos del añoso anticlericalismo de Azzati y de Blasco Ibáñez, republicanos históricos, gentes de rompe y rasga en algún tiempo dueñas de la ciudad y de su administración. Habla Samper: «No es posible —exclama vivir en perpetua guerra civil. Hay 700.000 obreros parados, los cuales preguntan: ¿De qué me sirve la República, si quiero trabajar y no puedo? La guerra la tenemos dentro de casa.»

Lerroux explica cómo y por qué se ha aliado con la C. E. D. A.: «Consciente de mi ánimo, entendí que en un país como el nuestro, atormentado siempre, la República había de ser un régimen de orden, cordialidad y transigencia, o no podría sostenerse. Tuve que formar un Gobierno minoritario con la ayuda generosa de los elementos de la derecha, y a medida que esos elementos se acercaron más a la República, colaboraron con ella con el mayor desinterés y lealtad. ¿Qué querían los adversarios? ¿Una nueva disolución de Cortes? Eso hubiera sido una guerra civil. Y ¿qué espíritu democrático revelaba el hecho de que nos levantáramos en rebeldía contra el dictamen del sufragio popular? No se podía hacer sino lo que yo hice. Que se me diga en qué he tenido que transigir. Las esencias republicanas están intactas en mis manos. Que se me diga y que se me pruebe lo contrario. Yo he dicho, y ahora repito, que cuando la colaboración sea imposible, los aliados de hoy nos daremos un apretón de manos y nos saludaremos para ir a luchar, frente a frente, como adversarios leales. Pero antes hemos de terminar la obra, haciendo que los elementos que han jurado fidelidad a la República queden identificados con ella.» «Después del Gobierno del bienio, no se podía gobernar sino con un sentido de derecha. Aquel Gobierno dejó el orden por el suelo, la economía en ruina y todos los postulados fundamentales de la sociedad española en rápido declive.» «¿Qué hubo que hacer? ¡Gobernar en derecha! ¿Y qué? Si cuando gobernamos en derecha usamos de cosas privativas de nuestros programas, ¿quiénes han hecho la evolución? ¿Ellos, o nosotros? La prueba la voy a dar, en seguida. Llegó la última crisis, la de octubre. Los elementos revolucionarios habían venido anunciando que estallaría la tempestad. Estalló, ¡y de qué modo!» «La opinión pública pide entonces justicia, que en ella quiere decir ajusticiamientos. ¿Y qué habéis visto? Una crisis, porque los radicales mantuvimos con todo ardor lo que es esencia de nuestro programa, la prohibición de la pena de muerte. ¿Y luego? Visteis que esos mismos elementos hicieron la crisis anterior, contagiados de nuestra generosidad, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas nos piden el indulto de otros sentenciados. ¿Quién ha evolucionado? Ellos; y así en otras cosas. Cuando surja un problema que les impida evolucionar, yo no daré un paso más, porque la República no se puede cimentar sobre claudicaciones. Yo os profetizo que la República está definitivamente instaurada en España.» No sallan muy bien parados los cedistas en las explicaciones dadas por Lerroux, pero éste trataba a todo trance de complacer a sus correligionarios y de ofuscar su entendimiento con argucias, incapacitándoles para que reflexionaran sobre el anómalo emparejamiento de lobos y corderos. La C. E. D. A. quemaba en holocausto de la República —decía Goicoechea en la clausura de la Asamblea de Juventudes de Renovación Española—, todas las promesas de la campaña electoral de noviembre de 1933. «Ya no importa la accidentalidad de las formas de Gobierno, sino que se propugna una forma determinada. El pacto de Salamanca sustituye al pacto de San Sebastián. Con claudicaciones no se puede rehacer España.»

 

CAPÍTULO 64

PROYECTOS DRÁSTICOS DE HACIENDA PARA RESTRINGIR LOS GASTOS DEL ESTADO

 

EL JEFE DEL GOBIERNO LEE A LAS CORTES EL PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. — SE CITAN CUARENTA Y UN ARTÍCULOS QUE EXIGEN REVISIÓN. — RECLAMACIONES CONTRA INJUSTOS DESPIDOS DE ARRENDATARIOS DE TIERRAS. — EL MINISTRO DE HACIENDA PROPONE REDUCIR EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS, ACABAR CON LAS CAJAS ESPECIALES Y PERSEGUIR ABUSOS Y DESPILFARROS. — POR CULPA DE LOS RADICALES, LA ACUSACIÓN CONTRA AZAÑA Y CASARES QUIROGA NO PASA AL TRIBUNAL DE GARANTÍAS. — EL MINISTRO DE AGRICULTURA PRESENTA A LAS CORTES EL PROYECTO DE REFORMA DE LA REFORMA AGRARIA. — PROPONE LA INDEMNIZACIÓN A LOS GRANDES DE ESPAÑA QUE FUERON EXPROPIADOS. — «ES UN INTENTO PARA ANULAR LA REFORMA AGRARIA» (SÁNCHEZ ALBORNOZ). — «ESTE PROYECTO SE MANTENDRÁ EN PIE HASTA EL PRÓXIMO MOVIMIENTO DE REPRESALIA» (PRIMO DE RIVERA). — LAS IZQUIERDAS DECLARAN QUE EN SU DÍA EXIGIRÁN A LOS INDEMNIZADOS LA RESTITUCIÓN DEL DINERO PERCIBIDO. — IRREGULARIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN UN PLEITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLONIAS Y UNA COMPAÑÍA NAVIERA. — LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL REDUCIDA A TEMA DE DISCUSIÓN POLÍTICA.